Tras los ataques terroristas registrados durante el último fin de semana en el departamento del Cauca, los cuales han sido calificados como actos de barbarie por la comunidad, diversos sectores sociales y pueblos indígenas se han movilizado en municipios como Popayán, Santander de Quilichao, El Pescador y Piendamón. En entrevista con Mañanas BLU, Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del CRIC, manifestó el rotundo rechazo de las comunidades a la violencia y enfatizó que "la guerra no es el camino".Para Capaz, la situación actual representa una degradación humana profunda, donde los actores armados —específicamente el Frente Jaime Martínez y facciones asociadas a Iván Mordisco— han dejado de usar a la población civil como simple escudo para convertirla en "carne de cañón". El coordinador denunció que lo que vive el departamento es un "etnocidio en curso", con una intención clara de destruir no solo físicamente a las comunidades, sino también su cultura, autonomía y ejercicio de gobierno propio.Las cifras presentadas por el observatorio de derechos humanos del CRIC son alarmantes: en los últimos años se ha registrado el asesinato de 19 sabedores ancestrales, 16 autoridades indígenas en ejercicio y 52 guardias indígenas. Además, se reporta el reclutamiento forzado de más de 832 niños y niñas en los últimos cuatro años. Estas acciones son vistas como una retaliación de los grupos violentos frente a los ejercicios de control territorial y protección que realizan las comunidades desde sus planes de vida. A pesar del anuncio de un mayor despliegue militar en la zona, el CRIC cuestiona la efectividad de la Fuerza Pública, señalando posibles escenarios de omisión o connivencia. "Nos preguntamos qué pasa en el departamento en la medida que se anuncia más coacción militar, pero en términos de resultados la población sigue siendo afectada de manera sensible", afirmó Capaz.Respecto a la política de "paz total" del Gobierno nacional, el líder indígena reconoció que aún existen vacíos significativos en su implementación territorial. No obstante, reiteró que la determinación de los pueblos indígenas sigue siendo buscar la paz con firmeza como el único camino para detener el ciclo de violencia que ha afectado al Cauca durante décadas.Preocupación por las garantías electoralesDe cara a las próximas elecciones presidenciales, Capaz expresó su preocupación por la falta de garantías en las zonas rurales, donde existe un riesgo latente de constreñimiento armado. Hizo un llamado urgente al Estado colombiano para adelantar esfuerzos de protección que aseguren la libre determinación de las comunidades en las urnas."El departamento del Cauca ya ha aprendido muchísimo de la guerra y no queremos repetirlo", concluyó el coordinador, haciendo un llamado a sacar definitivamente a la población civil del conflicto armado y respetar de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Ley 1094 de 2024, mediante el cual el Gobierno nacional reconoció la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, como un instrumento de derecho propio de las comunidades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.Para la Corte, la expedición del decreto no vulneró el derecho fundamental a la consulta previa, en tanto el proceso fue resultado de un diálogo concertado con las autoridades tradicionales del pueblo indígena.El decreto, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en agosto de 2024, establece las competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación de la ATEA en los territorios indígenas del CRIC.Sin embargo, varios ciudadanos impulsaron demandas de inconstitucionalidad por considerar que la norma debía ser consultada no solo con los pueblos del CRIC, sino con otras comunidades indígenas del Cauca y de otros departamentos, y que algunas disposiciones podían afectar la propiedad privada y la autonomía de entidades territoriales no indígenas.Tras estudiar los requerimientos, la Corte concluyó que las demandas solo eran aptas en lo relativo al derecho a la consulta previa, y se inhibió de pronunciarse sobre los cargos de presunta vulneración a la propiedad privada y a la autonomía territorial, al considerar que se basaban en interpretaciones subjetivas de la norma.La Sala Plena reiteró que el decreto fue producto de un proceso de concertación y negociación previa entre el Gobierno y el CRIC y que esa actuación cumplió con el objetivo esencial de la consulta previa, que es garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados y respetar su derecho a la autodeterminación.Asimismo, el alto tribunal concluyó que la norma no generaba afectación directa a otras comunidades indígenas del Cauca ni de otros departamentos, pues su ámbito de aplicación se limita a los territorios del CRIC, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que en casos concretos se evalúe si la aplicación del decreto puede producir impactos específicos sobre terceros.Reparos por parte de magistradosEn cuanto al detalle de la votación, los magistrados Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Héctor Carvajal Londoño presentaron salvamentos parciales de voto.Polo Rosero y Camargo coincidieron en que el artículo 3 del decreto, al incluir territorios en proceso de solicitud o saneamiento, podría generar tensiones con los derechos de propiedad y la autonomía de las entidades no indígenas y por ello consideraron que la Corte debió condicionar la norma, limitando su aplicación a tierras con título colectivo reconocido o con resolución de protección.Por su parte, Carvajal sostuvo que el cargo sobre autonomía y propiedad privada merecía un examen de fondo.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha firmado contratos directos con entidades del Gobierno por más de 73.000 millones de pesos este año, de acuerdo con información del Secop rastreada por Blu Radio.La financiación del Cric nuevamente está sobre la mesa en un momento en que la organización es protagonista en la llegada de miles de indígenas a la Universidad Nacional como parte de las marchas del 1 de mayo. Esta mañana los profesores, estudiantes y hasta el rector de la Universidad, Leopoldo Múnera, reportaron restricciones para el acceso a los edificios de la universidad.El principal contrato en manos del Cric fue el firmado con el Ministerio de Educación por más de 57.000 millones de pesos y que tiene el propósito de implementar la política de educación propia para los pueblos indígenas vinculados al Cric.Llaman la atención los contratos suscritos con el Fondo Único de Telecomunicaciones. El primero busca facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital y vale más de 8.200 millones de pesos. Un segundo contrato por 2.214 millones de pesos busca financiar la producción de contenidos desde la voz y la perspectiva de los jóvenes indígenas del Cauca.Cierran el grupo de contratos el firmado con la Agencia Nacional de Tierras por 2.779 millones, el del Ministerio del Deporte por 700 millones y el del Ministerio de Minas y Energía por 941 millones.Finalmente, el Gobierno, a través de la Corporación Nasa Kiwe, está invirtiendo 1.187 millones de pesos para la entrega de familias seleccionadas por el Cric. Es decir, aunque el Cric no ejecuta la construcción de las viviendas sí seleccionó a quienes van a recibirlas.
El gobierno reconoce al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como autoridad territorial, económica y ambiental de las comunidades, y también reconoce las competencias de sus autoridades, ordenando que estas se coordinen con las entidades públicas.El punto H del decreto ATEA aborda, por ejemplo, el "Pluralismo jurídico" y explica: "Las normas que expidan las autoridades indígenas desde su autonomía jurisdiccional respecto a la protección, preservación, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de economías propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad".El decreto señala que esto aplica en los resguardos y reservas indígenas, tierras y territorios originarios ocupados por los pueblos o comunidades indígenas que conforman el CRIC, y establece un plazo para que el gobierno adelante todas las regulaciones necesarias para desarrollar lo pactado en este decreto, que por ahora está sujeto a cambios, ya que aún no ha sido publicado."En el ejercicio de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales y/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y/o tradicional y respecto de los miembros de sus comunidades y terceros", se lee en el documento.ATEA era la principal petición del CRIC, que llegó al parque El Renacimiento en Bogotá el pasado 20 de agosto y que esperaba al ministro del Interior el pasado miércoles para que les entregara el decreto. Sin embargo, el jefe de la cartera no asistió.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) expresó su rechazo al decreto "ATEA" (Autoridades Territoriales Económico Ambientales) que el gobierno y el CRIC buscan aprobar. La ANUC critica que, aunque la medida fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, podría agravar los conflictos interétnicos y culturales en la región del Cauca debido a su enfoque unilateral. Instan al Gobierno Nacional a no aprobar el decreto y a trabajar en un Pacto Interétnico y Pluricultural que incluya a todos los sectores sociales de Colombia. Además, llaman a la movilización del campesinado para exigir el cumplimiento de compromisos previos y la defensa de sus derechos.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (CRIC) denunció el asesinato de Florentino Mesa Noscué, al parecer, a manos de las de disidencias de las Farc en la tarde de este lunes, 24 de junio.Según el reporte, hombres armados del frente ‘Dagoberto Ramos’ de ese grupo ilegal interceptaron a Mesa cuando junto con su esposa e hijo menor de edad se desplazaba por una vía de la vereda Campo Alegre de Miranda.Allí se lo llevaron sin mediar palabra y luego, cerca de una hora después, la comunidad y la guardia indígena encontró su cuerpo sin vida con múltiples impactos de bala en una zona de la jurisdicción de Corinto, en el sector de Gualanday.Florentino Mesa tenía 32 años y era hermano de Rogelia Mesa Noscué, autoridad ancestral del resguardo La Cilia - La Calera.Desde la Asociación pidieron a los grupos ilegales dejar a la población civil por fuera de los ataques e intimidaciones y al Gobierno nacional aumentar la protección de las comunidades indígenas.
La comunidad indígena del Cauca ha levantado su voz en busca de justicia tras el asesinato de la mayora Carmelina Yule Paví a manos de las disidencias de las Farc. Germán Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC), compartió un mensaje contundente en una entrevista con Blu Radio."Con esas acciones están demostrando de que no quieren la paz y que la paz para ellos es asesinar a comunidades, a guardias, a autoridades, a médicos tradicionales. Para nosotros eso es muy lamentable, porque nosotros desde tiempos, muchos tiempos atrás, hemos hecho el llamado a la paz", mencionó Valencia.Tras los recientes eventos violentos en el norte del Cauca, donde la mayora Carmelina Yule Paví perdió la vida, las autoridades indígenas han declarado una emergencia humanitaria y territorial. En consecuencia, han ordenado la captura de los principales cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc.Los comandantes disidentes, conocidos con los alias de 'Zapata', 'Brayan', 'Amazonas', 'Pulga' y 'Cabañas', son señalados como los directos responsables del asesinato de la líder indígena. La comunidad indígena ha decidido aplicar su propia justicia en este caso, en un claro llamado a detener la violencia que afecta a sus territorios."Vemos que no ha existido la voluntad de estos actores en hacer la paz, inclusive, pues hoy vivimos una crisis humanitaria. Nos estamos preparando acá de una manera comunitaria", agregó.¿Cómo se enfrentarán a este grupo armado?Frente a esta afirmación Valencia mencionó cómo se están organizando las autoridades del Cauca para enfrentar a las disidencias que tienen sumido al departamento en el caos y la zozobra. Además, insistió en que las comunidades ya se cansaron de las muertes a cargo de las disidencias de las Farc y mencionaron y que el asesinato de la lideresa fue la "gota que rebosó la copa". También habló de las consecuencias que traería un enfrentamiento de tal magnitud.La Guardia Indígena se activó y está a cargo de la seguridad de los territorios, instalando puntos de control en los resguardos. Valencia hizo un llamado a las comunidades a participar activamente en estas decisiones y aseguró que se están asumiendo los riesgos necesarios para proteger el territorio y las comunidades."Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la comunidad, con la fuerza organizativa y a través de la instalación de los puntos de control. Sabemos de que pueden generar consecuencias, pero es la decisión de la gente y es la voluntad de la comunidad que nosotros tenemos que realizar. La guardia indígena así lo ha manifestado, ya están activados los puntos de control y estamos en ese proceso".Por su parte, el presidente de Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un comunicado firmado el CRIC en el que se ordena la captura de los jefes de la columna Dagoberto Ramos por el asesinato de la mayora. Valencia se refirió si la búsqueda de estos cabecillas de las disidencias la va a hacer la guardia indígena o el Ejército Nacional.Finalmente, Valencia habló de la posición del Gobierno y la orden que se ha emitido de levantar el cese al fuego en en estos tres departamentos y enfatizó en que una cosa es lo que está diciendo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otra como está actuando el CRIC en netamente en el marco de la jurisdicción especial indígena como autoridades y como gobiernos.Escuche la entrevista completa:
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció este sábado un ataque de miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc y que negocia la paz con el Gobierno, contra una comunidad del municipio de Toribío, hecho en el que resultaron heridas tres personas."En Bodega, Toribio, la comunidad está bajo ataque de actores armados mientras defienden su territorio (...) ¡Es hora de actuar y levantar la voz por justicia y seguridad!", expresó el CRIC en sus redes sociales.El Consejo publicó varios videos de lo sucedido en Toribío, que hace parte del convulso departamento del Cauca (suroeste), en los que se escuchan los disparos y los gritos de las personas que huyen como pueden del lugar.Por esa razón, el CRIC hizo un llamado al presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país para que realicen "acciones coordinadas de protección a las comunidades indígenas del Cauca".Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) señaló que en el ataque resultaron heridas Carmelina Yule Paví de 52 años, quien tiene heridas de gravedad en su rostro por disparos de fusil; Rodrigo Musicué, de 34, que recibió un disparo en un hombro, y Edgar Tumiñá, que fue rozado por una bala.Contexto del ataqueSegún la ACIN, todo ocurrió porque la comunidad empezó a buscar a un estudiante que fue secuestrado por miembros de la columna Dagoberto Ramos, que hace parte del EMC, que tiene vigente un cese al fuego bilateral con el Gobierno."Se establecieron puntos de control territorial y sobre la entrada a la vereda La Bodega interceptaron una camioneta en la que se transportaban varios miembros del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central", agregó la información.Entre los pasajeros iba alias 'Zapata', uno de los líderes de la Dagoberto Ramos y quien fue retenido por la comunidad."Mientras la comisión se trasladaba hacia el parque de Toribío, llegó a la vereda La Bodega el comandante conocido como 'Amazonas' junto con varios hombres armados que se transportaban en una camioneta, pasaron por encima del punto de control y atacaron directamente y con sevicia a la comunidad reunida", agregó la información.Tras el ataque, los disidentes se fugaron y los indígenas heridos fueron llevados al hospital de Toribío, donde son atendidos.Negociaciones con el EMCEl domingo pasado, el Gobierno y el EMC cerraron el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos para realizar "transformaciones territoriales" en zonas donde este grupo armado tiene influencia.La relación entre ambas partes ha estado marcada por algunos encontronazos, que se sucedieron durante todo 2023, como la suspensión del primer cese el fuego -establecido entre enero y junio del año pasado- por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla.Sin embargo, ambas partes han seguido sentadas negociando y el pasado enero, el Gobierno y el EMC anunciaron una prorroga de seis meses del cese el fuego bilateral que comenzó en octubre de 2023.El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Tras las recientes marchas y manifestaciones que se dieron el pasado jueves 8 de febrero en las inmediaciones del Palacio de Justicia y del búnker de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que se prepara para una movilización.Las razones para convocar esta jornada son, por lo que ellos califican, como los “intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares”, se pudo leer en un comunicado.Y es que en la jornada de manifestaciones el pasado jueves hubo representantes de 11 pueblos indígenas y allí se decidió reactivar la minga del sur occidente.El CRIC aseguró que esta “No es una lucha contra la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”.Las organizaciones indígenas aseguraron que es necesario que la Corte Suprema de Justicia designe a la nueva fiscal general de la Nación.“Pronto llegará la hora cero para reactivar la Minga Social y Comunitaria Por La Defensa de la Vida, El Territorio, La Democracia y La Paz”, concluyó el comunicado.Petro insiste en supuesto plan contra su Gobierno y ratifica llamado a movilizacionesEn medio de un largo mensaje a través de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a varios temas como las manifestaciones el pasado jueves 8 de febrero en inmediaciones del Palacio de Justicia, mientras que la Corte Suprema de Justicia se reunía en Sala Plena para la elección de la siguiente Fiscal General de la Nación.El primer mandatario insistió en que hay un supuesto plan contra su gobierno, “Intentan construir lo que se llama el "lawfare" es decir que la justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, escribió Petro quien aseguró que esto ha ocurrido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina.Según el presidente este "lawfare" “debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado "lawfare".Aseguró que su Gobierno presentó una terna de mujeres “decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”.Agregó que: “Se del terremoto que causa el que la corte suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política”.El presidente aseguró que “el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes”.Además, el primer mandatario insiste en la necesidad de movilizaciones que el Gobierno garantizará ya que “no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”.Petro también se refirió a la salida de su esposa, Verónica Alcocer del Carnaval de Barranquilla en la tarde de este sábado 10 de febrero. El mandatario aseguró que: “efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi Gobierno”.Finalmente, Petro arremetió contra los medios de comunicación asegurando que Ataca a los medios “han construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.
Ante el sistema de verificación y monitoreo del cese al fuego, integrantes de las disidencias de las Farc denunciaron a un alto oficial del Ejército Nacional, a quien responsabilizan, al parecer, de haber instrumentalizado a un menor indígena de 17 años e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).Según conoció Blu Radio, el menor fue entregado sano y salvo a una comisión humanitaria. El menor le habría dicho a la guerrilla que su misión era infiltrarse en las filas del grupo con el fin de obtener información de los comandantes de la columna Urías Rondón del Estado Mayor Central y establecer su ubicación que permitiera a las Fuerzas Militares capturar a los cabecillas de esa estructura armada ilegal.En las declaraciones que el menor entregó a los comandantes de esa agrupación, el adolescente manifestó que el oficial lo había abordado en la guarnición militar en Pasto, cuando visitaba a un familiar y que allí le ofreció dinero, asegurando que no le pasaría nada, ya que él era un menor de edad por lo que sería "fácil llegar hasta las disidencias sin levantar sospechas".Una vez él estuviera en el campamento debería informar a través de un número de celular la cantidad de armas y el sitio exacto donde se encontraban los comandantes para realizar un operativo contrainsurgente. El adolescente sería evacuado de la zona vía aérea para que no le pasara nada, contó el indígena menor de edad.El menor fue sometido a un chequeo médico y su estado de salud es estable. Otro de los hechos que narró el indígena indica que el pasado 29 de enero fue sorprendido por un subversivo en momentos en que, al parecer, intentó comunicarse al número que le había suministrado el oficial del Ejército y señaló que no alcanzó a mencionar su ubicación porque de inmediato fue detenido y presentado a los comandantes guerrilleros que decidieron perdonarle la vida a cambio de que confesara quién lo había obligado a infiltrarse.Blu Radio intentó conocer la reacción de los altos mandos de la brigada 23 del Ejército ante esta denuncia, pero manifestaron que están investigando la veracidad del video y lo narrado por el indígena menor de edad y que una vez se conozca realmente lo que sucedió habría un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 226 meses de cárcel contra el exsargento Guillermo Alberto Unigarro Miño por el homicidio del teniente Vianey Mario Gamboa Murcia. Al anular una absolución previa, el alto tribunal determinó que el uniformado fue quien disparó contra su superior durante un procedimiento policial en el sur de la capital.Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2011, en el barrio Ciudad Montes de Bogotá, durante un operativo oficial de la Policía. El teniente Gamboa lideró una misión estratégica para evitar un robo millonario, basándose en información de una fuente humana que advirtió sobre el plan de una peligrosa banda delincuencial.Para pasar inadvertido, el oficial decidió conducir un taxi y se hizo pasar por un civil, una táctica que usaba con frecuencia por su destreza al volante. En el asiento trasero se ubicó el sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien supuestamente debía apoyar las labores de seguridad y el registro audiovisual de las capturas previstas.Al llegar al sitio del operativo, varios delincuentes salieron de una vivienda disparando armas de largo alcance y pistolas contra los uniformados. En medio del fuego cruzado, el teniente Gamboa recibió un impacto mortal en la cabeza mientras aún permanecía sentado frente al timón del taxi.Las investigaciones determinaron que el sargento Guillermo Alberto Unigarro aprovechó el ruido de las ráfagas externas para accionar su arma de dotación contra su superior. El disparo se realizó a corta distancia y por la espalda, lo que impidió que el teniente tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o defenderse.Aunque la defensa alegó durante el proceso que un criminal externo fue el autor del disparo, las pruebas desvirtuaron esa versión. Los peritos establecieron que el recorrido de la bala coincidió exactamente con la posición de Unigarro en la parte trasera del auto y no con la trayectoria de alguien disparando desde la calle.La evidencia biológica también fue fundamental, ya que los rastros de sangre y otros tejidos se concentraron en la puerta y el vidrio del conductor. Este hallazgo confirmó que la bala se dio dentro del vehículo, lo que descartó la posibilidad de que un tirador externo fuera el responsable del crimen.Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró a Guillermo Alberto Unigarro Miño como autor responsable del delito de homicidio y quién tendrá que cumplir con la pena de 226 meses de prisión.
Una de las imágenes que ha generado esperanza en medio del terremoto de 7.4 que afectó a una parte del país, se vivió en Cali. Allí, las labores de rescate terminaron con una imagen conmovedora: la recuperación de una mujer con su bebé en medio de los escombros.En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.Aumentan los muertos y heridosAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados."Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. También Blessd, Ryan Castro, Kris R y más artistas se sumaron en voz del género urbano.Karol G y Feid pusieron sus redes a disposición para donaciones y ayudar a buscar personas desaparecidas."Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda."Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.El fútbol también se solidarizó con el pueblo colombiano. El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.Al igual que clubes nacionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, entre otros, además de federaciones como la selección de Argentina que se sumó a la ola de apoyos por el territorio colombiano en esta difícil situación.
Ascienden las afectaciones por terremoto en Antioquia: Cerca de 700 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 hospitales resultaron afectadas por el terremoto registrado en el país en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Hasta el momento se ha reportado un hombre muerto y 12 personas heridasLas autoridades en Antioquia entregaron un nuevo reporte tras el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó y que dejó algunas afectaciones de consideración en el departamento donde los organismos de socorro se mantienen alertas.El último consolidado departamental deja cifras como 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios afectados, principalmente por fisuras y agrietamientos.Por su parte, sobre vidas humanas el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó que tienen datos de 12 lesionados leves y una persona fallecida en el municipio de Támesis.La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, se refirió a las afectaciones en la infraestructura que a esta hora son evaluadas para poder tomar las medidas correspondientes y evitar riesgos para menores de edad y adultos: "697 viviendas afectadas por el sismo, 122 instituciones educativas, y alrededor de 19 centros hospitalarios que presentan afectaciones. También hay afectaciones en iglesias y en otras sedes administrativas", señaló.Hay que mencionar que los más de 20 expertos enviados por la Alcaldía de Medellín se están dirigiendo a esta hora al departamento de Risaralda en donde las labores se centrarán en la ciudad de Pereira.Finalmente, hay que mencionar que en la capital de Antioquia hay dos puntos de recolección de alimentos y elementos de aseo que serán enviados a las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto que sacudió al país.
Desde Santander fue desplegado hacia Cali el USAR COL-28, un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano, para apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto a varias zonas del occidente del país.La Defensa Civil Santander participa en el despliegue del equipo USAR COL-28, especializado en búsqueda y rescate urbano, que fue enviado hacia Cali para apoyar las labores de atención de la emergencia. El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.El funcionario agregó que desde Santander permanecerán atentos a la evolución de la emergencia y en comunicación permanente con la Sala de Crisis Nacional en Bogotá, con el propósito de coordinar las acciones que sean necesarias.El equipo enviado desde Santander se suma a los organismos de socorro que trabajan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las personas que puedan resultar afectadas.
