En el municipio de Santo Tomás un delincuente fue dado de baja por unidades de la Sijin y otro permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Santo Tomás tras un intercambio de disparos luego de que pretendieran hurtar en un almacén de celulares. La balacera se dio entre cuatro presuntos atracadores que viajaban en dos motocicletas, dos de los cuales están huyendo. Los elementos, entre 20 celulares y tablets fueron recuperados. "El delincuente dado de baja presentaba anotaciones judiciales por receptación", dijo el coronel Pedro Ruíz, subcomandante de la Policía del Atlántico.
El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín se quedó sin esquema de seguridad: señala al Gobierno nacional de usar la UNP de manera política contra quienes lo han cuestionado.El secretario Carlos Arcila alertó que la Unidad Nacional de Protección desmontaría su esquema de seguridad, según él como ‘‘consecuencia de motivos políticos y no por un análisis técnico de riesgo’’.De acuerdo con el funcionario, en los últimos meses se han reducido o eliminado los esquemas de quienes cuestionan las políticas del Gobierno y el presidente Gustavo Petro, en su caso por ejemplo los ‘‘reparos a la Paz Total’’.Asimismo, el secretario Carlos Arcila recalcó que esta actuación se ha dado especialmente con quienes están relacionados con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.''Es un mal mensaje contra la sociedad y contra los líderes y defensores de derechos humanos y contra los funcionarios que hoy estamos en la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, porque vemos esa demostración de persecución política contra la Alcaldía de Medellín'', insistió Arcila.En ese sentido, señaló a la Unidad Nacional de Protección de estar siendo usada como herramienta de persecución política poniendo, según sus palabras, en riesgo a líderes, defensores de derechos humanos, opositores y a quienes pretenden llegar a la Presidencia de la República en el 2026.Hasta el momento la UNP no ha hecho un pronunciamiento como respuesta a las acusaciones del secretario de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reveló que la entidad avanza en cuatro líneas de investigación relacionadas con el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá. Según explicó en entrevista con Mañanas Blu, se trata de una actuación “integral” que involucra desde el tratamiento del menor capturado como presunto autor material, hasta la revisión de la actuación de los escoltas asignados por la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).La primera línea tiene que ver con el tratamiento del joven capturado por el ataque, un menor de edad entre los 14 y los 18 años, a quien el procurador calificó como un “menor sicario”. Dado que se encuentra bajo custodia de la Fiscalía, la Procuraduría, a través de su delegatura para la Infancia y la Adolescencia, está velando por la protección de sus derechos, con especial énfasis en su seguridad personal.“He dado orden de que me lo protejan, especialmente en su seguridad personal y en la vida de ese señor (...) porque es fuente primaria de información”, dijo.El segundo frente corresponde al proceso penal derivado del atentado, donde ya se han producido allanamientos, capturas, señalamientos e interrogatorios. La Procuraduría participa activamente en esta etapa con dos delegados judiciales especializados en materia penal.“Ahí tenemos un delegado judicial, dos en lo penal, especializados en esos temas”, añadió.El tercer frente se refiere a los miembros de la Policía que integraban el esquema de protección de Uribe Turbay. La Policía Nacional abrió una investigación disciplinaria, pero la Procuraduría solicitó control preferente para asumirla directamente.“La pedimos por control preferente para que venga acá, a la Procuraduría”, manifestó.La cuarta línea de acción se enfoca en la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que se conocieran denuncias de que el senador había solicitado refuerzos en su esquema sin recibir respuesta. La Procuraduría abrió una indagación preliminar y ya ha citado al director de la UNP y solicitado información oficial.El procurador subrayó que esta no es una investigación aislada, ya que la seguridad de los líderes políticos y sociales se convierte en una prioridad nacional ante la cercanía del periodo electoral.“No solamente es la seguridad del senador Miguel, es la seguridad de todos los candidatos presidenciales, de los congresistas actuales, de quienes aspiran a integrar la lista, de los líderes sociales, del campesino que tiene una reivindicación por su tierra, del estudiante...”, sostuvo.
Los niños que muestran arrebatos emocionales o dificultades para controlar su conducta a los siete años tienen más riesgo de sufrir ansiedad y depresión en la adolescencia, según un estudio difundido este miércoles por la Universidad de Edimburgo y publicado en la revista Journal of Affective Disorders.La investigación ha analizado datos de la cohorte británica Millennium Cohort Study, que sigue la vida de unos 19.000 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.Los investigadores evaluaron cuestionarios y entrevistas realizados a padres y profesores sobre los problemas emocionales de los menores a los 11, 14 y 17 años, y aplicaron técnicas estadísticas para comparar la salud mental en la adolescencia de niños con distintos niveles de regulación emocional a los siete años, considerando también su salud mental y comportamiento previos.Los hallazgos mostraron que la tendencia a manifestar dificultades en la regulación emocional -como cambios de humor, sobreexcitación frecuente o frustración intensa a los siete años- se asoció de forma significativa con síntomas de ansiedad y depresión durante la adolescencia.Según los autores, la adolescencia es un periodo crítico para la aparición de problemas internalizados. Un tercio de los adolescentes experimenta depresión y alrededor de una quinta parte padece un trastorno de ansiedad.El vínculo entre la dificultad emocional temprana y los problemas psicológicos posteriores se mantuvo hasta los 17 años, incluso al considerar factores como trastornos previos, lo que sugiere un efecto sostenido de las emociones intensas en los primeros años, según los investigadores.El trabajo, financiado por la Medical Research Foundation, destaca la importancia de intervenir desde edades tempranas."Nuestros hallazgos sugieren que los problemas tempranos en la regulación emocional son un precursor de los desafíos de salud mental en la adolescencia", explicó en el comunicado la doctora Aja Murray, investigadora principal del estudio."Esta investigación nos acerca a pasar del tratamiento a la prevención, mediante intervenciones tempranas y específicas que tienen el poder de cambiar el rumbo de muchas vidas", añadió Angela Hind, directora ejecutiva de la Medical Research Foundation.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 17 de junio:La actriz e influencer Gina Rivera habló sobre su vida personal y profesional. Recordó algunas anécdotas de su trayectoria y mucho más. Además, el astrónomo Germán Puerta se unió a la conversación sobre las extinciones. Para cerrar, los oyentes se toman el programa con sus opiniones y comentarios. Escuche el programa completo de Bla Bla Blu aquí:
Actualmente, con el crecimiento de la población en Colombia, muchas familias han optado por vivir en conjuntos residenciales. Sin embargo, esta decisión implica acatar normas sobre el uso de las zonas comunes.El desconocimiento de estos reglamentos puede generar sanciones y conflictos con los demás copropietarios.Para evitar situaciones incómodas, la propiedad horizontal está regulada por la Ley 675 de 2001, la cual establece el marco legal para la conformación, administración y reglamentación de este tipo de propiedad, incluyendo el uso de las áreas comunes.Esta ley otorga a cada conjunto residencial la facultad de definir, mediante su reglamento interno, la forma en que deben utilizarse los espacios comunes. Esto permite promover una mejor convivencia y el respeto entre los residentes.Sin embargo, cuando se trata de la presencia de gimnasios, existen algunas normas que pueden impactar tanto en la seguridad como en el bolsillo de los copropietarios.Ley que regula el uso de los gimnasiosLa Ley 675 de 2001, en su artículo 3, define la propiedad horizontal como un régimen que permite la coexistencia de bienes privados y bienes comunes en un mismo edificio o conjunto. Como los gimnasios suelen estar destinados al uso exclusivo de los propietarios, se consideran zonas comunes.Esta ley autoriza a la asamblea de copropietarios a establecer las reglas para el uso de dichos bienes comunes, entre ellos, el gimnasio.Multas por el uso indebido de los gimnasiosAunque la ley permite el uso de las zonas comunes, las normas internas de cada conjunto también definen restricciones y sanciones en caso de uso inapropiado.La asamblea de copropietarios puede establecer condiciones como horarios, normas de vestimenta, tipo de calzado e incluso restricciones por edad para el uso del gimnasio. El incumplimiento de estas reglas puede derivar en sanciones.Las conductas sancionables deben estar estipuladas en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia, si existe. Las sanciones no pueden ser impuestas por el administrador del conjunto; únicamente la asamblea tiene esta facultad.Las sanciones pueden ser económicas, y no deben superar el valor de dos cuotas mensuales de administración. Por ejemplo, si el canon es de $500.000, la multa máxima sería de un millón de pesos. También pueden imponerse sanciones no económicas, como la restricción del uso de zonas comunes o la suspensión temporal de ciertos servicios.IVA pondría freno a negocio con gimnasiosAlgunos conjuntos residenciales han usado sus gimnasios para generar ingresos, ofreciendo membresías a personas ajenas a la propiedad.Ante esta situación, la DIAN anunció que impondrá un cobro adicional a los conjuntos que usen sus zonas comunes con fines comerciales, como el arriendo de parqueaderos o el alquiler de salones sociales a externos.Esto podría implicar un aumento en el costo de la administración, afectando directamente el bolsillo de los residentes.