La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Las protestas, los bloqueos en las vías y los atentados que constantemente alteran el orden público en el país están teniendo su impacto en la producción de petróleo, impidiendo tener un mejor crecimiento en esta materia.Durante su intervención en el Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Barranquilla, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, expuso cómo la producción de petróleo sigue estando influenciada por diversos factores, que no han permitido alcanzar la meta de los 800.000 barriles diarios que él mismo propuso cuando comenzó su gestión.Indicó que más de 10.000 barriles diarios se quedan estancados por los mencionados problemas de orden público."Estamos diciendo que casi el 6% de la producción se nos está quedando por temas de orden público, cuando deberíamos estar sumándola a nuestras refinerías, a la exportación, porque eso es crudo que está ahí atrapado en los tanques por diversos diversos problemas", expresó.Agregó que desde el Gobierno han invitado a la industria a llegar a las regiones, como de hecho se hizo la semana pasada en Yopal, para sentarse “con los mandatarios, con las comunidades y con las empresas” para que juntos sean “capaces de superar las dificultades y pensar en el interés general, más que un interés particular”.Velandia también destacó que el comportamiento de las reservas de petróleo y gas en Colombia se ha mantenido estable en las últimas décadas, teniendo en cuenta que a finales de los 90 un estudio de autosuficiencia reveló que había petróleo para 6.2 años y que, en la actualidad, se habla de una disponibilidad para 7.2 años.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si no se cambia de manera urgente la política pública actual de este sector, el impacto se verá en los próximos 4 años, pues el país podría agotar sus actividades de exploración de petróleo y gas en el mediano plazo, lo que generaría un riesgo significativo para la seguridad energética nacional.Actualmente, solo quedan alrededor de 70 pozos por explorar para el período de 2026 a 2030 y se proyecta que la inversión en exploración caería un 18% en 2025, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.Esta disminución es preocupante, especialmente considerando que las reservas probadas de gas han descendido un 57% en la última década, y se anticipa una acelerada caída en la producción de petróleo a partir de 2027. Por esto, sin nuevas exploraciones, la sostenibilidad energética se tornaría cada vez más costosa.El sector energético también enfrenta desafíos importantes en el entorno operativo. En 2024, la conflictividad social en las regiones por bloqueos que impactaron en el desarrollo de proyectos y a la seguridad energética del país.Frank Pearl, presidente de la ACP aseguró que los bloqueos y las vías de hecho son ilegítimas cuando violan los derechos de quienes no desean participar en ellos y, también recordó que por cuenta de los bloqueos Colombia ha perdido mucho dinero en ellos sector energético. “Las vías de hecho y los bloqueos aumentaron en un 151% y la duración promedio estuvo entre 5 y 10 días. Colombia perdió 4 millones de barriles de petróleo en el 2024 como consecuencia de la conflictividad social, un 35% más que en el 2023”, aseguró.A esta situación se suma un déficit fiscal proyectado de $40 billones, consecuencia de la posible reducción en la producción de petróleo a mediano plazo. De no generarse nueva oferta de gas, se estima un incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de los recibos de los colombianos si se llega a importar la mitad de la demanda.En este sentido, Andrés Vitar, vicepresidente de la ACP aseguró que desde la asociación jamás han asegurado que estos déficits se deban a las decisiones de este Gobierno, pero que sí afirman que las políticas públicas actuales generarán impactos que se verán en los próximos 4 o 5 años.Medidas propuestas por la ACPAnte este panorama, la ACP ha propuesto una serie de medidas dirigidas a reactivar el sector, combinando estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad para proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.La asociación propone la optimización y acompañamiento institucional para gestionar la conflictividad social y garantizar el orden público. Así mismo, creen que es fundamental definir una carga tributaria competitiva para aumentar la inversión extranjera.Por último, la asociación extendió una invitación al Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado para construir de manera conjunta una hoja de ruta que garantice la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Colombia enfrenta una crisis energética sin precedentes. Según Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si no se descubren nuevos yacimientos, el país agotará sus reservas de gas en diciembre de 2029. En una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pearl enfatizó la necesidad de replantear la política energética para evitar un colapso en el suministro."Nos vamos a quedar sin gas en seis años. Eso tiene que quedar claro. Si no hay nuevos contratos en Colombia, no habrá gas", alertó el presidente de la ACP.Caída de las reservas y menor exploración: una combinación peligrosaLa advertencia de Pearl llega en un contexto de disminución sostenida de las reservas de gas. En los últimos 15 años, estas se han reducido en un 50 %, y sin nuevos contratos de exploración, la oferta nacional seguirá en declive. A pesar de los esfuerzos de Ecopetrol por mantener la producción, la falta de inversiones en exploración y explotación pone en riesgo el suministro futuro.El presidente de la ACP explicó que, en 2024, Colombia ya experimentó una reducción en su producción de hidrocarburos, lo que obligó a mayores importaciones. Este déficit seguirá en aumento: "Paulatinamente vamos a tener que importar más. Este año será el 12 %, el próximo año el 25 % de la demanda", señaló.Impacto en la economía y en el costo de vidaEl desabastecimiento de gas no solo afectará a la industria energética, sino que tendrá repercusiones directas en la economía del país. La falta de gas generará mayores costos en la producción industrial y en los hogares, con aumentos en las tarifas que ya superaron el 30 % en febrero de 2024.Además, el sector de hidrocarburos es clave para las finanzas del Estado. En 2022, esta industria aportó 68 billones de pesos al país, pero en 2023 la cifra cayó a 49 billones, una reducción de 19 billones en solo dos años. "Estamos debilitando el fisco nacional y las regiones de Colombia. Esto claramente no está funcionando", afirmó Pearl.Los proyectos de gas costa afuera, una solución a largo plazoEl gobierno ha promovido proyectos de exploración de gas costa afuera, pero estos no entrarán en producción antes de 2030. Según Pearl, estos proyectos enfrentan múltiples obstáculos, como las 116 consultas previas y los procesos de licenciamiento ambiental."Aquí se requieren acciones urgentes y un timonazo en la política energética. Vamos a perder la soberanía energética y estamos debilitando la economía", enfatizó.Alternativas para evitar el colapsoPara revertir la crisis, Pearl propone medidas concretas:Facilitar la entrada en producción de 19 proyectos pequeños, que podrían cubrir el 25 % de la demanda en un año y medio.Optimizar la infraestructura de transporte de gas y ejecutar obras estratégicas de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).Declarar los proyectos costa afuera como de interés nacional para acelerar su desarrollo.Asegurar nuevos contratos de exploración, esenciales para mantener la autosuficiencia energética.
El Gobierno está cada vez más cerca de lanzar un plan de contingencia para evitar que en 2026 el país tenga que importar gas natural para abastecer la demanda de industria y hogares. La ANH tiene un primer paquete de medidas listas para anunciar y la industria pide que se actúe con sentido de urgencia.Las proyecciones del Gobierno anterior, las proyecciones de la industria y las proyecciones de la nueva hoja de ruta de transición energética están de acuerdo en una cosa: si no hay cambios Colombia tendrá que importar gas natural en el año 2026 porque la oferta interna no será suficiente. El gas importado es generalmente más costoso que el gas local pero además tiene el problema de que sus precios son inestables e impredecibles.La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene listo un acuerdo que, si no hay imprevistos, será anunciado la próxima semana. Las medidas han sido discutidas con la industria e implican que las petroleras no tendrán que devolver áreas después de evaluarlas, sino que podrán seguir explorando y desarrollando los mismos yacimientos, además se podrá ampliar el plazo para explorar siempre que las compañías propongan al Gobierno inversiones adicionales en exploración.Este podría ser apenas el primer paso de un plan de acción más amplio porque hay mesas de trabajo fluyendo entre la industria y distintos sectores del Gobierno buscando nuevas ideas para poner en marcha."Entramos en un estado de urgencia que amerita un plan de acción y un plan de choque para que a partir del año el 2026 ese déficit no tenga que suplirse con gas natural importado, gas licuado, sino que desarrollemos las reservas que hemos descubierto en 2022 y 2023 en áreas continentales principalmente", dijo la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas.Los últimos descubrimientos de gas en tierra firme incluyen a pozos como Dividivi 1, Saxofón 1, Chimela 1, Lulo y Lulo 2 todos de la empresa Canacol en la región caribe y el pozo Coralino-1 de Hocol.Desde la industria esperan que un plan concreto en materia de gas incluya responsables y fechas de entrega y pueda ser incluido en la hoja de ruta de la transición energética para garantizar que entidades públicas y empresas privadas hacen su parte de cara al 2026.Le puede interesar:
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) anunció la salida de su actual presidente ejecutivo, Francisco José Lloreda Mera, a partir del próximo 15 de agosto. Lloreda decidió retirarse después de nueve años en el cargo del sector de hidrocarburos.La decisión de Lloreda de dejar la presidencia de la ACP se basa en motivos personales y en su deseo de continuar trabajando por Colombia desde otros escenarios. Orlando Cabrales, presidente del Consejo Directivo de la ACP, lamentó la decisión de Lloreda de no continuar al frente del gremio y expresó su sincero sentimiento de gratitud y admiración hacia él. Cabrales destacó el arduo trabajo realizado por Lloreda en los últimos nueve años y le deseó lo mejor en sus planes futuros.A partir de esta decisión, la ACP llevará a cabo en los próximos dos meses un proceso de selección y empalme para elegir al nuevo presidente ejecutivo del gremio. Por medio de un comunicado, la asociación señaló que mantendrá una estrecha colaboración con el Gobierno nacional, así como con las comunidades, gobernadores, alcaldes y las autoridades en el territorio, buscando el desarrollo sostenible de esta industria clave para el país.Este es el comunicado de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP): También le puede interesar:
Las reservas probadas de petróleo de Colombia pasaron de 7.6 años en 2021 a 7.5 años al cierre de 2022, mientras que las reservas de gas pasaron de 8 años a 7.2, de acuerdo con el reporte oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.Luego de conocerse el documento, expertos ya han comenzado a lanzar mensajes de alerta para que el Gobierno nacional reconsidere su decisión de no abrir nuevas licitaciones para otorgar licencias de exploración de petróleo y gas.Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, habló en el Radar, con Ricardo Ospina. sobre el informe de la ANH y denotó preocupación por las cifras de reservas de gas y petróleo que quedan en el país."Estos reportes llaman a la preocupación porque las reservas que presenta Colombia, tanto en petróleo como en gas, son precarias (…) Es necesaria la firma de nuevos contratos de exploración, de otro modo iríamos al precipicio. Para mejorar el recobro es necesario implementar nuevas tecnologías que son todavía más costosas", señaló.Así mismo, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, también estuvo en El Radar para hablar del panorama que tiene el país respecto a las reservas de petróleo y gas."Para un país como Colombia es crucial ser autosuficientes en materia energética", señaló Lloreda. Agregó que si el país depende permanentemente de otro país en materia de gas, seguramente este servicio será más costoso. "Este informe estaba llamado a inflar temporalmente las reservas, sin embargo, lo que está informando es que no hubo aumento", aseguró Francisco Lloreda. Escuche las entrevistas completas aquí:
Pese a que el galón de gasolina subió 2.050 pesos en lo que va corrido del año, Colombia sigue siendo de los países en el mundo con la gasolina menos costosa según el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco Lloreda, quien, además, hizo referencia a que los colombianos prácticamente se acostumbraron mal y no pagan lo que realmente vale el combustible.“Colombia es de los países con la gasolina menos costosa comparativamente, solo que nos acostumbramos mal a no pagar el precio real de la gasolina. Es una elección de política pública la de destinar cada día menos recursos al subsidio de la gasolina y enviarlos a otros fines”, indicó el dirigente gremial.Destacó, también, que este incremento de $600 es consecuente con los mensajes que está dando el Gobierno respecto a sus objetivos de transición energética y que sería incoherente querer avanzar hacia nuevas fuentes de energía, pero al mismo tiempo subsidiar las que tienen por fuente los combustibles fósiles.“La inmensa mayoría de los países del mundo pagan el precio real que es el precio de paridad importación, esto uno debe ser consecuente con objetivos de transición energética. Lo que termina siendo incoherente es uno querer avanzar hacia nuevas fuentes de energía, pero al mismo tiempo subsidiar las que tienen por fuente los combustibles fósiles”, agregó el presidente de la ACP.¿Por qué si el precio del petróleo baja el precio del combustible aumenta?A la pregunta respondió Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quien en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, explicó que hay un “desacople”, pero que calificó como “normal”, por las situaciones por las que ahora atraviesa el mundo, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania, así como otros factores.“Ha habido un desacople temporal, pero normal, entre el precio del brent (materia prima) y el combustible refinado. Esto porque la salida de la pandemia, el conflicto en el mundo ha hecho que las refinerías tengas un comportamiento diferente al del mismo precio del petróleo”, detalló.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la política de la compañía bajo su administración no incluirá la firma de nuevos contratos de exploración. En su lugar, la empresa se centrará en aprovechar los contratos vigentes para buscar y producir de manera más efectiva.“Lo que le estoy diciendo es que con los contratos que hoy tenemos vigentes debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y de gas para garantizar esa seguridad. Sobre los mismos, vamos a aprovechar hallazgos. Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos. Con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos”, dijo Roa en Mañanas Blu con Néstor Morales.Tras este pronunciamiento, en Blu Radio Santanderes el director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Febecol, Farid Jones, mostró su preocupación tras el anuncio del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de restringir la exploración de petróleo y gas en Colombia.“Es preocupante de restringir la exploración porque todavía no hay un programa concreto de transición energética que pueda suplir a los hidrocarburos en los próximos años (…) El restringir la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas genera zozobra en el campo energético del país porque no hay un cambio muy rápido en el tema de la transición, el hidrógeno, las energías renovables, en ocho o 10 años no se podría suplir ese tema”, indicó Jones.Los empresarios de combustibles también expresaron su inconformismo por la opción de traer gas de Venezuela.“Durante muchos años hemos exportado el gas, incluso se lo hemos dado a Venezuela, entonces yo creo que a nuestro país se le debe dar un mensaje de estabilidad y seguridad en materia energética (…) Yo creo que con el doctor (Ricardo Roa) deberíamos buscar el fortalecimiento mucho mayor de Ecopetrol para tener unas finanzas mucho más fuertes en el país, sin dejar atrás la transición energética”, agregó Jones.Roa reconoció que la sustitución de las energías fósiles es un reto muy grande y que se debería enfocar en el desarrollo de energías renovables, pero que también se debe garantizar la seguridad energética del país."Tenemos un reto muy grande y es que la sustitución del sol, del viento, de la biomasa, de la energía geotérmica que tenemos potenciales grandísimos en el país por desarrollar. Aquí hay que partir el tema en dos, la matriz eléctrica, sí, sin duda es una matriz supremamente limpia, el 80 % del tiempo la energía que consumen los colombianos proviene de las centrales hidroeléctricas y de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua”, dijo.
Las petroleras privadas reducirán un 33 % la inversión para buscar petróleo y gas en 2023, según el estudio de ambiente de inversión de la Asociación Colombiana del Petróleo.En contraste, la estatal Ecopetrol aumentará sus inversiones y al final del día, la inversión exploratoria total llegará a 1.240 millones de dólares: 4 % por debajo del 2022. Mientras tanto, la inversión en producción aumentará un 6 % y llegará a 3.810 millones de dólares.Las compañías, además, están concentrando el grueso de sus esfuerzos en gas, en acelerar la producción y en cumplir los compromisos de exploración de sus contratos en lugar de aventurarse con nuevas inversiones."Lo que debe leerse es que hay una puesta de corto plazo porque hay grandes incertidumbres de mediano y largo plazo", dijo el presidente de la ACP, Francisco Lloreda.Según el análisis, las petroleras privadas están percibiendo un ambiente negativo debido a decisiones del país como la reforma tributaria y la incertidumbre de mediano plazo, debido a la no firma de nuevos contratos, la modificación de trámites y la implementación del acuerdo de Escazú.Solo la reforma tributaria llevó a un recorte de presupuesto de 170 millones de dólares en exploración y 200 millones de dólares en producción.Lloreda insistió en la necesidad de firmar nuevos contratos de exploración y puso en duda que la reactivación de los 32 que están suspendidos sea fácil o rápida."El país no puede hacer planes a partir de contratos suspendidos", indicó.Otra cosa con la que el país no podría contar es con el recobro mejorado. Apenas un 14 % de los inversión de este año estará destinado a la técnica según el sondeo entre las compañías.Le puede interesar:
Durante la madrugada, la Fuerza Pública reactivó las operaciones aéreas de alto impacto en Norte de Santander con la ejecución de tres bombardeos simultáneos dirigidos contra las estructuras del Frente 33 de las disidencias de las FARC, comandadas por alias 'Andrey Avendaño'.En diálogo con Mañanas BLU, voceros de la Asociación Nacional de Víctimas y líderes regionales detallaron cómo se desarrolló la incursión y cuál es el panorama sobre el terreno tras las detonaciones.Ataques y el obstáculo de las minas antipersonaDe acuerdo con las comunicaciones emitidas por los habitantes de la zona rural, los ataques aéreos se sintieron con fuerza en tres puntos veredales específicos en las primeras horas del día:"Efectivamente confirman que tipo 3 de la mañana se efectuaron estos bombardeos en diferentes puntos, pero no hay todavía acceso a estos lugares", explicó el señor Mayorga, representante de la Asociación Nacional de Víctimas.La verificación de bajas o incautaciones en los puntos impactados no ha sido inmediata debido a los cercos de seguridad instalados por los grupos armados:"Por lo general en estos campamentos donde están los guerrilleros, ellos los siembran con minas antipersona para que los otros actores armados no lleguen hacia donde están ellos de manera fácil. Eso también le dificulta a la Fuerza Pública llegar hasta estos puntos específicos... y en estos momentos la Fuerza Pública está tratando de llegar a estos tres puntos donde se efectuaron estos hechos", precisó.El valor geoestratégico del Catatumbo: frontera, coca y dronesLa ofensiva militar busca quebrar el control territorial que sostienen las disidencias de las FARC en sangrienta confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta subregión resulta vital para sus finanzas criminales y logística de guerra por múltiples factores:"En el momento en que ellos pierdan el control de esta región, pierden y se desarticulan en gran manera... No se puede desconocer que durante los cuatro años anteriores la Fuerza Pública no actuó en contra de ninguno de estos dos actores armados, lo que les permitió fortalecerse. Y hasta este momento es que se están llevando a cabo las reactivaciones de las diferentes operaciones", señaló Mayorga.Crisis humanitaria y clamor ciudadano con banderas blancasMientras el Ministerio de Defensa evalúa el balance oficial de los bombardeos, la crisis humanitaria en el Catatumbo deja cifras alarmantes tras 22 meses ininterrumpidos de confrontaciones armadas:Ante esta situación, comunidades como la del corregimiento de Pacheli, en Tibú, salieron a marchar con pancartas y camisetas blancas para exigir a los actores armados ilegales el cese inmediato de hostilidades y el respeto por la población civil.Por su parte, desde los sectores de víctimas respaldaron la reactivación de las acciones de la Fuerza Pública, incluyendo el despliegue de la Fuerza de Tarea Urano en Aguachica y los controles en Cúcuta, al insistir en que no podrá existir inversión social duradera en la región sin la previa recuperación de la seguridad territorial.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.