Las protestas, los bloqueos en las vías y los atentados que constantemente alteran el orden público en el país están teniendo su impacto en la producción de petróleo, impidiendo tener un mejor crecimiento en esta materia.Durante su intervención en el Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Barranquilla, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, expuso cómo la producción de petróleo sigue estando influenciada por diversos factores, que no han permitido alcanzar la meta de los 800.000 barriles diarios que él mismo propuso cuando comenzó su gestión.Indicó que más de 10.000 barriles diarios se quedan estancados por los mencionados problemas de orden público."Estamos diciendo que casi el 6% de la producción se nos está quedando por temas de orden público, cuando deberíamos estar sumándola a nuestras refinerías, a la exportación, porque eso es crudo que está ahí atrapado en los tanques por diversos diversos problemas", expresó.Agregó que desde el Gobierno han invitado a la industria a llegar a las regiones, como de hecho se hizo la semana pasada en Yopal, para sentarse “con los mandatarios, con las comunidades y con las empresas” para que juntos sean “capaces de superar las dificultades y pensar en el interés general, más que un interés particular”.Velandia también destacó que el comportamiento de las reservas de petróleo y gas en Colombia se ha mantenido estable en las últimas décadas, teniendo en cuenta que a finales de los 90 un estudio de autosuficiencia reveló que había petróleo para 6.2 años y que, en la actualidad, se habla de una disponibilidad para 7.2 años.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si no se cambia de manera urgente la política pública actual de este sector, el impacto se verá en los próximos 4 años, pues el país podría agotar sus actividades de exploración de petróleo y gas en el mediano plazo, lo que generaría un riesgo significativo para la seguridad energética nacional.Actualmente, solo quedan alrededor de 70 pozos por explorar para el período de 2026 a 2030 y se proyecta que la inversión en exploración caería un 18% en 2025, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.Esta disminución es preocupante, especialmente considerando que las reservas probadas de gas han descendido un 57% en la última década, y se anticipa una acelerada caída en la producción de petróleo a partir de 2027. Por esto, sin nuevas exploraciones, la sostenibilidad energética se tornaría cada vez más costosa.El sector energético también enfrenta desafíos importantes en el entorno operativo. En 2024, la conflictividad social en las regiones por bloqueos que impactaron en el desarrollo de proyectos y a la seguridad energética del país.Frank Pearl, presidente de la ACP aseguró que los bloqueos y las vías de hecho son ilegítimas cuando violan los derechos de quienes no desean participar en ellos y, también recordó que por cuenta de los bloqueos Colombia ha perdido mucho dinero en ellos sector energético. “Las vías de hecho y los bloqueos aumentaron en un 151% y la duración promedio estuvo entre 5 y 10 días. Colombia perdió 4 millones de barriles de petróleo en el 2024 como consecuencia de la conflictividad social, un 35% más que en el 2023”, aseguró.A esta situación se suma un déficit fiscal proyectado de $40 billones, consecuencia de la posible reducción en la producción de petróleo a mediano plazo. De no generarse nueva oferta de gas, se estima un incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de los recibos de los colombianos si se llega a importar la mitad de la demanda.En este sentido, Andrés Vitar, vicepresidente de la ACP aseguró que desde la asociación jamás han asegurado que estos déficits se deban a las decisiones de este Gobierno, pero que sí afirman que las políticas públicas actuales generarán impactos que se verán en los próximos 4 o 5 años.Medidas propuestas por la ACPAnte este panorama, la ACP ha propuesto una serie de medidas dirigidas a reactivar el sector, combinando estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad para proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.La asociación propone la optimización y acompañamiento institucional para gestionar la conflictividad social y garantizar el orden público. Así mismo, creen que es fundamental definir una carga tributaria competitiva para aumentar la inversión extranjera.Por último, la asociación extendió una invitación al Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado para construir de manera conjunta una hoja de ruta que garantice la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Colombia enfrenta una crisis energética sin precedentes. Según Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si no se descubren nuevos yacimientos, el país agotará sus reservas de gas en diciembre de 2029. En una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pearl enfatizó la necesidad de replantear la política energética para evitar un colapso en el suministro."Nos vamos a quedar sin gas en seis años. Eso tiene que quedar claro. Si no hay nuevos contratos en Colombia, no habrá gas", alertó el presidente de la ACP.Caída de las reservas y menor exploración: una combinación peligrosaLa advertencia de Pearl llega en un contexto de disminución sostenida de las reservas de gas. En los últimos 15 años, estas se han reducido en un 50 %, y sin nuevos contratos de exploración, la oferta nacional seguirá en declive. A pesar de los esfuerzos de Ecopetrol por mantener la producción, la falta de inversiones en exploración y explotación pone en riesgo el suministro futuro.El presidente de la ACP explicó que, en 2024, Colombia ya experimentó una reducción en su producción de hidrocarburos, lo que obligó a mayores importaciones. Este déficit seguirá en aumento: "Paulatinamente vamos a tener que importar más. Este año será el 12 %, el próximo año el 25 % de la demanda", señaló.Impacto en la economía y en el costo de vidaEl desabastecimiento de gas no solo afectará a la industria energética, sino que tendrá repercusiones directas en la economía del país. La falta de gas generará mayores costos en la producción industrial y en los hogares, con aumentos en las tarifas que ya superaron el 30 % en febrero de 2024.Además, el sector de hidrocarburos es clave para las finanzas del Estado. En 2022, esta industria aportó 68 billones de pesos al país, pero en 2023 la cifra cayó a 49 billones, una reducción de 19 billones en solo dos años. "Estamos debilitando el fisco nacional y las regiones de Colombia. Esto claramente no está funcionando", afirmó Pearl.Los proyectos de gas costa afuera, una solución a largo plazoEl gobierno ha promovido proyectos de exploración de gas costa afuera, pero estos no entrarán en producción antes de 2030. Según Pearl, estos proyectos enfrentan múltiples obstáculos, como las 116 consultas previas y los procesos de licenciamiento ambiental."Aquí se requieren acciones urgentes y un timonazo en la política energética. Vamos a perder la soberanía energética y estamos debilitando la economía", enfatizó.Alternativas para evitar el colapsoPara revertir la crisis, Pearl propone medidas concretas:Facilitar la entrada en producción de 19 proyectos pequeños, que podrían cubrir el 25 % de la demanda en un año y medio.Optimizar la infraestructura de transporte de gas y ejecutar obras estratégicas de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).Declarar los proyectos costa afuera como de interés nacional para acelerar su desarrollo.Asegurar nuevos contratos de exploración, esenciales para mantener la autosuficiencia energética.
El Gobierno está cada vez más cerca de lanzar un plan de contingencia para evitar que en 2026 el país tenga que importar gas natural para abastecer la demanda de industria y hogares. La ANH tiene un primer paquete de medidas listas para anunciar y la industria pide que se actúe con sentido de urgencia.Las proyecciones del Gobierno anterior, las proyecciones de la industria y las proyecciones de la nueva hoja de ruta de transición energética están de acuerdo en una cosa: si no hay cambios Colombia tendrá que importar gas natural en el año 2026 porque la oferta interna no será suficiente. El gas importado es generalmente más costoso que el gas local pero además tiene el problema de que sus precios son inestables e impredecibles.La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene listo un acuerdo que, si no hay imprevistos, será anunciado la próxima semana. Las medidas han sido discutidas con la industria e implican que las petroleras no tendrán que devolver áreas después de evaluarlas, sino que podrán seguir explorando y desarrollando los mismos yacimientos, además se podrá ampliar el plazo para explorar siempre que las compañías propongan al Gobierno inversiones adicionales en exploración.Este podría ser apenas el primer paso de un plan de acción más amplio porque hay mesas de trabajo fluyendo entre la industria y distintos sectores del Gobierno buscando nuevas ideas para poner en marcha."Entramos en un estado de urgencia que amerita un plan de acción y un plan de choque para que a partir del año el 2026 ese déficit no tenga que suplirse con gas natural importado, gas licuado, sino que desarrollemos las reservas que hemos descubierto en 2022 y 2023 en áreas continentales principalmente", dijo la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas.Los últimos descubrimientos de gas en tierra firme incluyen a pozos como Dividivi 1, Saxofón 1, Chimela 1, Lulo y Lulo 2 todos de la empresa Canacol en la región caribe y el pozo Coralino-1 de Hocol.Desde la industria esperan que un plan concreto en materia de gas incluya responsables y fechas de entrega y pueda ser incluido en la hoja de ruta de la transición energética para garantizar que entidades públicas y empresas privadas hacen su parte de cara al 2026.Le puede interesar:
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) anunció la salida de su actual presidente ejecutivo, Francisco José Lloreda Mera, a partir del próximo 15 de agosto. Lloreda decidió retirarse después de nueve años en el cargo del sector de hidrocarburos.La decisión de Lloreda de dejar la presidencia de la ACP se basa en motivos personales y en su deseo de continuar trabajando por Colombia desde otros escenarios. Orlando Cabrales, presidente del Consejo Directivo de la ACP, lamentó la decisión de Lloreda de no continuar al frente del gremio y expresó su sincero sentimiento de gratitud y admiración hacia él. Cabrales destacó el arduo trabajo realizado por Lloreda en los últimos nueve años y le deseó lo mejor en sus planes futuros.A partir de esta decisión, la ACP llevará a cabo en los próximos dos meses un proceso de selección y empalme para elegir al nuevo presidente ejecutivo del gremio. Por medio de un comunicado, la asociación señaló que mantendrá una estrecha colaboración con el Gobierno nacional, así como con las comunidades, gobernadores, alcaldes y las autoridades en el territorio, buscando el desarrollo sostenible de esta industria clave para el país.Este es el comunicado de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP): También le puede interesar:
Las reservas probadas de petróleo de Colombia pasaron de 7.6 años en 2021 a 7.5 años al cierre de 2022, mientras que las reservas de gas pasaron de 8 años a 7.2, de acuerdo con el reporte oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.Luego de conocerse el documento, expertos ya han comenzado a lanzar mensajes de alerta para que el Gobierno nacional reconsidere su decisión de no abrir nuevas licitaciones para otorgar licencias de exploración de petróleo y gas.Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, habló en el Radar, con Ricardo Ospina. sobre el informe de la ANH y denotó preocupación por las cifras de reservas de gas y petróleo que quedan en el país."Estos reportes llaman a la preocupación porque las reservas que presenta Colombia, tanto en petróleo como en gas, son precarias (…) Es necesaria la firma de nuevos contratos de exploración, de otro modo iríamos al precipicio. Para mejorar el recobro es necesario implementar nuevas tecnologías que son todavía más costosas", señaló.Así mismo, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, también estuvo en El Radar para hablar del panorama que tiene el país respecto a las reservas de petróleo y gas."Para un país como Colombia es crucial ser autosuficientes en materia energética", señaló Lloreda. Agregó que si el país depende permanentemente de otro país en materia de gas, seguramente este servicio será más costoso. "Este informe estaba llamado a inflar temporalmente las reservas, sin embargo, lo que está informando es que no hubo aumento", aseguró Francisco Lloreda. Escuche las entrevistas completas aquí:
Pese a que el galón de gasolina subió 2.050 pesos en lo que va corrido del año, Colombia sigue siendo de los países en el mundo con la gasolina menos costosa según el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, Francisco Lloreda, quien, además, hizo referencia a que los colombianos prácticamente se acostumbraron mal y no pagan lo que realmente vale el combustible.“Colombia es de los países con la gasolina menos costosa comparativamente, solo que nos acostumbramos mal a no pagar el precio real de la gasolina. Es una elección de política pública la de destinar cada día menos recursos al subsidio de la gasolina y enviarlos a otros fines”, indicó el dirigente gremial.Destacó, también, que este incremento de $600 es consecuente con los mensajes que está dando el Gobierno respecto a sus objetivos de transición energética y que sería incoherente querer avanzar hacia nuevas fuentes de energía, pero al mismo tiempo subsidiar las que tienen por fuente los combustibles fósiles.“La inmensa mayoría de los países del mundo pagan el precio real que es el precio de paridad importación, esto uno debe ser consecuente con objetivos de transición energética. Lo que termina siendo incoherente es uno querer avanzar hacia nuevas fuentes de energía, pero al mismo tiempo subsidiar las que tienen por fuente los combustibles fósiles”, agregó el presidente de la ACP.¿Por qué si el precio del petróleo baja el precio del combustible aumenta?A la pregunta respondió Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quien en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, explicó que hay un “desacople”, pero que calificó como “normal”, por las situaciones por las que ahora atraviesa el mundo, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania, así como otros factores.“Ha habido un desacople temporal, pero normal, entre el precio del brent (materia prima) y el combustible refinado. Esto porque la salida de la pandemia, el conflicto en el mundo ha hecho que las refinerías tengas un comportamiento diferente al del mismo precio del petróleo”, detalló.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la política de la compañía bajo su administración no incluirá la firma de nuevos contratos de exploración. En su lugar, la empresa se centrará en aprovechar los contratos vigentes para buscar y producir de manera más efectiva.“Lo que le estoy diciendo es que con los contratos que hoy tenemos vigentes debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y de gas para garantizar esa seguridad. Sobre los mismos, vamos a aprovechar hallazgos. Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos. Con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos”, dijo Roa en Mañanas Blu con Néstor Morales.Tras este pronunciamiento, en Blu Radio Santanderes el director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, Febecol, Farid Jones, mostró su preocupación tras el anuncio del nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, de restringir la exploración de petróleo y gas en Colombia.“Es preocupante de restringir la exploración porque todavía no hay un programa concreto de transición energética que pueda suplir a los hidrocarburos en los próximos años (…) El restringir la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y gas genera zozobra en el campo energético del país porque no hay un cambio muy rápido en el tema de la transición, el hidrógeno, las energías renovables, en ocho o 10 años no se podría suplir ese tema”, indicó Jones.Los empresarios de combustibles también expresaron su inconformismo por la opción de traer gas de Venezuela.“Durante muchos años hemos exportado el gas, incluso se lo hemos dado a Venezuela, entonces yo creo que a nuestro país se le debe dar un mensaje de estabilidad y seguridad en materia energética (…) Yo creo que con el doctor (Ricardo Roa) deberíamos buscar el fortalecimiento mucho mayor de Ecopetrol para tener unas finanzas mucho más fuertes en el país, sin dejar atrás la transición energética”, agregó Jones.Roa reconoció que la sustitución de las energías fósiles es un reto muy grande y que se debería enfocar en el desarrollo de energías renovables, pero que también se debe garantizar la seguridad energética del país."Tenemos un reto muy grande y es que la sustitución del sol, del viento, de la biomasa, de la energía geotérmica que tenemos potenciales grandísimos en el país por desarrollar. Aquí hay que partir el tema en dos, la matriz eléctrica, sí, sin duda es una matriz supremamente limpia, el 80 % del tiempo la energía que consumen los colombianos proviene de las centrales hidroeléctricas y de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua”, dijo.
Las petroleras privadas reducirán un 33 % la inversión para buscar petróleo y gas en 2023, según el estudio de ambiente de inversión de la Asociación Colombiana del Petróleo.En contraste, la estatal Ecopetrol aumentará sus inversiones y al final del día, la inversión exploratoria total llegará a 1.240 millones de dólares: 4 % por debajo del 2022. Mientras tanto, la inversión en producción aumentará un 6 % y llegará a 3.810 millones de dólares.Las compañías, además, están concentrando el grueso de sus esfuerzos en gas, en acelerar la producción y en cumplir los compromisos de exploración de sus contratos en lugar de aventurarse con nuevas inversiones."Lo que debe leerse es que hay una puesta de corto plazo porque hay grandes incertidumbres de mediano y largo plazo", dijo el presidente de la ACP, Francisco Lloreda.Según el análisis, las petroleras privadas están percibiendo un ambiente negativo debido a decisiones del país como la reforma tributaria y la incertidumbre de mediano plazo, debido a la no firma de nuevos contratos, la modificación de trámites y la implementación del acuerdo de Escazú.Solo la reforma tributaria llevó a un recorte de presupuesto de 170 millones de dólares en exploración y 200 millones de dólares en producción.Lloreda insistió en la necesidad de firmar nuevos contratos de exploración y puso en duda que la reactivación de los 32 que están suspendidos sea fácil o rápida."El país no puede hacer planes a partir de contratos suspendidos", indicó.Otra cosa con la que el país no podría contar es con el recobro mejorado. Apenas un 14 % de los inversión de este año estará destinado a la técnica según el sondeo entre las compañías.Le puede interesar:
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ratificó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que en Colombia no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Frente a esto, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), aseguró que por dicha decisión los colombianos pagarán los platos rotos.“Decidimos que no vamos a conceder nuestros contratos de exploración de gas y de petróleo. Esto ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros es una señal clara en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que esta decisión planetaria es urgente”, fue lo que dijo la ministra Vélez.Ante esto, en diálogo con Mañanas Blu, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), afirmó que los colombianos pagarán los platos rotos de esta decisión, pues afecta la economía en gran proporción. Además, señaló que el argumentó del Gobierno no es muy sólido (la crisis climática), ya que la actividad petrolera solo aporta el 1 % de los gases de efecto invernadero que emite Colombia.“De ahí la preocupación que hemos manifestado, no solo por la industria, sino por el país y por los colombianos, quienes terminaremos pagando estos platos rotos seremos todos los colombiano de seguir el Gobierno insistiendo con esta polémica”, dijo.Y continuó: “El argumento que da la ministra en Davos es que esa decisión obedece al compromiso de Colombia para detener el cambio climático. El cambio climático es real y amerita todo nuestro compromiso y atención, pero Colombia aporta el 0.37 % de los gases de efecto invernadero del planeta, y en Colombia la actividad petrolera aporta menos del 1 %”.Según el representante de los petroleros, Colombia tiene reservas de petróleo probadas para siete años y gas un poco más, pero dicho tiempo no es el necesario para hacer una transición energética.“Colombia cuenta con distintos tipos de reserva, pero son recursos que eventualmente pueden extraerse, depende de las condiciones. (…) Es claro que una transición en Colombia no será en 7 años”, indicó.
La disputa por el control del microtráfico, las extorsiones, el tráfico de armas, el cobro ilegal bajo la modalidad del "gota a gota" y otras rentas criminales está agravando la situación de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Ese es el principal diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana 015 de 2026 para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.El organismo advirtió que esta confrontación entre organizaciones criminales está incrementando el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas identificó desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, amenazas, violencia basada en género, violencia sexual, trata de personas, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, homicidios múltiples y ataques armados.Según la Defensoría, la problemática ya no responde únicamente a hechos aislados de delincuencia común, sino al fortalecimiento de estructuras criminales que buscan consolidar el control territorial y económico en sectores urbanos y periféricos de los cuatro municipios metropolitanos.El documento advierte que uno de los fenómenos de mayor preocupación es la consolidación de alianzas entre grupos delincuenciales y otros actores armados para controlar barrios estratégicos, imponer fronteras invisibles y fortalecer las rentas derivadas del microtráfico y otras actividades ilícitas.La alerta también identifica un crecimiento acelerado del mercado de drogas sintéticas, considerado una nueva fuente de ingresos para las organizaciones criminales, especialmente por su expansión en escenarios de recreación y entre población joven.Otro de los hallazgos del informe es que algunas estructuras delincuenciales continuarían coordinando actividades criminales desde establecimientos penitenciarios, entre ellos la cárcel de Palogordo, desde donde, según la Defensoría, seguirían ordenándose extorsiones y otros delitos de alto impacto.La entidad advirtió que entre las poblaciones más expuestas se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales, comerciantes, transportadores, población migrante y personas en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores riesgos por la expansión de estas organizaciones.Frente a este panorama, la Defensoría pidió a la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas urgentes para contener el avance de estas estructuras criminales.Entre las recomendaciones se encuentran la implementación de intervenciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva, el fortalecimiento de la seguridad en colegios, escenarios deportivos, plazas de mercado y corredores viales, además de acciones para proteger a las personas desplazadas y en procesos de retorno.Finalmente, la Defensoría insistió en que la respuesta institucional debe ir más allá del aumento de operativos policiales y concentrarse en desmantelar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, atacando delitos como el microtráfico, la extorsión, el tráfico de armas, la usura bajo la modalidad del "gota a gota", la explotación sexual y la utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas, con el propósito de evitar que la crisis de seguridad continúe profundizándose en el área metropolitana de Bucaramanga.
Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un ciudadano venezolano de 39 años, quien fue capturado el pasado viernes 3 de julio tras intentar detonar un artefacto explosivo en la Plaza de Botero de Medellín.El sujeto deberá responder por los delitos de terrorismo, así como de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.Esta historia comenzó cuando el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional llegó hasta las inmediaciones de este sitio emblemático y uno de los más visitados por turistas, lograron ubicar un bolso donde incautaron una barra de pentolita, un potente explosivo compuesto de alta potencia, además un rollo de cordón detonador y cinco cilindros con conexión eléctrica.Asimismo, el hombre trasladaba un extintor alterado con cableado externo, un medidor de continuidad, un soldador, dos dispositivos de comunicación por radio y dos teléfonos móviles, instrumentos que supuestamente se destinarían a la activación de los mismos.Las autoridades buscan determinar el blanco exacto del atentado y si el implicado actuaba en complicidad con redes terroristas o bandas criminales que operan en Antioquia.
Faltando pocos meses para que se cumplan diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a las demás instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición de la violencia se mantengan como una prioridad en la agenda pública.El pronunciamiento se produjo tras la publicación del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado "Tejidos para la reparación", que evalúa los avances y los retos en la implementación de las medidas orientadas a reparar a las víctimas y consolidar la paz.La Defensoría destacó que el informe reconoce progresos importantes en la política de atención a las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas y el incremento en el número de personas víctimas de violencia sexual que han recibido indemnización.También mencionó los avances en restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES sobre soluciones duraderas para la población desplazada.No obstante, la entidad advirtió que aún existen rezagos significativos. El informe señala que la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas continúa siendo limitada. También identifica desafíos en la atención a las víctimas que permanecen en el exilio.La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido desbordada por la dimensión del conflicto armado y enfrenta restricciones presupuestales que dificultan el cumplimiento de las obligaciones del Estado.En ese contexto, la entidad resaltó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un mecanismo para buscar alternativas que fortalezcan la capacidad institucional y permitan garantizar una respuesta más efectiva.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, al Congreso y a las entidades estatales para convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Un sargento del Ejército fue asesinado por sujetos en Montería que lo atacaron cuando comía con su familia en un restaurante del barrio La Castellana. El gobernador de Córdoba rechazó el homicidio del suboficial oriundo de la ciudad de Bogotá.El sargento del Ejército, identificado como Jesús David Vargas Flórez, de 38 años, fue víctima de un ataque en la noche de este viernes cuando se encontraba con su familia en un restaurante ubicado sobre la calle 60 con avenida Circunvalar, barrio La Castellana, en el norte de Montería.Según el reporte de la Décima Primera Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, hasta el exclusivo sector llegaron dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó al suboficial, “propinando 3 disparos en lo que al parecer sería un intento de hurto”.El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, indicó que junto a la Fiscalía y el Ejército iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y las razones que motivaron el homicidio del miembro de las fuerzas militares, adscrito a la Brigada Once del Ejército y que era oriundo de Bogotá.“Estamos realizando esta labor investigativa para pronto dar resultados, sobre todo para los niños y la esposa que acaban de perder a su marido”, expresó el coronel Ruiz.Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, también rechazó el asesinato del suboficial del Ejército Nacional y expresó su solidaridad con su familia, sus compañeros y la fuerza pública.“Esperamos que este crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia. No permitiremos que quienes atentan contra la vida crean que pueden actuar con impunidad”.En ese sentido, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, se unió a las voces que lamentaron la muerte del uniformado y pidió que su crimen sea esclarecido cuanto antes y que los responsables respondan ante la justicia.“Detrás del uniforme había un esposo y un padre. Eso es lo primero que hay que decir. Ninguna vida en Montería puede terminar así. Estamos en coordinación con la Policía y la Brigada 11, y acompañaremos a las autoridades hasta que este crimen tenga responsables con nombre propio. A su familia: no están solos”, concluyó el mandatario distrital.
A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial de Santander manifestó su preocupación por el ambiente político que vive el país e invitó a los diferentes sectores a rodear la institucionalidad democrática, respetar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y generar confianza en las instituciones.En el pronunciamiento, el Comité aseguró que la fortaleza del país depende del respeto por las reglas democráticas y del diálogo entre quienes tienen diferencias políticas, con el propósito de brindar tranquilidad y certidumbre a los colombianos.Los gremios también ratificaron su reconocimiento a la labor desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, e insistieron en la importancia de respetar los resultados oficiales como una muestra de confianza en las instituciones.Asimismo, señalaron que, una vez superada la contienda electoral, el país debe concentrar sus esfuerzos en construir consensos que permitan avanzar en temas como la generación de empleo, la reactivación económica y el fortalecimiento de la inversión.El Comité advirtió que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son factores fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas y promover el crecimiento económico, por lo que invitó a los líderes políticos, sociales y económicos a trabajar de manera conjunta por la unidad nacional.El pronunciamiento fue respaldado por cerca de una veintena de organizaciones empresariales y productivas del departamento, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco Santander, Camacol Santander, Andi Seccional Santander, Cotelco Santander, Fedepalma, ACIEM Santander, Anato Oriente, Fasecolda, Confecoop Oriente, la Federación de Ganaderos de Santander, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Ascolfa, Fenavi Santander y el Comité de Cafeteros de Santander, entre otros gremios que representan sectores clave de la economía regional.