El 0,1 % más rico de la población mundial -unos 8 millones de personas- genera más emisiones de carbono que las 3.500 millones de personas más pobres del planeta juntas, y puede protegerse de los efectos de la crisis climática e incluso beneficiarse económicamente de las catástrofes que contribuye a agravar.El último informe publicado por la organización Oxfam Intermón antes de la cumbre climática de la ONU, COP31, concluye que una única persona perteneciente a ese grupo de mayores ingresos ha contribuido casi 400 veces más a las actuales olas de calor extremas que alguien de la mitad más pobre de la humanidad."Mientras los superricos siguen contaminando de forma desproporcionada, las personas que más sufren finalmente las consecuencias del cambio climático son justamente quienes menos han contribuido a este problema", señala la responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, Sofía del Valle.El documento también calcula que el 1 % más rico es responsable del 20 % del calentamiento global registrado desde 1990 y que sus emisiones de un solo año provocan 1,9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor, el 78 % de ellas en países de renta baja y media-baja.La desigualdad climática además no se limita a quién contamina más y quién sufre las consecuencias, sino que se refleja en quién puede recuperarse de los desastres y quién obtiene beneficio de ellos.El índice 'Destruir y Reconstruir' elaborado por Oxfam identifica 217 empresas que operan tanto en sectores que contribuyen a la crisis climática como en actividades de preparación, recuperación y reconstrucción tras catástrofes.BlackRock y Vanguard invierten en el 92 % de las empresas incluidas en el índice y sus inversiones conjuntas superan el billón de dólares en el mercado mundial de la recuperación tras desastres, mercado que podría crecer de 70.000 a 92.000 millones de dólares anuales en 2029.Del Valle denuncia que quienes cuentan con más recursos pueden protegerse mediante seguros privados o viviendas en lugares más seguros, mientras que los hogares vulnerables pierden sus casas, cosechas y medios de vida y tienen más dificultades para recuperarse.En este sentido, Oxfam Intermón muestra el ejemplo de la dana que devastó municipios españoles de Valencia hace dos años y que afectó especialmente a los hogares con menos recursos, las mujeres, las personas mayores y las comunidades migrantes.
Una alarmante emergencia ambiental en el Canal de Policarpa fue dejada al descubierto por la Fiscalía General de la Nación con la judicialización de cinco integrantes de una empresa que estaría realizando vertimientos de residuos peligrosos a este cuerpo de agua que desemboca en la Bahía de Cartagena.Según dio a conocer la Fiscalía, la actividad ilegal de esta empresa que operaba sin licencia ambiental desde 2021, no solo afectó los recursos naturales sino que causó daños en la salud de los habitantes de barrios aledaños al sector Puerta de Hierro, en Policarpa, donde operaba.“Desde su sede arrojaban material que afectaba la flora, la fauna, el suelo y el agua. Los peritajes evidenciaron que las descargas estarían causando afectaciones en la salud de los habitantes, pues usaban el agua contaminada para cubrir sus necesidades básicas. Además, se acreditaron daños en el ecosistema, desaparición de especies animales y vegetales, y pérdida de nutrientes y disminución de la fertilidad en el terreno”, indicaron.Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, que interpuso la denuncia, anunció una investigación sancionatoria, ya que la autoridad ambiental había impuesto cinco medidas preventivas, incluida la suspensión de la actividad, por reiteradas quejas de la comunidad.“Dicha empresa ya es objeto de una investigación sancionatoria ambiental por parte de EPA Cartagena, como consecuencia de actuaciones anteriores originadas en reiteradas quejas de la comunidad. En el marco de estas actuaciones, la autoridad ambiental había impuesto medidas preventivas, incluida la suspensión de actividades”, señaló el Establecimiento Ambiental de Cartagena.Acerca de los capturados, la Fiscalía informó que las personas procesadas por el delito de contaminación ambiental se encuentran Omar Arturo Gutiérrez, representante legal de la empresa dedicada al tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos; Pedro Enrique Figueroa, Cecilio Rodríguez, Wilmer José Sarmiento y Yan Carlos Núñez.“Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, el delito de contaminación ambiental. A Gutiérrez Florián, representante legal, se le atribuyeron circunstancias de agravación. Los cargos fueron aceptados”, detalló el ente acusador.
La llegada de llantas nuevas para autobuses y camiones procedentes de China a precios considerablemente bajos encendió las alertas en Colombia por sus posibles efectos sobre la industria nacional y el medioambiente. Acoplásticos advirtió que una parte de estos productos no cumple con las condiciones de calidad necesarias para ser sometida a procesos de reencauche, lo que limita su aprovechamiento, reduce su vida útil y aumenta los impactos ambientales asociados a su disposición final.La advertencia se produce en medio de una investigación antidumping sobre las importaciones de llantas nuevas para vehículos de carga y transporte de pasajeros originarias de China. Frente a este proceso, el gremio manifestó su respaldo a la adopción de medidas comerciales que permitan corregir las distorsiones de precios y garantizar condiciones de competencia equitativas para los fabricantes nacionales y las empresas dedicadas al reencauche.Según Acoplásticos, el ingreso de llantas a precios que, en algunos casos, estarían incluso por debajo del costo de las materias primas utilizadas para fabricar estos productos y para reencauchados representa un riesgo para la sostenibilidad de esta actividad productiva.“La competencia en el mercado debe darse en condiciones equitativas. Cuando ingresan productos al mercado a precios por debajo de los costos de producción, se pone en riesgo la actividad empresarial, con el empleo y las capacidades productivas que el país ha construido”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.El impacto ambiental de las llantas que no pueden reencaucharseUno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con la economía circular y las posibilidades de extender la vida útil de las llantas. El reencauche permite recuperar neumáticos usados mediante la sustitución de su banda de rodamiento, siempre que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias. Este proceso contribuye a aprovechar mejor los materiales, disminuir la demanda de materias primas y reducir la generación de residuos.Sin embargo, Acoplásticos advierte que algunas de las llantas importadas no reúnen las características necesarias para ser reencauchadas posteriormente.“El problema no es la importación per se, es el ingreso de llantas a precios muy bajos, que sacan del mercado a la industria nacional, y que, además, no cumplen con los estándares de calidad para ser reencauchadas nuevamente, con lo cual se reduce su vida útil y aumenta su impacto ambiental”, concluyó Mitchell.
Una jornada de manifestación cívico-cultural se adelantó en las calles de Amagá, donde la comunidad se movilizó para exigir soluciones definitivas a la constante emisión de olores ofensivos en el municipio, una problemática que no es aislada y que viene registrando un aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios desde julio de este año.La situación involucra las operaciones de la empresa Sanimax de Colombia S.A.S., planta dedicada a la transformación y procesamiento de subproductos de origen animal como plumas, huesos, sangre y vísceras provenientes de plantas de beneficio bovino, porcino y avícola para convertirlos en harinas industriales.Según registros de la Alcaldía de Amagá, en lo corrido del año 2026 se han radicado más de 300 quejas formales por la emanación de gases y malos olores que se intensifican durante las madrugadas, noches o días nublados.La administración municipal emitió un comunicado expresando su rechazo ante la persistencia de estos eventos, señalando que los reportes de la ciudadanía indican episodios de náuseas y dolores de cabeza entre los pobladores.Ante este panorama, tanto la Alcaldía como la mesa ambiental local solicitaron la intervención directa y rigurosa de las autoridades ambientales competentes para verificar los controles de emisión de la planta.Frente a los reclamos, la administración municipal informó que la compañía anunció la adquisición de nuevos equipos de tecnología ambiental por un valor de 15 millones de dólares para mitigar y erradicar los efluentes olorosos."Hemos puesto en conocimiento desánimas todas estas irregularidades que se presentan eh desde su empresa. Ellos han manifestado la compra de unos equipos por valor de 15 millones de dólares y esperan ponerlos en funcionamiento, lo que según ellos erradicaría o mitigaría los olores que hoy aquejan a los amagaseños", manisfestó el alcalde del municipio, Wilser Molina.Por su parte, la empresa Sanimax emitió un comunicado ofreciendo disculpas por las molestias operativas registradas durante el fin de semana, atribuyendo las fallas puntuales a la variabilidad climática, al tiempo que sostuvo que sus procesos se ajustan a las normativas de emisiones vigentes.Mientras se coordinan las mesas de seguimiento entre la empresa, el municipio y las autoridades ambientales, los habitantes de Amagá esperan que la implementación de los nuevos sistemas tecnológicos ponga fin a las afectaciones en la calidad de vida de la zona urbana y rural.
La contaminación del aire podría empeorar las enfermedades de las encías, especialmente en personas que ya presentan inflamación periodontal. Un estudio realizado con ratones encontró que la exposición a partículas finas PM2.5 agravó el daño en los tejidos que sostienen los dientes y redujo la proporción de hueso alveolar en los animales que tenían una inflamación previa.Los resultados aportan nuevos datos sobre la posible relación entre la polución ambiental y la salud bucal. Sin embargo, los investigadores no establecieron que la contaminación sea, por sí sola, la causa de la periodontitis, por lo que todavía se necesitan estudios adicionales para comprender sus efectos en las personas.Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos presentes en el aire, asociados con diferentes efectos sobre el organismo, especialmente en el sistema respiratorio. La investigación científica también busca determinar si la exposición prolongada a estos componentes puede influir en los procesos inflamatorios que afectan las encías.¿Cómo afecta la contaminación a las encías?Para examinar esta posible relación, investigadores brasileños realizaron un experimento con 40 ratones macho, distribuidos en grupos que respiraron aire filtrado o aire contaminado durante periodos de 30 y 60 días.La exposición se llevó a cabo mediante un concentrador de partículas instalado en una zona de tráfico intenso de São Paulo. Durante el experimento, los animales estuvieron expuestos a concentraciones de 600 microgramos por metro cúbico (µg/m³), aproximadamente 20 veces superiores a la media ambiental registrada durante ese periodo, cercana a 22 µg/m³.En una segunda etapa, los científicos indujeron inflamación periodontal en algunos ratones mediante microinyecciones de lipopolisacárido bacteriano en las encías. De esta manera, pudieron comparar los efectos de la contaminación en animales con y sin inflamación inducida.Los investigadores observaron alteraciones inflamatorias y oxidativas en la lengua y el periodonto, el conjunto de tejidos que rodea y sostiene los dientes. También identificaron hiperqueratosis, desorganización del tejido epitelial y un incremento de marcadores inflamatorios.Uno de los principales hallazgos fue que la exposición a PM2.5 agravó el daño y redujo la proporción de hueso alveolar únicamente en los animales que ya presentaban inflamación periodontal.El hueso alveolar es la estructura ósea que sostiene las raíces dentales. Para evaluar los cambios, los científicos utilizaron microtomografía, una técnica que permite examinar las estructuras internas del organismo.Los resultados sugieren que la contaminación podría actuar como un factor que agrava una enfermedad periodontal preexistente. El estudio no evaluó la movilidad de los dientes ni su pérdida, por lo que no permite afirmar que la exposición a estas partículas provoque directamente la caída de piezas dentales.¿Qué muestran los estudios realizados en humanos?La posible relación entre contaminación atmosférica y enfermedades periodontales también se ha investigado en personas, aunque los resultados no son concluyentes.Un estudio realizado en 96 ciudades de China encontró que los aumentos prolongados en la exposición a PM2.5 estaban asociados con un incremento de entre el 7 % y el 9 % en el riesgo de periodontitis.Otra investigación, desarrollada en Corea del Sur con más de 42.000 participantes, relacionó mayores niveles de partículas PM10 con una prevalencia más elevada de esta enfermedad.Sin embargo, los hallazgos no son uniformes. Un estudio realizado en Colombia en 2025 no encontró una asociación entre la exposición a PM2.5 y la periodontitis grave, incluso al analizar promedios de exposición de hasta diez años.Estas diferencias indican que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación causal definitiva entre la contaminación atmosférica y el desarrollo o progresión de las enfermedades de las encías.
Una barrera mecánica permanente para contener hidrocarburos y aceites será instalada en la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja, con el propósito de proteger la fuente de captación de agua del acueducto ante posibles derrames y evitar afectaciones en el suministro para los habitantes del distrito.La medida hace parte del plan de acción para la protección del complejo cenagoso San Silvestre y El Llanito, impulsado por la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja tras la muerte de cuatro manatíes en Caño San Silvestre, un corredor biológico fundamental para esta especie amenazada.Leonardo Granados, secretario de Ambiente del distrito, explicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria para activar acciones concretas de protección y conservación de los cuerpos de agua.Como parte de este proceso, se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Santander, la Corporación Autónoma Regional, Ecopetrol, Cenit, la Procuraduría y asociaciones de pescadores, con el fin de definir estrategias para atender los riesgos ambientales de la zona.Según explicó Granados, la decisión también responde a la emergencia registrada en 2025, cuando una falla operacional de Cenit, filial de Ecopetrol, provocó el derrame de más de 400 barriles de gasolina, que contaminaron un sector y pusieron en riesgo la captación de agua para el acueducto.El funcionario señaló que, además de instalar la barrera, se exigirá a la industria petrolera el monitoreo de las líneas de transporte de hidrocarburos cercanas a las ciénagas San Silvestre y El Llanito, así como a Caño San Silvestre, para identificar posibles fallas y reducir el riesgo de nuevos incidentes.El plan también contempla acciones de biorremediación en los cuerpos de agua que presenten contaminación o riesgos asociados a la actividad industrial. Entre los sectores que requieren atención está Caño El Rosario, identificado por la Secretaría de Ambiente como una zona que genera presiones ambientales sobre Caño San Silvestre.Granados indicó que se busca aplicar tecnologías especializadas para avanzar en la recuperación de las fuentes hídricas y atender los pasivos ambientales relacionados con la industria petrolera.A estos factores se suman otras actividades que pueden afectar los ecosistemas, como los cultivos de palma africana, la ganadería, la presencia de búfalos y los vertimientos de aguas residuales, que representan riesgos para la calidad del agua y la supervivencia de la fauna.
El reporte fue realizado por pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, quienes además denunciaron una fuerte mortandad de peces registrada en el mismo complejo hídrico.Según información entregada por Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, los cuatro manatíes corresponden a dos machos y dos hembras. Los cuerpos fueron encontrados en sectores asociados a infraestructura para el transporte de hidrocarburos, situación que generó preocupación entre las comunidades.La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, adelanta las necropsias para establecer científicamente las causas de la muerte. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol, quienes participan en las primeras inspecciones.De manera preliminar, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y las comunidades han señalado una posible relación con contaminación del agua por hidrocarburos y lodos sedimentados. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ambientales a partir de los análisis correspondientes.La preocupación aumenta debido a que, además de los manatíes, habitantes de la zona han reportado la muerte de peces, garzas, babillas y patos en diferentes sectores del complejo de ciénagas.El hallazgo de cuatro ejemplares en un solo día también genera preocupación por el estado de conservación del manatí antillano, una especie amenazada. De acuerdo con las autoridades locales, durante los últimos siete años se han registrado al menos 16 muertes de manatíes en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, especialmente en San Silvestre y El Llanito.Las autoridades ambientales deberán determinar si existe una causa común detrás de la mortandad de fauna y establecer las medidas necesarias para proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
La falta de cultura ciudadana y de responsabilidad ambiental quedó palpada una vez más en la trampa del arroyo León, en Puerto Colombia, donde después de los aguaceros que cayeron entre el sábado y el lunes en el área metropolitana de Barranquilla, toneladas de basuras quedaron atrapadas en esa rejilla debajo de la vía que conduce hacia Lagos de Caujaral.Fotografías y videos grabados la tarde de este lunes por el biólogo e investigador Nelson Rangel, profesor de la Universidad del Atlántico, reflejan cómo toda clase de desechos llega a la trampa del arroyo: botellas de plástico, madera, electrodomésticos dañados, llantas y, en mayor cantidad, restos de icopor que pertenecían a refrigeradores o neveras.Todos estos residuos provienen de la cuenca occidental de Barranquilla, pues el arroyo León recibe aguas de más de 50 corrientes y las arrastra hasta la zona de Mallorquín, amenazando a este ecosistema que se integra, a su vez, al río Magdalena y al mar Caribe.Se presume que detrás de esta pésima disposición de los residuos estarían empresas o personas dedicadas al reciclaje y a la chatarrería en el suroccidente de Barranquilla y, si bien la trampa del arroyo busca evitar que estos desemboquen en la ciénaga de Mallorquín o el mar Caribe, las rejillas no dan abasto ante la alta cantidad de desechos.Los residuos son tan voluminosos que casi alcanzan la altura del puente y toca recurrir a maquinaria para recoger las toneladas de basura. A la fecha, reporta la Alcaldía de Barranquilla, se han recogido 4.421 toneladas de residuos, solo en labores de limpieza del arroyo León.Dice el profesor Rangel que el riesgo está en que estas basuras, por más grandes que sean, se fragmentan, se cuelan entre las rejillas y contaminan el mar Caribe."El problema es mucho más grande que lo que se ve a simple vita, porque la gente se queda con la imagen visual y dice: 'oh, qué impactante es eso', pero hay que tener en cuenta que ese movimiento de material genera microplásticos y esos microplásticos son altamente nocivos, tanto para seres humanos, como para la fauna que anda por ahí", expresó Rangel.La Alcaldía de Barranquilla reporta que en lo corrido de 2026, se han intervenido más de 15 kilómetros de canales, arroyos y sistemas de conducción, a través de jornadas de limpieza, retiro de residuos y mantenimiento. A estas acciones se suman 6 kilómetros de caños limpiados y la reposición de 11 nuevas rejillas de captación.La Corporación Regional Autónoma y la Agencia Distrital de Infraestructura son los encargados de limpiar el arroyo León, tres veces por semana, a raíz de la solicitud que el año pasado hizo la Alcaldía de Puerto Colombia para que el Distrito de Barranquilla tomara cartas en el asunto y evitar esta contaminación ambiental al vecino municipio.
Una nueva alerta ambiental surge en el valle del río Lebrija, en Santander, donde pescadores y habitantes aseguran que la contaminación del afluente está afectando la pesca, los cultivos y el sustento de numerosas familias que dependen de los recursos del río.La comunidad señala como una de sus principales preocupaciones las aguas residuales que, según denuncian, provienen de sectores del área metropolitana de Bucaramanga y terminan llegando a los afluentes que conforman la cuenca del Lebrija.El río Lebrija recibe, entre otros aportes, las aguas de los ríos Suratá y de Oro, antes de continuar su recorrido hacia el Magdalena. Esta conexión hace que la comunidad ribereña manifieste preocupación por los efectos que puedan tener los vertimientos aguas arriba. El Área Metropolitana de Bucaramanga ha documentado históricamente una problemática de contaminación en esta cuenca.Los pescadores aseguran que la situación se hace especialmente evidente después de las lluvias. Según sus testimonios, en las playas aparecen peces muertos y el agua presenta cambios que generan preocupación entre quienes viven de la actividad pesquera.La denuncia tiene además un componente económico y social: son numerosas las familias que dependen de la pesca para obtener sus ingresos. Por eso, cada episodio de mortandad representa no solo una afectación ambiental, sino también un golpe directo al sustento de estas comunidades.No es la primera vez que el río Lebrija enfrenta una situación de este tipo. En enero de 2026, comunidades ribereñas denunciaron otra mortandad de peces.En ese momento, la comunidad señaló posibles causas relacionadas con la operación de la represa de Bocas, pero ESSA aseguró que no había realizado desembalses desde octubre de 2025 y negó responsabilidad en la alteración de las condiciones del río. Las autoridades ambientales quedaron encargadas de establecer las causas del episodio.La problemática ambiental del Lebrija tampoco es nueva. El AMB ha advertido desde hace años sobre la alta carga contaminante que recibe esta cuenca y ha señalado que la situación afecta tanto el ecosistema como a las comunidades que dependen del río.Ante las nuevas denuncias, los pescadores y habitantes del valle del Lebrija piden que las autoridades ambientales realicen toma de muestras y estudios de calidad del agua que permitan determinar qué sustancias están llegando al río, de dónde provienen y si existe una relación entre esos vertimientos y la mortandad de peces.La comunidad también advierte que el problema no solo estaría afectando la pesca. Los productores agrícolas temen por la calidad del agua utilizada en sus actividades, mientras los pescadores aseguran que cada vez resulta más difícil depender del río como fuente de sustento.
La aparición de rayas, bocachicos y miles de alevinos muertos en la ciénaga El Llanito encendió las alarmas ambientales en Barrancabermeja. Pescadores del corregimiento denunciaron que desde hace más de una semana han encontrado especies sin vida en diferentes sectores del humedal, una situación que amenaza la biodiversidad del ecosistema y pone en riesgo el sustento de las familias que dependen de la pesca artesanal.Los primeros hallazgos correspondieron a rayas muertas flotando sobre las aguas de la ciénaga. Con el paso de los días, la situación se agravó con la aparición de bocachicos y alevinos sin vida en las orillas del humedal, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del corregimiento El Llanito.Marizodelis Potes, representante de la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes de El Llanito, hizo un llamado urgente a las autoridades ambientales para que adelanten las investigaciones correspondientes y se determine qué está provocando la mortandad de peces.Ante las denuncias de la comunidad, el secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, realizó una inspección técnica en la zona y explicó que una de las hipótesis que se manejan apunta a una reducción en los niveles de oxígeno del agua, situación que podría ocasionar la muerte de las especies acuáticas.No obstante, el funcionario precisó que será necesario adelantar estudios adicionales para establecer con certeza las causas de la emergencia ambiental y definir las medidas que permitan mitigar sus efectos sobre la ciénaga.La mortandad de peces ha generado preocupación entre los pescadores, quienes advierten que, además del impacto ambiental, esta situación afecta directamente la seguridad alimentaria y la economía de decenas de familias que dependen de la actividad pesquera en el corregimiento.La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad para determinar el origen del fenómeno y adoptar las acciones necesarias para proteger uno de los ecosistemas más importantes de Barrancabermeja.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí:
