La Registraduría denunció en las últimas horas que tras una verificación exhaustiva de las actas de instalación y registro general de votantes (Formularios E-11) de las 119.875 mesas de votación que se instalaron para las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, se evidenció una presunta votación por más de una vez de 446 ciudadanos en diferentes partes del país, que prestaron su servicio como jurados de votación.En Colombia, el voto es un derecho y un deber fundamental. Votar más de una vez no solo es ilegal, sino que también atenta contra la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. ¿Qué dice el Código Penal sobre la doble votación? Los testigos de votación que habrían incurrido en una doble votación se enfrentan a fuertes sanciones que dispone el Código Penal Colombiano. El Artículo 392 del Código Penal Colombiano establece que si un servidor público "permite suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años". Además se le impondrá una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 58 a 200 millones de pesos. Sobre este caso la Registraduría recordó que durante las jornadas de capacitación impartidas a los jurados de votación de las pasadas elecciones territoriales, informó de manera clara y reiterada que podían ejercer su derecho al voto en la mesa en la cual estaban prestando su servicio como jurados y solo en una ocasión.
Son varias las medidas que tiene esta ley que sancionó el presidente Petro en materia de sanción a los médicos que usen biopolímeros, pero también tiene medidas para el retiro de las personas que tienen la sustancia en su organismo.Así lo establece el artículo 5 que obliga a que el Ministerio de Salud incluya en tres meses en el Plan de Beneficios en Salud (antes conocido como POS) el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas.También se establece un registro de control de ventas de las sustancias “modelantes” permitidas, la publicación de un listado de entidades y profesionales médicos habilitados para procedimientos estéticos.Pero la almendra de la ley está precisamente en ese artículo 3 donde se adiciona un nuevo artículo al Código Penal, catalogado como ‘lesiones con sustancias modelantes no permitidas’.Allí, se establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.“Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 5 años”, señala la ley.Y, adicionalmente, advierte que si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, “o afectare el rostro”, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Este martes, 6 de junio, la bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes anunció que ha presentado una denuncia penal contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, debido a sus declaraciones hacia la fuerza pública.Según los miembros del Pacto Histórico, fundamentan su denuncia en una declaración realizada por el fiscal el pasado 23 de mayo en Meridiano Blu, donde expresó: "Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la Dijin, a los directores de la Sijin: que no porque les den una orden o les digan algo, tienen que hacerlo".Los integrantes del Pacto Histórico argumentan que, con estas palabras, Barbosa estaría incitando a la Policía y a sus miembros a cometer presuntamente los delitos de insubordinación y desobediencia al comandante supremo de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro.“No sobra resaltar que este llamamiento es, además, una ofensa directa a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, y especialmente para los oficiales directamente mencionados, cuyo compromiso con la Nación se ve mancillado y puesto en duda con una provocación de semejante naturaleza”, dice el comunicado de los congresistas.Por esta razón, desde el Pacto Histórico solicitan a la Comisión de Acusaciones que investigue si el fiscal ha incurrido en los delitos de conspiración o de seducción, usurpación y retención ilegal de mando.¿Cuál es la diferencia entre los delitos de seducción y sedición?El Código Penal colombiano define al delito de seducción, usurpación y retención ilegal de mando en su artículo 472 como: "El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses".Mientras que, por su lado, el artículo 468 define a personas sediciosas como las que "mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes".Le puede interesar:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín le envió una carta de carácter público al Congreso de la República en la que propone crear una comisión revisora del código penal, que permita analizar el proyecto de la reforma a la justicia penal.En la carta, firmada por 15 magistrados, la Sala Penal del Tribunal de Medellín pidió a los congresistas que se replantee la propuesta de reducción de penas máximas que pasan de 60 a 50 años y de 50 a 40 años para el delito individualmente cometido. Advierte, además, que de no acatar las sugerencias habría riesgo de impunidad, según el magistrado Miguel Humberto Jaime Contreras, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.“El proyecto tiene sus bondades en cuanto trata de afrontar el estado de cosa inconstitucional, que la Corte ha señalado frente a la reclusión del número de personas en espacios reducidos así sea de manera provisional”, agregó.El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín agregó que, aunque el proyecto está bien intencionado, sigue manteniendo muchas exclusiones en cuanto a la terminación anticipada del proceso.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En una carta enviada a los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió este martes al presidente de la República, Gustavo Petro, retirar el proyecto de ley que reforma al Código Penal.El congresista alertó que esta iniciativa en su artículo 8, “por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria”, contempla la suspensión de la pena para delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.La suspensión de la ejecución de la pena incluye “delitos como concierto para delinquir agravado, lavado de activos, trata de personas, desplazamiento forzado, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, señala el mencionado artículo.Luna indicó que su petición se fundamenta en que antes de avanzar en el proyecto que reforma al Código Penal, se deben aclarar e investigar los hechos relacionados con las denuncias que salpicaron a la familia presidencial sobre la recepción de recursos de dudosa procedencia y la intermediación con narcotraficantes en desarrollo de la denominada paz total.“La suspensión de pena significa que no hay privación de la libertad, que no hay cárcel ni mucho menos casa por cárcel. En la práctica los delincuentes quedan libres”, enfatizó el senador Luna.El congresista dijo que es “grave para el país” que la iniciativa tenga un mensaje de urgencia en el Congreso de la República, “lo cual significa jurídicamente que es un trámite expedito y políticamente un respaldo claro del Gobierno”.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, armó el lunes una polémica por expresar que el incesto no debería seguir tipificándose como un delito, algo que propone en su proyecto de reforma al Código Penal.“Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, dijo el ministro.El funcionario, en diálogo con Mañanas Blu, explicó que su propuesta no está encaminada a eliminar los delitos de carácter sexual, pero sí a marcar un límite entre lo moral y lo delictivo.“Esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en la cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y conductas, que ciertamente son reprochables, pero que no deben ser consideradas delitos”, explicó Osuna.En ese sentido, el ministro de Justicia explicó que los delitos de carácter sexual continuarán siendo duramente castigados por la ley, sin ningún beneficio: “Se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Solamente es el sexo entre adultos que es libremente consentido. Si es con un niño, además de que es violación, es agravado”.InjuriaAl respecto, el Osuna manifestó que tener el delito de injuria y calumnia en el Código Penal puede repercutir en la libertad de expresión, pero, además, explicó que hay pocos condenados por esto delito, pero sí muchos procesos abiertos.“Estos procesos siempre terminan o en conciliación o desistimiento. Entonces, pongamos un trámite administrativo de conciliación”, argumentó.El ministro agregó que quien recurre en esas conductas merecen no una sanción penal, pero sí una sanción social, por lo que dijo que es mejor una justicia un poco más administrativa que punitiva.Inasistencia alimentariaAl respecto, el ministro Osuna agregó que, hoy, ninguna de las 500 personas presas en las cárceles por inasistencia alimentaria está respondiendo a las víctimas, lo que se traduce en poca efectividad de la medida.“Si lo que el sistema penal quiere es obligar a los padres a que no sean irresponsables, no lo está logrando. Hoy en día hay unas medidas que reforzaremos: embargo de salario, de bienes, prohibición de salida del país”, puntualizó.A la pregunta de si dejar de tipificar estos delitos no se traduce en impunidad, el ministro manifestó que no lo cree porque el sistema penal se puede concentrar en delitos realmente relevantes.Vea la entrevista completa con Néstor Osuna en Mañanas Blu:
El Gobierno nacional arrancó en forma la agenda legislativa de este primer semestre del año. Aunque las sesiones extraordinarias comenzarán hasta este martes 7 de febrero, en la mañana de este lunes se radicó el primer proyecto de ley: la reforma al Código Penal y a la política criminal.Con este proyecto, presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, se busca atender la grave crisis carcelaria que vive el país mediante medidas como la reducción de penas, la eliminación de algunos delitos penales y la ampliación de subrogaciones o beneficios para los privados de la libertad.Uno de los caminos propuestos que más ha causado polémica tiene que ver con la eliminación del artículo 237, correspondiente al delito de incesto. Lo que considera el Gobierno en su exposición de motivos es que “en definitiva, se considera que, por mucho que genere rechazo social, el incesto no tiene un sentido delictivo que motive su consideración en el Código Penal, en tanto, como se ha repetido varias veces, se trata del comportamiento de adultos en ejercicio de su voluntad”.Incluso, el ministro Osuna señaló: “Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”.Esta propuesta generó la reacción por parte de los congresistas integrantes de la Comisión por la vida, la familia y la libertad religiosa. La senadora por Colombia Justa - Libres Lorena Ríos consideró que el incesto “produce consecuencias negativas en el núcleo familiar que, en Colombia, goza de protección constitucional y en las condiciones emocionales de los miembros de la familia. Si bien no existen otros medios que controlen esta conducta, acabar con la única barrera que evite esta conducta no tiene sentido”.Cabe resaltar que el Gobierno sostiene que todo tipo de acto que atente con la libertad sexual y que sea contra menores de edad seguirá siendo delito penal de carácter grave.Le puede interesar:
Según la mandataria capitalina, Claudia López, es muy difícil atrapar a los delincuentes en las calles de las ciudades para que ahora, con propuestas como estas, los vayan a dejar salir así como así de las cárceles, por lo que resaltó que lo que se debe hacer es seguir con trabajando con la justicia contra los atracadores para que no los dejen libres.“Yo la verdad estoy un poquito preocupada de oír al ministro de Justicia, que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos, de que piensa excarcelar a un poco de presos”, indicó la alcaldesa, refiriéndose al borrador de proyecto del jefe de la cartera de Justicia.También menciona López que no entiende la política del Gobierno Nacional de impunidad, además de que es muy difícil mejorar los índices de seguridad en Bogotá cuando hay ideas como esta sobre la mesa.“Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar, yo francamente no logro entender la política del Gobierno Nacional. Impunidad, impunidad e impunidad a los delincuentes, así es muy difícil mejorar la seguridad. Vamos a revisar ese tema con detalle y a trabajar para que ellos hagan su parte de la tarea”, señaló la alcaldesa.Este borrador de proyecto de ley plantea la posibilidad de que los presos que no hayan sido condenados por delitos contra menores de edad, delitos sexuales ni contra la administración pública, puedan salir a la calle a trabajar de día y volver a la cárcel en la noche.También, en el borrador del proyecto que se presentaría en marzo de este año, está planteado que los presos salgan entre semana a trabajar y vuelvan los fines de semana a la cárcel, entre otras.Le puede interesar:
La fuerte demanda carcelaria del país ha llevado a que el Ministerio de Justicia en compañía del Gobierno nacional busque alternativas para cumplir delitos que no impliquen aumentar los presos en Colombia. Una de estas es el tema de las inasistencia por cuota alimentaria que se busca sacar del código penal.Cabe recordar que Colombia es el país de Latinoamérica con más madres solteras, por lo que la noticia no ha caído bien en diferentes sectores de la población que esperan recibir este apoyo económico de padres que no cumplieron con sus labores de progenitores.“Colombia está obligada a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, una de las más graves que se constituye en violencia de entregarle el cuidado de menores y adultos mayores a ellas, lo cual, el país está obligada a corregir con desarrollo sostenible para el 2030 (…) Adaptar medidas aisladas no solucionan los problemas y todo corresponde a los imaginarios de la sumisión que hay sobre la mujer”, criticó la exmagistrada Stella Conto en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Conto consideró que se debe abordar el problema por completo y el error nace desde las políticas publicas que combatan la violencia de la mujer; según ella, es entendible que la demanda sea un problema y que sea una solución lógica, pero, realmente para que no hay sobredemanda por este tema se debe trabajar en otras materias y no solo en materia legal.“Si convertimos la inasistencia alimentaria solo como una deuda civil nunca existirá una solución, pues en Colombia no hay pena por esto y no existiría la alternativa (…) El problema es integral y no lo estamos asumiendo, las cuotas que se están señalando son supremamente bajas. Las mujeres tienen que confirmarse con lo que el juez da; ni del punto de vista civil y penal, el tema se está solucionando”, añadió.Sin embargo, no solo los hombres incumplen con las cuotas alimentarias, pues hay mujeres que también son irresponsables en esta materia, aunque según Conto, se debe a un tema de discriminación en sus trabajos a la hora de buscar ingresos.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará en el Congreso el proyecto de ley que reformaría el Código Penal en Colombia y que tiene dos objetivos contundentes: mitigar el hacinamiento en las cárceles y combatir la reincidencia en el delito para fortalecer la seguridad ciudadana.Dentro de las propuestas incluidas en el proyecto está la de ofrecer a los presos la oportunidad de salir a trabajar en el día y regresar a las cárceles en la noche, como medida para disminuir la reincidencia.“La persona sale a trabajar durante el día. El Estado tiene que conseguirle un trabajo público o en empresa particular. La persona sale vigilada por el estado y en la noche regresa a dormir en la cárcel”, dijo el ministro Osuna.Y es que, según explicó el funcionario, las cárceles son las universidades del delito y mucho tiempo de condena solo sirve para que los presos adquieran vicios. Además, manifestó que la cárcel debe ser solo para los casos extremos y que sea una prisión útil, donde el recluso aprenda un oficio, termine sus estudios y pueda trabajar.Por otro lado, el borrador del proyecto de ley también contempla que a las mujeres embarazadas que están en detención preventiva en la cárcel se les amplíe el beneficio que actualmente está establecido por la ley, que es salir de prisión y tener detención domiciliaria dos meses antes del parto.El ministro propone que sean hasta cuatro meses antes del parto, tiempo en el que las mujeres embarazadas continuarían con su condena, pero en su domicilio.Este proyecto de ley, según el ministro, incrementa la posibilidad de prisión domiciliaria, una casa por cárcel muy estricta, sin posibilidad de que los detenidos salgan de sus lugares de residencia bajo ninguna excusa y no se aplicaría para delitos sexuales ni delitos contra menores de edad ni contra la administración pública.Puede ver: Karen Abudinen asegura que cuentas rusas pro Petro atacaron su imagen en redes sociales
Desde el Comité Intergremial del Atlántico fue entregada una seria advertencia al Gobierno nacional: sino se deja sin efecto la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con la que se establece una intervención al sector generador de energía y sanciones a quienes excedan en el consumo, habrá nuevas alzas en las tarifas y se golpeará aún más la economía. De acuerdo con la explicación que entrega este gremio al Ministerio de Minas y Energía, las nuevas medidas estarían "premiando" a las hidroeléctricas que no gestionaron de manera adecuada los embalses y que se hicieron a contratos de entregas que no pudieron cumplir por las consecuencias generadas por el fenómeno de El Niño, al establecer nuevas reglas para el despacho de energía. Así va la “firmatón” en el Caribe que busca frenar altas tarifas de energíaAdicional, al exigir a las termoeléctricas que trabajen a capacidad máxima hasta nueva orden, se genera un impacto directo en el cobro del componente de las restricciones, el cual hace parte de la fórmula tarifaria que se emplea a nivel nacional; pues este involucra el cobro de la generación de energía, por lo que refleja cobros adicionales cuando la misma se da de manera forzada. "Eso, por supuesto, ya lo vemos impactando de manera directa en los primeros días de aplicación de la resolución. Vemos cómo pasó el valor de la restricción de $8 pesos a $256. Eso lo veremos reflejado en la factura", expuso Efraín Cepeda, presidente de Intergremial del Atlántico. Más de 15.000 personas respaldan acción popular para bajar tarifas de energía en el CaribeA su vez, presentó preocupación por los cobros de montos adicionales si se consume por encima del promedio habitual, teniendo en cuenta que se avecina una temporada de altas temporadas para la región Caribe, por lo que se estarían generando normas que solo generarían una asfixia financiera al sector comercial e industrial, lo que podría repercutir en pérdida de competitividad. "La situación afecta directamente a las actividades de sectores vitales como el turismo, comercial e inmobiliario. Las tarifas incrementadas podrían reprimir la tan necesaria recuperación y expansión económicas, imponiendo costos adicionales en los momentos de pico de consumo, lo cual no solo desatiende las variaciones estacionales del consumo energético en la región, sino que además corre el riesgo de acentuar la disparidad en los costos de energía a nivel nacional", explica este gremio en la carta enviada al Ministerio.
El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) anunció este lunes en una rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago."Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", anunció.En desarrollo...
Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador, fue asesinada este domingo en un restaurante, según un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un hombre entra al lugar y le dispara varias veces a Párraga, de 23 años. Este suceso tuvo lugar en la provincia tropical de Los Ríos, donde la exreina había acudido para un evento social.El nombre de Párraga se había mencionado anteriormente en relación con Leandro Norero, presunto narcotraficante y lavador de dinero, y el caso 'Metástasis'. Este caso investiga una red de corrupción judicial, policial y carcelaria que favorecía a estructuras criminales, y se destapó al acceder a información del teléfono de Norero, quien fue asesinado en 2022 en la prisión de Latacunga.El caso 'Metástasis' se hizo público a finales de 2023 tras una operación que resultó en la detención de 39 personas, incluido Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, quien ahora se encuentra en prisión preventiva. Más de 50 personas han sido procesadas en este caso, donde aparece repetidamente el nombre de Párraga.Lea también: Yeison Jiménez se disculpó por comentario a lo Pablo Escobar: “Caí en el juego del ego"El 13 de julio de 2022, Norero conversaba con Helive Angulo, alias 'Estimado', y le expresaba la necesidad de que el nombre de Párraga no saliera a la luz para evitar problemas con su esposa y con la Policía, que investigaba una importadora vinculada a ella por orden de la Fiscalía, aunque Norero negaba que perteneciera a Párraga.Según la Policía de Ecuador, desde la prisión, Norero financiaba y apoyaba a bandas criminales como Los Lobos y Los Tiguerones, buscando alterar el control de Los Choneros, el grupo criminal más grande del país. A raíz de este entramado, también se originó el caso 'Purga', con varios imputados por corrupción judicial en la Corte de Justicia de Guayas, relacionados con fallos favorables a José Adolfo Macías Villamar, líder de los Choneros.La violencia ha escalado mientras las autoridades intentaban capturar a 'Fito' Macías, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar en enero un "conflicto armado interno" contra estas bandas, que ahora califica de "terroristas".
Los familiares de un niño de 11 años que estaba bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santander pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva por su “extraño” fallecimiento.Se conoció que el 29 de febrero de 2024, funcionarios del ICBF llegaron hasta una casa del barrio La Cumbre de Floridablanca para restituirle los derechos a dos hermanos, de 7 y 11 años, por estar viviendo en condiciones no actas tras un seguimiento que se realizó el caso durante seis meses por una denuncia interpuesta por habitantes del sector.“Cuando se llevaron los niños estaban bien de salud, por eso pido una investigación para conocer que fue lo paso en el hogar sustituto. Mi hijo mayo murió por una posible depresión por los hechos que pasaron (…) él quería estar a mi lado” dijo Andrea Barón, madre del niño fallecido.El ICBF, a través de un comunicado, señaló que, desde el ingreso del niño de 11 años al hogar sustituto, “se observaron condiciones médicas desfavorables, por lo cual, tres días después fue remitido a la Clínica San Luis de Bucaramanga, donde permaneció por 30 días. Infortunadamente, por varias patologías, complejas el niño falleció”.El Intitulo Colombiano de Bienestar Familiar hizo un llamado a los padres y cuidadores a brindar protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes para no vulnerar sus derechos a la una vida digna, sana y libre de violencia.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, concluyó su visita a China con importantes avances para su empresa en el mercado chino de vehículos eléctricos. Musk salió de Pekín este lunes a bordo de su jet privado, luego de una corta, pero productiva estancia en el país.Durante su visita, el magnate se reunió con altos funcionarios chinos, incluido el primer ministro Li Qiang, para asegurar el futuro de Tesla en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. Uno de los mayores logros de la visita fue la aprobación por parte de las autoridades chinas de la seguridad de datos de los modelos fabricados por Tesla en el país. Esto significa que Tesla ya no enfrenta obstáculos regulatorios en este aspecto.Además, se espera que Tesla reciba pronto luz verde para utilizar su tecnología de manejo asistido en China, gracias a una asociación con el gigante local de internet Baidu para mapas y navegación. Esto podría impulsar aún más las ventas de Tesla en el país.A pesar de la dura competencia de BYD, Tesla continúa siendo uno de los principales vendedores de carros eléctricos en China. La empresa confía en que su función de "conducción autónoma total" (FSD), que ya está disponible en Estados Unidos, pueda cumplir con la estricta normativa china y aumentar las ventas.Mientras tanto, BYD, principal rival de Tesla, informó resultados por debajo de las expectativas en el primer trimestre de 2024. La empresa china registró ingresos operativos de 124.940 millones de yuanes (17.250 millones de dólares) en los primeros tres meses del año, un aumento modesto del 3.97 % respecto al mismo periodo del año anterior, pero lejos de las estimaciones de los analistas.BYD ha enfrentado una guerra de precios en el mercado chino, así como regulaciones en países occidentales que han afectado su crecimiento. Aunque la empresa con sede en Shenzhen logró superar a Tesla en ventas de vehículos eléctricos en el último trimestre de 2023, Tesla recuperó el liderazgo en el primer trimestre de 2024.La visita de Musk a China fortalece la posición de Tesla en el mercado, mientras BYD enfrenta desafíos que podrían afectar su rendimiento financiero. La competencia entre las dos compañías continuará siendo un factor clave en el mercado global de vehículos eléctricos.Le puede interesar: