La saliente directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), Cristina Plazas, se mostró tranquila ante la decisión del presidente Juan Manuel Santos de sacarla del cargo. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido, dejé mi alma y mi corazón en el ICBF, cada historia de cada niño se convirtió en una historia propia y tuve un equipo maravilloso y cambiamos muchas vidas”, manifestó. Destacó que una de sus primeras gestiones fue quitarle el poder de la entidad al senador cordobés Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías, a quien acusó de saquear el ICBF. “Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías tuvo por 14 años el ICBF, saqueó el ICBF en Córdoba. Hoy lo puedo decir con tranquilidad, y una de las primeras acciones que hicimos fue quitárselo y hoy en día no es de él. Hemos tratado de limpiar lo más que se puede”, manifestó. Sin embargo, aceptó que aún hay muchas cosas por depurar en la entidad, pues todavía hay empresas criminales dentro del ICBF. “No puedo decirles que acabé con toda la corrupción del ICBF. Llevaban muchos años saqueando el instituto, pero sí hicimos algunos cambios estructurales. Todavía hay gente, empresas criminales dentro del ICBF que se crearon para robarle los recursos a los niños y por eso se necesita que los próximos directores sigan esta batalla diciéndole ‘no’ a la politiquería”, alertó. Finalmente, entregó sus declaraciones sobre la designación del expresidente de Millonarios Juan Carlos López como su reemplazo, un polémico nombramiento en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Le puede intresar: ¿Fue acertado el nombramiento de Juan Carlos López en el ICBF? Debate. “No conozco a Juan Carlos López, pero le deseo todos los éxitos del mundo. Los éxitos de él serán los éxitos de los niños del país. Es fundamental que, si queremos alcanzar la paz, garanticemos los derechos de los niños”, añadió. “Haré el empalme digno por los niños y haré todo lo que esté a mi alcance para que a Juan Carlos le vaya bien, le deseo todos los éxitos por el bien de los niños y del país”, finalizó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de un juez de Sincelejo de ordenar su arresto por presuntamente haber incurrido en desacato. Plazas explicó que la decisión del juez se tomó por cuenta de un supuesto desacato por no nombrar a Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento pese a que a estaba inhabilitaba por haber trabajado como contratista de un operador del instituto. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento”, afirmó la funcionaria. Dijo que denunciará a quien sea necesario y llevará el hecho “hasta las últimas consecuencias pues es absurdo ir a la cárcel por no cometer una irregularidad”. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
Un juez civil del circuito de Sincelejo ordenó el arresto de la directora del ICBF, Cristina Plazas, de 10 días en la cárcel de ‘El Buen Pastor’, por presuntamente haber incurrido en desacato de un fallo judicial que, al parecer, ordenaba el nombramiento de Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento. Sin embargo, y de acuerdo con las declaraciones de la directora Cristina Plazas, la funcionaria está inhabilitada por ser representante legal de una de las empresas contratistas. Tras dicha orden, Plazas aseguró que no va a obedecer una orden judicial que la obliga a incurrir en actuaciones ilegales. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento” afirmó la funcionaria. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
“Hacemos un llamado a toda la sociedad para que entiendan que la obligación principal que tiene todo ser humano, es proteger a los niños. Unámonos para que ellos no estén en riesgo” afirmó la funcionaria Las declaraciones las realizó luego de conocer los recientes casos de abusos sexuales a niños en Bogotá y los más de 300 abusados en Medellín. Abusos en Bogotá Según los reportes entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante el Consejo Distrital para la Atención Integral de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación Sexual y revelados por el diario El Tiempo, la violencia sexual contra los niños en Bogotá aumentó un 49.25 %. En ese sentido, se pasaron de 1.539 casos en 2015 a 2.297 en el año 2016, algo que ha generado revuelo entre los entes del Distrito. Un reporte entregado por el Instituto de Medicina Legal a El Tiempo reveló que solo en el mes de enero de 2017 se registraron 1.244 casos de aparente abuso sexual en menores. “De estos, 140 casos se realizaron a niños de cero a 4 años de edad; 307 dictámenes, entre los 5 y los 9 años; 610, de los 10 a los 14 años, y los 187 restantes fueron en adolescentes entre los 15 y los 17 años”, comenta el diario. Cabe señalar que las niñas siguen siendo las víctimas más afectadas por este delito, con un 70 % de los casos.
Luego de conocerse las declaraciones de Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las que manifestó que las madres comunitarias son contratadas por un operador y eso “no es tercerizar”, Caridad Vásquez, representante del Sindicato de madres comunitarias en Antioquia, manifestó su indignación.Según la representante, trabajar para un tercero “muchos operadores abusan y uno pierde estabilidad laboral”. “No tenemos subsidio de vivienda, ni subsidio de transporte y no cobramos una mensualidad, solo en Bogotá”, indicó Vásquez, quien aseguró que inician labores a las 4:00 de la mañana, “y a veces a las 6:00 de la tarde todavía tenemos niños”.“Aunque nos reconocieron en 2014, a base de luchas y paros, no nos respetan”, dijo Caridad Vásquez, refiriéndose a las garantías que les brinda el ICBF a las madres comunitarias del país.
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado. Plazas aseguró que la objeción de del proyecto por parte del presidente Santos “no viola los derechos de las madres comunitarias” pues explicó que ellas “ya están formalizadas, tienen un contrato de trabajo y tienen todas las garantías”. La directora del ICBF reveló que actualmente, el instituto contrata servicios a través de operadores “que, entre otros, se encargan de contratar a las madres comunitarias con todas las garantías del caso”. Dijo que la situación se maneja de esa forma porque el Instituto tiene muchos servicios por cubrir “y si lo hiciéramos nosotros se desbordaría la atención porque no daríamos abasto”. Agregó que no se puede considerar tercerización porque lo que hace el instituto es contratar “expertos” en el tema que van desde conseguir los lugares hasta la contratación de las madres comunitarias. La funcionaria aseguró que contratar directamente a las mujeres sería generar unos 60 mil nuevos cargos de una sola vez lo cual “colapsaría el servicio”. Además, dijo que las mujeres gozan de estabilidad laboral pues “tienen contratos hasta el 2018 y luego de eso se pedirá la ampliación del mismo. Ellas llevan 27 años en esto”. “Si fuera tan malo ser madre comunitaria, no se heredaría entre familias”, afirmó.
La funcionaria dijo que responderá las inquietudes del Legislativo y cuestionó a los senadores que promueven llamados de atención en su contra. El congresista del Polo Democrático Alternativo Alexander López le pidió a la funcionaria cumplir con su deber frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió.
La plenaria del Senado le hizo un llamado de atención a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, para que cumpla con el acuerdo al que llegó con las madres comunitarias el 14 de abril de este año, relacionado con el mejoramiento de las condiciones laborales y la mejora en la alimentación de los niños. López radicó una proposición pidiendo el llamado y fue acogida por la plenaria. También explicó que, en una reunión convocada por la Procuraduría, la funcionaria dijo que no cumpliría el acuerdo del cual el Congreso es garante. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió. Además, se aprobó un debate de control político al ICBF y al Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para que respondan por la desnutrición de los niños en el país y las irregularidades en la atención por parte de las entidades.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, canceló su visita a Barranquilla, la cual fue programada para este miércoles 28 de septiembre, por motivos de salud. La entidad informó que presentaba quebrantos de salud, lo que le impedía realizar el viaje. Precisamente, esta visita iba a ser realizada para socializar los avances y el impacto de un convenio que vinculó a 1250 personas para que fueran agentes educativos de la primera infancia, en beneficio de niños y niñas de nueve departamentos del país.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, y el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para determinar si deben responder por la muerte de menores de edad por presuntas irregularidades en los programas de alimentación en La Guajira. Según el documento del Ministerio Público, se "adoptaron medidas ineficaces en temas tales como la atención a los menores en situación de desnutrición, la centralización de la contratación de operadores, la asignación de cupos a los mismos". Por lo que la decisión también cobija al exdirector del ICBF Guajira, Leandro Alberto Sampayo Vergara, el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, la directora del programa Primera Infancia del ICBF, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Fernando Mustafá Durán, los exgobernadores de la Guajira José María Ballesteros Valdivieso y Oneida Pinto, al exalcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra, el exalcalde de Uribia, Abel José Giacometto Fominaya. De igual forma, el Ministerio Público ordenó que se revisen los contratos de la atención humanitaria de los niños wayú en La Guajira y se revise la asignación Banco de Oferentes y se expliquen la supervisión de los contratos. Llama la atención que también se pide revisar la contratación de los operadores a cargo de la entrega de las ayudas humanitarias y pide resultados sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de la comunidad Wayú. Por último, solicitó la Procuraduría a la Contraloría entregar un informe sobre las investigaciones fiscales que adelanta por la crisis humanitaria en el Departamento de La Guajira. De igual forma, pide a la Fiscalía que informe el resultado de los procesos penales en contra de los investigados, por el desempeño de sus funciones en la atención a la crisis Humanitaria de La Guajira, como de los hallazgos que hayan hecho en investigaciones al interior del departamento de la Guajira sobre las muertes por desnutrición desde enero de 2014 a la fecha. Escuche en este audio más información sobre: -El Presidente Santos manifestó en Medellín que ya hubo presencia militar en Antioquia en una de las zonas veredales designadas para la dejación de armas de las Farc. -El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo no estar de acuerdo con darle más plazos a Electricaribe. Hoy a las 5 de la tarde la selección Colombia femenina de fútbol jugará su último partido en estos Juegos Olímpicos en la ciudad de Manaos. -La policía alemana detuvo a un peticionario de asilo de 24 años por su supuesta pertenencia al grupo terrorista Estado Islámico.
Los principales responsables de seguridad nacional de Estados Unidos subrayaron este miércoles ante el Congreso que no tienen constancia de ciberataques coordinados contra el país, luego de los últimos fallos informáticos que han afectado el control de tráfico aéreo o a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), además de a las operaciones de diversas empresas."En este momento, no existe indicio alguno de que haya actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes", explicó Christopher Raia, subdirector del FBI, en relación con los incidentes de la última semana ante el comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.Tanto el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, como el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, insistieron en el mensaje transmitido por Raia, tal y como vinieron haciendo otros representantes del Gobierno del presidente estadpumiden, Donald Trump, que han apuntado a simples fallos de telecomunicaciones.Además del fallo que bloqueó los despegues de aviones comerciales en todo el país cuatro horas el pasado viernes o el que afectó a la red de mensajes clasificados de la NSA el martes, distintos problemas informáticos recientes paralizaron el sistema global de correo electrónico que ofrece Microsoft o los servicios de la aerolínea United Airlines y de varios grandes bancos estadounidenses.A su vez, Mullin alabó el rol y la respuesta ante amenazas de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), pero señaló, tras decir en junio que el ente debería contratar a 600 funcionarios adicionales, que convendría aumentar su plantilla y que el Congreso permita realizar esas contrataciones.Los tres altos funcionarios defendieron a su vez la necesidad de que el Congreso renueve la disposición -la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA)- que permite a Estados Unidos llevar a cabo vigilancia electrónica contra personas que no son ciudadanos estadounidenses y se encuentran fuera del país sin necesidad de una orden judicial individual tradicional."Sin la sección 702 de la FISA, pasamos de poder realizar tareas en cuestión de minutos u horas a necesitar días o semanas. Eso representa un peligro para el pueblo estadounidense", explicó Mullin sobre la necesidad de renovar la disposición antes de marzo.Por su parte, Clayton, defendió la disposición como "indispensable" para proteger el país y subrayó que los "adversarios extranjeros son hoy más sofisticados y están más decididos que nunca a causar daño al pueblo estadounidense".El director de Inteligencia Nacional aseguró a su vez que el Gobierno sigue volcado en detectar posibles amenazas procedentes de Irán "tanto fuera como dentro de los Estados Unidos".
La visita no anunciada del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela formalizó este miércoles un acuerdo para retomar la cooperación técnico-militar rota desde 2005 que se venía fraguando desde hace meses con operaciones puntuales, tras la intervención militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro."Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes", dijo la presidenta interina, Delcy Rodríguez, durante la firma en el Palacio de Miraflores (sede presidencial).La nueva alianza representa la formalización de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, después de que este año Washington realizara ejercicios en Caracas en mayo y diera de baja, durante una operación conjunta, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.Mientras los canales oficiales de información del Gobierno venezolano insistían en recordar "el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez", la realidad era otra en el Palacio de Miraflores, escenario de la firma formalizada por Hegseth y su homólogo venezolano, Gustavo González López, que fue durante años director del servicio de inteligencia venezolano, acusado de vulneraciones de derechos humanos.Una visita "inimaginable" hace un añoHegseth, que es una de las personas a las que el presidente Donald Trump encargó la transición en Venezuela luego de la captura de Maduro, recordó que su presencia en el país caribeño era algo "inimaginable" hace un año, pero que gracias al "valor" del líder republicano y "los mejores y más valientes soldados estadounidenses" se resolvió en "horas" un problema que afectó al hemisferio "durante 27 años".El funcionario hizo referencia así a los casi 30 años que lleva gobernando el chavismo, liderado hasta enero por Maduro.En ese sentido, señaló que el Departamento de Guerra llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense, lo que "puso fin a la guerra que, durante décadas, los narcoterroristas libraron en Venezuela contra los pueblos estadounidense y venezolano"."Lo logramos mediante la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina, y sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos", recordó, y aseveró que así "Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador".El resultado, afirmó, fue una "paz alcanzada a través de la fuerza, al llevar a los narcoterroristas ante la justicia y abrir un nuevo capítulo para los Estados Unidos, para Venezuela, para las fuerzas armadas venezolanas y para todo el hemisferio occidental"."Reformas profundas" en VenezuelaTras reunirse con Rodríguez en Miraflores, Hegseth dio una breve comparecencia ante medios, autoridades venezolanas y embajadores en la embajada estadounidense, que desde marzo vuelve a recuperar su actividad después del cierre en enero de 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington y durante la anterior legislatura de Trump.Hegseth detalló que este "acuerdo histórico" permitirá "a Estados Unidos colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa"."Para completar la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas, esta renovada asociación en materia de defensa no será algo meramente cosmético", destacó.Para ello, apuntó la necesidad de "eliminar y erradicar" todas "las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio venezolano" y también de implementar "reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa", para las que trabajarán con el Gobierno venezolano.Sin embargo, queda por ver qué alcance tiene esa "cooperación técnico-militar" y si puede conllevar una intervención más permanente de Estados Unidos en Venezuela o incluso el asentamiento de bases militares, lo cual está prohibido por la Constitución venezolana.Más allá de eso, Hegseth también exaltó el acuerdo petrolero alcanzado en agosto, con el que Estados Unidos consiguió la explotación de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano por un periodo inicial de 25 años.Acompañando a la comitiva estadounidense estuvo, precisamente, el cuestionado magnate Alejandro Betancourt, quien gracias a ese acuerdo consiguió que su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP) -de la que Estados Unidos es accionista en un 25 %-, se adjudicara la explotación de 17 campos petroleros.
El sorteo 2.736 de Baloto, de este miércoles 18 de noviembre de 2026, espera por un ganador del premio mayor, quien debe acertar los cinco números y la superbalota.Combinación ganadora del Baloto Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:Números de la suerte: 36 - 15 - 39 - 21 - 33.Súper Balota (SB): 03.Combinación ganadora de Revancha Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:Números de la suerte: 18 - 34 - 20 - 09 - 25.Súper Balota (SB): 03.¿Cómo jugar Baloto y Revancha? Participar en Baloto y Revancha es un proceso sencillo. Para realizar una apuesta, los jugadores deben seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 43, sin repetir ninguno, y elegir una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación será la que les permitirá participar por los premios acumulados que ofrece el juego.Por su parte, quienes deseen participar también en Revancha pueden hacerlo utilizando los mismos números seleccionados para Baloto. Para ello, deben pagar un valor adicional de $3.000, IVA incluido, con el que tendrán la oportunidad de competir por el acumulado multimillonario de esta modalidad. Es importante tener en cuenta que para jugar Revancha es obligatorio realizar primero una apuesta en Baloto.Próximo sorteo programadoFecha del evento: Sábado, 21 de noviembre de 2026.Bolsa conjunta en juego: Más de $24.200 millones de pesos entre ambas modalidades.Puntos de venta: Redes autorizadas de SuperGIROS, SuRed y plataformas digitales oficiales en línea.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Abelardo De La Espriella, reafirmaron la cooperación entre ambos países para combatir el narcoterrorismo, luego de la publicación de un artículo de The New York Times que señaló que el Gobierno colombiano habría rechazado un plan para realizar operaciones militares conjuntas.De La Espriella negó esa información y aseguró que nunca ha rechazado propuestas del Gobierno del presidente Donald Trump. Explicó que la cooperación bilateral está enfocada en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana, no en solicitar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional.El mandatario también aclaró que su Gobierno no ha solicitado el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia. Según explicó, el objetivo es conseguir más herramientas, tecnología, recursos y capacidades de inteligencia para las Fuerzas Militares colombianas. Agregó que cualquier decisión deberá respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales, incluida la competencia del Congreso frente a la presencia de tropas extranjeras.El cruce de versiones también provocó una reacción de Hegseth, quien respaldó al mandatario colombiano. En su cuenta de X, el secretario calificó de “totalmente falsa” la información y aseguró que la alianza entre Washington y Bogotá para combatir a los grupos narcoterroristas es “más fuerte que nunca”. Además, afirmó que el Departamento de Guerra estadounidense acompañará a Colombia.De La Espriella respondió al funcionario de la Casa Blanca con un mensaje en el que defendió la alianza bilateral y afirmó que ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas podrán romperla. También elogió a Hegseth y sostuvo que ambos países, junto con el Escudo de las Américas, son “invencibles”. Sin embargo, la periodista del The New York Times Julie Turkewitz defendió la publicación. A través de X, señaló que el equipo del presidente Abelardo De La Espriella fue contactado en varias ocasiones antes de publicar el artículo para conocer su posición sobre el supuesto rechazo a las operaciones militares conjuntas, pero no recibió respuesta. Añadió que el diario actualizó la información para incluir la declaración de De La Espriella, pero mantiene lo publicado.El artículo original, firmado por Maria Abi-Habib y Eric Schmitt, citó a funcionarios estadounidenses que, bajo reserva de identidad, señalaron que el mandatario colombiano habría comunicado a Washington que no contaba con los votos necesarios en el Congreso para autorizar operaciones conjuntas en territorio nacional.
Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este jueves en Shenzhen (sureste) su inédita reunión trilateral, que duró aproximadamente una hora y veinte minutos y abordó cuestiones como el desarme nuclear y la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió su participación en la histórica cumbre bilateral con sus homólogos de China y Rusia con un alegato para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.En su declaración de apertura de la reunión en la recluida Kylin Villa de Shenzhen, Trump aseguró: "Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas".Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, dijo que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país", y añadió: "así funciona el mundo"."Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", aseguró Trump frente a Xi y Putin.El presidente chino, Xi Jinping, abogó este jueves ante sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, por la completa eliminación y prohibición integral de las armas nucleares, que describió como "una espada de Damocles" que pende sobre la humanidad.Durante la histórica reunión que mantienen hoy en la ciudad china de Shenzhen (sureste) los líderes de las tres grandes potencias nucleares del planeta, Xi urgió a sus pares a hacer todo lo posible para prevenir una guerra nuclear.También urgió a Washington y Moscú a acatar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y a mantener una estabilidad estratégica mundial.El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves al inicio de su histórica reunión trilateral en Shenzhen (China) con sus homólogos de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que los tres países tienen "intereses comunes" en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania.Putin subrayó que las tres potencias nucleares tienen "muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania", subrayó.