La Registraduría denunció en las últimas horas que tras una verificación exhaustiva de las actas de instalación y registro general de votantes (Formularios E-11) de las 119.875 mesas de votación que se instalaron para las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, se evidenció una presunta votación por más de una vez de 446 ciudadanos en diferentes partes del país, que prestaron su servicio como jurados de votación.En Colombia, el voto es un derecho y un deber fundamental. Votar más de una vez no solo es ilegal, sino que también atenta contra la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. ¿Qué dice el Código Penal sobre la doble votación? Los testigos de votación que habrían incurrido en una doble votación se enfrentan a fuertes sanciones que dispone el Código Penal Colombiano. El Artículo 392 del Código Penal Colombiano establece que si un servidor público "permite suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años". Además se le impondrá una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 58 a 200 millones de pesos. Sobre este caso la Registraduría recordó que durante las jornadas de capacitación impartidas a los jurados de votación de las pasadas elecciones territoriales, informó de manera clara y reiterada que podían ejercer su derecho al voto en la mesa en la cual estaban prestando su servicio como jurados y solo en una ocasión.
Son varias las medidas que tiene esta ley que sancionó el presidente Petro en materia de sanción a los médicos que usen biopolímeros, pero también tiene medidas para el retiro de las personas que tienen la sustancia en su organismo.Así lo establece el artículo 5 que obliga a que el Ministerio de Salud incluya en tres meses en el Plan de Beneficios en Salud (antes conocido como POS) el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas.También se establece un registro de control de ventas de las sustancias “modelantes” permitidas, la publicación de un listado de entidades y profesionales médicos habilitados para procedimientos estéticos.Pero la almendra de la ley está precisamente en ese artículo 3 donde se adiciona un nuevo artículo al Código Penal, catalogado como ‘lesiones con sustancias modelantes no permitidas’.Allí, se establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.“Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 5 años”, señala la ley.Y, adicionalmente, advierte que si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, “o afectare el rostro”, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Este martes, 6 de junio, la bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes anunció que ha presentado una denuncia penal contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, debido a sus declaraciones hacia la fuerza pública.Según los miembros del Pacto Histórico, fundamentan su denuncia en una declaración realizada por el fiscal el pasado 23 de mayo en Meridiano Blu, donde expresó: "Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la Dijin, a los directores de la Sijin: que no porque les den una orden o les digan algo, tienen que hacerlo".Los integrantes del Pacto Histórico argumentan que, con estas palabras, Barbosa estaría incitando a la Policía y a sus miembros a cometer presuntamente los delitos de insubordinación y desobediencia al comandante supremo de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro.“No sobra resaltar que este llamamiento es, además, una ofensa directa a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, y especialmente para los oficiales directamente mencionados, cuyo compromiso con la Nación se ve mancillado y puesto en duda con una provocación de semejante naturaleza”, dice el comunicado de los congresistas.Por esta razón, desde el Pacto Histórico solicitan a la Comisión de Acusaciones que investigue si el fiscal ha incurrido en los delitos de conspiración o de seducción, usurpación y retención ilegal de mando.¿Cuál es la diferencia entre los delitos de seducción y sedición?El Código Penal colombiano define al delito de seducción, usurpación y retención ilegal de mando en su artículo 472 como: "El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses".Mientras que, por su lado, el artículo 468 define a personas sediciosas como las que "mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes".Le puede interesar:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín le envió una carta de carácter público al Congreso de la República en la que propone crear una comisión revisora del código penal, que permita analizar el proyecto de la reforma a la justicia penal.En la carta, firmada por 15 magistrados, la Sala Penal del Tribunal de Medellín pidió a los congresistas que se replantee la propuesta de reducción de penas máximas que pasan de 60 a 50 años y de 50 a 40 años para el delito individualmente cometido. Advierte, además, que de no acatar las sugerencias habría riesgo de impunidad, según el magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.“El proyecto tiene sus bondades en cuanto trata de afrontar el estado de cosa inconstitucional, que la Corte ha señalado frente a la reclusión del número de personas en espacios reducidos así sea de manera provisional”, agregó.El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín agregó que, aunque el proyecto está bien intencionado, sigue manteniendo muchas exclusiones en cuanto a la terminación anticipada del proceso.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En una carta enviada a los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió este martes al presidente de la República, Gustavo Petro, retirar el proyecto de ley que reforma al Código Penal.El congresista alertó que esta iniciativa en su artículo 8, “por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria”, contempla la suspensión de la pena para delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.La suspensión de la ejecución de la pena incluye “delitos como concierto para delinquir agravado, lavado de activos, trata de personas, desplazamiento forzado, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, señala el mencionado artículo.Luna indicó que su petición se fundamenta en que antes de avanzar en el proyecto que reforma al Código Penal, se deben aclarar e investigar los hechos relacionados con las denuncias que salpicaron a la familia presidencial sobre la recepción de recursos de dudosa procedencia y la intermediación con narcotraficantes en desarrollo de la denominada paz total.“La suspensión de pena significa que no hay privación de la libertad, que no hay cárcel ni mucho menos casa por cárcel. En la práctica los delincuentes quedan libres”, enfatizó el senador Luna.El congresista dijo que es “grave para el país” que la iniciativa tenga un mensaje de urgencia en el Congreso de la República, “lo cual significa jurídicamente que es un trámite expedito y políticamente un respaldo claro del Gobierno”.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, armó el lunes una polémica por expresar que el incesto no debería seguir tipificándose como un delito, algo que propone en su proyecto de reforma al Código Penal.“Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, dijo el ministro.El funcionario, en diálogo con Mañanas Blu, explicó que su propuesta no está encaminada a eliminar los delitos de carácter sexual, pero sí a marcar un límite entre lo moral y lo delictivo.“Esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en la cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y conductas, que ciertamente son reprochables, pero que no deben ser consideradas delitos”, explicó Osuna.En ese sentido, el ministro de Justicia explicó que los delitos de carácter sexual continuarán siendo duramente castigados por la ley, sin ningún beneficio: “Se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Solamente es el sexo entre adultos que es libremente consentido. Si es con un niño, además de que es violación, es agravado”.InjuriaAl respecto, el Osuna manifestó que tener el delito de injuria y calumnia en el Código Penal puede repercutir en la libertad de expresión, pero, además, explicó que hay pocos condenados por esto delito, pero sí muchos procesos abiertos.“Estos procesos siempre terminan o en conciliación o desistimiento. Entonces, pongamos un trámite administrativo de conciliación”, argumentó.El ministro agregó que quien recurre en esas conductas merecen no una sanción penal, pero sí una sanción social, por lo que dijo que es mejor una justicia un poco más administrativa que punitiva.Inasistencia alimentariaAl respecto, el ministro Osuna agregó que, hoy, ninguna de las 500 personas presas en las cárceles por inasistencia alimentaria está respondiendo a las víctimas, lo que se traduce en poca efectividad de la medida.“Si lo que el sistema penal quiere es obligar a los padres a que no sean irresponsables, no lo está logrando. Hoy en día hay unas medidas que reforzaremos: embargo de salario, de bienes, prohibición de salida del país”, puntualizó.A la pregunta de si dejar de tipificar estos delitos no se traduce en impunidad, el ministro manifestó que no lo cree porque el sistema penal se puede concentrar en delitos realmente relevantes.Vea la entrevista completa con Néstor Osuna en Mañanas Blu:
El Gobierno nacional arrancó en forma la agenda legislativa de este primer semestre del año. Aunque las sesiones extraordinarias comenzarán hasta este martes 7 de febrero, en la mañana de este lunes se radicó el primer proyecto de ley: la reforma al Código Penal y a la política criminal.Con este proyecto, presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, se busca atender la grave crisis carcelaria que vive el país mediante medidas como la reducción de penas, la eliminación de algunos delitos penales y la ampliación de subrogaciones o beneficios para los privados de la libertad.Uno de los caminos propuestos que más ha causado polémica tiene que ver con la eliminación del artículo 237, correspondiente al delito de incesto. Lo que considera el Gobierno en su exposición de motivos es que “en definitiva, se considera que, por mucho que genere rechazo social, el incesto no tiene un sentido delictivo que motive su consideración en el Código Penal, en tanto, como se ha repetido varias veces, se trata del comportamiento de adultos en ejercicio de su voluntad”.Incluso, el ministro Osuna señaló: “Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”.Esta propuesta generó la reacción por parte de los congresistas integrantes de la Comisión por la vida, la familia y la libertad religiosa. La senadora por Colombia Justa - Libres Lorena Ríos consideró que el incesto “produce consecuencias negativas en el núcleo familiar que, en Colombia, goza de protección constitucional y en las condiciones emocionales de los miembros de la familia. Si bien no existen otros medios que controlen esta conducta, acabar con la única barrera que evite esta conducta no tiene sentido”.Cabe resaltar que el Gobierno sostiene que todo tipo de acto que atente con la libertad sexual y que sea contra menores de edad seguirá siendo delito penal de carácter grave.Le puede interesar:
Según la mandataria capitalina, Claudia López, es muy difícil atrapar a los delincuentes en las calles de las ciudades para que ahora, con propuestas como estas, los vayan a dejar salir así como así de las cárceles, por lo que resaltó que lo que se debe hacer es seguir con trabajando con la justicia contra los atracadores para que no los dejen libres.“Yo la verdad estoy un poquito preocupada de oír al ministro de Justicia, que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos, de que piensa excarcelar a un poco de presos”, indicó la alcaldesa, refiriéndose al borrador de proyecto del jefe de la cartera de Justicia.También menciona López que no entiende la política del Gobierno Nacional de impunidad, además de que es muy difícil mejorar los índices de seguridad en Bogotá cuando hay ideas como esta sobre la mesa.“Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar, yo francamente no logro entender la política del Gobierno Nacional. Impunidad, impunidad e impunidad a los delincuentes, así es muy difícil mejorar la seguridad. Vamos a revisar ese tema con detalle y a trabajar para que ellos hagan su parte de la tarea”, señaló la alcaldesa.Este borrador de proyecto de ley plantea la posibilidad de que los presos que no hayan sido condenados por delitos contra menores de edad, delitos sexuales ni contra la administración pública, puedan salir a la calle a trabajar de día y volver a la cárcel en la noche.También, en el borrador del proyecto que se presentaría en marzo de este año, está planteado que los presos salgan entre semana a trabajar y vuelvan los fines de semana a la cárcel, entre otras.Le puede interesar:
La fuerte demanda carcelaria del país ha llevado a que el Ministerio de Justicia en compañía del Gobierno nacional busque alternativas para cumplir delitos que no impliquen aumentar los presos en Colombia. Una de estas es el tema de las inasistencia por cuota alimentaria que se busca sacar del código penal.Cabe recordar que Colombia es el país de Latinoamérica con más madres solteras, por lo que la noticia no ha caído bien en diferentes sectores de la población que esperan recibir este apoyo económico de padres que no cumplieron con sus labores de progenitores.“Colombia está obligada a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, una de las más graves que se constituye en violencia de entregarle el cuidado de menores y adultos mayores a ellas, lo cual, el país está obligada a corregir con desarrollo sostenible para el 2030 (…) Adaptar medidas aisladas no solucionan los problemas y todo corresponde a los imaginarios de la sumisión que hay sobre la mujer”, criticó la exmagistrada Stella Conto en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Conto consideró que se debe abordar el problema por completo y el error nace desde las políticas publicas que combatan la violencia de la mujer; según ella, es entendible que la demanda sea un problema y que sea una solución lógica, pero, realmente para que no hay sobredemanda por este tema se debe trabajar en otras materias y no solo en materia legal.“Si convertimos la inasistencia alimentaria solo como una deuda civil nunca existirá una solución, pues en Colombia no hay pena por esto y no existiría la alternativa (…) El problema es integral y no lo estamos asumiendo, las cuotas que se están señalando son supremamente bajas. Las mujeres tienen que confirmarse con lo que el juez da; ni del punto de vista civil y penal, el tema se está solucionando”, añadió.Sin embargo, no solo los hombres incumplen con las cuotas alimentarias, pues hay mujeres que también son irresponsables en esta materia, aunque según Conto, se debe a un tema de discriminación en sus trabajos a la hora de buscar ingresos.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará en el Congreso el proyecto de ley que reformaría el Código Penal en Colombia y que tiene dos objetivos contundentes: mitigar el hacinamiento en las cárceles y combatir la reincidencia en el delito para fortalecer la seguridad ciudadana.Dentro de las propuestas incluidas en el proyecto está la de ofrecer a los presos la oportunidad de salir a trabajar en el día y regresar a las cárceles en la noche, como medida para disminuir la reincidencia.“La persona sale a trabajar durante el día. El Estado tiene que conseguirle un trabajo público o en empresa particular. La persona sale vigilada por el estado y en la noche regresa a dormir en la cárcel”, dijo el ministro Osuna.Y es que, según explicó el funcionario, las cárceles son las universidades del delito y mucho tiempo de condena solo sirve para que los presos adquieran vicios. Además, manifestó que la cárcel debe ser solo para los casos extremos y que sea una prisión útil, donde el recluso aprenda un oficio, termine sus estudios y pueda trabajar.Por otro lado, el borrador del proyecto de ley también contempla que a las mujeres embarazadas que están en detención preventiva en la cárcel se les amplíe el beneficio que actualmente está establecido por la ley, que es salir de prisión y tener detención domiciliaria dos meses antes del parto.El ministro propone que sean hasta cuatro meses antes del parto, tiempo en el que las mujeres embarazadas continuarían con su condena, pero en su domicilio.Este proyecto de ley, según el ministro, incrementa la posibilidad de prisión domiciliaria, una casa por cárcel muy estricta, sin posibilidad de que los detenidos salgan de sus lugares de residencia bajo ninguna excusa y no se aplicaría para delitos sexuales ni delitos contra menores de edad ni contra la administración pública.Puede ver: Karen Abudinen asegura que cuentas rusas pro Petro atacaron su imagen en redes sociales
Luego de la inauguración realizada este viernes a lo largo del Rio Senna en París, este sábado, con la participación de cuatro deportistas colombianos en igual número de disciplinas, continuará la programación de los Juegos Olímpicos París 2024.Debuta el judo colombiano en París 2024La judoca Erika Lasso será la primera que tendrá acción este sábado en las justas en la capital francesa. Su participación comenzará, con la fase preliminar, a partir de las 3:00 de la mañana hora de Colombia y 10 de la mañana hora de Francia. De avanzar, la deportista, que participará en la modalidad de 48 kilogramos femenino, pasaría a participar del bloque final, que se desarrollará desde las 9 de la mañana de Colombia, es decir, las 4 de la tarde de París.Colombia, presente en el skate olímpico en París 2024Luego, desde las 5:00 de la mañana, el turno será para el skater colombiano Jhancarlos González, quien disputará la fase eliminatoria. De clasificarse a la final, esta se disputará desde las 10 de la mañana de Colombia.En paralelo, también desde las 5:00 de la mañana de Colombia -12 del mediodía en París-, debutará en el tenis femenino la cucuteña María Camila Osorio. Su rival en esa primera fase será Jeļena Ostapenko, tenista de Letonia.La competencia para los colombianos este sábado en París 2024 cerrará con la gimnasia artística, disciplina en la que se presentará, desde las 8:30 de la mañana de Colombia, Ángel Barajas, quien participará de las justas con apenas 17 años y quien logró el cupo durante su participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Doha.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.