La saliente directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), Cristina Plazas, se mostró tranquila ante la decisión del presidente Juan Manuel Santos de sacarla del cargo. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido, dejé mi alma y mi corazón en el ICBF, cada historia de cada niño se convirtió en una historia propia y tuve un equipo maravilloso y cambiamos muchas vidas”, manifestó. Destacó que una de sus primeras gestiones fue quitarle el poder de la entidad al senador cordobés Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías, a quien acusó de saquear el ICBF. “Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías tuvo por 14 años el ICBF, saqueó el ICBF en Córdoba. Hoy lo puedo decir con tranquilidad, y una de las primeras acciones que hicimos fue quitárselo y hoy en día no es de él. Hemos tratado de limpiar lo más que se puede”, manifestó. Sin embargo, aceptó que aún hay muchas cosas por depurar en la entidad, pues todavía hay empresas criminales dentro del ICBF. “No puedo decirles que acabé con toda la corrupción del ICBF. Llevaban muchos años saqueando el instituto, pero sí hicimos algunos cambios estructurales. Todavía hay gente, empresas criminales dentro del ICBF que se crearon para robarle los recursos a los niños y por eso se necesita que los próximos directores sigan esta batalla diciéndole ‘no’ a la politiquería”, alertó. Finalmente, entregó sus declaraciones sobre la designación del expresidente de Millonarios Juan Carlos López como su reemplazo, un polémico nombramiento en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Le puede intresar: ¿Fue acertado el nombramiento de Juan Carlos López en el ICBF? Debate. “No conozco a Juan Carlos López, pero le deseo todos los éxitos del mundo. Los éxitos de él serán los éxitos de los niños del país. Es fundamental que, si queremos alcanzar la paz, garanticemos los derechos de los niños”, añadió. “Haré el empalme digno por los niños y haré todo lo que esté a mi alcance para que a Juan Carlos le vaya bien, le deseo todos los éxitos por el bien de los niños y del país”, finalizó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de un juez de Sincelejo de ordenar su arresto por presuntamente haber incurrido en desacato. Plazas explicó que la decisión del juez se tomó por cuenta de un supuesto desacato por no nombrar a Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento pese a que a estaba inhabilitaba por haber trabajado como contratista de un operador del instituto. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento”, afirmó la funcionaria. Dijo que denunciará a quien sea necesario y llevará el hecho “hasta las últimas consecuencias pues es absurdo ir a la cárcel por no cometer una irregularidad”. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
Un juez civil del circuito de Sincelejo ordenó el arresto de la directora del ICBF, Cristina Plazas, de 10 días en la cárcel de ‘El Buen Pastor’, por presuntamente haber incurrido en desacato de un fallo judicial que, al parecer, ordenaba el nombramiento de Jackeline Hernández como directora seccional del ICBF en ese departamento. Sin embargo, y de acuerdo con las declaraciones de la directora Cristina Plazas, la funcionaria está inhabilitada por ser representante legal de una de las empresas contratistas. Tras dicha orden, Plazas aseguró que no va a obedecer una orden judicial que la obliga a incurrir en actuaciones ilegales. “El Juez Civil de Sincelejo me está ordenando que cometa una irregularidad. Yo no puedo nombrar a una persona que esta inhabilitada en el cargo de directora regional del departamento” afirmó la funcionaria. Por otra parte, Plazas también afirmó que ya apeló dicha decisión y que espera que todo se resuelva a la mayor brevedad posible. “Nosotros ya apelamos. Obviamente yo soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad” añadió. Finalmente, otra de las órdenes de este juez es que Plazas pague una multa de 10 salarios mínimos legales, los cuales deben ser consignados en una entidad bancaria.
“Hacemos un llamado a toda la sociedad para que entiendan que la obligación principal que tiene todo ser humano, es proteger a los niños. Unámonos para que ellos no estén en riesgo” afirmó la funcionaria Las declaraciones las realizó luego de conocer los recientes casos de abusos sexuales a niños en Bogotá y los más de 300 abusados en Medellín. Abusos en Bogotá Según los reportes entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante el Consejo Distrital para la Atención Integral de Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación Sexual y revelados por el diario El Tiempo, la violencia sexual contra los niños en Bogotá aumentó un 49.25 %. En ese sentido, se pasaron de 1.539 casos en 2015 a 2.297 en el año 2016, algo que ha generado revuelo entre los entes del Distrito. Un reporte entregado por el Instituto de Medicina Legal a El Tiempo reveló que solo en el mes de enero de 2017 se registraron 1.244 casos de aparente abuso sexual en menores. “De estos, 140 casos se realizaron a niños de cero a 4 años de edad; 307 dictámenes, entre los 5 y los 9 años; 610, de los 10 a los 14 años, y los 187 restantes fueron en adolescentes entre los 15 y los 17 años”, comenta el diario. Cabe señalar que las niñas siguen siendo las víctimas más afectadas por este delito, con un 70 % de los casos.
Luego de conocerse las declaraciones de Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las que manifestó que las madres comunitarias son contratadas por un operador y eso “no es tercerizar”, Caridad Vásquez, representante del Sindicato de madres comunitarias en Antioquia, manifestó su indignación.Según la representante, trabajar para un tercero “muchos operadores abusan y uno pierde estabilidad laboral”. “No tenemos subsidio de vivienda, ni subsidio de transporte y no cobramos una mensualidad, solo en Bogotá”, indicó Vásquez, quien aseguró que inician labores a las 4:00 de la mañana, “y a veces a las 6:00 de la tarde todavía tenemos niños”.“Aunque nos reconocieron en 2014, a base de luchas y paros, no nos respetan”, dijo Caridad Vásquez, refiriéndose a las garantías que les brinda el ICBF a las madres comunitarias del país.
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado. Plazas aseguró que la objeción de del proyecto por parte del presidente Santos “no viola los derechos de las madres comunitarias” pues explicó que ellas “ya están formalizadas, tienen un contrato de trabajo y tienen todas las garantías”. La directora del ICBF reveló que actualmente, el instituto contrata servicios a través de operadores “que, entre otros, se encargan de contratar a las madres comunitarias con todas las garantías del caso”. Dijo que la situación se maneja de esa forma porque el Instituto tiene muchos servicios por cubrir “y si lo hiciéramos nosotros se desbordaría la atención porque no daríamos abasto”. Agregó que no se puede considerar tercerización porque lo que hace el instituto es contratar “expertos” en el tema que van desde conseguir los lugares hasta la contratación de las madres comunitarias. La funcionaria aseguró que contratar directamente a las mujeres sería generar unos 60 mil nuevos cargos de una sola vez lo cual “colapsaría el servicio”. Además, dijo que las mujeres gozan de estabilidad laboral pues “tienen contratos hasta el 2018 y luego de eso se pedirá la ampliación del mismo. Ellas llevan 27 años en esto”. “Si fuera tan malo ser madre comunitaria, no se heredaría entre familias”, afirmó.
La funcionaria dijo que responderá las inquietudes del Legislativo y cuestionó a los senadores que promueven llamados de atención en su contra. El congresista del Polo Democrático Alternativo Alexander López le pidió a la funcionaria cumplir con su deber frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió.
La plenaria del Senado le hizo un llamado de atención a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, para que cumpla con el acuerdo al que llegó con las madres comunitarias el 14 de abril de este año, relacionado con el mejoramiento de las condiciones laborales y la mejora en la alimentación de los niños. López radicó una proposición pidiendo el llamado y fue acogida por la plenaria. También explicó que, en una reunión convocada por la Procuraduría, la funcionaria dijo que no cumpliría el acuerdo del cual el Congreso es garante. "Prácticamente la señora Cristina Plazas nos dijo en la mesa que no iba a cumplir el acuerdo firmado con las madres y casi que las obligaba a que tenían que aceptar la forma de contratación que a ella le parecía pertinente generando que, un grupo indeterminado de niños y niñas en el país, no tenga atención", advirtió. Además, se aprobó un debate de control político al ICBF y al Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para que respondan por la desnutrición de los niños en el país y las irregularidades en la atención por parte de las entidades.
La directora del ICBF, Cristina Plazas, canceló su visita a Barranquilla, la cual fue programada para este miércoles 28 de septiembre, por motivos de salud. La entidad informó que presentaba quebrantos de salud, lo que le impedía realizar el viaje. Precisamente, esta visita iba a ser realizada para socializar los avances y el impacto de un convenio que vinculó a 1250 personas para que fueran agentes educativos de la primera infancia, en beneficio de niños y niñas de nueve departamentos del país.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, y el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para determinar si deben responder por la muerte de menores de edad por presuntas irregularidades en los programas de alimentación en La Guajira. Según el documento del Ministerio Público, se "adoptaron medidas ineficaces en temas tales como la atención a los menores en situación de desnutrición, la centralización de la contratación de operadores, la asignación de cupos a los mismos". Por lo que la decisión también cobija al exdirector del ICBF Guajira, Leandro Alberto Sampayo Vergara, el exdirector del ICBF Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, la directora del programa Primera Infancia del ICBF, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Fernando Mustafá Durán, los exgobernadores de la Guajira José María Ballesteros Valdivieso y Oneida Pinto, al exalcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra, el exalcalde de Uribia, Abel José Giacometto Fominaya. De igual forma, el Ministerio Público ordenó que se revisen los contratos de la atención humanitaria de los niños wayú en La Guajira y se revise la asignación Banco de Oferentes y se expliquen la supervisión de los contratos. Llama la atención que también se pide revisar la contratación de los operadores a cargo de la entrega de las ayudas humanitarias y pide resultados sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de la comunidad Wayú. Por último, solicitó la Procuraduría a la Contraloría entregar un informe sobre las investigaciones fiscales que adelanta por la crisis humanitaria en el Departamento de La Guajira. De igual forma, pide a la Fiscalía que informe el resultado de los procesos penales en contra de los investigados, por el desempeño de sus funciones en la atención a la crisis Humanitaria de La Guajira, como de los hallazgos que hayan hecho en investigaciones al interior del departamento de la Guajira sobre las muertes por desnutrición desde enero de 2014 a la fecha. Escuche en este audio más información sobre: -El Presidente Santos manifestó en Medellín que ya hubo presencia militar en Antioquia en una de las zonas veredales designadas para la dejación de armas de las Farc. -El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo no estar de acuerdo con darle más plazos a Electricaribe. Hoy a las 5 de la tarde la selección Colombia femenina de fútbol jugará su último partido en estos Juegos Olímpicos en la ciudad de Manaos. -La policía alemana detuvo a un peticionario de asilo de 24 años por su supuesta pertenencia al grupo terrorista Estado Islámico.
Tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia, la Nueva EPS informó la activación inmediata de su capacidad de respuesta con el objetivo de atender a las personas afectadas y garantizar la continuidad de los servicios de salud en todo el país.De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad puso en marcha mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente para identificar posibles afectaciones en su red de prestación de servicios, especialmente en los territorios impactados por el movimiento telúrico. Esta medida busca anticipar cualquier interrupción en la atención y adoptar acciones oportunas que permitan garantizar el acceso de los usuarios al sistema de salud.La Nueva EPS expresó además su solidaridad con los colombianos afectados por la emergencia, en especial con sus afiliados, colaboradores y sus familias, reiterando su disposición de acompañamiento durante esta situación. En ese sentido, la entidad aseguró que está preparada para brindar atención médica a quienes lo requieran, sin importar el régimen de afiliación, en articulación con las autoridades, las instituciones prestadoras de salud y los organismos responsables de la gestión del riesgo.Como parte de las acciones implementadas, la EPS mantiene un monitoreo constante del comportamiento de su red de servicios en las zonas que podrían presentar afectaciones, con el fin de identificar de manera oportuna cualquier situación que comprometa la atención de los usuarios y tomar medidas que aseguren la continuidad del servicio. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias, acudiendo únicamente en casos que realmente lo requieran, para permitir que estos se concentren en atender a los pacientes con condiciones más críticas.Finalmente, el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, destacó el compromiso institucional frente a la emergencia y aseguró: “En momentos como este, nuestra prioridad es la vida. Nueva EPS está presente y tiene toda la disposición para acompañar a los colombianos que requieran atención como consecuencia de esta emergencia, trabajando de manera articulada con las autoridades y los actores del sistema de salud”.La entidad reiteró que continuará con sus mecanismos de seguimiento y coordinación para responder a las necesidades que surjan en las regiones afectadas, en medio de esta contingencia nacional.
El volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca, y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja más de 20 muertos.Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea."Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños en su estructura por el terremoto de este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.El Servicio Geológico descartó que la emisión de ceniza del volcán Puracé tenga relación directa con el terremoto, cuyo epicentro fue en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, pues explicó que son fenómenos naturales independientes.El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.
El fuerte sismo de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el lunes 10 de agosto ya ha dejado al menos 50 personas fallecidas, de acuerdo con el balance preliminar revelado en horas de la mañana. La emergencia ha provocado daños en edificaciones y mantiene a las autoridades de socorro en alerta en varias regiones del país.El temblor ocurrió sobre las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se sintió con fuerza en Cali, Manizales, Pereira, Bogotá y Cundinamarca. Justamente en este último departamento ya se han presentado afectaciones en varios municipios.Cundinamarca reporta afectaciones en edificacionesEl gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló de la situación en los municipios del departamento tras el sismo que azotó gran parte de Colombia.De acuerdo con lo revelado por el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, se han presentado agrietamientos leves en la estructura del Palacio Municipal, así como daños “en la plaza de mercado y en la infraestructura educativa del municipio de Ubaque; asimismo, en instituciones educativas en Nilo, Tabio, San Francisco, Anapoima y Subachoque. En Nilo, además, se reportan daños en conjunto residencial”.Asimismo, también se presentan agrietamientos en viviendas de municipios como Girardot, Tocaima, Puerto Salgar, Madrid y Sopó. Por su parte, en Soacha se registran daños en centros de salud.“En Ricaurte, grietas en oficinas de servicios públicos. En Mosquera, en un parque industrial, se habría presentado el colapso de una estantería en una bodega, sin trabajadores afectados”, señaló el mandatario.Mientras tanto, las autoridades de Cundinamarca también siguen trabajando en coordinación con las administraciones municipales, la Defensa Civil y los cuerpos de Bomberos para atender la emergencia ocasionada por esta situación.Otro caso ocurrió en el parque industrial San Diego, en Funza, donde varias estructuras habrían caído tras el sismo, generando preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.TransMilenio toma medidas por el temblorAnte la situación ocasionada por el terremoto, TransMilenio dio a conocer que el vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez, ubicada en la troncal Caracas, tendrán que suspender su servicio de manera temporal.Según reportó la entidad, “debido a la magnitud del sismo registrado este lunes 10 de agosto, la Empresa Metro de Bogotá y las autoridades competentes realizarán una revisión e inspección exhaustiva a la infraestructura de la obra del Metro, que se ubica sobre la estación Av. Jiménez”.Estas medidas se toman como parte de los trabajos preventivos, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, que tiene jurisdicción en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, expresó su preocupación por los reportes preliminares de afectaciones y colapso de estructuras en Cali, así como por el colapso de un edificio en Buenaventura. El gremio señaló que, ante esta situación, se requiere atención y apoyo especializado en materia de infraestructura.La CCI Occidente pidió a las autoridades realizar evaluaciones técnicas oportunas y fortalecer la coordinación de las labores de atención, evaluación de daños, búsqueda y rescate en las zonas afectadas. También hizo un llamado a la calma, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana tras el sismo registrado este lunes en Cali, el Valle del Cauca y otros departamentos."Hacemos un llamado a la calma, la solidaridad y la responsabilidad de toda la comunidad. Invitamos a permanecer atentos a las condiciones de sus viviendas, oficinas y demás edificaciones, y a evitar permanecer o ingresar a estructuras que presenten daños, grietas, desprendimientos u otras señales de riesgo", dijo la entidad en el comunicado. "Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales y los organismos de socorro para fortalecer y coordinar todas las acciones necesarias de atención, evaluación de daños, búsqueda y rescate, especialmente en las zonas donde se han reportado afectaciones estructurales", agregaron.El gremio recomendó a los ciudadanos revisar las condiciones de sus viviendas, oficinas y demás edificaciones y evitar permanecer o ingresar a estructuras que presenten grietas, desprendimientos u otras señales de riesgo. Además, pidió no difundir rumores o información no confirmada y seguir las recomendaciones de las autoridades y organismos de emergencia.Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, puso a disposición de las autoridades sus capacidades técnicas y profesionales para contribuir a las acciones que sean necesarias durante la emergencia.
Gobierno declara la situación de desastre nacional luego del sismo de 7.4 grados registrado en el país. Según Asocapitales ya son más de 70 personas fallecidas en el país. Esta declaratoria, fundamentada bajo los parámetros de la Ley 1523 de 2012, faculta al Estado para activar de manera excepcional mecanismos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos especiales indispensables para atender de forma inmediata la emergencia y proceder con la posterior recuperación de las zonas afectadas. Balance de víctimas y departamentos más afectadosDe acuerdo con el reporte oficial consolidado con corte a las 11:30 a. m., la cifra preliminar de víctimas mortales asciende a 71 personas fallecidas en el país. Las mayores afectaciones humanas y estructurales se concentran en tres departamentos principales.Risaralda (40 fallecidos): Es la zona con el mayor número de decesos registrados hasta el momento.Pereira y su área metropolitana reportan un panorama sumamente complejo con colapsos estructurales, daños severos en viviendas e interrupciones críticas en los servicios de energía y telecomunicaciones.Valle del Cauca (27 fallecidos): La emergencia se concentra con especial fuerza en diversos municipios de la región y en Cali, donde los equipos de emergencia avanzan contra el reloj en operaciones de búsqueda y rescate dentro de las estructuras colapsadas donde aún permanecen personas atrapadas.Chocó (4 fallecidos): En el departamento donde se localizó el epicentro, se confirman preliminarmente cuatro decesos.En su capital, Quibdó, el balance técnico detalla además 37 heridos y 3 personas desaparecidas, sumado a la destrucción parcial y total de edificaciones en múltiples sectores.De la totalidad de los decesos reportados a nivel nacional, 29 víctimas corresponden a ciudades capitales, siendo Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia catalogadas en situación crítica.Severo impacto en la infraestructura de las ciudadesLa devastación del sismo no se ha limitado al colapso de viviendas. Los reportes consolidados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) evidencian graves daños en la infraestructura estratégica para la operación urbana.Entre los incidentes prioritarios se registran la suspensión de operaciones aeroportuarias, afectaciones en la infraestructura de varios hospitales, caídas en las redes de servicios públicos de energía y telecomunicaciones, daños estructurales en el sistema de transporte masivo MIO de Cali e interrupciones en el acueducto de la ciudad de Armenia.Ante este escenario, la prioridad absoluta de los organismos de socorro continúa concentrada en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, la estabilización de los heridos, la evaluación técnica de edificaciones y el restablecimiento rápido de los servicios públicos esenciales.Solidaridad interinstitucional y rescate activoPara coordinar la respuesta nacional, se instaló el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella junto a Asocapitales, ministerios, fuerzas militares y organismos de socorro.El espacio busca determinar de primera mano las necesidades más urgentes y agilizar el despliegue de personal y recursos.Como muestra de apoyo inmediato, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital no reporta daños de gravedad y puso todas sus capacidades operativas al servicio del país.Un contingente preparado de 100 rescatistas de Bogotá se encuentra listo en la base aérea de CATAM a la espera de ser movilizado por el Gobierno Nacional hacia los territorios prioritarios.Las labores de búsqueda en terreno continúan de forma ininterrumpida, por lo que las cifras oficiales de heridos, desaparecidos y fallecidos se mantendrán en constante actualización conforme avancen las labores de remoción de escombros.
