Tras los ataques terroristas registrados durante el último fin de semana en el departamento del Cauca, los cuales han sido calificados como actos de barbarie por la comunidad, diversos sectores sociales y pueblos indígenas se han movilizado en municipios como Popayán, Santander de Quilichao, El Pescador y Piendamón. En entrevista con Mañanas BLU, Edwin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del CRIC, manifestó el rotundo rechazo de las comunidades a la violencia y enfatizó que "la guerra no es el camino".Para Capaz, la situación actual representa una degradación humana profunda, donde los actores armados —específicamente el Frente Jaime Martínez y facciones asociadas a Iván Mordisco— han dejado de usar a la población civil como simple escudo para convertirla en "carne de cañón". El coordinador denunció que lo que vive el departamento es un "etnocidio en curso", con una intención clara de destruir no solo físicamente a las comunidades, sino también su cultura, autonomía y ejercicio de gobierno propio.Las cifras presentadas por el observatorio de derechos humanos del CRIC son alarmantes: en los últimos años se ha registrado el asesinato de 19 sabedores ancestrales, 16 autoridades indígenas en ejercicio y 52 guardias indígenas. Además, se reporta el reclutamiento forzado de más de 832 niños y niñas en los últimos cuatro años. Estas acciones son vistas como una retaliación de los grupos violentos frente a los ejercicios de control territorial y protección que realizan las comunidades desde sus planes de vida. A pesar del anuncio de un mayor despliegue militar en la zona, el CRIC cuestiona la efectividad de la Fuerza Pública, señalando posibles escenarios de omisión o connivencia. "Nos preguntamos qué pasa en el departamento en la medida que se anuncia más coacción militar, pero en términos de resultados la población sigue siendo afectada de manera sensible", afirmó Capaz.Respecto a la política de "paz total" del Gobierno nacional, el líder indígena reconoció que aún existen vacíos significativos en su implementación territorial. No obstante, reiteró que la determinación de los pueblos indígenas sigue siendo buscar la paz con firmeza como el único camino para detener el ciclo de violencia que ha afectado al Cauca durante décadas.Preocupación por las garantías electoralesDe cara a las próximas elecciones presidenciales, Capaz expresó su preocupación por la falta de garantías en las zonas rurales, donde existe un riesgo latente de constreñimiento armado. Hizo un llamado urgente al Estado colombiano para adelantar esfuerzos de protección que aseguren la libre determinación de las comunidades en las urnas."El departamento del Cauca ya ha aprendido muchísimo de la guerra y no queremos repetirlo", concluyó el coordinador, haciendo un llamado a sacar definitivamente a la población civil del conflicto armado y respetar de manera irrestricta el Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Ley 1094 de 2024, mediante el cual el Gobierno nacional reconoció la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, como un instrumento de derecho propio de las comunidades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.Para la Corte, la expedición del decreto no vulneró el derecho fundamental a la consulta previa, en tanto el proceso fue resultado de un diálogo concertado con las autoridades tradicionales del pueblo indígena.El decreto, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en agosto de 2024, establece las competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación de la ATEA en los territorios indígenas del CRIC.Sin embargo, varios ciudadanos impulsaron demandas de inconstitucionalidad por considerar que la norma debía ser consultada no solo con los pueblos del CRIC, sino con otras comunidades indígenas del Cauca y de otros departamentos, y que algunas disposiciones podían afectar la propiedad privada y la autonomía de entidades territoriales no indígenas.Tras estudiar los requerimientos, la Corte concluyó que las demandas solo eran aptas en lo relativo al derecho a la consulta previa, y se inhibió de pronunciarse sobre los cargos de presunta vulneración a la propiedad privada y a la autonomía territorial, al considerar que se basaban en interpretaciones subjetivas de la norma.La Sala Plena reiteró que el decreto fue producto de un proceso de concertación y negociación previa entre el Gobierno y el CRIC y que esa actuación cumplió con el objetivo esencial de la consulta previa, que es garantizar la participación efectiva de los pueblos afectados y respetar su derecho a la autodeterminación.Asimismo, el alto tribunal concluyó que la norma no generaba afectación directa a otras comunidades indígenas del Cauca ni de otros departamentos, pues su ámbito de aplicación se limita a los territorios del CRIC, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que en casos concretos se evalúe si la aplicación del decreto puede producir impactos específicos sobre terceros.Reparos por parte de magistradosEn cuanto al detalle de la votación, los magistrados Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Héctor Carvajal Londoño presentaron salvamentos parciales de voto.Polo Rosero y Camargo coincidieron en que el artículo 3 del decreto, al incluir territorios en proceso de solicitud o saneamiento, podría generar tensiones con los derechos de propiedad y la autonomía de las entidades no indígenas y por ello consideraron que la Corte debió condicionar la norma, limitando su aplicación a tierras con título colectivo reconocido o con resolución de protección.Por su parte, Carvajal sostuvo que el cargo sobre autonomía y propiedad privada merecía un examen de fondo.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció el retiro de la solicitud de información enviada a los canales de televisión abierta, tras la polémica generada por lo que diversos sectores consideraron un intento de censura o intervención en los procesos editoriales.La medida inicial pedía a los operadores entregar documentos internos como manuales editoriales y actas de los consejos de redacción, lo que motivó fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de los medios de comunicación.La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el requerimiento representaba “una amenaza a la libertad de prensa, la autonomía editorial y la reserva profesional”, pues podría interpretarse como una forma de control estatal sobre los contenidos informativos.La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución y no puede ser requerida por una autoridad administrativa.Por lo anterior, la CRC emitió una nueva circular aclarando que la entrega de esa información era voluntaria y no conllevaba sanciones, con el propósito de disipar dudas y reafirmar su respeto por la libertad de prensa. El comisionado Mauricio Vera reconoció un error de comunicación, pero insistió en que el objetivo de la entidad es “garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa” dentro de sus competencias legales.Finalmente, la CRC propuso un espacio de diálogo con los canales, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, orientado a diseñar mecanismos participativos que fortalezcan el pluralismo informativo sin afectar la independencia de los medios.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha firmado contratos directos con entidades del Gobierno por más de 73.000 millones de pesos este año, de acuerdo con información del Secop rastreada por Blu Radio.La financiación del Cric nuevamente está sobre la mesa en un momento en que la organización es protagonista en la llegada de miles de indígenas a la Universidad Nacional como parte de las marchas del 1 de mayo. Esta mañana los profesores, estudiantes y hasta el rector de la Universidad, Leopoldo Múnera, reportaron restricciones para el acceso a los edificios de la universidad.El principal contrato en manos del Cric fue el firmado con el Ministerio de Educación por más de 57.000 millones de pesos y que tiene el propósito de implementar la política de educación propia para los pueblos indígenas vinculados al Cric.Llaman la atención los contratos suscritos con el Fondo Único de Telecomunicaciones. El primero busca facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital y vale más de 8.200 millones de pesos. Un segundo contrato por 2.214 millones de pesos busca financiar la producción de contenidos desde la voz y la perspectiva de los jóvenes indígenas del Cauca.Cierran el grupo de contratos el firmado con la Agencia Nacional de Tierras por 2.779 millones, el del Ministerio del Deporte por 700 millones y el del Ministerio de Minas y Energía por 941 millones.Finalmente, el Gobierno, a través de la Corporación Nasa Kiwe, está invirtiendo 1.187 millones de pesos para la entrega de familias seleccionadas por el Cric. Es decir, aunque el Cric no ejecuta la construcción de las viviendas sí seleccionó a quienes van a recibirlas.
El gobierno reconoce al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como autoridad territorial, económica y ambiental de las comunidades, y también reconoce las competencias de sus autoridades, ordenando que estas se coordinen con las entidades públicas.El punto H del decreto ATEA aborda, por ejemplo, el "Pluralismo jurídico" y explica: "Las normas que expidan las autoridades indígenas desde su autonomía jurisdiccional respecto a la protección, preservación, uso y manejo de los espacios de vida, el territorio, las formas de economías propias, la propiedad intelectual, los derechos colectivos y derechos bioculturales, prevalecerán y harán parte del bloque jurídico intercultural de constitucionalidad".El decreto señala que esto aplica en los resguardos y reservas indígenas, tierras y territorios originarios ocupados por los pueblos o comunidades indígenas que conforman el CRIC, y establece un plazo para que el gobierno adelante todas las regulaciones necesarias para desarrollar lo pactado en este decreto, que por ahora está sujeto a cambios, ya que aún no ha sido publicado."En el ejercicio de la Autoridad Territorial Económica Ambiental, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales y/o tradicionales establecen libremente sus formas y estructuras de gobierno propio, revitalizan, reglamentan, administran y fortalecen el desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio ancestral y/o tradicional y respecto de los miembros de sus comunidades y terceros", se lee en el documento.ATEA era la principal petición del CRIC, que llegó al parque El Renacimiento en Bogotá el pasado 20 de agosto y que esperaba al ministro del Interior el pasado miércoles para que les entregara el decreto. Sin embargo, el jefe de la cartera no asistió.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) expresó su rechazo al decreto "ATEA" (Autoridades Territoriales Económico Ambientales) que el gobierno y el CRIC buscan aprobar. La ANUC critica que, aunque la medida fortalece la autonomía de las comunidades indígenas, podría agravar los conflictos interétnicos y culturales en la región del Cauca debido a su enfoque unilateral. Instan al Gobierno Nacional a no aprobar el decreto y a trabajar en un Pacto Interétnico y Pluricultural que incluya a todos los sectores sociales de Colombia. Además, llaman a la movilización del campesinado para exigir el cumplimiento de compromisos previos y la defensa de sus derechos.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (CRIC) denunció el asesinato de Florentino Mesa Noscué, al parecer, a manos de las de disidencias de las Farc en la tarde de este lunes, 24 de junio.Según el reporte, hombres armados del frente ‘Dagoberto Ramos’ de ese grupo ilegal interceptaron a Mesa cuando junto con su esposa e hijo menor de edad se desplazaba por una vía de la vereda Campo Alegre de Miranda.Allí se lo llevaron sin mediar palabra y luego, cerca de una hora después, la comunidad y la guardia indígena encontró su cuerpo sin vida con múltiples impactos de bala en una zona de la jurisdicción de Corinto, en el sector de Gualanday.Florentino Mesa tenía 32 años y era hermano de Rogelia Mesa Noscué, autoridad ancestral del resguardo La Cilia - La Calera.Desde la Asociación pidieron a los grupos ilegales dejar a la población civil por fuera de los ataques e intimidaciones y al Gobierno nacional aumentar la protección de las comunidades indígenas.
La comunidad indígena del Cauca ha levantado su voz en busca de justicia tras el asesinato de la mayora Carmelina Yule Paví a manos de las disidencias de las Farc. Germán Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC), compartió un mensaje contundente en una entrevista con Blu Radio."Con esas acciones están demostrando de que no quieren la paz y que la paz para ellos es asesinar a comunidades, a guardias, a autoridades, a médicos tradicionales. Para nosotros eso es muy lamentable, porque nosotros desde tiempos, muchos tiempos atrás, hemos hecho el llamado a la paz", mencionó Valencia.Tras los recientes eventos violentos en el norte del Cauca, donde la mayora Carmelina Yule Paví perdió la vida, las autoridades indígenas han declarado una emergencia humanitaria y territorial. En consecuencia, han ordenado la captura de los principales cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc.Los comandantes disidentes, conocidos con los alias de 'Zapata', 'Brayan', 'Amazonas', 'Pulga' y 'Cabañas', son señalados como los directos responsables del asesinato de la líder indígena. La comunidad indígena ha decidido aplicar su propia justicia en este caso, en un claro llamado a detener la violencia que afecta a sus territorios."Vemos que no ha existido la voluntad de estos actores en hacer la paz, inclusive, pues hoy vivimos una crisis humanitaria. Nos estamos preparando acá de una manera comunitaria", agregó.¿Cómo se enfrentarán a este grupo armado?Frente a esta afirmación Valencia mencionó cómo se están organizando las autoridades del Cauca para enfrentar a las disidencias que tienen sumido al departamento en el caos y la zozobra. Además, insistió en que las comunidades ya se cansaron de las muertes a cargo de las disidencias de las Farc y mencionaron y que el asesinato de la lideresa fue la "gota que rebosó la copa". También habló de las consecuencias que traería un enfrentamiento de tal magnitud.La Guardia Indígena se activó y está a cargo de la seguridad de los territorios, instalando puntos de control en los resguardos. Valencia hizo un llamado a las comunidades a participar activamente en estas decisiones y aseguró que se están asumiendo los riesgos necesarios para proteger el territorio y las comunidades."Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la comunidad, con la fuerza organizativa y a través de la instalación de los puntos de control. Sabemos de que pueden generar consecuencias, pero es la decisión de la gente y es la voluntad de la comunidad que nosotros tenemos que realizar. La guardia indígena así lo ha manifestado, ya están activados los puntos de control y estamos en ese proceso".Por su parte, el presidente de Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un comunicado firmado el CRIC en el que se ordena la captura de los jefes de la columna Dagoberto Ramos por el asesinato de la mayora. Valencia se refirió si la búsqueda de estos cabecillas de las disidencias la va a hacer la guardia indígena o el Ejército Nacional.Finalmente, Valencia habló de la posición del Gobierno y la orden que se ha emitido de levantar el cese al fuego en en estos tres departamentos y enfatizó en que una cosa es lo que está diciendo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otra como está actuando el CRIC en netamente en el marco de la jurisdicción especial indígena como autoridades y como gobiernos.Escuche la entrevista completa:
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció este sábado un ataque de miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc y que negocia la paz con el Gobierno, contra una comunidad del municipio de Toribío, hecho en el que resultaron heridas tres personas."En Bodega, Toribio, la comunidad está bajo ataque de actores armados mientras defienden su territorio (...) ¡Es hora de actuar y levantar la voz por justicia y seguridad!", expresó el CRIC en sus redes sociales.El Consejo publicó varios videos de lo sucedido en Toribío, que hace parte del convulso departamento del Cauca (suroeste), en los que se escuchan los disparos y los gritos de las personas que huyen como pueden del lugar.Por esa razón, el CRIC hizo un llamado al presidente colombiano, Gustavo Petro, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país para que realicen "acciones coordinadas de protección a las comunidades indígenas del Cauca".Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) señaló que en el ataque resultaron heridas Carmelina Yule Paví de 52 años, quien tiene heridas de gravedad en su rostro por disparos de fusil; Rodrigo Musicué, de 34, que recibió un disparo en un hombro, y Edgar Tumiñá, que fue rozado por una bala.Contexto del ataqueSegún la ACIN, todo ocurrió porque la comunidad empezó a buscar a un estudiante que fue secuestrado por miembros de la columna Dagoberto Ramos, que hace parte del EMC, que tiene vigente un cese al fuego bilateral con el Gobierno."Se establecieron puntos de control territorial y sobre la entrada a la vereda La Bodega interceptaron una camioneta en la que se transportaban varios miembros del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central", agregó la información.Entre los pasajeros iba alias 'Zapata', uno de los líderes de la Dagoberto Ramos y quien fue retenido por la comunidad."Mientras la comisión se trasladaba hacia el parque de Toribío, llegó a la vereda La Bodega el comandante conocido como 'Amazonas' junto con varios hombres armados que se transportaban en una camioneta, pasaron por encima del punto de control y atacaron directamente y con sevicia a la comunidad reunida", agregó la información.Tras el ataque, los disidentes se fugaron y los indígenas heridos fueron llevados al hospital de Toribío, donde son atendidos.Negociaciones con el EMCEl domingo pasado, el Gobierno y el EMC cerraron el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos para realizar "transformaciones territoriales" en zonas donde este grupo armado tiene influencia.La relación entre ambas partes ha estado marcada por algunos encontronazos, que se sucedieron durante todo 2023, como la suspensión del primer cese el fuego -establecido entre enero y junio del año pasado- por el asesinato de cuatro indígenas menores reclutados por parte de la guerrilla.Sin embargo, ambas partes han seguido sentadas negociando y el pasado enero, el Gobierno y el EMC anunciaron una prorroga de seis meses del cese el fuego bilateral que comenzó en octubre de 2023.El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc.
Tras las recientes marchas y manifestaciones que se dieron el pasado jueves 8 de febrero en las inmediaciones del Palacio de Justicia y del búnker de la Fiscalía, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que se prepara para una movilización.Las razones para convocar esta jornada son, por lo que ellos califican, como los “intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia, una evidente mafia que se toma la justicia para privilegiar los intereses de unos pocos, y una persecución y señalamiento permanente a los sectores sociales, sindicales y populares”, se pudo leer en un comunicado.Y es que en la jornada de manifestaciones el pasado jueves hubo representantes de 11 pueblos indígenas y allí se decidió reactivar la minga del sur occidente.El CRIC aseguró que esta “No es una lucha contra la justicia, sino en contra de las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego, elegido democráticamente por la mayoría de la ciudadanía colombiana”.Las organizaciones indígenas aseguraron que es necesario que la Corte Suprema de Justicia designe a la nueva fiscal general de la Nación.“Pronto llegará la hora cero para reactivar la Minga Social y Comunitaria Por La Defensa de la Vida, El Territorio, La Democracia y La Paz”, concluyó el comunicado.Petro insiste en supuesto plan contra su Gobierno y ratifica llamado a movilizacionesEn medio de un largo mensaje a través de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a varios temas como las manifestaciones el pasado jueves 8 de febrero en inmediaciones del Palacio de Justicia, mientras que la Corte Suprema de Justicia se reunía en Sala Plena para la elección de la siguiente Fiscal General de la Nación.El primer mandatario insistió en que hay un supuesto plan contra su gobierno, “Intentan construir lo que se llama el "lawfare" es decir que la justicia tome partido contra el Gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”, escribió Petro quien aseguró que esto ha ocurrido en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina.Según el presidente este "lawfare" “debe cesar en toda América Latina con una amnistía general a los presos y sindicados políticos, el sistema interamericano de justicia debe ser fortalecido, y en Colombia no se debe establecer el llamado "lawfare".Aseguró que su Gobierno presentó una terna de mujeres “decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”.Agregó que: “Se del terremoto que causa el que la corte suprema tenga ante si una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades ni en mi vida personal ni en mi vida política”.El presidente aseguró que “el influjo de la politización recorre los pasillos de las cortes”.Además, el primer mandatario insiste en la necesidad de movilizaciones que el Gobierno garantizará ya que “no solo debe impedir un golpe a la democracia, la movilización nacional ciudadana es para restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente”.Petro también se refirió a la salida de su esposa, Verónica Alcocer del Carnaval de Barranquilla en la tarde de este sábado 10 de febrero. El mandatario aseguró que: “efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa, solo que su comparsa, por que sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplauso popular a mi Gobierno”.Finalmente, Petro arremetió contra los medios de comunicación asegurando que Ataca a los medios “han construido dos burbujas comunicacionales por completo falsas con el objetivo de la manipulación de la sociedad”.
Ante el sistema de verificación y monitoreo del cese al fuego, integrantes de las disidencias de las Farc denunciaron a un alto oficial del Ejército Nacional, a quien responsabilizan, al parecer, de haber instrumentalizado a un menor indígena de 17 años e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).Según conoció Blu Radio, el menor fue entregado sano y salvo a una comisión humanitaria. El menor le habría dicho a la guerrilla que su misión era infiltrarse en las filas del grupo con el fin de obtener información de los comandantes de la columna Urías Rondón del Estado Mayor Central y establecer su ubicación que permitiera a las Fuerzas Militares capturar a los cabecillas de esa estructura armada ilegal.En las declaraciones que el menor entregó a los comandantes de esa agrupación, el adolescente manifestó que el oficial lo había abordado en la guarnición militar en Pasto, cuando visitaba a un familiar y que allí le ofreció dinero, asegurando que no le pasaría nada, ya que él era un menor de edad por lo que sería "fácil llegar hasta las disidencias sin levantar sospechas".Una vez él estuviera en el campamento debería informar a través de un número de celular la cantidad de armas y el sitio exacto donde se encontraban los comandantes para realizar un operativo contrainsurgente. El adolescente sería evacuado de la zona vía aérea para que no le pasara nada, contó el indígena menor de edad.El menor fue sometido a un chequeo médico y su estado de salud es estable. Otro de los hechos que narró el indígena indica que el pasado 29 de enero fue sorprendido por un subversivo en momentos en que, al parecer, intentó comunicarse al número que le había suministrado el oficial del Ejército y señaló que no alcanzó a mencionar su ubicación porque de inmediato fue detenido y presentado a los comandantes guerrilleros que decidieron perdonarle la vida a cambio de que confesara quién lo había obligado a infiltrarse.Blu Radio intentó conocer la reacción de los altos mandos de la brigada 23 del Ejército ante esta denuncia, pero manifestaron que están investigando la veracidad del video y lo narrado por el indígena menor de edad y que una vez se conozca realmente lo que sucedió habría un comunicado.
Este sábado 27 de junio el corazón de Cali está de celebración por los 107 años del tradicional e icónico barrio Obrero, cuna de la pasión por la salsa en la capital vallecaucana y uno de los principales referentes de la ciudad, y en el marco de esta fiesta se tiene una variada programación.Las actividades inician a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, e incluye presentaciones en vivo de artistas de la salsa, encuentro de melómanos, oferta gastronómica, una vitrina empresarial, además de una 'Ruta de la Maceta' que busca mezclar la tradición de la celebración del día de los Ahijados con el cumpleaños del Obrero. Para este sábado también se tiene programada la iniciativa 'Borondiando Ando' y el broche de oro es la 'FanZone' donde se transmitirá el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial."Vamos a tener programación todo el día desde el mediodía, incluyendo la 'fan zone' con pantallas gigantes para el partido de Colombia y Portugal, donde Colombia Dios mediante vencerá y pasaremos de primeros en el grupo. Entonces, a los caleños que que todavía no han no han estrenado la obra, los invito a que vayan, que gocen este distrito cultural y turístico nuevo de nuestra ciudad, y a que pasemos un día sabroso en el Obrero", indicó el alcalde, Alejandro Eder.La apuesta musical de la celebración será liderada por la orquesta Clandeskina, y estará acompañada de bailadores y bailarines, que interactuarán con el público. La fiesta del Obrero se realizará por todo el Recorrido Patrimonial de la Salsa en la calle 22A con carrera 11B."Tendremos también mano a mano de melómanos de reconocidas salsotecas y también lugares emblemáticos del barrio Obrero que con sus melodías deleitarán al público. También vamos a tener un fortalecimiento de todo el ecosistema salsero con la feria empresarial donde podemos encontrar calzado, LPs, vinilos, instrumentos, souvenirs evocando la cultura salsera y por supuesto nuestra cocina tradicional, popular, caleña y el mecato valluno" dijo Ángela Villalobos, gerente del proyecto de renovación del Barrio Obrero.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
No pasaron ni 24 horas desde que las disidencias de alias 'Calarcá' instalaron cuatro artefactos en la Troncal de Occidente y, además, hostigaron al Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, cuando se informó que en zona rural del municipio de Briceño se encontraron varios explosivos.La información entregada por las tropas del Batallón de Artillería de Campaña de la Cuarta Birgada del Ejército Nacional es que los soldados llegaron hasta el corregimiento Travesías y lograron destruir tres artefactos explosivos improvisados.Los elementos habrían sido instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y tenían cable de mando en un lugar de tránsito obligado para la población civil del Norte antioqueño.Hay que recordar que las disidencias no solo han intimidado a la comunidad de esta zona del departamento de Antioquia, sino que además durante las acciones terroristas en el municipio de Valdivia dejaron un mensaje de advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al afirmar, “no copiamos de Tigre”.Por ahora, la Fuerza Pública adelanta diferente operaciones militares con el fin de prevenir acciones terroristas de las disidencias de alias 'Calarcá' como de otros grupos armados que delinquen en el Norte antioqueño.
Luego de la expectativa por el desembolso de recursos y haber fijado el 2 de agosto como la fecha para los comicios, la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás tendrá una nueva fecha.Esto, luego de que la Registraduría Nacional accediera a la solicitud planteada por la Gobernación de Antioquia y los municipios involucrados en el proceso, para que el mecanismo de participación ciudadana se lleve a cabo en los mismos tiempos que el similar que avanza en la subregión de Urabá.Eugenio Prieto, director del Departamento de Planeación de Antioquia, explicó que la decisión no afecta ni representa un retroceso de esta figura asociativa, sino por el contrario la posibilidad de que la ciudadanía conozca con mayor profundidad los alcances sus alcances y garantizar mejores condiciones logísticas, financieras y operativas para la organización de la jornada electoral."Sería muy importante que estas dos consultas se pudiesen hacer en un mismo día. Se suspende, y estamos ya a la espera de que muy pronto la Registraduría nos esté informando cuál sería la fecha para realizar un mismo domingo las dos consultas, la del Urabá y la del Valle de San Nicolás".Se espera que con estas figuras asociativas, las administraciones locales tengan agendas comunes a nivel regional en materia de planificación, crecimiento urbano, movilidad, medio ambiente y competitividad.El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es una iniciativa que busca que la unión bajo esta figura los municipios de Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, Rionegro, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.Por su parte, el Área Metropolitana de Urabá busca integrar administrativa y territorialmente a los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó.
Colsubsidio anunció que aplazó hasta el próximo 15 de julio el cierre temporal del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, una medida que inicialmente estaba prevista para entrar en vigencia el 1 de julio. La decisión se adoptó tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente que mantiene esa aseguradora con la institución.De acuerdo con el comunicado oficial, la continuidad del servicio dependerá del cumplimiento efectivo de ese preacuerdo y del giro oportuno de los recursos por parte de Famisanar. La entidad aseguró que continuará prestando la atención pediátrica mientras existan las condiciones financieras que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio.Pese al aplazamiento del cierre de urgencias, las medidas de reorganización al interior de la clínica ya comenzaron. Fuentes confirman que los trabajadores con contrato directo están recibiendo comunicaciones oficiales en las que se les informa su reubicación en otras sedes de la red Colsubsidio, como parte de los ajustes en la prestación de servicios.Cabe recordar que los días anteriores el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, había manifestado que esperaba que en los próximos días hubiera una solución definitiva, ya sea mediante una conciliación que permita mantener la atención en la Clínica Infantil o a través de la reubicación de los pacientes en otras instituciones de salud.
