El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, decidió no asistir a la cita convocada por las disidencias de 'Iván Mordisco'. El motivo de la convocatoria era solicitar un aporte económico por los años de Gobierno del funcionario, quien actualmente gobierna desde el exilio debido a las amenazas del Estado Mayor Central de las Farc.Las amenazas, materializadas a través de boletas firmadas por alias 'David' y 'Urias Perdón', se han extendido a comerciantes, contratistas y servidores públicos del municipio. Por esa razón, Edilberto Molina expresó su preocupación por esta situación en Mañana Blu, destacando que se ha intensificado en el último año en el Caquetá.El alcalde relató que fue citado para el próximo viernes, 10 de noviembre, en el sector rural, con la exigencia de llevar una suma de dinero. “No sabemos bien si son 10 millones o 10.000 millones. No hay claridad en la cifra”, dijo. "Es una práctica que se está viendo en el departamento del Caquetá con cualquier persona que realice cualquier actividad económica. Desde alguien con empanadas, peluquerías, billares hasta la empresa de telecomunicaciones y ahora nos llega a nosotros, a la institucionalidad para hacer aportes a los grupos armados al margen de la ley", denunció el alcalde en Blu Radio.Además, Edilberto Molina subrayó que la situación se ha intensificado en el último año, atribuyéndolo al cambio de gobierno y a la pérdida de la ilusión de paz en la región. “Ha sido una situación compleja en esos territorios, pero se ha ido agudizando en el último año, desde este Gobierno que se posicionó, con la situación del sueño que teníamos en estos territorios de la paz total (...) Es preocupante la situación que se está viviendo hoy. La institucionalidad está siendo reemplazada por estos grupos y eso es lo más triste y Cuando hacemos estas denuncias estamos poniendo en riesgo nuestra vida”, dijo.El alcalde afirmó que no asistirá a la cita: "La institucionalidad no se puede arrodillar ante estos grupos al margen de la ley. Tenemos que defender las regiones (...) Aquí alguien tiene que hablar por los que están intimidados, por lo que tienen miedo y jamás le hemos dado el brazo a torcer a estos grupos", enfatizó Molina.
Edilberto Molina, el alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), quien ha estado gobernando desde el exilio debido a amenazas del Estado Mayor Central de las Farc, fue citado por parte de esas disidencias de 'Iván Mordisco' para "aportar" un recurso por los años de gobierno.Las amenazas se han materializado a través de una boleta firmada por alias 'David' y 'Urias Perdón', quienes han sido los encargados de citar a diversas personas. Molina ha revelado que esta no es la primera vez que enfrenta extorsiones por parte de grupos ilegales.En 2019, estas mismas disidencias le exigieron una suma exorbitante de 1.000 millones de pesos para permitirle llevar a cabo su campaña política. Una vez que ganó la alcaldía, le solicitaron otros 300 millones de pesos a cambio de permitirle ingresar a su propio despacho. El alcalde ha declarado que su respuesta a esta nueva amenaza será la misma que en ocasiones anteriores.La situación en Cartagena del Chairá es sumamente delicada, ya que se evalúa si existen garantías de seguridad para culminar algunas obras de infraestructura que se encuentran en proceso. Molina ha revelado que las disidencias están cobrando "vacuna" a los contratistas, lo que pone en riesgo la finalización de proyectos de vital importancia para la comunidad.La ciudadanía y las autoridades locales siguen con atención este preocupante escenario, en el que la seguridad y el desarrollo de la región se ven amenazados por la acción de grupos armados al margen de la ley. Le puede interesar:
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, informó desde Bucaramanga que, luego de un intenso trabajo entre los ministerios de las TIC y el Ministerio de Defensa, este viernes se restablecerían al 100 % las telecomunicaciones en Cartagena del Chairá, Caquetá.“Esta mañana hablé con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la empresa Claro, a quienes les desconectaron las antenas. Quedan seis por conectar y se reconectarían de aquí al viernes”, comentó el jefe de la cartera TIC.Según el funcionario, de las 21 antenas ya fueron reconectadas 15. “Estamos trabajando no solamente en garantizar la reconexión, sino que la seguridad se mantenga en la zona. Hay un gran compromiso del ministro de Defensa, las fuerzas militares, de la empresa, ya avanzamos casi en un 70% en las comunicaciones”, agregóLos sistemas habían sido apagados por orden de las disidencias, que, además, amenazaron al alcalde.Cabe recordar que las disidencias de las Farc, además de instalar pancartas en calles, extorsionaron a comerciantes y ordenaron apagar las antenas que garantizan la conexión a internet y a telefonía celular en el 80 % de la zona rural.
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, informó que el 71 % de las antenas afectadas en la zona de Cartagena del Chaira, Caquetá, ya está en funcionamiento, luego de un intenso trabajo entre los ministerios de las TIC y el Ministerio de Defensa, luego de la desconexión que hicieron las disidencias de las Farc que operan en la zona de la repetidoras."De las 21 antenas que desafortunadamente la guerrilla desactivó a través de no permitir la entrada de combustible a las zonas y no se podían prender las plantas, hoy ya con la ayuda de la Fuerzas militares, hay que reconocerlo, de la empresa Claro, hemos activado la mayoría de ellas. Es decir, hemos activado casi 15 antenas. Nos quedan solo seis antenas por activar y con el acompañamiento del Ejército esperamos hacerlo en las próximas”, explicó el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.El pasado viernes, 5 de mayo, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se reunió con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para establecer medidas de choque que permitieran recuperar el servicio en la zona.Durante el encuentro que sostuvieron, se definió la creación de un plan estratégico de seguridad para la infraestructura de las antenas que le permita al estado evitar que se apaguen nuevas antenas en otras regiones del país.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En compañía de las Fuerzas Militares se adelantó otro consejo de seguridad, esta vez en la sede de la alcaldía de Cartagena del Chairá, Caquetá, para revisar la efectividad de las recientes medidas tomadas ante las amenazas de las disidencias.Cabe recordar que este grupo ilegal, además de instalar pancartas en calles, extorsionó a comerciantes y ordenó apagar las antenas que garantizan la conexión a internet y a telefonía celular en el 80 % de la zona rural.Precisamente este último hecho fue uno de los más evaluados en la reunión oficial y se determinó que ya era posible, por las condiciones, comenzar el proceso para restablecer las comunicaciones.“En este espacio nos articulamos también con la empresa operadora para iniciar los trámites y tener nuevamente la señal de telefonía celular e internet en nuestro municipio”, dijo el alcalde Edilberto Molina.Se espera que los comerciantes también puedan abrir sus negocios sin temor mientras que las Fuerzas Militares se comprometieron a mantener los refuerzos de seguridad y patrullajes y para ello van a sumar drones de la Fuerza Aérea y ampliar así el rango de vigilancia.Aún queda pendiente y en revisión las condiciones de seguridad del alcalde y su familia, pues producto de las denuncias públicas, recibió más amenazas por parte de las disidencias que hacen presencia en la región.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Edilberto Molina, alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, aseguró en Meridiano Blu que siente temor por su vida debido a amenazas que ha recibido por parte de las disidencias de las Farc."Las disidencias han dicho que no descansan hasta asesinarme. (Por eso) he solicitado en muchas ocasiones aumento del esquema de seguridad", aseguró el mandatario local, quien agregó que desde hace cinco meses está "pidiendo cambio de vehículo" del esquema de protección y, hasta el momento, no ha recibido respuesta alguna."Entonces uno siente que está solo y no hay apoyo. Pareciera que la vida de un alcalde o una vida no tiene ningún valor", continuó el mandatario, quien afirmó, además, que "en este momento no hay solución a corto plazo" a la situación de orden público que atraviesa esa zona del país."Se encuentra muy compleja la situación de orden público. Hoy el municipio amaneció con panfletos y vallas invitando a la población a que ingrese a sus filas, aparecieron cerca de un colegio, estamos preocupados por la situación que se está presentando en Cartagena del Chairá", relató angustiado.Según detalló también el mandatario Edilberto Molina, la situación viene presentándose, especialmente, en los últimos meses, donde "el tema de extorsiones ha crecido mucho" llegando incluso a que los comerciantes deban ceder a las extorsiones."Quiero hacerle un llamado al presidente porque yo, como mandatario, siento miedo. Sí queremos una paz total, pero siento más miedo que nunca; la situación de orden público está muy difícil, pido al presidente que nos ayude y no nos deje matar", dijo Molina, quien debido a las intimidaciones que ha recibido no se encuentra gobernando desde su municipio.Además, el mandatario señaló que su municipio no es el único que está viviendo esa difícil situación de orden público, la cual también se está presentando en lugares como San Vicente del Caguán, La Montañita, Solano y Puerto Rico.Finalmente, el alcalde Edilberto Molina aseguró que, en su percepción, "con el tema del cese al fuego, que han hecho que no se hagan las operaciones de antes, sí se ha visto afectado el tema de la seguridad, porque no hay mucha presencia de la fuerza pública y eso da pie para que los grupos al margen de la ley tengan más tranquilidad en el terreno".Escuche la entrevista completa en Meridiano Blu:
Recientemente, las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, ordenaron en Cartagena del Chairá, Caquetá, apagar las plantas que alimentan las torres de internet y telefonía celular, por lo que más del 80 % de la zona rural tiene problemas con esos servicios.Además, durante un consejo de seguridad para evaluar la situación de seguridad en la zona, el alcalde Edilberto Molina confirmó que el asesinato de un trabajador de la zona.En medio de esta situación, este jueves, 4 de mayo, en Cartagena del Chairá, las mismas disidencias instalaron algunas pancartas propagandísticas en diferentes puntos, en las que además se habla de reclutamiento.“Desde 1964 hemos forjado un sendero para establecer un nuevo modelo de poder. Te invitamos a unirte a nuestras filas guerrilleras”, se lee en las pancartas.Además, en la imagen salen algunos cabecillas de ese grupo que ya fallecieron, como alias ‘Gentil Duarte’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Manuel Marulanda’.Es importante recordar que en pocos días empieza un diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y este grupo de disidentes en Colombia.Asesinan a trabajador de antena de comunicaciónEn Cartagena del Chairá fue asesinado, el martes, un trabajador encargado del mantenimiento de antenas de comunicación. Este hecho se suma a las preocupaciones de la región, ya que las disidencias han amenazado con apagar las plantas que alimentan las torres de internet y telefonía celular.Durante el consejo de seguridad que se realizó en Florencia, Caquetá, para discutir las amenazas de las disidencias contra los operadores de comunicaciones, se dio a conocer la noticia del asesinato en Cartagena del Chairá. Según el alcalde Edilberto Molina, se recibió el reporte del homicidio de una persona que se encontraba realizando labores de mantenimiento en las antenas de comunicación del centro poblado de Nápoles.El alcalde agregó que se está pendiente de aclarar la vinculación laboral de la víctima, quien tenía 50 años. Aún no se sabe si trabajaba directamente para una empresa de comunicaciones o si era un trabajador independiente: “Nos han reportado en el centro poblado de Nápoles el homicidio de una persona que se encontraba haciendo labores de mantenimiento a estas antenas de comunicación. Claro, está pendiente de aclarar el tipo de vinculación laboral. Tenía 50 años y estamos pendientes del traslado de su cuerpo”.Le puede interesar:
En medio del consejo de seguridad que se adelantó en Florencia, Caquetá, luego de las amenazas de las disidencias contra operadores de comunicaciones, se conoció otro hecho de violencia en el municipio de Cartagena del Chairá.Cabe recordar que una de las preocupaciones es que ese grupo ilegal ordenó apagar las plantas que alimentan las torres de internet y telefonía celular, por lo que más del 80 % de la zona rural tiene problemas con esos servicios.Así mismo, el alcalde Edilberto Molina confirmó que en medio de ese consejo de seguridad les informaron el asesinato de un trabajador de la zona.“Nos han reportado en el centro poblado de Nápoles el homicidio de una persona que se encontraba haciendo labores de mantenimiento a estas antenas de comunicación. Claro, está pendiente de aclarar el tipo de vinculación laboral. Tenía 50 años y estamos pendientes del traslado de su cuerpo”, agregó el alcalde.Por esta situación, al menos 24 puntos de conexión están afectados, como los ubicados en los sectores de Cristales, Santafé del Caguán, Monserrate, entre otros.Si bien en el Consejo de Seguridad se ratificó que el frente 62 de las disidencias de las Farc tiene alta presencia en la zona y está detrás de las exigencias extorsivas, no se ha determinado si sería responsable del homicidio.Puede ver:
El alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, habló en Noticias de la Mañana BLu, sobre el suceso ocurrido la pasada mañana del jueves, en el que señaló más detalles del atentado.“Ocurrió en una vía del casco urbano, es una vía alterna que tenemos alterna, ya que en la principal se están haciendo trabajos de construcción. Una patrulla iba circulando y al pasar se activan dos artefactos explosivos. Pierden la vida tres personas, entre ellas un menor de edad”, dijo.Además, el capitán Álvaro Farfán, director de bomberos en Cundinamarca, habló de las afectaciones luego de que se desbordara el río Bogotá.Escuche el programa completo:
El alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, habló en Noticias de la Mañana BLU, sobre el atentado que se vivió el pasado viernes 10 de junio, en ese sector del Caquetá, en el que un explosivo dirigido a una patrulla de la Policía dejó cuatro muertos, entre ellos un menor de edad.“Ocurrió en una vía del casco urbano, es una vía alterna que tenemos alterna, ya que en la principal se están haciendo trabajos de construcción. Una patrulla iba circulando y al pasar se activan dos artefactos explosivos. Pierden la vida tres personas, entre ellas un menor de edad”, dijo.Sobre las afectaciones aledañas al lugar de la zona, el alcalde mencionó que, ese lugar, es muy transitado y cerca queda una institución educativa.“No solo es una vía, en ese punto queda no solo una escuela, un centro de acoplo de construcción, una fábrica de quesos, casas, viviendas, un centro recreacional, es un sector muy poblado.. La explosión ocurrió a 200 metros de un colegio, si no es porque están en vacaciones ocurre una tragedia. Ver esta situación no tiene nada justificable”, mencionó.Sobre el explosivo, Molina explicó que ya un equipo especializado está identificando el artefacto, pero que, aun así, el suceso pudo ser peor.“Los técnicos de antiexplosivos dicen que es un dispositivo de alto poder. Se buscaba acabar con el vehículo de la policía. Al parecer estaba ubicado al lado izquierdo de la vía. Fue un dispositivo manejado a control remoto, es decir que, posiblemente estaban monitoreando la patrulla en el momento que pasó por el lugar. Es un hecho que lamentamos, pero, aun así, la situación pudo ser peor. Quien activó el explosivo sabía que pasaban por la zona personas civiles, y niños, y aún así lo hizo explotar”, explicó.Sobre las reacciones de los habitantes del lugar, Molina dijo que: “El municipio esta consternado. La verdad lo que se vivió fue una situación muy compleja. Es un retroceder de 15 años en el tiempo. Esta familia queda destrozada por el ataque terrorista”.En el departamento del Caquetá operan las disidencias de las Farc Miller Perdomo, quienes presuntamente son los responsables de este atentando. El Gobierno Nacional ofreció 70 millones de pesos de recompensa.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
