Un acto de disculpas por parte de la rectora y una campaña para prevenir el matoneo entre los estudiantes marcaron el inicio del calendario académico en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó a esta institución resarcir los derechos que le fueron vulnerados a una alumna en 2023.La madre de la estudiante afectada denunció que su hija fue víctima de 'bullying' por parte de sus compañeros cuando cursaba décimo grado y que los profesores y directivos de la institución no actuaron a tiempo para frenar los ataques, sino que el matoneo continuó hasta que la joven empezó a sufrir depresión y perdió el año escolar.Fue tal bullying, que el caso escaló hasta los estrados judiciales con el acompañamiento del abogado Héctor Sarmiento, quien asumió la defensa de la víctima."Eso le afectó psicológicamente, no tenía amigos, de hecho, ella cumplió 15 años y ningún amigo quiso ir. Entonces, estas son cosas que como padres también nos afectan", agregó.Fallo de tutelaEl fallo sobre la tutela interpuesta por la madre de la estudiante declaró que en este caso sí hubo un “daño consumado ante la configuración de bullying en el año 2023, con una respuesta institucional tardía y débil, que afectó la estabilidad emocional de la discente y repercutió negativamente en su desempeño escolar”.En este sentido, “a fin de garantizar el derecho a no repetición” se ordenó a la rectora de la institución presentar “excusas sinceras a la estudiante y a su familia por el dolor y los inconvenientes que causó la gestión tardía en este asunto que no generaron alternativas en el año del 2023 para un acompañamiento preventivo a fin de evitar su afectación emocional y el rendimiento académico”.Igualmente, se ordenó a la rectora “realizar una reflexión dirigida a los estudiantes, para que tomen conciencia sobre la gravedad del matoneo y sobre la urgencia de adoptar correctivos que pongan fin a este fenómeno en el ámbito escolar”, actividades que la institución empezó a cumplir esta misma semana, al inicio de este año escolar.No obstante, la jueza del caso denegó la solicitud de la mamá de la estudiante, que buscaba el “reconocimiento y pago de los servicios médicos sicológicos suministrados de forma particular a la menor, como resultado de la decisión de la progenitora de no aceptar la asesoría institucional”.
Preocupación es la palabra en común entre los habitantes del sur del Atlántico y el norte del departamento de Bolívar por la suspensión del megaproyecto del Canal del Dique, el cual garantiza la recuperación ambiental de la zona, para prevenir inundaciones y reducir la cantidad de sedimentos que termina llegando a la bahía de Cartagena y al Parque Natural Islas del Rosario. Esto, luego de que fueron aplazadas unas apropiaciones del presupuesto general de la nación que iban a ser dirigidos a este proyecto avaluado en $3.2 billones de pesosUriel Ávila, líder del sur del Atlántico, asegura que fueron dejados en el olvido por parte del gobierno central."Nosotros necesitamos atención. Esto es un proyecto importante para nosotros. Vamos a reunirnos y a revisar qué vamos a hacer", indicó. Además, desde la seccional caribe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguran que, por la sola expedición de este decreto por parte de MinHacienda, no puede suspenderse el giro de las vigencias futuras comprometidas para este proyecto, por lo que señalan que, mientras tanto, el gobierno deberá cumplir con los giros de los acuerdos pactados."El eventual aplazamiento de las vigencias futuras que respaldan el financiamiento del proyecto de restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, solamente se podrán dar por mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura con el contratista SACYR Concesiones y por el monto que definan las dos partes", indicaron en un comunicado de prensa. A su vez, el senador del Pacto Histórico Pedro Flores manifestó su preocupación por esto e hizo un llamado al gobierno a seguir trabajando por este proyecto. "Es importante que desde el Congreso y en el Gobierno podamos encontrar las rutas necesarias para que este proyecto y todos los regionales del país puedan salir adelante", manifestó el senador.
La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó separar del cobro de las facturas de servicios públicos, los montos adicionales que son recaudados para pagos de impuestos o créditos, que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio cobrado.Para esto, a través de una circular externa expedida el pasado 17 de enero, la entidad declaró como “obligatorio” la totalización “por separado” de cada servicio extra que es cobrado a través de estas facturas, de tal modo que no podrá ser suspendido el servicio si no se cancelan estos conceptos adicionales. Esto, por ejemplo, implica un cambio relevante en el modo en el que procederá el cobro de facturas para los usuarios del servicio de Air-e, siendo que a estos les cobran mensualmente el impuesto de tasa de seguridad a través de dicha facturación. Es decir, será elección del usuario cumplir con este aporte, sin que el no pago del mismo comprometa la continuidad en la prestación del servicio de energía. Para el caso del recaudo del impuesto de alumbrado público, desde la SuperServicios se plantea que este puede ir como un concepto adicional en la factura de energía, pero que aún así, su no pago no puede ser causal de suspensión del servicio. Ante esto, plantean como posibilidad de que se sume como una sobretasa al impuesto predial. Esta situación podría generar un impacto en las dinámicas de recaudo que se manejan en varias zonas del país, incluyendo el departamento del Atlántico, ante el retiro de la obligatoriedad en el cumplimiento de estos pagos para evitar suspensiones.
A unos días de que inicie el juicio por corrupción a exfuncionarios de la Universidad Metropolitana de Barranquilla fue denunciada la desaparición de unos documentos que podrían darle un vuelco a este caso que tiene confrontadas a dos familias que buscan quedarse con el control de esta institución. La pérdida de los documentos fue advertida por los abogados de Carlos Jaller, quien fue rector del alma mater entre 2014 y 2016, a quien procesan por el detrimento patrimonial de $8.000 millones, pues, según alegan, lo extraviado correspondería a material que probaría cuál fue el destino de parte de esos recursos. La defensa alegó, durante una audiencia realizada el pasado 27 de enero, que el mismo fiscal había reconocido en una comunicación escrita que no encontraba dichos documentos. "Dentro de todas las irregularidades se perdieron evidencias y así lo certificó el fiscal aquí presente, que pedí un descubrimiento probatorio. Se perdió una evidencia que no se sabe dónde está, que es el resultado de unas investigaciones que hizo la Fiscalía. Vamos a tener un juicio con unas evidencias perdidas", indicó el abogado Jhonatan Peláez en el desarrollo de la audiencia. Es de recordar que Carlos Jaller e Ivonne Acosta, actualmente, son requeridos por la justicia, pero no se han presentado durante el desarrollo de este proceso judicial, a lo que han enviado a sus abogados.
La calma en las islas de San Andrés y Providencia fue interrumpida en la mañana de este martes 28 de enero con un temblor de 4,9 en la escala de ritcher que logró sentirse durante cerca de tres segundos, pero que no habría dejado afectaciones en la infraestructura. Se trata de un temblor que se dio de manera superficial, es decir, menor a 30 kilómetros de profundidad. Este logró percibirse en Providencia y Santa Catalina con mayor intensidad, debido a que su epicentro fue a 28 kilómetros de estas islas. Para el caso de San Andrés se percibió a 70 kilómetros y su más lejano impacto fue hasta la isla Las Delicias, en Panamá, a 424 kilómetros, según información que entrega el Servicio Geológico Colombiano.Amparo Pontón, habitante de Providencia, reconoció que sintió con fuerza el movimiento telúrico, pero que solo duró unos tres segundos. "No tenemos ningún tipo de reporte de daño a casas. Hasta ahora no nos han reportado algo por lamentar. Fue corto, pero fuerte. Yo estaba haciendo aseo en mi casa y de pronto noté que estaba temblando. Todos estamos atentos", contó la isleña. A su vez, desde la capitanía de Puerto de San Andrés reportaron que por el momento se descarta un posible tsunami o afectaciones por incremento en el oleaje. A lo que sumaron que no han encontrado afectaciones en el archipiélago ni personas heridas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla encendió sus alarmas desde la tarde de este lunes, 27 de enero, a causa de tres atentados armados que saldaron el mismo número de víctimas mortales en menos de 24 horas en la capital del Atlántico.El primero de los casos sucedió en el barrio Carrizal, puntualmente en la carrera 4 con calle 51B, cuando siendo la 1:22 de la tarde dos sujetos en moto le dispararon a dos hombres que estaban en una terraza.Quien se llevó la peor parte fue Josue David Julio Moreno, de 18 años, tras un balazo que recibió en la cabeza. Médicos en el Paso Santa María no pudieron salvarle la vida, aunque siguen pendientes de la recuperación de Omarwin Pérez Arriaga, la otra persona que resultó lesionada y cuyo estado de salud es estable. Solo registra una herida en su tobillo derecho.Luego las balas sonaron en un negocio del barrio El Valle, suroccidente de la ciudad, en el que le quitaron la vida a su administrador Pablo Andrés Ríos López.Fueron dos tiros los que le propinaron cuando estaba detrás de un enfriador en la calle 68C con carrera 19. Por ello, aunque no han sido reveladas las hipótesis no se descarta que estén vinculadas con temas extorsivos.En videos que han sido difundidos por las redes sociales se puede apreciar cómo la comunidad intentó socorrer a este hombre, no obstante su deceso se reportó minutos después de entrar a un centro asistencial.El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Álex Suárez, dijo en un comunicado que se capturó a un adolescente de 17 años como presunto responsable.“Esta persona comete el hecho al interior de un establecimiento comercial, emprendiendo posteriormente la huida. En la reacción de las patrullas de vigilancia, se logra la aprehensión de este sujeto y se incauta un arma de fuego tipo pistola de fabricación industrial. Se trasladan todas las capacidades institucionales, nuestro servicio de inteligencia, Policía Judicial y nuestro equipo Gaula para poder establecer cuáles fueron las hipótesis del hecho”, aseguró.Finalmente, una hora después, pero en el barrio Evaristo Sourdis, sicarios se infiltraron en la casa de una joven y la tirotearon para luego escapar del sitio. Su nombre era Emily Carolina Carmona Morelos, de 18 años.Todos los casos son materia de investigación para las autoridades competentes.
A Álex Saab la Sociedad de Activos Especiales tendrá que devolverle siete bienes a los que en 2020 la Fiscalía les había aplicado extinción de dominio, luego de que precluyera el proceso mediante el cual la justicia colombiana buscaba demostrar que la compra de dichos inmuebles había sido con recursos obtenidos por ser supuesto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.Los bienes, que se encontraban a nombre de la empresa promotora Duverera, de la que es accionista Alex Saab, deberán ser desembargados ante la oficina de Instrumentos Públicos de la capital del Atlántico, tras la orden entregada por el Jugado penal del circuito especializado de extinción de dominio de Barranquilla, ante el cual fue demostrado que nunca hubo un incremento patrimonial injustificado, sino que en 2016 y 2017, la mencionada compañía recibió la inversión de dos empresas panameñas, que sumaron 35 mil millones al patrimonio, lo que permitió la adquisición incluso de una mansión de $26 mil millones.Ahora bien, aunque no se menciona a Nicolás Maduro como responsable en estas transacciones, sí se afirma que estos recursos invertidos fueron productos de la ganancia de que dejaron dos contratos celebrados con entidades del gobierno venezolano.De igual manera, el abogado de la defensa, Camilo Bocanegra Bernal, presentó pruebas que ratificaron que dicha promotora contaba con la liquidez suficiente para adquirir los inmuebles sin necesidad de acudir a apalancamiento financiero.Entre estos siete bienes, hay una casa avaluada en $2.300 millones, un lote tasado en $1.779 millones, una casa por $950 millones, un apartamento de $2.000 millones, la mansión de $26.000 millones y tres garajes que fueron ocupados por la Fiscalía hace un par de años. Incluso, la mansión estuvo en venta por $13.000 millones a través de su página, sin embargo, se desconoce si esta logró ser entregada a un tercero o si dicho proceso había sido suspendido ante las reclamaciones de sus anteriores dueños.
Las cifras de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana siguen aumentando. De acuerdo con datos de las autoridades, a corte del 26 de enero, ya son 63 las personas que han sido asesinadas, lo que equivale a un aumento del 11 % frente a la misma fecha del año anterior donde ocurrieron 57 casos.Solo en Barranquilla, en los primeros 27 días del año, ya son 41 las personas asesinadas y seis de estos crímenes ocurrieron entre este sábado y domingo.Una de las víctimas de este fin de semana es Jaider Daniel Cervantes de la Hoz. El hombre fue atacado a tiros por sicarios que ingresaron hasta el segundo piso de su casa y le dispararon en varias ocasiones. En este mismo atentado resultaron heridas dos adolescentes de 16 y 17 años.Los hechos ocurrieron en el barrio Santa María, en el suroccidente de Barranquilla. Por este hecho aún no se reportan capturas y tampoco autoridades han emitido algún pronunciamiento.Doble homicidioEn el barrio Rebolo dos hermanos que se encontraban departiendo en vía pública, en el sector de la calle 16 con la carrera 25, fueron asesinados por dos personas que dispararon desde el interior de un automóvil Kia Picanco color blanco.Testigos lograron identificar las placas del vehículo las cuales fueron entregadas a la Policía que inició una persecución y logró capturar a los señalados asesinosLas personas asesinadas respondían a los nombres de Nesmar de La Hoz, a quién le propinaron un disparo en la cabeza y Robert Segundo Brito De La Hoz, de 45 años, ultimado de un disparo en el pecho.En estos mismos hechos resultó herido un hombre de 29 años identificado como Randy Ramon Ortega Camargo.Los capturados por el doble asesinado son David Junior Cano Rojas, a quien se le halló en su poder una pistola calibre 9 mm y su presunto cómplice Elkin Yesid López Rojas, 27 años.Homicidio en 7 de AbrilEn la calle 51B2 carrera 3 sur, barrio 7 de abril, testigos contaron a la Policía que un hombre que caminaba por el sector fue abordado en vía pública por un hombre a pie que le disparó en varias ocasiones.La persona asesinada es Bairon De Jesús Martínez Ortiz, 23 años, quién tenía 3 anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego y hurto.
La ausencia de lluvias en la región Caribe está golpeando la economía de la canasta familiar de los costeños, pues los productos lácteos están experimentando alzas que podría extenderse por varios meses más. Entre estos se encuentra el queso, cuyo precio de la libra ya alcanza los $15.000, luego de haber sido comercializado durante diciembre por valores que oscilaban entre $11.000 y $12.000. Es decir, en un mes, el queso se ha vuelto un oro blanco que ya se comercializa un 30% más costoso. Jorge Luis Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte, asegura que esta la falta de lluvias podría extenderse hasta el mes de mayo, por lo que estos valores podrían seguir extendiéndose en los próximos meses."Son valores que van en alza, debido a que no hay suficiente lluvia y esto lleva a que se tenga que adquirir silo para seguir alimentando a los animales. La situación sube los costos y eso se refleja en los valores finales", indicó el líder gremial. Pero no solo el queso sube de precio, sino también la leche, cuyo litro puede alcanzar los $6.700 en tiendas y almacenes de cadena. Estos valores sorprenden a Rodríguez, quien advierte que los productores del campo siguen recibiendo los mismos pagos por cada litro comercializado, es decir, $2.000. Al respecto, considera que debe ser revisada la cadena para evitar estas desproporciones, en las que se comercializan hasta tres veces más costosa la leche de lo que le pagan a los pequeños campesinos.
En el Atlántico, desde empresas, gremios y hasta ciudadanos están preocupados por las tensiones generadas durante este fin de semana entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta la influencia que tiene el mercado del norte en la actividad económica de este departamento. Entre estos se encuentran los portuarios de Barranquilla, quienes advierten que anualmente se movilizan más de 16 millones de toneladas desde Colombia hacia Estados Unidos y, a su vez, llegan importadas más de 19 millones de toneladas. "Este comercio exterior no pone en riesgo solamente la viabilidad del sector portuario en Colombia, sino el de miles de empresas y millones de empleos que dependen en gran parte del intercambio comercial con Estados Unidos. En el caso de las exportaciones colombianas, se trata en gran parte de productos de alto valor, claves en la diversificación de la canasta exportadora y en la generación de empleo", indicó Asoportuaria a través de un comunicado de prensa. A esto sumaron el efecto inmediato que podría tener una alza en aranceles a los productos importados en el precio de los productos de la canasta familiar. Por ejemplo, a través del puerto de Barranquilla se importan más de 10 millones de toneladas de graneles, principalmente alimenticios, los cuales son empleados para alimentar a los pollos, vacas y cerdos. "Esto se utiliza como materia prima para concentrado de animales. Quiere decir que el costo del pollo, huevos, carnes y cerdo que compramos, podría incrementarse drásticamente", advirtió este gremio. Es por ello que varios expertos advierten que no deberían existir diferencias con el principal socio comercial del departamento del Atlántico. "No podemos olvidar que Estados Unidos es nuestro principal socio, donde tenemos que estar enviando socios de manera permanente a hacer negocios. Estados Unidos es el destino del 38% de los productos que exportamos, mientras que Colombia no representa más de medio porciento de las ventas que Estados Unidos realiza al mundo", advierte Joseph Daccaret, empresario y experto en relaciones internacionales. Daccarett dice que hay que velar por no agravar la situación, pues eso podría traer consecuencias como interrupciones en las exportaciones o hasta impuestos para nuestros productos.
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, tiene playa. Se llama Puerto Mocho y tanto propios como turistas podrán disfrutar de más de 1 kilómetro de playa.¿Dónde está?Puerto Mocho tiene una ubicación privilegiada y un ecosistema estratégico: el río Magdalena, la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe. Está ubicada en zona urbana de Barranquilla, en la localidad Riomar, en el barrio Las Flores. Con acceso por la calle 106, entrada del barrio, en dirección al tajamar occidental del río Magdalena.¿Cómo llegar?El ingreso y acceso a la playa tiene tres opciones. Una es a través de la estación del tren, que con sus vagones transporta en cada trayecto a 70 personas hasta la playa en sus 2.5 km de vía férrea, en la que no se permite el tránsito de vehículos automotores.El costo del boleto es una tarifa única de $7.000 para ir y volver de la playa. La adquisición de los boletos se realiza a través de TuBoleta.com en el siguiente enlace https://tuboleta.com/es/eventos/recorridos-del-tren-turistico-de-las-flores o directamente en las taquillas de la estación.Como segunda opción de transporte se cuenta con ciclorruta y la tercera forma de llegar es caminando a través del sendero peatonal, para que los visitantes tengan la experiencia de contemplar el paisaje que ofrece a un lado la vista del río Magdalena y al otro el ecosistema de mangles de la ciénaga de Mallorquín. Este sendero permite diversos medios de transporte como bicicletas, patinetas, patines, así como el servicio de transporte de motos eléctricas.Planes en Puerto MochoDisfrutar del mar y pasar una tarde frente al mar en carpas. También, en la zona hay 144 mesas de pícnic cada una con 6 puestos, comedores, puntos de venta, actividades deportivas y acuáticas, servicio de alimentación y bebidas con una amplia oferta gastronómica local, una infraestructura de calidad y mucho más.Horarios Los fines de semana, incluido días festivos, será de 6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. De martes a viernes el horario es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes la playa estará cerrada para propender el descanso y mantenimiento del ecosistema. En caso de que sea festivo, el cierre se realizará el martes.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X, envió un mensaje de apoyo a los habitantes y las autoridades civiles del Catatumbo, manifestando su solidaridad con las víctimas que ha producido el escalamiento de la violencia armada en la región.El mandatario dijo que se suma a los llamados que ha hecho el Gobierno nacional, la comunidad internacional y distintas organizaciones de la sociedad civil a los actores armados para que respete el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción.Ante la crisis humanitaria que se ha desatado, indicó que Barranquilla se unirá a la causa con ayudas humanitarias para apoyar a las familias desplazadas.Centro de acopio de ayudasPara la recepción de las ayudas la alcaldía dispuso un punto ubicado en la carrera 43 no 6-120, sector de Barranquillita.Allí se estarán recibiendo alimentos no perecederos, ropa nueva o en buen estado, elementos de aseo personal, alimentos para mascotas y artículos para bebés.Este centro de acopio estará habilitado de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Mientras la gran mayoría de las instituciones del Estado trabajan de manera cuidadosa para garantizar que las elecciones del próximo 8 de marzo se lleven a cabo de manera exitosa, el presidente Gustavo Petro sigue sembrando dudas sobre los resultados electorales.En su más reciente diatriba, Petro le sumó nuevos ingredientes al tema: desempolvó una denuncia de una activista de su movimiento de 2022 según la cual, en Ibagué se habría presentado una situación irregular en contra del petrismo y le sumó una supuesta limitación del Consejo Nacional Electoral al número de testigos que pueden inscribir los candidatos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.Sobre la denuncia de la activista, pareciera que en su momento, hace cuatro años, ella no lo puso en conocimiento de la Fiscalía, por lo que ahora el presidente Gustavo Petro dice que lo llevará ante la justicia, que será la que determine si es o no cierta. No es una buena práctica que el jefe de Estado termine actuando como juez de la República.Además, hay que recordar que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado, declararon en sus sentencias, que en las elecciones a Congreso de 2022, no hubo irregularidades.Sobre el asunto de los testigos electorales, la posibilidad de inscripción por parte de los partidos políticos está habilitada hasta el próximo domingo en el sitio web del Consejo Nacional Electoral y según una resolución de 2025, cada candidato, partido político y movimiento significativo de ciudadanos puede inscribir un testigo por cada mesa electoral, es decir que cada partido podría inscribir hasta 125.259 testigos para las elecciones del próximo 8 de marzo.El presidente además de insistir en decirles mentirosas a las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, volvió a decir que la Registraduría desacató el fallo del Consejo de Estado en el que la “conminó” a adquirir un software requerido de escrutinios desde y para el Estado, sumado a que pone en duda la auditoría del código fuente del software de escrutinio.Sobre esto, de nuevo hay que señalar que en 2021 la Registraduría sí cumplió el fallo del Consejo de Estado y adquirió un software de escutinio nacional a la empresa española Indra. De otro lado, hay que insistir en que desde mañana y durante 72 horas todos los partidos políticos, auditores y observadores electorales podrán acceder al código fuente de dicho programa, para verificar su correcto funcionamiento. No se trata de entregar una foto, como lo asegura el presidente.No es nuevo que Gustavo Petro cante fraude. Lo hizo en 2018 cuando perdió la presidencia con Iván Duque, lo hizo en 2022 cuando ganó la presidencia. La diferencia es que hoy Gustavo Petro es el jefe de Estado y tiene el deber de garantizar que las elecciones se adelanten con normalidad sin sembrar dudas sobre su legalidad.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
Niños en San Francisco, Antioquia, tienen que estudiar en deplorables condiciones y poniendo en riesgo su vida por graves daños estructurales en una institución educativa. Padres de familias cerraron el colegio y espera pronta respuesta de las autoridades.Decenas de niños, niñas y adolescentes hoy sufren por no tener un lugar seguro en donde estudiar luego de que quedara en evidencia el pésimo estado estructural que tiene la Institución Educativa San Francisco que tiene techos a punta de caerse y muros agrietados que ponen en riesgo la vida de los menores de edad.Debido a esta situación, los padres de familias de este colegio ubicado en el municipio de San Francisco cerraron la institución y realizaron un plantón para exigir por una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes y así se pueda evitar una tragedia.Danyella Correa, representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa San Francisco, pidió que la Secretaría de Educación de Antioquia ayude de manera prioritaria y se pueda mejorar las condiciones para estudiantes de primaria y bachillerato.“Pedimos ayuda a que la Secretaría de Educación nos pare bolas porque la vida de nuestros niños está en riesgo. Es notoria que la infraestructura se nos está cayendo encima y no hemos podido encontrar una solución. Estamos esperando que nos respondan y que nos ayuden, por favor, con esto”, aseguró.Se espera que prontamente la Gobernación de Antioquia llegue hasta esta zona del Oriente del departamento para poder explicarle a la población estudiantil y sus padres qué se encontró en una visita técnica que se le hizo al colegio, además de indicar qué estrategias de mitigación se implementarán en el corto plazo.Hay que mencionar que, a la espera de una solución pronta, se conoció que el traslado de la institución educativa fue presentado ante el Ministerio de Educación, sin embargo, el proyecto no fue viabilizado por el Gobierno nacional por lo que se espera que autoridades locales puedan encontrar una solución y evitar que los daños estructurales generan un hecho que lamentar.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
