Tras los ataques terroristas registrados durante el último fin de semana en el departamento del Cauca, los cuales han sido calificados como actos de barbarie por la comunidad, diversos sectores sociales y pueblos indígenas se han movilizado en municipios como Popayán, Santander de Quilichao, El Pescador y Piendamón. En entrevista con Mañanas BLU, Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del CRIC, manifestó el rotundo rechazo de las comunidades a la violencia y enfatizó que "la guerra no es el camino".Para Capaz, la situación actual representa una degradación humana profunda, donde los actores armados —específicamente el Frente Jaime Martínez y facciones asociadas a Iván Mordisco— han dejado de usar a la población civil como simple escudo para convertirla en "carne de cañón". El coordinador denunció que lo que vive el departamento es un "etnocidio en curso", con una intención clara de destruir no solo físicamente a las comunidades, sino también su cultura, autonomía y ejercicio de gobierno propio.Las cifras presentadas por el observatorio de derechos humanos del CRIC son alarmantes: en los últimos años se ha registrado el asesinato de 19 sabedores ancestrales, 16 autoridades indígenas en ejercicio y 52 guardias indígenas. Además, se reporta el reclutamiento forzado de más de 832 niños y niñas en los últimos cuatro años. Estas acciones son vistas como una retaliación de los grupos violentos frente a los ejercicios de control territorial y protección que realizan las comunidades desde sus planes de vida. A pesar del anuncio de un mayor despliegue militar en la zona, el CRIC cuestiona la efectividad de la Fuerza Pública, señalando posibles escenarios de omisión o connivencia. "Nos preguntamos qué pasa en el departamento en la medida que se anuncia más coacción militar, pero en términos de resultados la población sigue siendo afectada de manera sensible", afirmó Capaz.Respecto a la política de "paz total" del Gobierno nacional, el líder indígena reconoció que aún existen vacíos significativos en su implementación territorial. No obstante, reiteró que la determinación de los pueblos indígenas sigue siendo buscar la paz con firmeza como el único camino para detener el ciclo de violencia que ha afectado al Cauca durante décadas.Preocupación por las garantías electoralesDe cara a las próximas elecciones presidenciales, Capaz expresó su preocupación por la falta de garantías en las zonas rurales, donde existe un riesgo latente de constreñimiento armado. Hizo un llamado urgente al Estado colombiano para adelantar esfuerzos de protección que aseguren la libre determinación de las comunidades en las urnas."El departamento del Cauca ya ha aprendido muchísimo de la guerra y no queremos repetirlo", concluyó el coordinador, haciendo un llamado a sacar definitivamente a la población civil del conflicto armado y respetar de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Ley 1094 de 2024, mediante el cual el Gobierno nacional reconoció la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, como un instrumento de derecho propio de las comunidades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.Para la Corte, la expedición del decreto no vulneró el derecho fundamental a la consulta previa, en tanto el proceso fue resultado de un diálogo concertado con las autoridades tradicionales del pueblo indígena.El decreto, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en agosto de 2024, establece las competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación de la ATEA en los territorios indígenas del CRIC.Sin embargo, varios ciudadanos impulsaron demandas de inconstitucionalidad por considerar que la norma debía ser consultada no solo con los pueblos del CRIC, sino con otras comunidades indígenas del Cauca y de otros departamentos, y que algunas disposiciones podían afectar la propiedad privada y la autonomía de entidades territoriales no indígenas.Tras estudiar los requerimientos, la Corte concluyó que las demandas solo eran aptas en lo relativo al derecho a la consulta previa, y se inhibió de pronunciarse sobre los cargos de presunta vulneración a la propiedad privada y a la autonomía territorial, al considerar que se basaban en interpretaciones subjetivas de la norma.La Sala Plena reiteró que el decreto fue producto de un proceso de concertación y negociación previa entre el Gobierno y el CRIC y que esa actuación cumplió con el objetivo esencial de la consulta previa, que es garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados y respetar su derecho a la autodeterminación.Asimismo, el alto tribunal concluyó que la norma no generaba afectación directa a otras comunidades indígenas del Cauca ni de otros departamentos, pues su ámbito de aplicación se limita a los territorios del CRIC, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que en casos concretos se evalúe si la aplicación del decreto puede producir impactos específicos sobre terceros.Reparos por parte de magistradosEn cuanto al detalle de la votación, los magistrados Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Héctor Carvajal Londoño presentaron salvamentos parciales de voto.Polo Rosero y Camargo coincidieron en que el artículo 3 del decreto, al incluir territorios en proceso de solicitud o saneamiento, podría generar tensiones con los derechos de propiedad y la autonomía de las entidades no indígenas y por ello consideraron que la Corte debió condicionar la norma, limitando su aplicación a tierras con título colectivo reconocido o con resolución de protección.Por su parte, Carvajal sostuvo que el cargo sobre autonomía y propiedad privada merecía un examen de fondo.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha firmado contratos directos con entidades del Gobierno por más de 73.000 millones de pesos este año, de acuerdo con información del Secop rastreada por Blu Radio.La financiación del Cric nuevamente está sobre la mesa en un momento en que la organización es protagonista en la llegada de miles de indígenas a la Universidad Nacional como parte de las marchas del 1 de mayo. Esta mañana los profesores, estudiantes y hasta el rector de la Universidad, Leopoldo Múnera, reportaron restricciones para el acceso a los edificios de la universidad.El principal contrato en manos del Cric fue el firmado con el Ministerio de Educación por más de 57.000 millones de pesos y que tiene el propósito de implementar la política de educación propia para los pueblos indígenas vinculados al Cric.Llaman la atención los contratos suscritos con el Fondo Único de Telecomunicaciones. El primero busca facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital y vale más de 8.200 millones de pesos. Un segundo contrato por 2.214 millones de pesos busca financiar la producción de contenidos desde la voz y la perspectiva de los jóvenes indígenas del Cauca.Cierran el grupo de contratos el firmado con la Agencia Nacional de Tierras por 2.779 millones, el del Ministerio del Deporte por 700 millones y el del Ministerio de Minas y Energía por 941 millones.Finalmente, el Gobierno, a través de la Corporación Nasa Kiwe, está invirtiendo 1.187 millones de pesos para la entrega de familias seleccionadas por el Cric. Es decir, aunque el Cric no ejecuta la construcción de las viviendas sí seleccionó a quienes van a recibirlas.
El gobierno reconoce al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como autoridad territorial, económica y ambiental de las comunidades, y también reconoce las competencias de sus autoridades, ordenando que estas se coordinen con las entidades públicas.El punto H del decreto ATEA aborda, por ejemplo, el "Pluralismo jurídico" y explica: "Las normas que expidan las autoridades indígenas desde su autonomía jurisdiccional respecto a la protección, preservación, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de economías propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad".El decreto señala que esto aplica en los resguardos y reservas indígenas, tierras y territorios originarios ocupados por los pueblos o comunidades indígenas que conforman el CRIC, y establece un plazo para que el gobierno adelante todas las regulaciones necesarias para desarrollar lo pactado en este decreto, que por ahora está sujeto a cambios, ya que aún no ha sido publicado."En el ejercicio de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales y/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y/o tradicional y respecto de los miembros de sus comunidades y terceros", se lee en el documento.ATEA era la principal petición del CRIC, que llegó al parque El Renacimiento en Bogotá el pasado 20 de agosto y que esperaba al ministro del Interior el pasado miércoles para que les entregara el decreto. Sin embargo, el jefe de la cartera no asistió.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) expresó su rechazo al decreto "ATEA" (Autoridades Territoriales Económico Ambientales) que el gobierno y el CRIC buscan aprobar. La ANUC critica que, aunque la medida fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, podría agravar los conflictos interétnicos y culturales en la región del Cauca debido a su enfoque unilateral. Instan al Gobierno Nacional a no aprobar el decreto y a trabajar en un Pacto Interétnico y Pluricultural que incluya a todos los sectores sociales de Colombia. Además, llaman a la movilización del campesinado para exigir el cumplimiento de compromisos previos y la defensa de sus derechos.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (CRIC) denunció el asesinato de Florentino Mesa Noscué, al parecer, a manos de las de disidencias de las Farc en la tarde de este lunes, 24 de junio.Según el reporte, hombres armados del frente ‘Dagoberto Ramos’ de ese grupo ilegal interceptaron a Mesa cuando junto con su esposa e hijo menor de edad se desplazaba por una vía de la vereda Campo Alegre de Miranda.Allí se lo llevaron sin mediar palabra y luego, cerca de una hora después, la comunidad y la guardia indígena encontró su cuerpo sin vida con múltiples impactos de bala en una zona de la jurisdicción de Corinto, en el sector de Gualanday.Florentino Mesa tenía 32 años y era hermano de Rogelia Mesa Noscué, autoridad ancestral del resguardo La Cilia - La Calera.Desde la Asociación pidieron a los grupos ilegales dejar a la población civil por fuera de los ataques e intimidaciones y al Gobierno nacional aumentar la protección de las comunidades indígenas.
La comunidad indígena del Cauca ha levantado su voz en busca de justicia tras el asesinato de la mayora Carmelina Yule Paví a manos de las disidencias de las Farc. Germán Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC), compartió un mensaje contundente en una entrevista con Blu Radio."Con esas acciones están demostrando de que no quieren la paz y que la paz para ellos es asesinar a comunidades, a guardias, a autoridades, a médicos tradicionales. Para nosotros eso es muy lamentable, porque nosotros desde tiempos, muchos tiempos atrás, hemos hecho el llamado a la paz", mencionó Valencia.Tras los recientes eventos violentos en el norte del Cauca, donde la mayora Carmelina Yule Paví perdió la vida, las autoridades indígenas han declarado una emergencia humanitaria y territorial. En consecuencia, han ordenado la captura de los principales cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc.Los comandantes disidentes, conocidos con los alias de 'Zapata', 'Brayan', 'Amazonas', 'Pulga' y 'Cabañas', son señalados como los directos responsables del asesinato de la líder indígena. La comunidad indígena ha decidido aplicar su propia justicia en este caso, en un claro llamado a detener la violencia que afecta a sus territorios."Vemos que no ha existido la voluntad de estos actores en hacer la paz, inclusive, pues hoy vivimos una crisis humanitaria. Nos estamos preparando acá de una manera comunitaria", agregó.¿Cómo se enfrentarán a este grupo armado?Frente a esta afirmación Valencia mencionó cómo se están organizando las autoridades del Cauca para enfrentar a las disidencias que tienen sumido al departamento en el caos y la zozobra. Además, insistió en que las comunidades ya se cansaron de las muertes a cargo de las disidencias de las Farc y mencionaron y que el asesinato de la lideresa fue la "gota que rebosó la copa". También habló de las consecuencias que traería un enfrentamiento de tal magnitud.La Guardia Indígena se activó y está a cargo de la seguridad de los territorios, instalando puntos de control en los resguardos. Valencia hizo un llamado a las comunidades a participar activamente en estas decisiones y aseguró que se están asumiendo los riesgos necesarios para proteger el territorio y las comunidades."Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la comunidad, con la fuerza organizativa y a través de la instalación de los puntos de control. Sabemos de que pueden generar consecuencias, pero es la decisión de la gente y es la voluntad de la comunidad que nosotros tenemos que realizar. La guardia indígena así lo ha manifestado, ya están activados los puntos de control y estamos en ese proceso".Por su parte, el presidente de Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un comunicado firmado el CRIC en el que se ordena la captura de los jefes de la columna Dagoberto Ramos por el asesinato de la mayora. Valencia se refirió si la búsqueda de estos cabecillas de las disidencias la va a hacer la guardia indígena o el Ejército Nacional.Finalmente, Valencia habló de la posición del Gobierno y la orden que se ha emitido de levantar el cese al fuego en en estos tres departamentos y enfatizó en que una cosa es lo que está diciendo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otra como está actuando el CRIC en netamente en el marco de la jurisdicción especial indígena como autoridades y como gobiernos.Escuche la entrevista completa:
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció este sábado un ataque de miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc y que negocia la paz con el Gobierno, contra una comunidad del municipio de Toribío, hecho en el que resultaron heridas tres personas."En Bodega, Toribio, la comunidad está bajo ataque de actores armados mientras defienden su territorio (...) ¡Es hora de actuar y levantar la voz por justicia y seguridad!", expresó el CRIC en sus redes sociales.El Consejo publicó varios videos de lo sucedido en Toribío, que hace parte del convulso departamento del Cauca (suroeste), en los que se escuchan los disparos y los gritos de las personas que huyen como pueden del lugar.Por esa razón, el CRIC hizo un llamado al presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país para que realicen "acciones coordinadas de protección a las comunidades indígenas del Cauca".Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) señaló que en el ataque resultaron heridas Carmelina Yule Paví de 52 años, quien tiene heridas de gravedad en su rostro por disparos de fusil; Rodrigo Musicué, de 34, que recibió un disparo en un hombro, y Edgar Tumiñá, que fue rozado por una bala.Contexto del ataqueSegún la ACIN, todo ocurrió porque la comunidad empezó a buscar a un estudiante que fue secuestrado por miembros de la columna Dagoberto Ramos, que hace parte del EMC, que tiene vigente un cese al fuego bilateral con el Gobierno."Se establecieron puntos de control territorial y sobre la entrada a la vereda La Bodega interceptaron una camioneta en la que se transportaban varios miembros del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central", agregó la información.Entre los pasajeros iba alias 'Zapata', uno de los líderes de la Dagoberto Ramos y quien fue retenido por la comunidad."Mientras la comisión se trasladaba hacia el parque de Toribío, llegó a la vereda La Bodega el comandante conocido como 'Amazonas' junto con varios hombres armados que se transportaban en una camioneta, pasaron por encima del punto de control y atacaron directamente y con sevicia a la comunidad reunida", agregó la información.Tras el ataque, los disidentes se fugaron y los indígenas heridos fueron llevados al hospital de Toribío, donde son atendidos.Negociaciones con el EMCEl domingo pasado, el Gobierno y el EMC cerraron el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos para realizar "transformaciones territoriales" en zonas donde este grupo armado tiene influencia.La relación entre ambas partes ha estado marcada por algunos encontronazos, que se sucedieron durante todo 2023, como la suspensión del primer cese el fuego -establecido entre enero y junio del año pasado- por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla.Sin embargo, ambas partes han seguido sentadas negociando y el pasado enero, el Gobierno y el EMC anunciaron una prorroga de seis meses del cese el fuego bilateral que comenzó en octubre de 2023.El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Tras las recientes marchas y manifestaciones que se dieron el pasado jueves 8 de febrero en las inmediaciones del Palacio de Justicia y del búnker de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que se prepara para una movilización.Las razones para convocar esta jornada son, por lo que ellos califican, como los “intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares”, se pudo leer en un comunicado.Y es que en la jornada de manifestaciones el pasado jueves hubo representantes de 11 pueblos indígenas y allí se decidió reactivar la minga del sur occidente.El CRIC aseguró que esta “No es una lucha contra la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”.Las organizaciones indígenas aseguraron que es necesario que la Corte Suprema de Justicia designe a la nueva fiscal general de la Nación.“Pronto llegará la hora cero para reactivar la Minga Social y Comunitaria Por La Defensa de la Vida, El Territorio, La Democracia y La Paz”, concluyó el comunicado.Petro insiste en supuesto plan contra su Gobierno y ratifica llamado a movilizacionesEn medio de un largo mensaje a través de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a varios temas como las manifestaciones el pasado jueves 8 de febrero en inmediaciones del Palacio de Justicia, mientras que la Corte Suprema de Justicia se reunía en Sala Plena para la elección de la siguiente Fiscal General de la Nación.El primer mandatario insistió en que hay un supuesto plan contra su gobierno, “Intentan construir lo que se llama el "lawfare" es decir que la justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, escribió Petro quien aseguró que esto ha ocurrido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina.Según el presidente este "lawfare" “debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado "lawfare".Aseguró que su Gobierno presentó una terna de mujeres “decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”.Agregó que: “Se del terremoto que causa el que la corte suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política”.El presidente aseguró que “el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes”.Además, el primer mandatario insiste en la necesidad de movilizaciones que el Gobierno garantizará ya que “no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”.Petro también se refirió a la salida de su esposa, Verónica Alcocer del Carnaval de Barranquilla en la tarde de este sábado 10 de febrero. El mandatario aseguró que: “efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi Gobierno”.Finalmente, Petro arremetió contra los medios de comunicación asegurando que Ataca a los medios “han construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.
Ante el sistema de verificación y monitoreo del cese al fuego, integrantes de las disidencias de las Farc denunciaron a un alto oficial del Ejército Nacional, a quien responsabilizan, al parecer, de haber instrumentalizado a un menor indígena de 17 años e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).Según conoció Blu Radio, el menor fue entregado sano y salvo a una comisión humanitaria. El menor le habría dicho a la guerrilla que su misión era infiltrarse en las filas del grupo con el fin de obtener información de los comandantes de la columna Urías Rondón del Estado Mayor Central y establecer su ubicación que permitiera a las Fuerzas Militares capturar a los cabecillas de esa estructura armada ilegal.En las declaraciones que el menor entregó a los comandantes de esa agrupación, el adolescente manifestó que el oficial lo había abordado en la guarnición militar en Pasto, cuando visitaba a un familiar y que allí le ofreció dinero, asegurando que no le pasaría nada, ya que él era un menor de edad por lo que sería "fácil llegar hasta las disidencias sin levantar sospechas".Una vez él estuviera en el campamento debería informar a través de un número de celular la cantidad de armas y el sitio exacto donde se encontraban los comandantes para realizar un operativo contrainsurgente. El adolescente sería evacuado de la zona vía aérea para que no le pasara nada, contó el indígena menor de edad.El menor fue sometido a un chequeo médico y su estado de salud es estable. Otro de los hechos que narró el indígena indica que el pasado 29 de enero fue sorprendido por un subversivo en momentos en que, al parecer, intentó comunicarse al número que le había suministrado el oficial del Ejército y señaló que no alcanzó a mencionar su ubicación porque de inmediato fue detenido y presentado a los comandantes guerrilleros que decidieron perdonarle la vida a cambio de que confesara quién lo había obligado a infiltrarse.Blu Radio intentó conocer la reacción de los altos mandos de la brigada 23 del Ejército ante esta denuncia, pero manifestaron que están investigando la veracidad del video y lo narrado por el indígena menor de edad y que una vez se conozca realmente lo que sucedió habría un comunicado.
Alfredo Villadiego Lora se convertirá en el tercer agente interventor que nombra el Gobierno Nacional en la ESE Universitaria del Atlántico UNA. La designación toma por sorpresa a los usuarios y ahonda la crisis de la red pública hospitalaria, cuyas deudas con los diferentes proveedores ascienden a 160 mil millones de pesos, según confirmó Napoleón Mugno, presidente del sindicato de Anthoc.“Eso es una sorpresa para nosotros y es preocupante porque el funcionario que entra trata de emparejar las cargas, pero si lo sacan a los tres meses no se puede lograr el objetivo, de pronto se logra una mejora, pero no significativa, no se encuentran soluciones definitivas”.Recalcó el dirigente sindical que aunque no se ha logrado llegar a un punto de equilibrio económico en la ESE UNA, con la saliente agente interventora Maryury Díaz se mejoró en la ocupación de camas, facturación, recaudo de recursos e incluso el pago de salarios que se le debían a un alto porcentaje de trabajadores.Agregó Napoleón Mugno que con las intervenciones y liquidaciones de algunas EPS se han visto más perjudicados por el no ingreso de recursos, lo que agrava la crisis económica de la red.“Para nadie es un secreto que las EPS intervenidas no están girando los valores totales y ahora parece que saldrá un nuevo decreto en el que la cuenta que se radique la van a girar sin necesidad de hacerle una auditoría, que es lo que se debe realizar”, advirtió.Alfredo Villadiego Lora, el nuevo interventor, es contador público egresado de la Universidad del Atlántico, especializado en Tributación y Alta Gerencia de la Universidad Autónoma del Caribe. Cuenta con otra especialización en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.Dentro de su recorrido laboral ha sido gerente financiero de la EPS Mutual Ser, director de salud en Cajacopi EPS, y asesor de la oficina jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud.Hay que recordar que la red pública hospitalaria del Atlántico integra cinco hospitales y se encuentra intervenida por la Superintendencia de Salud desde el 19 de agosto de 2025.
A diez días de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el proceso electoral y pidió a la ciudadanía acudir masivamente a las urnas, esto en el marco de lo que sería una nueva intervención que reaviva los cuestionamientos sobre su participación en política durante la campaña.A través de su canal de difusión en WhatsApp, el mandatario compartió un audio en el que destacó la reducción de la pobreza monetaria en Colombia, que según cifras del Dane pasó de 31,8 % en 2024 a 28 % en 2025. Petro atribuyó ese resultado a las políticas sociales implementadas por su gobierno y aseguró que los colombianos deben votar para preservar esos avances. “La invitación que hago al pueblo colombiano es que salga a votar por millones, sabiendo que no vamos a perder estos logros. En su voto está la posibilidad de ampliar este legado y construir en verdad una Colombia justa, sin pobreza”, afirmó.El mensaje sería reiterado este viernes en una alocución por televisión nacional, luego de que el Gobierno solicitara espacio ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones para intervenir sobre los resultados de pobreza divulgados por el Dane. La intervención fue grabada antes de que el jefe de Estado viajara a La Guajira para participar en un evento relacionado con la entrega de la planta física del Hospital de Nazareth. Las declaraciones se producen en medio de una creciente controversia por las reiteradas intervenciones del presidente en asuntos electorales. En las últimas semanas, sectores políticos, organizaciones de observación electoral y distintos actores nacionales e internacionales han cuestionado los mensajes del mandatario por considerar que podrían influir en la contienda. Además, el Consejo de Estado le ordenó abstenerse de intervenir en política y evitar manifestaciones que puedan interpretarse como apoyo o rechazo a candidaturas.
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como una de las loterías más consultadas en Colombia, especialmente entre los habitantes de Antioquia que diariamente revisan los resultados oficiales para verificar si resultaron ganadores. Sus sorteos diarios, junto con las diferentes modalidades de apuesta disponibles, lo mantienen entre las opciones preferidas de los jugadores.Resultado ganador de Paisita Noche 12 de junio de 2026En el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron: (en minutos)Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Horario del sorteo del Paisita NocheQuienes participan en este juego deben tener en cuenta que el horario del sorteo cambia según el día de la semana.De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y días festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número completo exactamente en el mismo orden en que fue sorteado.Modalidades de apuesta del chance Paisita NocheUno de los aspectos que distingue al Paisita Noche es la variedad de opciones que ofrece a los participantes, permitiendo elegir diferentes formas de jugar y ganar.Cuatro cifras directo o superplenoEsta modalidad premia a quienes logran acertar las cuatro cifras sorteadas en el orden exacto establecido por el resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasEn este caso, el jugador puede ganar acertando las cuatro cifras, aunque estas no aparezcan en el mismo orden del sorteo.Tres cifras directoLa apuesta consiste en acertar las tres últimas cifras del número ganador respetando el orden en que fueron sorteadas.Combinado de tres cifrasPermite obtener premio al acertar las tres últimas cifras del resultado, sin importar la posición en que aparezcan.Dos cifras o pataEsta modalidad se enfoca en las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs una de las alternativas más sencillas, ya que solo requiere acertar la última cifra del resultado oficial.La quinta balota amplía las oportunidades de ganarDesde 2025, el chance Paisita Noche incorporó una nueva dinámica conocida como la quinta balota, una modalidad adicional que ha generado interés entre los apostadores frecuentes.Esta opción añade una cifra extra al sorteo tradicional y permite acceder a premios complementarios mediante distintas combinaciones relacionadas con el resultado principal. La implementación de esta alternativa ha ampliado las posibilidades de participación y ha ofrecido nuevas formas de obtener ganancias dentro del juego.¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?El procedimiento para cobrar un premio varía de acuerdo con el monto ganado. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos para iniciar el trámite.Documentos obligatoriosPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor del premioDependiendo de la cantidad obtenida, los ganadores deberán cumplir requisitos adicionales.Premios inferiores a 48 UVTLos participantes únicamente deben presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, requisito establecido por la normativa vigente para los procesos de validación e identificación.Premios superiores a 182 UVTPara reclamar estos montos se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el desembolso del dinero se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.
Durante aproximadamente cuatro días, Maribel Caicedo, de 51 años estuvo recorriendo hospitales y clínicas en toda la ciudad de Cali, buscando ser atendida para calmar un insoportable dolor abdominal. Inicialmente llegó a la Clínica Valle del Lili donde le indicaron que no podían brindarle atención por no tener convenio con la EPS Asmet Salud, y le dieron un listado de hospitales a donde podía dirigirse.Desde ese sitio se trasladó hasta el Hospital Carlos Carmona, al suroriente de la ciudad, donde logaron estabilizarla y le ordenaron realizarse unos exámenes, ahí se confirmó que debía ser operada de urgencia debido a que se le encontró un mioma de gran tamaño, pero el procedimiento debía hacerse en un centro de mayor complejidad, pues esa IPS es de primer nivel."Ya con los resultados de la ecografía, la especificación fue que mi tía requería de una cirugía con urgencia, porque se encontraron un mioma y el tamaño era muy grande, lo que preocupó a los médicos que la atendieron pero ahí en el Carmona no podían realizarle la operación. Mi tía no aguantaba el dolor, era algo terrible y ella me decía que nunca en su vida había tenido un dolor tan terrible como el que sentía", relató Claudia Ararat Caicedo, sobrina de Maribel.La siguiente parada fue el Hospital Universitario del Valle donde aliviaron momentáneamente la molestia, sin embargo no la operaron porque no tenían la autorización de la EPS, ahí le dan de alta y la envían a la casa, sin embargo el dolor continuaba. Horas después regresó al HUV pues su situación seguía complicándose y la alternativa que le dieron fue remitirla al hospital Isaías Duarte Cancino, al oriente de Cali, donde nuevamente la estabilizaron pero no le realizaron la cirugía."A regañadientes, la recibieron, le aplicaron tramadol para el dolor, y volvieron y la enviaron a casa. Ella estuvo ahí varias horas y ya no aguantó más el dolor, por lo que decidí llevarla nuevamente a la Valle del Lili, que era la más cercana, arriesgándome a que no la atendieran porque fue el lugar donde inicialmente nos negaron la atención. Cuando ya íbamos en el camino, mi tía se desmayó, ya no reaccionaba. En el transcurso yo iba tomándole el pulso pero ya lo tenía muy débil. Llegué a la clínica, y allí sí corrieron a brindarle la atención, cuando fue algo que se pudo haber evitado, si le hubieran brindado esa primera atención que mi tía necesitaba. La tuvieron en reanimación como 20 minutos aproximadamente, y ahí la doctora que la atendió me dijo que lamentablemente ya no había nada que hacer", señaló Claudia.Tras conocer la muerte de Maribel, su familia le está pidiendo a las autoridades, las EPS y los centros asistenciales, superar los trámites administrativos en casos de urgencia vital y priorizar la vida, teniendo en cuenta que si hubiera recibido atención oportuna, pudo haberse salvado. Sus seres queridos aseguran que no quieren que casos como el de Maribel sigan repitiéndose en la ciudad, ni en el país.
Un operativo conjunto entre el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional permitió la captura de dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo, señalados de liderar actividades criminales relacionadas con extorsiones, homicidios, narcotráfico y minería ilegal en municipios de Bolívar y Antioquia.Los detenidos fueron identificados con los alias de ‘Chepe’ o ‘Pichón’ y ‘Marcos’ o ‘Carlos’, quienes eran requeridos por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.Sin embargo, uno de los hechos que más llama la atención de las autoridades es la presunta participación de alias ‘Chepe’ o ‘Pichón’ en al menos 13 homicidios ocurridos en el Magdalena Medio. Además, según las investigaciones, habría participado en el ataque contra la estación de Policía del municipio de Simití, en el sur de Bolívar, registrado el año pasado.De acuerdo con información militar, alias ‘Chepe’, de 37 años, llevaba cerca de doce años dentro de la estructura criminal y se desempeñaba como cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.Por su parte, alias ‘Marcos’ o ‘Carlos’, de 29 años, sería el encargado de recaudar dinero producto de extorsiones y de la explotación ilícita de yacimientos mineros en Yondó, Antioquia. Las autoridades sostienen que estos recursos eran utilizados para fortalecer las operaciones de la organización armada.Las investigaciones también los vinculan con desplazamientos forzados, confrontaciones armadas con el ELN y actividades de narcotráfico que afectaban a comunidades del Magdalena Medio.Para el Ejército Nacional, estas capturas representan un golpe significativo a las finanzas, la capacidad logística y el control territorial del Clan del Golfo en una región considerada estratégica para los grupos armados ilegales.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de extorsión y actividades relacionadas con grupos criminales a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 para reportar hechos asociados al terrorismo.
