Mientras la gran mayoría de las instituciones del Estado trabajan de manera cuidadosa para garantizar que las elecciones del próximo 8 de marzo se lleven a cabo de manera exitosa, el presidente Gustavo Petro sigue sembrando dudas sobre los resultados electorales.
En su más reciente diatriba, Petro le sumó nuevos ingredientes al tema: desempolvó una denuncia de una activista de su movimiento de 2022 según la cual, en Ibagué se habría presentado una situación irregular en contra del petrismo y le sumó una supuesta limitación del Consejo Nacional Electoral al número de testigos que pueden inscribir los candidatos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
Sobre la denuncia de la activista, pareciera que en su momento, hace cuatro años, ella no lo puso en conocimiento de la Fiscalía, por lo que ahora el presidente Gustavo Petro dice que lo llevará ante la justicia, que será la que determine si es o no cierta. No es una buena práctica que el jefe de Estado termine actuando como juez de la República.
Además, hay que recordar que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado, declararon en sus sentencias, que en las elecciones a Congreso de 2022, no hubo irregularidades.
Sobre el asunto de los testigos electorales, la posibilidad de inscripción por parte de los partidos políticos está habilitada hasta el próximo domingo en el sitio web del Consejo Nacional Electoral y según una resolución de 2025, cada candidato, partido político y movimiento significativo de ciudadanos puede inscribir un testigo por cada mesa electoral, es decir que cada partido podría inscribir hasta 125.259 testigos para las elecciones del próximo 8 de marzo.
El presidente además de insistir en decirles mentirosas a las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, volvió a decir que la Registraduría desacató el fallo del Consejo de Estado en el que la “conminó” a adquirir un software requerido de escrutinios desde y para el Estado, sumado a que pone en duda la auditoría del código fuente del software de escrutinio.
Sobre esto, de nuevo hay que señalar que en 2021 la Registraduría sí cumplió el fallo del Consejo de Estado y adquirió un software de escutinio nacional a la empresa española Indra. De otro lado, hay que insistir en que desde mañana y durante 72 horas todos los partidos políticos, auditores y observadores electorales podrán acceder al código fuente de dicho programa, para verificar su correcto funcionamiento. No se trata de entregar una foto, como lo asegura el presidente.
No es nuevo que Gustavo Petro cante fraude. Lo hizo en 2018 cuando perdió la presidencia con Iván Duque, lo hizo en 2022 cuando ganó la presidencia. La diferencia es que hoy Gustavo Petro es el jefe de Estado y tiene el deber de garantizar que las elecciones se adelanten con normalidad sin sembrar dudas sobre su legalidad.
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