Diferentes sectores políticos se pronunciaron por la muerte del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en las últimas horas por cuenta de un infarto. Moreno se encontraba en la UCI del Hospital Militar luego de ser encontrado inconsciente en la celda donde permanecía pagando su condena de 19 años.El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la muerte del exmandatario de los bogotanos en sus redes sociales.“Me entristece la muerte de Samuel Moreno. Una vida verdaderamente perdida. Una enseñanza a las izquierdas sobre los caminos que jamás debe emprender una alternativa política”, expresó Petro en Twitter.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se manifestó y, por el mismo medio, dejó sentidas palabras ante el deceso de Moreno.“Lamento la muerte repentina del exalcalde Samuel Moreno. A su familia y amigos mis condolencias y respeto en este momento tan doloroso y difícil. Muy especialmente a su esposa e hijos y a su señora madre”, publicó.Su abogado de confianza Iván Cancino lo calificó como un hombre que siempre defendió su inocencia hasta el último momento.“Como ser humano era buen amigo, preocupado, un hombre alegre, jovial, un hombre amoroso, un hombre de familia. Los reproches no se los are yo, se los aran otras personas y también responderá ante Dios, si es que tiene que responder, porque el siempre mantuvo su afán de defenderse. De demostrar que no había infringido la ley”, señaló.Por su parte, la senadora Clara López, quien fue exsecretaria de Gobierno de la administración de Moreno, lamentó la muerte del exalcalde y envió condolencia a la familia.“Acaba de fallecer Samuel Moreno. Su madre esposa e hijos alcanzaron a estar presentes. Reitero mi solidaridad con la familia y mi sentido dolor por su fallecimiento”, mencionó.Hasta el momento el Polo Democrático, partido en el que militó Moreno, no se ha pronunciado sobre la muerte del exalcalde de Bogotá.Le puede interesar:
El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas fue trasladado de urgencia al Hospital Militar, luego de que sufriera un desmayo. Según confirmó la entidad, llegó sin signos vitales, por lo que tuvo que ser reanimado. El Hospital Militar de Bogotá, a través de un comunicado, confirmó que el exalcalde Samuel Moreno Rojas sufrió un infarto agudo al miocardio por lo que se le tuvo que practicar un cateterismo cardiaco. Además, explicó que el paciente fue estabilizado y permanece en la sala de cuidados intensivos coronarios con pronóstico reservado. Vale la pena mencionar que en la mañana de este jueves, Samuel Moreno sufrió un desmayo en la estación de carabineros de la Policía Nacional y de inmediato fue trasladado al centro asistencial. “Recibimos una llamada de la Policía Nacional en la que nos indican que sufrió un desmayo, y es llevado de urgencias por parte de la Policía a la clínica. Él está recluido en la estación de carabineros de la Policía Nacional de aquí de Bogotá”, aseguró el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.Hay que recordar que el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno había sido condenado en febrero de 2019 a 39 años de cárcel por un juez, pero en segunda instancia se rebajó esa pena a 24 años por el Tribunal Superior de Bogotá. En noviembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia rebajó esa pena a 11 años y 10 meses de cárcel.Con respecto a esa decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema manifestó que, luego de estudiar la sentencia de segunda instancia, emitida en 2019 por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en el contrato de malla vial 006 de 2008, el de valorización 180 de 2005 y la cesión del contrato 137 de 2007 para la fase III de TransMilenio, se confirma la condena y participación en delitos de interés indebida en la celebración de contratos y cohecho propio.También le puede interesar:
Este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá redujo de 30 a 25 años de cárcel la pena al exalcalde de la capital Samuel Moreno Rojas por el carrusel de la contratación, según indicó el comunicado emitido del ente de control.Moreno Rojas fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por el juzgado 34 penal del circuito, en 2019, y la sentencia fue apelada por su defensa, por considerar que la pena resultaba desproporcionada.En su revisión de la condena, el tribunal consideró que no resultaba proporcional la pena fijada por el delito de peculado, ya que, si bien afectó gravemente la sociedad y se produjo una elevada apropiación de dineros públicos, todo esto se tuvo en cuenta en primera medida en la tasación de la pena, de manera que consideró que debía ajustarse.El tribunal dejó en firme el pago obligatorio de una multa de $26.780’000.000,00 e inhabilitación perpetua para el ejercicio de derechos y funciones públicas.En marzo del 2016, el exmandatario fue condenado a 24 años de cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio en coparticipación criminal, por haber entregado más de 6.000 millones de pesos en comisiones para la adjudicación del contrato de las ambulancias en el Distrito, cuando se desempeñó como alcalde.En febrero de 2019, fue condenado a 39 años de prisión y al pago de 50.000 salarios mínimos por concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por su participación en los contratos de reparación de la malla vial, la valorización y un tramo de la tercera fase de TransMilenio.
El juzgado 34 de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. La tercera condena en contra del exmandatario capitalino se dio luego de que la justicia colombiana concluyera que él concertó con un grupo de personas para apropiarse indebidamente de los recursos públicos de la ciudad. Es decir, no solo por la corrupción en el IDU, sino también en todo el Distrito durante su administración.Vea también: Condenan a 39 años de cárcel a exalcalde Samuel Moreno por carrusel de contratos El fiscal del caso pidió que el exgobernante sea sentenciado a una pena de 33 años de prisión. Sin embargo, en los próximos días, la juez dará lectura al fallo completo en el que dirá a cuántos años será sentenciado por los hechos. La Fiscalía solicitó que Moreno Rojas sea trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, ya que el exalcalde permanece en la Escuela de Carabineros. La Procuraduría respaldó esa petición. “Es claro para el despacho que desde octubre del 2007 hasta el 2011 se concertó con el fin de cometer delitos en contra de la administración pública”, dijo la juez del caso. Condenas anterioresEl exalcalde Moreno está privado de la libertad desde septiembre del 2011; es decir, ya ha pagado poco más de 7 años de prisión de la primera condena que tiene, que es de 24 años por el contrato de ambulancias.Conozca más: Uribe declara como testigo de Samuel Moreno en proceso por carrusel Hace unos meses, el exalcalde recibió una segunda condena por 39 años y 9 meses de prisión por su participación en la adjudicación de seis contratos de valorización y dos de malla vial, otorgados por el IDU.Esta nueva condena pasa a un juez de ejecución de penas, que deberá analizar cuántos años de la nueva condena se le suma a la que ya está pagando.Otros procesos contra el exalcalde Samuel Moreno son: -Un proceso por el contrato de ambulancias por el que fue condenado a 24 años de prisión.-Tres procesos por contratos irregulares en el IDU: fase tres de TransMilenio, valorización y malla vial.-Un proceso por contrato de Tunjuelo Canoas que está en etapa inicial.Escuche esta noticia:
La Fiscalía solicitará el martes ante el juzgado 34 de conocimiento de Bogotá que profiera una nueva condena contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno.Esta vez, el fiscal del caso pedirá que sea sentenciado a una pena entre los 25 y los 30 años de prisión, por acordar con un grupo de personas la apropiación indebida de los recursos públicos de la capital del país. Es decir, no solo por la corrupción en el IDU, sino por corrupción en todo el Distrito durante su administración.De ser hallado culpable, Moreno sería condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Lea también: Condenan a exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por segunda vez Tercera condena y todos las anterioresSamuel Moreno está recluido desde septiembre del 2011, es decir, que ya ha pagado poco más de siete años de prisión de la primera condena que tiene, que es de 24 años por el contrato de ambulancias.Además, hace unas semanas fue condenado, por segunda vez, a 39 años y 9 meses de prisión por su participación en la adjudicación de seis contratos de valorización y dos de malla vial, otorgados por el IDU.
El juzgado 11 de conocimiento de Bogotá condenó, por segunda vez, al exalcalde de la capital Samuel Moreno.Moreno fue hallado culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación agravado y concusión.Esta condena se da por su participación en la adjudicación de seis contratos de valorización y dos de malla vial, otorgados por el IDU.“Desbordó el poder que ostentaba como alcalde de Bogotá, cuando debía velar por el principio rector de un Estado social de derecho y de proteger todo lo que nos pertenece”, dijo el juez.Vea también: Fiscalía pide nueva condena contra Samuel Moreno por ‘carrusel de contratos’Añadió que el empresario Julio Gómez dijo que cuando apoyaron la campaña de Samuel Moreno a la alcaldía adquirió unos compromisos.“Uno de ellos era que julio Gómez pudiera manejar el IDU. Obtener dinero en comisiones”, añadió el juez.El próximo 15 de febrero, a las 10:00 de la mañana, el juez dará a conocer de cuánto tiempo será la condena del exalcalde.Moreno está recluido desde septiembre del 2011, es decir, que ya ha pagado poco más de 7 años de prisión de la primera condena que tiene, que es de 24 años por el contrato de ambulancias.Una vez el juez anuncie la segunda condena, la decisión pasa a otro juez, pero de ejecución de penas, y este deberá analizar cuántos años de la nueva condena se le suma a la que ya está pagando.Los procesos contra el exalcalde:-Un proceso por el contrato de ambulancias por el que fue condenado a 24 años de prisión.-Tres procesos por contratos irregulares en el IDU: fase tres de TransMilenio, valorización y malla vial.-Un proceso por contrato de Tunjuelo Canoas que está en etapa inicial.
Ante el juzgado 34 penal de conocimiento de Bogotá, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez declaró como testigo en el proceso que se adelanta en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, frente al caso del carrusel de la contratación en Bogotá.Uribe, que no asistió de manera presencial, sino que declaró mediante videoconferencia, respondió a varias preguntas del exalcalde Moreno; por ejemplo, si en algún momento le ofreció acuerdos irregulares para las contrataciones, a lo que Uribe respondió:“Usted nunca me habló de ese tema. Yo fui muy respetuoso del Distrito, en su gobierno y en el del doctor (Luis Eduardo) Garzón y el doctor Antanas Mockus, y por supuesto, si yo hubiera sabido de alguna irregularidad no hubiera admitido la irregularidad y lo hubiera denunciado”.Además, Moreno le pregunto si en las reuniones institucionales como presidente, y él como alcalde de Bogotá, en que se hablaba de las obras de TransMilenio, se mencionó favorecer algún grupo de contratistas.El expresidente lo negó y afirmó que, si hubiese ocurrido, “no lo hubiese permitido”.“Recuerdo que, a la Presidencia de la República, generalmente usted iba acompañado de quien era su secretaria de Gobierno en Bogotá, la doctora Clara López", declaró Uribe.Por último, Moreno preguntó si existió algún tipo de presión para que las empresas del grupo Nule se quedaran con el contrato de la Calle 26."No tengo conocimiento de esa parte específica que usted me dice en general de esas obras, sé que la vigencia presupuestal fue de aproximadamente 1.200 millones de dólares que habíamos entregado entre la administración de Mockus y demás gobiernos", afirmó Uribe.
Tras una nueva audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio, por sus presuntos vínculos con la entrega de sobornos de la multinacional Odebrecht, el exmandatario se declaró inocente. Moreno fue imputado por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la multinacional Odebrecht para la adjudicación del contrato para construir el interconector del túnel Tunjuelo – Canoas, el cual sería usado para la descontaminación del río Bogotá. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, la comisión por dicha adjudicación era del 6 % del valor del contrato, de los cuales se alcanzaron a pagar 1.000 millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas en el año 2009. Además, para el ente acusador, Moreno, en su calidad de alcalde de la ciudad “le dio como instrucción al entonces gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Jorge Enrique Pizano Callejas, que el proceso contractual de la construcción del interceptor Tunjuelo – Canoas debía adjudicarse a la Unión Temporal Cartellone”. Asimismo, para el fiscal del caso es claro que Moreno conocía de las conductas delictivas que cometía al momento de hacer dicha orden y aceptar la comisión a cambio de la adjudicación del proyecto. Sin embargo, y frente a dicha acusación, el ex mandatario no aceptó los delitos imputados en su contra por sus supuestos vínculos con la multinacional brasileña. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Este proceso se originó por sobrecostos en el contrato que tenía por objeto adelantar “la ejecución de las obras de construcción y adecuación de la calle 26 al sistema TransMilenio”, las cuales se iniciaron sin contar con la totalidad de los estudios y diseños. El fallo con responsabilidad fiscal por $174.996 millones es contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, exdirectores y funcionarios del IDU, las firmas contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de TransMilenio en la calle 26 contrato del 2007. La decisión cobija también, en forma solidaria, a los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, a los integrantes del llamado Grupo Nule y a algunos contratistas como la firma Conalvías.Cabe señalar que en el fallo se declaró sin responsabilidad fiscal al exalcalde Luis Eduardo Garzón.
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $174.996 millones de pesos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, el exsubdirector Jurídico de este mismo instituto, Inocencio Meléndez, la firma Conalvías y otros contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule (los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule), por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de Transmilenio en la calle 26. Este proceso se originó por sobrecostos en el Contrato de Obra Pública IDU -137/2007, que tenía por objeto adelantar “La ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) al Sistema Transmilenio”, las cuales se iniciaron sin contar con la totalidad de los estudios y diseños. La cuantía total de este fallo con responsabilidad fiscal asciende a la suma de $174.996.471.896,54 y la decisión cobija también a los contratistas que decidieron modificar el contrato IDU 137 de 2007 en cuanto a su precio y alcance a través de adiciones al valor global. Estos son los hechos investigados y los responsables enunciados en su comunicado: Los hechos investigados guardan relación con los sobrecostos surgidos con ocasión de la realización de actualizaciones de estudios y diseños del puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá, en cuantía de $1.087.477.840, de la modificación al valor global del contrato mediante adiciones por valor de $107.514.776.537,43 millones, y los Factores Multiplicadores de Contingencia en cuantía de $3.846.714.145,09 en contravía de lo acordado en el contrato, la licitación pública y las condiciones en que se había cedido el mismo. Así mismo, se realizaron exclusiones de obra por cuantía de $55.450.026.064 y, sin embargo, no se disminuyó el valor global del contrato que en principio fue pactado en cuantía de $315.580.224.330. Después de la formalización de la cesión al GRUPO EMPRESARIAL VÍAS DE BOGOTÁ S.A., cuyo líder es CONALVIAS S.A., el nuevo valor del contrato ascendió a la suma de $467.893.668.085,13. Los hechos señalados anteriormente llevaron a que se pagaran mayores costos por Permanencia de Interventoría por valor de $ 7.097.477.310,55. Responden solidariamente el exalcalde Samuel Moreno Rojas, los exdirectores del IDU, altos funcionarios del IDU junto con el GRUPO EMPRESARIAL VÍAS DE BOGOTÁ S.A.S, CONALVIAS S.A, CESAR JARAMILLO y CIA S.A.S, EDGAR JARAMILLO J Y CIA S.A.S, PATRIA S.A. INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA INFRACON S.A, AGREMEZCLAS S.A. e INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES, ICEIN S.A por la modificación al valor global del Contrato (mediante las adiciones 2, 3 y 4) y a la exclusión de obras. A su vez por el hecho relacionado con los factores de Contingencia F1 y F2 y la mayor permanencia de la Interventoría se produjo FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL contra Manuel Francisco Nule, Miguel Nule y Guido Nule, quienes deberán responder de manera solidaria junto con el exalcalde Samuel Moreno y los funcionarios del IDU. Fueron declarados sin responsabilidad fiscal la firma interventora INTERCOL, integrada por GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI LTDA, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD INCOSA S.A, VIAS Y AMBIENTE LTDA y OBRAS Y PROYECTOS RP y CÍA LTDA hoy S.A.S, que advirtieron a la administración todas las irregularidades presentadas en el contrato sin que los hoy declarados responsables fiscales tomarán los correctivos del caso. De igual manera, se declaró sin responsabilidad fiscal al exalcalde Luis Eduardo Garzón.
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Un bebé de apenas un mes de nacido murió en hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 17 de mayo. Según la información preliminar conocida por las autoridades, el recién nacido descansaba junto a su hermanito de seis años cuando se habría presentado una asfixia accidental.De acuerdo con las primeras versiones, la madre de los menores, una joven de 24 años, dejó durmiendo a los dos niños mientras descansaban en la misma cama. Entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana, el niño mayor se habría movido mientras dormía y, sin darse cuenta, terminó encima del bebé, provocándole la asfixia.Tras conocerse el caso, unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes e iniciaron las verificaciones técnicas y judiciales para establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias de esta muerte.A través de un comunicado, la Policía lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad con la familia del menor. Además, hizo un llamado especial a padres y cuidadores para extremar las medidas de supervisión y protección de niños y recién nacidos durante las horas de descanso, con el fin de evitar situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.
La imputación en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro marca el inicio de una "nueva fase" en la presión del Gobierno de Donald Trump contra la isla y demuestra que el foco de su política exterior sigue anclado en Latinoamérica a pesar de la guerra en Irán.La acusación contra el hermano menor de Fidel Castro, anunciada la víspera en Miami, incluye cargos por el asesinato de estadounidenses durante el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996 y coincide con un llamado del secretario de Estado, Marco Rubio, a que los isleños apoyen una "nueva Cuba" propuesta por Trump."Un cambio fundamental en Cuba, que conduzca en última instancia a una alineación más estrecha con los intereses de seguridad de Estados Unidos, es el ejemplo por excelencia del corolario Trump a la Doctrina Monroe", indicó Alexander Gray, exasesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense en su primer mandato.La Estrategia de Seguridad Nacional anunciada el año pasado por Trump propone revitalizar la Doctrina Monroe, una política de 1823 que defiende la supremacía de Washington en las Américas.Con la mira puesta cerca de casaGray recordó, en reacciones enviadas a EFE, que desde que Fidel Castro asumió el poder en Cuba en 1959 y se alineó con "adversarios" como China y Rusia, la amenaza de que la isla caiga en "manos de potencias extrahemisféricas" se ha agudizado.Por esto "el enfoque de Trump en la defensa del hemisferio, desde el Canal de Panamá hasta Venezuela y Groenlandia, estará anclado en una eventual reorientación de la postura de seguridad de Cuba en una dirección favorable a EE.UU.", agregó."Incluso mientras Washington libra conflictos en Oriente Medio, el núcleo de la agenda de política exterior de Trump, y, en el largo plazo, de 'EE.UU. primero', sigue anclado en el hemisferio occidental", advirtió el investigador sénior no residente del Atlantic Council.Una escalada en la presiónPara varios expertos en política exterior, los cargos contra el "número dos" de la Revolución Cubana representan una nueva vuelta de tuerca en la presión de Washington contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla, sumida en una de las peores crisis económicas de su historia, agravada por el actual bloqueo de crudo impuesto por Trump.La decisión de la Administración republicana de imputar a Castro, quien el 3 de junio cumplirá 95 años, "es coherente con la intención del Gobierno de garantizar la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental", indicó Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida.En esto coincide el director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak, al señalar que no es de esperar que Washington, aún en medio de conversaciones con líderes cubanos, relaje en el corto plazo sus acciones contra La Habana, teniendo en cuenta el "énfasis" de Trump en la región."Esto es solo el comienzo de una nueva ronda de puntos de presión de EE.UU. para lograr una Cuba libre y democrática", vaticinó el politólogo.Clara señal contra las élites militaresDe acuerdo con lo anunciado este miércoles por la Fiscalía estadounidense, Raúl Castro podría enfrentarse a la pena capital o a la cadena perpetua. Aunque es poco probable que el anciano líder revolucionario sea extraditado a EE.UU. su acusación marca un "paso importante" en la estrategia de la Administración republicana.Todo esto en medio de la ampliación de sanciones contra la cúpula dirigente cubana y el conglomerado empresarial militar Gaesa, y las amenazas de Trump de hacerse con el control del país caribeño de una forma u otra."Unos cargos penales, por supuesto, fueron el detonante para que las fuerzas estadounidenses entraran en Caracas en enero y extrajeran a Nicolás Maduro para que enfrentara la justicia en la ciudad de Nueva York", recordó Marczak.Esta es "una señal clara a los cubanos de que deben colaborar o, de lo contrario, EE.UU. irá tras uno de los líderes originales de la Revolución", resaltó el analista, quien agregó que una "extracción de Castro" significaría "un golpe importante a la postura de invencibilidad" del Gobierno de la isla comunista, lo que podría generar "un aumento de la demanda popular de cambio".
El Gobierno nacional le está pidiendo a la Contraloría General de la República que investigue el impacto de las altas tasas de interés del Banco de la República sobre el costo de la deuda pública.La declaración del Gobierno se da en respuesta a la oleada de críticas por la megasubasta de deuda pública del pasado 13 de mayo, que cerró con tasas del 14 % y cercanas al 15 % en algunas referencias. Es decir, el Gobierno está pagando actualmente tasas de interés históricamente altas para que los inversionistas locales le presten recursos con el fin de financiar el presupuesto.Sin embargo, para el Gobierno esto no es consecuencia de sus propias decisiones, sino del incremento de las tasas de interés del Banco de la República, que, según el Ejecutivo, le costará a la Nación 1,8 billones de pesos en intereses adicionales.“De eso no hablamos, a eso no se ha referido la Contraloría. Creo que la Contraloría debería referirse igualmente a estos temas, porque tienen impactos sobre la deuda pública y la estructura fiscal del país. Ahí consideramos que hay un vacío, en donde el Gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la República sobre esta decisión”, dijo Ávila en un evento auspiciado por la Contraloría General de la República.Según el Gobierno nacional, el aumento de las tasas de interés del Banco de la República en 2026 le costará al país 1,8 billones de pesos adicionales en intereses. Sin embargo, las tasas de la deuda pública siguieron aumentando en las últimas semanas, a pesar de que el Banco de la República mantuvo estables sus tasas de interés para mayo y junio. Vale recordar que el incremento de las tasas este año provocó semanas de discusiones públicas entre la junta directiva del Banco de la República y el Gobierno nacional.Las declaraciones de Ávila coinciden, además, con el anuncio de la Contraloría sobre investigaciones contra su oficina por el incremento del endeudamiento de la Nación y por lo que considera ineficiencias en el manejo de las finanzas públicas. Esta semana, la entidad envió un mensaje con “presunta incidencia disciplinaria” por el resultado de la megasubasta de TES del 13 de mayo, en la que advirtió sobre el incremento del costo de la deuda del Gobierno.En los últimos meses, Colombia ha sufrido rebajas en su calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo y hoy no solo se encuentra en un nivel de deuda especulativa, sino que además se acerca a una categoría de “altamente especulativa”, lo que dificulta la llegada de más inversionistas a los mercados de deuda.No se trata solo de un problema de falta de recursos, sino también de eficiencia administrativa: ContraloríaLa Contraloría General de la República ha venido haciendo seguimiento a la crisis fiscal y asegura que el Gobierno ha tenido serios problemas para ejecutar su propio presupuesto, lo que ha llevado a una “bajísima ejecución” en algunas entidades del orden nacional.“Las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal”, señaló el ente de control.Vale recordar que la actual administración activó la cláusula de escape de la regla fiscal, con lo cual se flexibilizaron las metas de déficit para este año y el siguiente.¿Por qué el Gobierno insiste en una reforma tributaria?A pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República, el Gobierno nacional insiste en que el problema no se resolverá reduciendo el gasto del Estado.Ávila sostuvo que, si el problema se resolviera únicamente por el lado del gasto, implicaría dejar de pagar salarios del sector público o pensiones. Por eso, considera que la solución de fondo pasa por una reforma tributaria estructural que aumente de manera permanente los ingresos del Estado durante varios años.
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC).Bezerra, que tiene 22 millones de seguidores en Instagram, fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de una operación durante la cual se bloquearon 327 millones de reales (unos 65 millones de dólares o 56 millones de euros).Además, los agentes requisaron al menos 17 vehículos, incluyendo carros de lujo, y embargaron cuatro inmuebles vinculados a los investigados.Entre los edificios registrados figura la mansión en la que vive Bezerra, una vasta propiedad en un condominio a las afueras de la ciudad de São Paulo con piscina y una amplia área verde.Según la Policía regional, los responsables de la trama usaban empresas fachada, transferían cantidades millonarias sin sustento económico, y adquirían bienes para ocultar el origen ilícito del dinero del PCC.La investigación arrancó tras analizar un celular requisado en una operación anterior y que mostró conversaciones con los líderes de la facción y transferencias financieras.Tres de los investigados fueron incluidos en la lista roja de la Interpol, al creer que se encuentran en Bolivia, Italia y España.En este último país, vive Paloma Sanches Camacho, sobrina del máximo jefe del PCC, reportaron los medios brasileños.Bezerra ya fue detenida en septiembre de 2024 durante una operación que investigaba un supuesto lavado de dinero de plataformas de apuestas digitales ilegales y pasó varios días en prisión preventiva antes de ser liberada.La influencer de 38 años, quien acababa de volver de Italia cuando fue detenida este jueves, acostumbra a exhibir ante sus seguidores el alto tren de vida que lleva, con viajes frecuentes y compras en tiendas de lujo, mientras hace publicidad de productos cosméticos.
