La presencia de un puma en una zona rural de La Calera fue confirmada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), luego de que habitantes del sector reportaran el avistamiento de un felino silvestre. La entidad activó el protocolo de atención y realiza seguimiento al comportamiento y desplazamiento del animal.El reporte fue recibido el 20 de septiembre por la dirección regional Bogotá-La Calera de la CAR. Técnicos y biólogos se desplazaron hasta el predio señalado y, mediante registros de cámaras de seguridad, confirmaron que se trata de un puma (Puma concolor).La autoridad ambiental señaló que las acciones buscan proteger al animal y, al mismo tiempo, prevenir posibles interacciones con habitantes de la zona y animales de producción.¿Qué medidas tomó la CAR tras el avistamiento de un puma en La Calera?Durante las visitas de campo, profesionales de la CAR realizaron una valoración del área con apoyo de sistemas de observación mediante dron, con el propósito de identificar posibles corredores o zonas utilizadas por el felino para desplazarse.La entidad también entregó recomendaciones a los residentes para reducir la posibilidad de nuevos encuentros, especialmente relacionadas con el manejo de cercados.La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, tras recibir el reporte, se activó la ruta de atención correspondiente y se realizó la verificación en el lugar.Las acciones se adelantan de manera articulada con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de establecer las condiciones del sector y determinar las medidas de manejo preventivo.Por ahora, la CAR recomienda aplicar medidas de disuasión y ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros, buscando favorecer el desplazamiento del puma hacia zonas donde disminuya la posibilidad de interacción.¿Qué hacer si se encuentra con un puma?La CAR indicó que, por el momento, no se ha determinado la necesidad de reubicar al ejemplar. La entidad continuará con el seguimiento técnico y, dependiendo de la evolución de la situación y las condiciones del sector, definirá las medidas correspondientes.A los habitantes se les recomienda reforzar la protección de animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados, incluidos sistemas de cercas eléctricas en los encierros. También se aconseja manejar correctamente los restos de animales y utilizar sistemas de disuasión lumínica en puntos donde puedan presentarse interacciones.Ante un encuentro con el puma, la recomendación es no acercarse, perseguirlo, golpearlo ni intentar capturarlo. La CAR pide mantener la calma, no correr ni darle la espalda al animal y reportar inmediatamente el avistamiento.Los reportes de fauna silvestre pueden realizarse a la línea 316 524 4031, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
Cundinamarca enfrenta las consecuencias de una temporada marcada por los incendios forestales y de cobertura vegetal. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cerca de 794 conflagraciones han afectado aproximadamente 2.887 hectáreas en 75 municipios del departamento.Aunque el control de las llamas permite contener la emergencia inmediata, la autoridad ambiental advirtió que los impactos sobre los ecosistemas pueden prolongarse durante años. Entre las principales consecuencias se encuentra la degradación del suelo, un proceso que puede favorecer la erosión, la pérdida de nutrientes y la sedimentación de fuentes hídricas.El director general de la CAR Cundinamarca, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que las consecuencias de un incendio continúan después de que las autoridades controlan el fuego, especialmente cuando desaparece la cobertura vegetal que protege el suelo.El suelo, uno de los principales afectados por los incendiosLas altas temperaturas generadas durante un incendio pueden destruir parte de la materia orgánica presente en el suelo y afectar los organismos que habitan tanto en sus capas superficiales como en zonas más profundas.A esto se suma el efecto de las cenizas, que pueden modificar algunas propiedades del suelo, entre ellas el pH y la disponibilidad de nutrientes. Dependiendo de las características y la intensidad de la conflagración, también pueden quedar contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos.La pérdida de vegetación representa otro factor de riesgo. Sin la cobertura que ayuda a protegerlo, el suelo queda expuesto directamente a las condiciones climáticas.En particular, las lluvias intensas pueden generar una mayor escorrentía superficial. El agua puede desplazarse sobre terrenos quemados, abrir surcos y transportar partículas hacia quebradas, ríos y otras fuentes hídricas.“Cuando se pierde la cobertura vegetal, aumenta su exposición y, especialmente en zonas de pendiente, una lluvia fuerte puede desencadenar procesos de erosión y movilización de sedimentos”, explicó Ballesteros.Así continúa el impacto después del incendioLa CAR explicó que el proceso ambiental puede extenderse mediante una cadena de efectos: incendio, pérdida de vegetación, exposición del suelo, menor infiltración del agua, aumento de la escorrentía, erosión, pérdida de suelo fértil y sedimentación de las fuentes hídricas.Por esta razón, el control de las llamas representa solamente una de las etapas de la atención de una emergencia forestal. La recuperación posterior requiere evaluar las condiciones del terreno y, cuando sea necesario, implementar estrategias de restauración.Páramos y bosques andinos, entre los ecosistemas más sensiblesLos efectos de los incendios pueden ser especialmente importantes en páramos, bosques andinos y ecosistemas de alta montaña. En estas zonas existen condiciones ambientales particulares que pueden hacer más lenta la recuperación de la vegetación y de las funciones ecológicas.La pérdida de frailejones, pajonales, matorrales altoandinos y otras especies nativas afecta ecosistemas que cumplen funciones relacionadas con la regulación y el almacenamiento del agua.En los bosques andinos y altoandinos, las llamas también pueden afectar especies nativas de crecimiento lento, entre ellas encenillos, robles, alisos, laureles, arrayanes, cucharos y gaques, además de distintas especies de arbustos y plantas que forman parte del sotobosque.
Los incendios forestales no solo destruyen la vegetación: también dejan a su paso animales silvestres heridos, deshidratados, afectados por el humo y sin los lugares donde encontraban alimento y refugio. En Cundinamarca, la emergencia ocurrida durante agosto dejó 1.512 hectáreas de cobertura vegetal afectadas en 400 incendios, con consecuencias para la fauna de las zonas impactadas.Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Universidad Nacional de Colombia activaron una comisión conjunta para buscar, valorar y estabilizar a los animales encontrados en las áreas afectadas por el fuego. Los ejemplares que necesitan atención especializada son trasladados a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Universidad Nacional o al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Tocaima.Animales silvestres han muerto tras los incendiosEl balance preliminar de la atención hecha durante agosto registra 14 animales silvestres atendidos. De ellos, 11 fallecieron, dos fueron trasladados a la URRAS y uno permanece en el CAV de Tocaima bajo atención especializada. Entre los ejemplares atendidos se encuentran mamíferos como ñeques y lapas, afectados por las condiciones generadas por los incendios y la pérdida de sus hábitats.La CAR también cuenta con una Unidad Móvil de Atención de Fauna Silvestre, que permite brindar atención médico-veterinaria directamente en las zonas afectadas y facilitar el traslado de los animales que requieren un manejo especializado.Los efectos del fuego pueden ir más allá de las lesiones visibles. De acuerdo con la CAR, los animales pueden tener quemaduras, deshidratación, problemas respiratorios y altos niveles de estrés, además de quedar expuestos a la pérdida de refugios, alimento y cobertura vegetal."No los mediquen en casa": advertencia a la comunidadLa CAR hizo un llamado a las personas que encuentren fauna silvestre afectada por un incendio para que no intenten atenderla por cuenta propia. La entidad recibió reportes de animales que permanecían en viviendas particulares e incluso estaban siendo sometidos a tratamientos médicos caseros por lo cual, la entidad manifestó no medicarlos en casa, pues pueden poner en riesgo la vida del animal.Por lo cual, la CAR indicó qué hacer si se encuentra un animal silvestre afectado. En estos casos, las personas deben:Reportar el hallazgo a las autoridades ambientales.Entregar el animal para que sea valorado por profesionales especializados.No perseguirlo ni intentar capturarlo por cuenta propia si esto puede ponerlo en riesgo.No alimentarlo.No suministrarle medicamentos.No intentar rehabilitarlo en casa.La directora de biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, aunque la intención de las personas sea proteger a los animales, mantenerlos en casa o suministrarles medicamentos sin una valoración veterinaria puede afectar su recuperación.El reporte permite que los especialistas determinen el estado del ejemplar, definan el tratamiento que necesita y establezcan si está en condiciones de regresar a su hábitat o requiere un proceso de rehabilitación.La recuperación tampoco será inmediata para los ecosistemas afectados. Según las estimaciones técnicas de la entidad ambiental, la regeneración de la cobertura vegetal puede tardar alrededor de dos años o más, dependiendo de las características del ecosistema, la magnitud de los daños y las condiciones ambientales posteriores.Por último, la entidad advirtió que la emergencia no termina cuando se extinguen las llamas. La recuperación de los animales y de los ecosistemas afectados requerirá atención especializada, seguimiento y procesos de restauración ambiental durante los próximos años.
El avistamiento de varios zorros en un conjunto residencial de la localidad de Usaquén volvió a poner sobre la mesa la presencia de fauna silvestre en sectores urbanos de Bogotá. Aunque la aparición de estos animales puede generar inquietud entre los habitantes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) explicó que su presencia está relacionada con la riqueza ecológica de los cerros orientales y con la disponibilidad de alimento en zonas cercanas a la ciudad.Tras conocerse el caso, la CAR informó que el lugar específico donde fueron observados los ejemplares se encuentra bajo jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad con la que mantiene comunicación y articulación para hacer seguimiento a la situación. Profesionales de la Dirección de Biodiversidad de la CAR realizaron recorridos y visitas de campo en las áreas circundantes, especialmente en sectores de los cerros orientales correspondientes a su jurisdicción.Durante estas inspecciones se revisaron los ecosistemas presentes y el estado de conservación de la fauna y flora de la zona. También se analizaron posibles factores ambientales que pudieran estar provocando un desplazamiento de los zorros hacia áreas urbanas. Sin embargo, la entidad señaló que no encontró evidencias de incendios forestales, tala ilegal, afectaciones significativas por sequía u otros impactos humanos que permitan atribuir la llegada de estos animales a un desplazamiento forzado.De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con la Secretaría Distrital de Ambiente, el avistamiento de zorros en sectores urbanos se volvió más frecuente desde la pandemia. Una de las principales razones estaría relacionada con la disponibilidad de fuentes de alimento, especialmente residuos orgánicos y restos de comida que quedan expuestos durante los días de recolección de basuras. Esta situación habría favorecido que los animales se habituaran a encontrar comida en espacios cercanos a las viviendas.“La presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre”, explicó Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR. La funcionaria agregó que estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y que su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado, en gran medida, con la disponibilidad de alimento derivada de prácticas inadecuadas en el manejo de residuos.¿Qué hacer si ve un zorro?Ante un encuentro con un zorro, la recomendación principal es evitar cualquier contacto directo y no intentar alimentarlo, perseguirlo o capturarlo. Tampoco se deben dejar restos de comida ni basura expuesta en lugares a los que puedan acceder estos animales. La comunidad debe disponer adecuadamente los residuos y respetar los horarios establecidos para su recolección, teniendo en cuenta que la expansión urbana ha aumentado la interacción entre la fauna silvestre y los habitantes de Bogotá.La CAR anunció además que proyecta instalar cámaras trampa en puntos estratégicos de posible tránsito entre los cerros orientales y las zonas urbanas, con el objetivo de conocer mejor los patrones de desplazamiento de los zorros. Si un ciudadano encuentra un ejemplar herido, atrapado, desorientado o en una situación que pueda representar un riesgo para el animal o para la comunidad, no debe manipularlo ni intentar capturarlo. En estos casos, la entidad recomienda reportar la situación a la Línea de Atención de Fauna de la CAR, en el número 316 524 4031.
Los embalses ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) finalizaron el mes de julio con un balance positivo en sus niveles de almacenamiento, reflejando una recuperación sostenida de los principales sistemas hídricos de la región. Sin embargo, la autoridad ambiental hizo un llamado a no bajar la guardia frente al uso responsable del agua, debido a la consolidación del fenómeno deEl Niño, que traerá consigo una disminución de las lluvias y un incremento en las temperaturas durante los próximos meses.El reporte presentado por la CAR evidencia un comportamiento favorable en los agregados Norte y Sur, así como en los embalses El Hato y el Sistema Chingaza, resultado de un seguimiento técnico permanente y de las estrategias implementadas para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, destacó que los embalses Sisga y Neusa alcanzaron niveles cercanos a su capacidad máxima e, incluso, se ubicaron por encima de la curva guía de operación, indicador que refleja un manejo eficiente del almacenamiento de agua.“Los embalses del territorio CAR dieron buenas noticias, pues el SistemaChingaza ganó más de 15 puntos porcentuales y cerró el mes con casi el 80 % de su capacidad y el Agregado Sur operó prácticamente al 100 % durante el mes de julio”, aseguró el funcionario.Aunque el embalse de Tominé continúa registrando el menor porcentaje relativo de llenado dentro del sistema, debido a que es el de mayor tamaño en la jurisdicción, la CAR explicó que mantiene altos volúmenes absolutos de agua y una estabilidad importante frente al comportamiento hidrológico registrado durante 2024.Recuperación responde a un manejo técnico permanenteDesde la autoridad ambiental enfatizaron que el comportamiento positivo de los embalses no es producto del azar ni exclusivamente de las condiciones climáticas, sino del trabajo continuo desarrollado por los equipos técnicos de la Corporación.De acuerdo con Ballesteros, el monitoreo permanente de las cuencas, el control de descargas y la operación técnica de los sistemas de regulación han permitido optimizar el almacenamiento del recurso hídrico y prepararse con mayor anticipación para enfrentar escenarios de sequía.“Quiero ser franco: esta recuperación es una oportunidad, no una razón para relajarnos. El fenómeno de El Niño sigue consolidándose en el país con menos lluvias y más temperaturas altas, lo que significa mayor presión sobre nuestras fuentes hídricas”, afirmó el director general de la CAR. El funcionario insistió en que los buenos indicadores registrados al cierre de julio deben entenderse como una ventana de preparación para afrontar un periodo climático que podría poner nuevamente a prueba la capacidad de abastecimiento de agua en la región.El Hato también muestra una recuperación sostenidaOtro de los sistemas que presentó una evolución favorable fue el embalse El Hato. Si bien durante el primer trimestre del año los incrementos en su volumen almacenado fueron limitados, desde mayo comenzó una recuperación constante que le permitió alcanzar los 9,92 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 78,08 % de su capacidad total.Este comportamiento confirma la tendencia positiva observada en los diferentes embalses administrados dentro de la jurisdicción de la CAR y fortalece las expectativas frente al abastecimiento para los próximos meses, siempre que se mantenga un manejo adecuado del recurso.La Ruta de Preparación Climática busca anticiparse a El NiñoComo parte de las acciones preventivas, la CAR recordó que desde mayo puso en marcha la Ruta de Preparación Climática, una estrategia diseñada para reducir los impactos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre las fuentes hídricas del departamento.La iniciativa integra acciones técnicas, medidas de autoridad ambiental y procesos de acompañamiento dirigidos tanto a municipios como a sectores productivos y grandes usuarios del recurso, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante un eventual periodo prolongado de bajas precipitaciones. Entre las acciones implementadas se encuentran el ajuste de descargas en los embalses, el monitoreo permanente de las cuencas hidrográficas y la coordinación con las administraciones locales para garantizar un uso más eficiente del agua.El ahorro de agua sigue siendo fundamentalPese al panorama favorable, la Corporación reiteró que la sostenibilidad del recurso hídrico depende no solo de la gestión institucional, sino también del compromiso de los ciudadanos.“Estamos en modo preparación, ajustando descargas en los embalses, monitoreando cuencas y trabajando con municipios y sectores productivos para enfrentar lo que se viene. Nuestro compromiso es garantizar el recurso hídrico, pero ese compromiso es compartido pues el ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico dependen también de cada uno de nosotros”, concluyó Alfred Ballesteros.La CAR insistió en que los actuales niveles de almacenamiento representan una oportunidad para fortalecer las medidas de prevención y no una señal para abandonar las prácticas de ahorro.Con el fenómeno de El Niño avanzando gradualmente en el territorio nacional, la gestión responsable del agua será determinante para preservar el abastecimiento de millones de habitantes y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas de Cundinamarca.
En el marco de la Ruta de Preparación Climática, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación departamental pusieron en marcha una estrategia que fortalecerá la capacidad de respuesta mediante servicios helicoportados para atender emergencias ambientales y proteger a las comunidades.La iniciativa busca, especialmente en esta temporada, hacer frente a incidentes ambientales asociados a incendios forestales, los cuales podrían aumentar si se cumplen los pronósticos anunciados por las agencias climáticas nacionales e internacionales según las cuales, el fenómeno de El Niño que se avecina será de gran intensidad.El fortalecimiento de esta capacidad operativa será posible gracias a un convenio interadministrativo suscrito entre la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, que tendrá vigencia hasta finales de 2027. La Corporación aportará aproximadamente el 78 % de los recursos, mientras que el porcentaje restante y la ejecución estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento (UAEGRD).“Esta estrategia representa una medida preventiva para afrontar los desafíos que podría generar un fenómeno de El Niño prolongado, ya que cabe resaltar que, entre 2024 y 2025 se perdieron cerca de 5 mil hectáreas de áreas cubiertas con bosques nativos a causa de incendios forestales”, afirmó Alfred Ballesteros, director general de la CAR.Con el uso de tecnologías de movilización aéreas, se fortalece la capacidad de respuesta del departamento para actuar de manera más rápida y eficiente frente a emergencias que hoy son cada vez más frecuentes.“Esta alianza permitirá disponer de apoyo aéreo, en coordinación con el cuerpo de bomberos, para la extinción de incendios forestales que se presenten en los municipios de Cundinamarca que hacen parte de la jurisdicción, mediante el uso del sistema Bambi Bucket, el traslado de personal, suministros esenciales y la ejecución de operaciones de rescate en zonas de difícil acceso”, explicó William Rozo, director de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.Cabe mencionar que a la fecha los incendios forestales presentados en el territorio CAR han sido controlados con el apoyo de las diferentes autoridades competentes contribuyendo a proteger la vida de los habitantes, la infraestructura y los ecosistemas estratégicos del territorio.“La mejor forma de actuar frente a estas situaciones es la prevención y el aviso oportuno a las autoridades, por lo que invitamos a nuestras comunidades a reportar cualquier conducta que pueda ser el origen de emergencias ambientales”, puntualizó Alfred Ballesteros.
A través de un comunicado, la Procuraduría le solicitó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ampliar el tiempo para que la ciudadanía haga sus comentarios y observaciones en el proyecto que busca modificar la elección de representantes de las CAR.Para el ente de control, el tiempo de cinco días hábiles no son suficientes para que los interesados presenten las observaciones y piden que por lo menos se amplié a 15 días calendario. Así mismo, la Procuraduría alertó un posible conflicto de interés por las Corporaciones que hayan sido beneficiadas económicamente por el MinAmbiente, concurriendo en condiciones de veedores, miembros del consejo directivo de las misma autoridad o beneficiarios de recursos entregados por ese gabinete.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa ministra Muhamad también deberá entregar los informes de selección de las tres organizaciones de aliadas en los territorios, las actas de evaluación de los 185 proyectos de control social-ambiental 2023, los registros de adjudicación de los 75 proyectos seleccionados, los términos de referencia de la convocatoria, entre otros.La solicitud de la Procuraduría se realizó con el fin de garantizar el derecho a la participación ciudadana, especialmente en procesos y decisiones que comprometen los intereses colectivos, como la regulación ambiental.Le puede interesar “Es preocupante ese 0.3 %”: presidente de la SAC sobre desaceleración de la economía:
La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación debido a que, a menos de dos años de que venza la vida útil del relleno Doña Juana en Bogotá, no se tiene un plan claro para la gestión de residuos. Aunque se espera que el relleno esté operando hasta julio de 2025, hay incertidumbre sobre su futuro. "Hemos solicitado al Distrito, la CAR, al operador y a la interventoría establecer una mesa de trabajo inmediata desde el punto de vista técnico y jurídico para definir con claridad una hoja de ruta en el corto plazo que permita establecer hasta el año 2025, que supuestamente el relleno podría ya dejar de estar disponible para la ciudadanía (...) Tenemos una alternativa y un camino claro desde el punto de vista de la habilitación de la licencia ambiental pero también desde el punto de vista contractual a la luz de lo que el arduo arbitral recientemente estableció", indicó el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero.A su vez, el Distrito planea presentar esta solicitud para modificar la licencia ambiental y extender el uso del relleno por 5 a 7 años adicionales. La Procuraduría también destacó que resulta inquietante que no se hayan cumplido 17 de los 30 indicadores de seguimiento establecidos para la licencia ambiental y los criterios de descarga de sustancias, además de que las fórmulas de ajuste de tarifas vinculadas a estos compromisos no han tenido un efecto concreto en la aplicación y puesta en marcha de las medidas de conservación ambiental.Le puede interesar
La denuncia que propició la investigación de la Contraloría de Santander y suspensión por parte del gobernador Mauricio Aguilar de la alcaldesa del municipio de Suratá, Ana Francisca Coronado, fue instaurada el pasado 8 de febrero, dice en el documento por Alix María Quintero Carreño de la veeduría ciudadana El Porvenir de Suratá quien en diálogo con Blu Radio aseguró que la denuncia es falsa y que la firma que allí aparece no corresponde a la suya.“A mi me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de que me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró Alix María Quintero la supuesta denunciante.La mujer quien trabaja como empleada doméstica para una familia en Santa Marta dijo que nunca ha viajado a Santander, que no conoce el municipio de Suratá, y que su único trayecto fuera de la ciudad es Maicao, la Guajira.“Además, esa veeduría de la que hablan en la denuncia no la conozco, no soy veedora, ni el correo que aparece lo conozco. Uno se siente mal porque uno es inocente de todo y que me hayan utilizado y no sé por qué me utilizaron”, contó la mujer.En una declaración juramentada que realizó en la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta, Alix María narró lo ocurrido y dejó claro que no fue ella quien instauró la denuncia en la Contraloría de Santander y que la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya.“Yo fui a la notaría, allí se hizo el trámite con la Registraduría y se dieron cuenta que no era mi firma y que solamente era mi nombre y el número de cédula los que si efectivamente aparecían. Lo que espero es que me saquen de ese lío porque no tuve nada que ver, desconozco todo lo que ahí dicen. No sé de que contratos ni dineros hablan”, manifestó.Daniel Caicedo, abogado defensor de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, cuestionó la forma y la rapidez con la que la Contraloría de Santander investigó y ordenó la suspensión de la mandataria.“La Contraloría de Santander recibe esta queja el 9 de febrero de 2023 y en vez de abrir una indagación, como lo ordena la ley procede en forma inmediata al día siguiente a abrir una investigación fiscal contra la alcaldesa de Suratá en menos de veinticuatro horas y siete días después, el diecisiete de febrero, procede a solicitarle al gobernador de Santander la decisión que acoge la alcaldesa de Suratá de suspensión con una denuncia falsa toda vez que la persona de la denuncia se presenta a una notaría y declara que el documento no es de su autoría”, expresó Caicedo.Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá fue suspendida el pasado 23 de febrero por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por orden de la Contraloría de Santander a pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).El motivo de la suspensión fue por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla en el que se habría presentado un daño fiscal.Quien denunció la suspensión de la alcaldesa Coronado fue el diputado de Santander Ferley Sierra durante una sesión en la Asamblea quien dijo en su momento dijo que, “fue suspendida de su cargo por no acceder a presuntas presiones que estarían haciendo desde la gobernación para acordar los votos en la próxima elección de la junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).Justamente este miércoles 22 de marzo, la Auditoría General de la República le solicitó a la Contraloría General de la República decretar la intervención funcional excepcional a la Contraloría de Santander en el proceso de responsabilidad fiscal contra la alcalde de Suratá, Ana Francisca Coronado.Le puede interesar:
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió la vigilancia especial al cumplimiento de las disposiciones electorales, el mecanismo de voto y de participación que debe atender dicho proceso."Estoy vigilante y atenta a esos procesos de elección de representantes de alcaldes en los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales del país, que se están realizando en este primer trimestre, pues he recibido quejas que advierten sobre presiones indebidas, actuaciones administrativas irregulares y riesgo de corrupción en dichos procesos”, aseguró la cabeza del ente de control.La jefe del Ministerio Público recordó a los alcaldes, gobernadores, directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y a los miembros de sus asambleas y consejos directivos, que la Procuraduría General de la Nación “actuará con absoluto rigor en su vigilancia y control y procederá con las investigaciones disciplinarias y decisiones a que haya lugar”.Además, exhortó a los servidores públicos vinculados al proceso electoral, a la ciudadanía y veedurías, a denunciar cualquier actuación irregular que adviertan en la elección de voceros de las entidades regionales.Escuche y siga el podcast Dime cómo lo lograste
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
