El rollo de papel higiénico, diseñado específicamente para la limpieza después de ir al baño, podría desaparecer en un futuro. Aunque la idea de utilizar algún tipo de material para limpiarse después de ir al baño es tan antigua como la humanidad misma, el papel higiénico como lo conocemos hoy en día tiene una historia más reciente.Pero como todo es un cambio y en la era de la tecnología el avance es mucho mayor, ya se está comercializando un producto que sería el reemplazo del papel higiénico. ¿El sanitario inteligente reemplazará al papel higiénico? La creciente preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de alternativas más eficientes y sostenibles han puesto en el centro de atención a los sanitarios inteligentes. ¿Qué hace un sanitario inteligente?Limpieza automática: Usa chorros de agua ajustables en temperatura y presión para una limpieza más profunda, por lo que no se necesita papel.Secado con aire: Después de la limpieza, un flujo de aire caliente seca suavemente la zona.Desodorización: Elimina los olores desagradables automáticamente.Estos innovadores dispositivos ofrecen una experiencia de higiene superior y podrían llegar a reemplazar al papel higiénico en un futuro. Eso sí, hay un problema, y es el costo. En Colombia este producto tiene un alto valor por la tecnología que contiene. Los precios oscilan en el mercado entre 890.000 pesos a los 11 millones de pesos. Cuando un sanitario convencional tiene un costo promedio de 400.000 pesos. ¿Cuáles son las ventajas de los sanitarios inteligentes?Ahorro de agua: Reducen significativamente el consumo de agua en comparación con el uso de papel higiénico.Reducción de residuos: Eliminan la necesidad de comprar y desechar rollos de papel higiénico.Mayor higiene: Ofrecen una limpieza más profunda y efectiva.Accesibilidad: Cada vez hay más modelos disponibles en el mercado y a precios más accesibles.Los sanitarios inteligentes presentan un futuro prometedor como alternativa al papel higiénico. Sin embargo, su adopción masiva dependerá de factores como la reducción de costos, la mejora de la infraestructura y la aceptación social.
Un nuevo producto que es comercializado por Amazon se ha viralizado rápidamente y ha desatado polémica. Se trata de un papel higiénico que tiene impresa la caricatura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en sus hojas.En la imagen se ve la caricatura de Maduro sobre un fondo rojo. También aparece un ave de color azul que está posada sobre su hombro izquierdo.El producto tiene un costo para los compradores de 8.95 dólares en la plataforma Amazon y se encuentra como “Papel higiénico Nicolás Maduro“.Le puede interesar: Nicolás Maduro es una amenaza internacional: Grupo de Lima Al parecer, el objetivo de vender este curioso papel higiénico sería recaudar fondos para la fundación Venezuela Aid Live.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, estuvo en Blu Al Derecho explicando las recientes decisiones en materia de competencia y protección al consumidor, entre otras, además de las investigaciones en torno a los presuntos ‘carteles’. Robledo aseguró que todas sus labores se dan por la decisión del Gobierno de Juan Manuel Santos de fortalecer la entidad. En ese sentido, manifestó que la Superintendencia tiene tres veces más presupuesto que en 2010 y mayor personal trabajando en investigaciones (más de 1.200 personas). Según Robledo, su principal enfoque es luchar contra la cartelización empresarial. “La cartelización empresarial es la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario, lo ha dicho la OCDE. Quiere decir que más grave que la cartelización porque es amangualarse en contra de los consumidores”, enfatizó. Por tal motivo, destacó que algunas de las investigaciones de cartelización ya terminaron en sanciones, mientras que “hay unas investigaciones emblemáticas en los presuntos carteles de los cuadernos, papel higiénico donde seguramente en las próximas semanas habrá una decisión sobre si hay o no cartel y cuál es la consecuencia”.
"El compromiso es que en dos o tres meses, el país va a tener unas decisiones definitivas de la Superintendencia de Industria y Comercio en los presuntos carteles de cuadernos, papel higiénico y pañales, que tienen como elemento común que en cada una de esas investigaciones hay empresas delatoras", señaló Robledo. Dijo que también se espera que en próximos meses sean radicados informes por parte del delegado para darle fin a la etapa de instrucción de las investigaciones en las que están involucrados los presuntos carteles del cemento, de las subastas ganaderas y de la seguridad privada en licitaciones públicas.
"La expedición de un simple comunicado de arrepentimiento y el pago de multas no es suficiente para remediar décadas de defraudación a los consumidores colombianos que están siendo víctimas de la cartelización", dijo el funcionario. Por eso, para el Gobierno Nacional debe haber un compromiso por parte del sector no solo para delatar las conductas irregulares que restrinjan la libre competencia y pagar las multas, sino para garantizar que estas situaciones no se repitan. "El llamado que le hacemos a las empresas es que asuman un compromiso real en la prevención de la corrupción al interior de sus compañías a través de la adopción de códigos de ética empresarial, de la formación en valores de sus empleados, necesitamos un compromiso muchos más serio por parte del sector privado", señaló Encizo. Para el funcionario aunque la Superindustria cuenta con las herramientas y está dando ejemplo de cómo se debe sancionar, es necesario fortalecer las sanciones que se puedan imponer al sector privado por estos temas. "Consideramos que la.sanción debe ser proporcional al daño causado y al.abuso cometido, el caso del cartel del papel higiénico es una muestra muy clara de una situación de este estilo", agregó Encizo.
A través de un comunicado emitido por el Grupo Familia, la empresa reconoció públicamente su participación en el ‘cartel del papel higiénico’. (Lea también: Superindustria pide a compañías que delaten la cartelización empresarial) “Grupo Familia y su Junta Directiva expresan a sus empleados, consumidores, clientes, proveedores y a la comunidad en general su arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio (...) Lamentamos profundamente estas acciones de algunos empleados y somos conscientes de la desilusión que esta situación causa entre quienes nos han entregado su confianza y lealtad”, dice el comunicado. Como primera medida fue suspendido temporalmente el gerente general de la empresa, Darío Rey Mora. Además de Grupo Familia, la Superintendencia de Industria investiga por el caso a las compañías Papeles Nacionales y Cartones, Kimberly Colpapel y Papeles de Risaralda. Este es el comunicado emitido por Grupo Familia: Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Superintendencia de Servicios exigió a Electricaribe mejorar, de manera inmediata, la atención a los usuarios. -Fue revocado un fallo que le ordenaba al Congreso el pago de indemnizaciones por leyes inexequibles. -Rindió indagatoria en Bucaramanga la exrectora del colegio de Charalá acusada de haber permitido la esclavitud sexual de sus alumnos por parte de grupos paramilitares entre 2000 y 2003. -A 72 meses de prisión fue condenado el patrullero que entregó información reservada al hacker Andrés Fernando Sepúlveda. -El defensor del pueblo, denunció un excesivo aumento en las acciones de tutela, especialmente las que buscan lograr atención en salud. -La Organización de las Naciones Unidas empezó su proceso de selección para elegir al Secretario General y reemplazar a Ban Ki Moon. -Se juega en varios grupos la penúltima jornada de la Copa Libertadores, con presencia de futbolistas colombianos. -Este miércoles comenzó el reversible en la calle 84 entre carrera séptima y Avenida Circunvalar con el fin de mejorar la movilidad de la vía a La Calera. -La banda británica Coldplay se presentará esta noche en Bogotá. Todo está listo en el estadio El Campín para que los fanáticos de la agrupación puedan disfrutar de una noche inolvidable.
Las empresas son: Kimberly, Familia, Cartones y Papeles de Risaralda (CyP) y Papeles Nacionales. El informe motivado señala que se encontró en el año 2000 la existencia de prácticas que restringen la libre competencia económica por hacer acuerdos para fijar de manera directa e indirecta los precios de productos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara. El superintendente tiene 2 meses para determinar si acoge el informe y sanciona a las empresas. (Lea también: Más de la mitad de empresas de Panama Paper están en Islas Vírgenes: ministro) Si se acoge, la ley establece una multa de $70.000 millones para las empresas y de $1.400 millones para las personas naturales que resulten involucradas en el cartel del papel higiénico. De las 5 empresas investigadas, el informe recomienda absolver a la compañía Drypers del proceso, pues solo asistió a dos reuniones con sus competidores, pero no participó en el acuerdo de precios. Por su parte, Mauricio Pérez, miembro de consejo de Competencia y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, aseguró que ellos serán los encargados de analizar el informe para realizar las recomendaciones pertinentes a la Superintendencia delegada para la Protección de la Competencia para que imponga la multa y las sanciones correspondientes. (Lea también: Después del cartel de los pañales y el papel higiénico, llega el del azúcar) “Se somete a debate en el Consejo Asesor de la Competencia que formula recomendación al superintendente quien decide si hay o no un cartel, yo solo conozco el resumen del informe motivado y con base en esa información le formularemos la respectiva recomendación al superintendente”, aseguró Pérez. El académico señaló que la restricción de la competencia es una de las formas de cartelización que se pueden dar en el mercado. “La práctica de la restricción de la competencia es una de las muchas formas de cartel izar la competencia (…) las empresas se pusieron de acuerdo ya sea para pisar precios o repartirse el mercado o ambas cosas”, agregó Pérez.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
