La Policía de Bogotá identificó la ruta que siguieron los delincuentes que ayudaron a fugarse al fletero Carlos Alberto Torres Cruz, hechos que se registraron el pasado jueves en el barrio Restrepo, en el sur de la capital. En el escape, fue asesinado un patrullero identificado como Einer Beltrán, quien custodiaba al detenido a una cita médica. De acuerdo con la revisión de cámaras de seguridad, el motociclista que asesinó al patrullero Beltrán tomó por la carrera 19 hacia el norte, posteriormente volvió a la avenida Primero de Mayo, atravesó todo el barrio y en la carrera 15 con calle 21 sur se bajó del vehículo y caminó casi tres calles hasta acercarse a las estaciones de servicio de la calle 27 sur con avenida Caracas. De Torrez Cruz se sabe que huyó efectivamente en una motocicleta que subió hasta la avenida Primero de Mayo. El vehículo iba escoltado por otra moto, el conductor de ese vehículo también iba armado, atravesaron todo el barrio Olaya, arribaron hasta la calle 27 sur y subieron a la avenida Caracas. Los participantes en la fuga, según las autoridades, posteriormente se reunieron en una de las estaciones de servicio donde hablaron e intercambiaron vehículos. Algunos tomaron para la localidad de San Cristóbal, otros para la localidad Rafael Uribe Uribe. Las autoridades continúan en este punto el seguimiento a las cámaras de seguridad para determinar el paradero final de los criminales, para darles captura y respondan por el asesinato del patrullero Beltrán.
Grabaciones de seguridad registraron el momento en el que Carlos Alberto Torres Cruz, un fletero que se encontraba bajo custodia de la Policía mientras asistía a una cita odontológica, fue liberado por sus cómplices en un consultorio del barrio Restrepo ,en Bogotá.En el lugar de la fuga le dispararon al patrullero de la Policía Einer Beltrán, quien falleció en inmediaciones al centro odontológico.Los videos son las piezas clave que tienen las autoridades para dar con el paradero de Torres, quien, según las imágenes difundidas por Noticias Caracol, fue apoyado por al menos seis personas para escapar.En los registros se ve el momento en el que los criminales llegaron al local, ingresaron y dispararon en contra del patrullero. Uno de los atacantes sacó a Torres del consultorio, mientras que otro tomaba las armas del suelo.Cuando escaparon, tomaron rutas diferentes; una moto hacia la calle 22 sur, mientras que las otras por la calle 20 hacia el norte, hacia la plaza del Restrepo.En ese punto, según un testigo, fue donde se bajó el prófugo de la moto y se subió a un taxi.Escuche el podcast El Camerino:
En entrevista con Blu Radio, el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, dijo que el traslado del delincuente Carlos Alberto Torres Cruz, que escapó tras asesinar a un patrullero, de un extremo a otro de la ciudad, lo ordenó un juez.“Esas son disposiciones que llegan autorizadas, avaladas por la autoridad. Eso no lo decide la Policía. El traslado autorizado para que se preste el servicio médico lo hace el juzgado. El privado de la libertad hace la solicitud al juzgado, nosotros cumplimos con la determinación del juez”, manifestó.Añadió que dos policías cumplen las veces de custodio en casos como el de Torres Cruz, por quien ofrecen hoy una recompensa de 200 millones de pesos.De otro lado, el general manifestó que el delincuente que escapó tras asesinar al patrullero Einer Beltrán, que lo custodiaba, tenía graves accidentes.“Es un delincuente que tiene antecedentes criminales. Está privado de la libertad desde el mes de junio por hurto a personas, en la modalidad de fleteo. Estuvo detenido en una cárcel por homicidio y otros antecedentes criminales importantes”, aclaró.Además, dijo que la Policía custodia hoy a 3.200 criminales en las estaciones, por cuenta del hacinamiento carcelario.El policía fue asesinado en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, durante un traslado del detenido a una cita odontológica. Cuando llegaron al centro médico, otras personas le quitaron el preso a los agentes y le dispararon al agenteEl hecho ocurrió en cercanías a la diagonal 19 sur con carrera 21 a las 5:30 de la tarde.
El jueves, 6 de octubre, en el barrio Restrepo, sur de Bogotá, asesinaron al patrullero de la Policía Einer Beltrán, a quien hombres armados lo sorprendieron cuando acompañaba a un detenido a una cita odontológica.El Ojo de la Noche reveló que en la investigación de las autoridades están implicados, al menos, seis personas que participaron en la fuga del detenido identificado como Carlos Alberto Torres Cruz.En la noche del jueves, autoridades cerraron el cerco de búsqueda a la localidad de Kennedy, exactamente en el sector de la avenida Villavicencio con Primero de Mayo, ya que, según información de inteligencia, en este sector permanecía el delincuente una vez cometía diferentes delitos.Allí se consultaron a varios de los conocidos y amigos de Torres, a quienes se les hace un seguimiento para dar con el paradero del prófugo y los demás criminales, por quienes se ofrece una recompensa hasta de 200 millones de pesos.Entre los elementos con los que dispone la Fiscalía, están las grabaciones de seguridad en las que se ve el modelo de las motocicletas en las que se dieron a la fuga; Pulsar NS azul, Dominar 400 negra y DR 650 blanca.Además, hay un testigo clave que estaba a media calle del lugar, quien habría observado que Carlos Alberto Torres se subió a un taxi tras la fuga en moto.Escuche el podcast El Camerino:
Un policía, identificado como Einer Beltrán, fue asesinado en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, en medio de un traslado de un detenido a una cita odontológica. Cuando llegaron al centro médico, otras personas le dispararon y se llevaron al hombre, identificado como Carlos Alberto Torres Cruz.El hecho ocurrió en cercanías a la diagonal 19 sur con carrera 21 a las 5:30 de la tarde del miércoles. Varios hombres, que llegaron en motos, interceptaron a los policías, que venían desde la localidad de Suba, con el objetivo de "rescatar" al detenido y en esa acción murió el patrullero, de 33 años.La Policía desplegó un plan candado para buscar a los responsables y también al detenido que logró escapar.El patrullero Einer Beltrán Arrieta llevaba más de cinco años en la institución y era padre de dos niñas.¿Quién es Carlos Alberto Torres Cruz?Las autoridades informaron que se trata de Carlos Alberto Torres Cruz, quien está relacionado con los delitos de fabricación y porte de armas, hurto calificado y agravado.Rechazo de la Secretaría de SeguridadEl secretario Aníbal Fernández manifestó que la Administración rechaza este crimen, se solidarizan con la familia del policía y afirmó que no habrá impunidad para dar con los responsables del asesinato de Beltrán.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.