La fiscalía federal de Estados Unidos imputó al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.Conocida de la acusación, Menéndez dimitió "temporalmente" como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense."El senador y su esposa aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de que el senador Menéndez utilizara su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos empresarios y beneficiar al gobierno de Egipto", declaró Damian Williams, fiscal federal del distrito de Manhattan, Nueva York.En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de "infundadas" y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa."Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso", dijo Menéndez."Los que están detrás de esta campaña simplemente no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación y de origen humilde pueda llegar a ser senador de Estados Unidos y servir con honor y distinción", dijo.Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador.También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.Asimismo, "Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto", afirma la acusación.El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.- 2ª acusación de corrupción - Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba.También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.- Preparado para la reelección - Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey."A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio", dijo Menéndez en un comunicado el viernes.Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el demócrata Bob Menéndez, expresó reparos frente a la posición del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de tener acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro.“¿Vamos a abrazar dictadores? Esa es una decisión soberana, pero si quieres sumarte a los países que están defendiendo la democracia y el respeto de los Derechos Humanos no sé cómo actualmente creas una relación con Maduro”, dijo Menéndez durante una rueda de prensa sobre la ampliación del Estatuto de Protección Especial para venezolanos en Estados Unidos.Las relaciones diplomáticas con Venezuela están rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro. Lo anterior, en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de su homólogo Iván Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó, como presidente interino.Estados Unidos anunció este lunes, 11 de julio, que prórroga a 18 meses el permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.Ese TPS iba a expirar el 9 de septiembre y con esa ampliación, vigente desde un día después, seguirá en vigor hasta el 10 de marzo de 2024, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional.
El presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, anunció este miércoles la presentación de un proyecto de ley para declarar a Colombia aliado estratégico de EE.UU. fuera de la OTAN, lo que permitirá profundizar la cooperación con ese país."Con nuestros países celebrando este año 200 años de relaciones diplomáticas, quiero anunciar la iniciativa legislativa más amplia para revitalizar las relaciones con Colombia", anunció Menéndez al inicio de una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos.Menéndez aseguró que el llamado "proyecto de ley de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Colombia de 2022" ayudará a fortalecer la alianza de seguridad entre Washington y Bogotá, así como a mejorar las protecciones de los derechos humanos y los laborales.Consideró, además, que la alianza con Colombia ayudará a EE.UU. a contrarrestar el peso que China está ganando en el continente americano.El responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Brian A. Nichols, dijo que el Gobierno da la "bienvenida" a la iniciativa de Menéndez, pero evitó dar detalles sobre si es una opción con apoyo dentro del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.Nichols recordó que tradicionalmente ha sido el presidente de EE.UU. —y no el Congreso— el encargado de designar a un país como aliado estratégico fuera de la OTAN."Pero, no puedo pensar en otro país que encaje mejor en esa definición" de aliado estratégico fuera de la Alianza Atlántica, añadió Nichols.Actualmente, 17 países del mundo han obtenido el rango de aliado militar estratégico de EE.UU. fuera de la OTAN.Esa denominación abre la puerta para que esos países organicen maniobras conjuntas con Washington y les permite acceder a material militar estadounidense.
El senador estadounidense Robert ‘Bob’ Menendez, en entrevista con BLU Radio, manifestó que su país tiene grandes inquietudes sobre Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, quien fue incluido en la Lista Clinton por su supuesta relación con el narcotráfico. “Tenemos grandes inquietudes del papel que él ha cumplido, que no está en el interés nacional de los Estados Unidos”, afirmó. Además indicó que las decisiones no son contra los venezolanos, sino “contra personas que actualmente están afectando el bienestar del pueblo en ese país”. “Le aplaudo a Trump de tomar acción, basado en la carta que enviamos”, indicó.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Supersalud recibió 809 reclamos por dificultades para acceder a consultas, tratamientos y tecnologías en salud. Las mayores barreras se concentran en Ginecología y Endocrinología, mientras que las mujeres entre 14 y 28 años representan el grupo con más reportes.La Superintendencia Nacional de Salud reportó que, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, recibió 809 reclamos de mujeres que autorreportaron padecer síndrome de ovario poliquístico, relacionados con barreras para acceder a servicios de salud. Solo en mayo se registraron 159 reclamos, uno de los meses con mayor número de reportes durante el periodo analizado.De acuerdo con la entidad, las principales dificultades corresponden a la negación en la asignación de citas o consultas, con 194 reclamos; seguida por la falta de oportunidad en la atención, con 172 casos; y la demora en otros servicios de salud, que acumuló 108 reportes. Además, se registraron 92 reclamos por la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.Las especialidades de Ginecología y Endocrinología concentran la mayor parte de las barreras. En total, 292 reclamos estuvieron relacionados con estos servicios, de los cuales 140 correspondieron a la negación de citas, 125 a demoras en la atención y 27 a retrasos en autorizaciones. En Ginecología y Obstetricia se contabilizaron 96 reclamos por negación de citas y 95 por demoras, mientras que Endocrinología registró 42 y 26, respectivamente.El análisis también muestra que las mujeres jóvenes son las más afectadas. El grupo entre 14 y 28 años concentró 405 reclamos, seguido por las mujeres de 29 a 59 años, con 395 reportes. Asimismo, 100 usuarias pertenecían a poblaciones de especial protección constitucional, entre ellas, 67 personas en condición de desplazamiento y 18 víctimas del conflicto armado.Por regiones, Bogotá encabezó el número de reclamos, con 149 casos, seguida por Antioquia (146) y Valle del Cauca (117). A nivel municipal, Bogotá lideró el registro con 149 reportes, seguida de Cali (74) y Medellín (59). En cuanto a las EPS, SURA concentró 134 reclamos, seguida de Sanitas (132), Nueva EPS (121), Salud Total (83) y Famisanar (50).La Superintendencia advirtió que estas cifras podrían representar solo una parte de la problemática, ya que muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a consultas especializadas, requisito para obtener un diagnóstico y tratamiento oportunos. La entidad señaló que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el acceso a la atención y reducir las barreras administrativas.
La senadora electa Carolina Corcho defendió la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia y descartó que la oposición vaya a retroceder en esta propuesta tras el triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exministra de Salud aseguró que estos mecanismos de participación ciudadana están contemplados en la ley y no deben ser estigmatizados por los sectores políticos.Durante su intervención, Corcho enfatizó que los instrumentos de reforma no constituyen una amenaza institucional. “No se puede recular de la idea de una constituyente como no se puede recular de la idea de un acto legislativo, no se puede recular de la idea de una consulta popular. Son mecanismos institucionales no satanizables que existen en la Constitución Política”, afirmó la congresista electa, agregando que su implementación dependerá de la correlación de fuerzas en el legislativo.La dirigente del Pacto Histórico argumentó que la propuesta del presidente Gustavo Petro busca abordar problemáticas estructurales que el Congreso no ha resuelto mediante el trámite ordinario. Entre los temas prioritarios detalló la reforma política, la reforma a la justicia y las políticas de adaptación frente a la crisis climática, aclarando que esto no implica desconocer la Constitución de 1991, sino continuar con su desarrollo.Al ser interrogada sobre la postura de su colectividad frente al gobierno entrante, Corcho confirmó que el Pacto Histórico asumirá formalmente el rol de oposición, lo cual implica de manera lógica el reconocimiento del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. No obstante, advirtió que insistirá ante las altas cortes para que evalúen posibles incompatibilidades legales antes de la posesión del 7 de agosto.“Cuando un ciudadano de los EE.UU. tiene que sujetar una lealtad a esa nación (...) eso podría tener una incompatibilidad con ser el jefe de Estado de Colombia”, aseveró la senadora electa. Asimismo, sostuvo que mantendrán el litigio jurídico para exigir que la Registraduría cumpla con el fallo del Consejo de Estado sobre la auditoría forense al software electoral, rechazando que exista división de criterios en la bancada opositora.
La decisión de la Corte del King's Bench de Alberta, en Canadá, de autorizar a Canacol Energy a terminar de forma anticipada y unilateral sus contratos de transporte y suministro de gas natural encendió las alarmas en el sector energético colombiano.Aunque el fallo corresponde a un proceso judicial en ese país, su alcance sobre las operaciones de la compañía en Colombia ha generado preocupación entre los gremios, que advierten sobre la necesidad de proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio.Tras conocerse la determinación, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para adoptar medidas que preserven el abastecimiento de gas.La preocupación de los gremios se debe al papel estratégico que desempeña Canacol en el mercado nacional. La compañía abastece parte de la demanda de gas en siete departamentos de la Costa Caribe y en varios municipios de Norte de Santander, atendiendo el consumo de hogares, comercios, industrias y el sector transporte.El volumen comprometido representa cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional y, además, la empresa es el segundo mayor productor de gas del país, con una participación cercana al 35,8 % del suministro en la región Caribe.Según los gremios, para que el fallo pueda tener efectos en Colombia, primero deberá ser notificado a la Superintendencia de Sociedades, entidad que iniciará un proceso de revisión para establecer si su aplicación afecta el orden público o compromete la prestación del servicio de gas natural. Los gremios señalaron que el impacto de una eventual modificación contractual sería bastante grande sobre la seguridad, la convivencia y la estabilidad social, recordando que la legislación colombiana prevalece frente a decisiones adoptadas por tribunales extranjeros.“Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agravar la declinación de la producción de la compañía en Colombia. Desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no es la única, ni la última, opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural, sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.Finalmente, Naturgas y Asoenergía solicitaron a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos actuar de manera coordinada para garantizar el abastecimiento de gas natural y ofrecer señales de estabilidad al mercado.
Los barranquilleros siguen manifestando su generosidad con la donación de ayudas humanitarias dirigidas a Venezuela, las cuales están siendo recibidas en varios centros de acopios, parroquias y otros espacios de iniciativa comunitaria.Uno de los principales puntos de acopio habilitados en la ciudad es el que mantiene la Alcaldía Distrital en el corazón del mercado de Barranquillita, donde se han recaudado 208 toneladas de alimentos no perecederos, productos de aseo, medicinas y otros elementos de primera necesidad.El alcalde Alejandro Char destacó que las primeras 124 toneladas de ayudas ya fueron entregadas en La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio en el norte de Venezuela. Anunció el mandatario distrital que en los próximos días saldrán 84 toneladas más para seguir apoyando a esta comunidad.Char sostuvo que así, “desde Barranquilla, se ha logrado contribuir con la quinta parte de toda la ayuda internacional que ha recibido Venezuela en la primera fase de la emergencia”.Los interesados en hacer sus aportes a favor de los damnificados pueden acercarse en cualquier momento al mencionado centro de acopio, ubicado en la carrera 43 #6-120, donde se mantienen las puertas abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
A partir de este mes de julio, el mercado laboral en Colombia se transforma. El aumento oficial del recargo dominical y festivo y la reducción definitiva de la jornada laboral máxima permitida, la cual pasa de 44 a 42 horas semanales a partir del 15 de julio.Este paquete de medidas, que no permite la rebaja del salario básico de los trabajadores, busca modernizar las condiciones del país, pero, a la par, surge la desaparición de beneficios corporativos, como el 'día de la familia' y las horas libres semanales de capacitación.¿Cómo funciona el recargo para domingos y festivos?Desde el inicio de este mes de julio, el recargo establecido para quienes laboran los días domingos y festivos se elevó del 80% al 90%. Para un empleado que devenga el salario mínimo mensual vigente en 2026, fijado en $1.750.905, cumplir con una jornada ordinaria en un día dominical representará un ingreso diario superior a los 126.000 pesos colombianos.Sin embargo, esta bonificación cuenta con una excepción legal. Si el contrato estipula que el trabajador descansa de forma habitual a mitad de semana, no tendrá derecho a percibir dicho recargo por el domingo trabajado.Se acerca la disminución a 42 horas laboralesEl próximo 15 de julio se ejecutará el paso más esperado de la ley 2101 de 2021, pues la jornada laboral máxima semanal se reducirá de manera oficial de 44 a 42 horas. Con este ajuste, los empleadores tendrán la flexibilidad de redistribuir el tiempo bajo dos modalidades. Primero, estructurar una semana de seis días con jornadas diarias de 7 horas, o diseñar un esquema de cinco días laborales que sumen 8 horas y 24 minutos diarios.Las autoridades del Ministerio del Trabajo han enfatizado que la hora de almuerzo o alimentación intermedia no forma parte de la jornada, por lo que este espacio de descanso no contabiliza dentro de las 42 horas obligatorias.Se acaban los días de la familiaA pesar de que el sueldo no se puede tocar, con el inicio de la nueva jornada el 15 de julio, los jefes ya no estarán obligados a otorgar los tradicionales 'días de la familia', beneficio que permitía un día libre remunerado por semestre. De igual forma, las organizaciones con más de 50 colaboradores ya no tendrán el deber de destinar 2 horas semanales de la jornada laboral que eran usadas para actividades de recreación, deporte, cultura o capacitación interna.Este paquete de modificaciones no incluye a todos los empleados. Quedan completamente excluidos de esta reducción aquellos trabajadores que ya se encontraban bajo el modelo especial de jornadas sucesivas de 6 horas diarias y 36 horas semanales, dado que sus tiempos ya eran inferiores al límite legal.Ante este panorama, el Gobierno nacional asume ahora la obligación recolectar la información y entregar al Congreso de la República un informe técnico que evalúe el impacto económico de la medida. De esta forma se determinará cómo influyó la reducción laboral en los índices de desempleo, la informalidad y la productividad real de las empresas, sirviendo como hoja de ruta para futuras reformas en el país.
