La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
Las minas antipersonal continúan siendo una amenaza en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, desde 1990 se han registrado cerca de 2.600 víctimas. En lo corrido de 2026, se han reportado 15 accidentes que han dejado 18 víctimas, todas sobrevivientes.Según explicó el coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, Mauricio Silva, todavía hay zonas donde el peligro no ha sido eliminado.“Actualmente se estima que aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, con mayor incidencia en departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare.Restaurar para sanarEn medio de este panorama, en Bogotá se adelanta la exposición “Restaurar para sanar”, que se realiza entre el 17 y el 29 de abril en la Biblioteca Virgilio Barco.El espacio reúne historias de víctimas de minas antipersonal y busca evidenciar las consecuencias de estos artefactos, así como los procesos de recuperación.Entre los elementos que se pueden encontrar están prótesis donadas, testimonios y experiencias que reflejan el impacto físico y emocional que dejan estos hechos.El impacto en las víctimasLas minas antipersonal siguen marcando la vida de quienes las padecen. Es el caso de Jean Carlos Gutiérrez, militar que resultó herido en 2015 durante una operación en el sur del país.“Durante el cumplimiento de una misión táctica en el sur del país, fuimos llevados a un campo minado. Cinco integrantes del Ejército de Colombia, en el cual el que resultó mayormente afectado fui yo, la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató.Gutiérrez advierte que las consecuencias “son devastadoras. El impacto físico y psicológico es inmenso. Yo creo que la importancia de esto sería que, si nosotros conocemos a qué nos estamos enfrentando o qué es lo que está sucediendo con nuestros hombres de la fuerza pública, entonces, vamos a tener más conciencia para para para ayudarnos a en el cumplimiento de la misión”.Además, envió un mensaje al Estado, insistiendo en la necesidad de mayor respaldo a quienes están en terreno.“Que se preocupen por nuestro Ejército, por nuestra Fuerza Pública, que se preocupen por esos hombres que día a día, noche a noche, se encuentran trabajando por conseguir un mejor país. Realmente, esos hombres, necesitan el apoyo total por parte del Gobierno para evitar que este tipo de situaciones siga sucediendo, para poder realizar su trabajo como debe ser, y poder garantizarle al pueblo la seguridad total”, enfatizó Gutiérrez.Menor cooperaciónA este panorama se suma la reducción de la cooperación internacional. Desde el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas advierten que los recursos han disminuido en los últimos años, en parte por la priorización de otros conflictos a nivel global.“Desafortunadamente, en los últimos años, la inversión en cooperación internacional para la acción contra minas ha disminuido bastante. Esto debido a otras crisis que, pues, tienen más relevancia a nivel mundial, por ejemplo, el conflicto en Ucrania o el conflicto en Gaza, lo que ha disminuido la cooperación hacia Colombia y ha desviado un poco los fondos hacia ese país”, señaló Catalina Velázquez, de UNMAS Colombia.Frente a esta situación, insiste en la necesidad de mantener el apoyo al país.“Ese llamado a la cooperación a que no deje de invertir en Colombia, no deje de aportar, porque aún acá tenemos muchas necesidades, hay muchas personas que aún requieren la asistencia, y muchos territorios que aún necesitan ser liberados de minas antipersonales”, agregó.Avances y retos en el desminadoEn paralelo, las autoridades destacan avances en la descontaminación del territorio. Desde el Ejército se señala que el país ha intervenido más de 280 municipios.El coronel Edwin Cedeño Borrero, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Desminado Humanitario, explicó que estas labores hacen parte del compromiso del país con la liberación del territorio.“Hacemos presencia en 16 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Estamos desplegados en 67 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, municipios que han sufrido el flagelo de las minas antipersonal”, detalló.Firmantes de pazDesde organizaciones civiles, el desminado humanitario se resalta su papel como herramienta de reconciliación y desarrollo territorial.Marcela Moreno, firmante de paz y coordinadora en educación sobre riesgo de artefactos explosivos, destaca que este trabajo tiene un significado más amplio. Según explica, se trata de un compromiso directo con la transformación del territorio.“Ese ejercicio no solo nos brinda generar un apoyo en los procesos de reincorporación de los firmantes económico y social, sino también que nos permite que podamos llegar a los territorios, contribuir a la descontaminación, pero también que permita que la presencia de los artefactos de explosión en el territorio no sea una excusa para generar o dar desarrollo a los proyectos de inversión social, llámese puentes, carreteras, escuelas en el territorio”, concluyó Moreno.
Un grave accidente por la activación de una mina antipersonal se registró en las últimas horas en el municipio de Peque, Antioquia. El hecho ocurrió en la vereda La Candelaria, ubicada a una hora y media del casco urbano, cuando un habitante de la zona sufrió serias lesiones al pisar un artefacto explosivo mientras realizaba labores cotidianas en el campo.La víctima fue identificada como David Alexander Higuita David, de 38 años, quien se dirigía a revisar unos animales de pastoreo ubicados a unos 500 metros de su residencia, momento en el que ocurrió la explosión.El impacto le causó la amputación de la pierna izquierda, por lo que aunque fue trasladado de inmediato por sus familiares al hospital San Francisco de Peque, debido a la gravedad de la lesión tuvo que ser remitido posteriormente a un centro asistencial en Medellín, para recibir atención especializada.El hecho ha generado preocupación entre las comunidades campesinas del municipio, que manifestaron temor por la posible existencia de más minas en los alrededores, lo que pondría en riesgo a la población que depende de actividades agrícolas y ganaderas para su sustento.Organizaciones sociales como Corpades advirtieron que este incidente pone en evidencia la persistencia de artefactos explosivos en zonas rurales de Antioquia, considerados un legado del conflicto armado que aún afecta a los habitantes de regiones apartadas. “Los habitantes de la región exigen una investigación exhaustiva y la intervención inmediata de equipos especializados para el desminado humanitario”, indicó la ONG.Hasta el momento, las autoridades locales han confirmado la verificación del caso, pero no se ha emitido un reporte oficial sobre la presencia de minas en el área, ni sobre eventuales acciones de desminado.
Violencia en el Norte de Antioquia no solo ha afectado a la Fuerza Pública y a la población civil, sino que ahora amenaza labores de organizaciones no gubernamentales que adelantan acciones humanitarias en diferentes territorios donde hay presencia de actores como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.Este es el caso de The Halo Trust, la organización británica de desminado humanitario, quien en las últimas horas anunció la suspensión de sus actividades tras recibir un plazo de 12 horas para abandonar el territorio por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.En un comunicado, el grupo armado los señaló de ser una fachada de agencias de inteligencia extranjeras por lo que si no cumplían su orden serían declarados objetivo militar al finalizar dicho plazo.De igual manera, a través de una comunicación la Consejería Comisionada de Paz rechazó estas amenazas y agregó que personal de la entidad fue intimidado y varios de sus elementos hurtados en medio de las labores que cumplían en los municipios de Anorí y Angostura.“Instamos al frente 36 a que cese inmediatamente estas acciones deplorables contra el trabajo humanitario”, concluyó la dependencia del Gobierno nacional."Donde ellos no pueden llegar siempre ha estado Halo Trust y eso entonces es muy preocupante porque territorios donde venían trabajando en este momento como el Norte, el Nordeste, parte del Bajo Cauca, van a estar expuestos a una actividad de siembra de minas", declaró Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación.Por su parte, The Halo Trust señaló que su personal se encuentra resguardado, suspendieron sus labores y están monitoreando constantemente la situación.
Santander, un departamento históricamente afectado por el conflicto armado, fue declarado oficialmente libre de sospecha de minas antipersonal tras más de 13 años de trabajo del grupo de desminado del Ejército y después de seis años de labores en cuatro de sus municipios más afectados. La noticia fue recibida con esperanza y gratitud por los habitantes de esta región del nororiente colombiano, que ahora pueden soñar con un futuro sin las sombras de los artefactos explosivos que durante décadas marcaron su cotidianidad.La declaratoria, que llega tras la intervención de los municipios de Suratá, Matanza, El Playón y Rionegro, fue posible gracias al trabajo de los desminadores del Ejército Nacional, quienes, en el transcurso de estos años, descontaminaron 1.183.151 metros cuadrados de territorio. Con este esfuerzo, se lograron liberar 32 de los 87 municipios del departamento de la amenaza de minas, garantizando la seguridad de más de 500.000 habitantes.Uno de los principales beneficiarios de este proceso ha sido Matanza, un municipio rural de la provincia de Soto Norte. La alcaldesa de Matanza, Mónica González, expresó su satisfacción por la labor del desminado humanitario.“Con esta declaratoria, podemos decir con tranquilidad que nuestras fincas van a incrementar su valor. Ahora podremos trabajar con seguridad, algo que antes no podíamos hacer”, afirmó la mandataria. Este municipio, conocido por sus cultivos de maíz, café y la producción ganadera, experimentará un impulso en su economía gracias a la recuperación de su territorio.Javier Bermúdez, agricultor de Suratá, compartió su experiencia personal: “Cuando hubo la operación Berlín, varias zonas quedaron minadas. Hoy, después de la labor de los desminadores, ya puedo andar con tranquilidad y seguir cultivando mi tomate, que comercializo en Bucaramanga”.La liberación de estas tierras también abre puertas a proyectos de infraestructura y desarrollo. Según Maryori Mantilla, enlace de turismo municipal de Suratá, la intervención en áreas previamente inaccesibles gracias al desminado humanitario permitirá llevar el programa ‘Juntas de Internet’ del Ministerio de las TIC a las veredas más alejadas.“Gracias a este proceso, las veredas más apartadas del municipio tendrán acceso a internet, lo que mejorará las oportunidades educativas y de comunicación para nuestras comunidades”, explicó Mantilla.El brigadier general Giovanni Rodríguez León, comandante de la Segunda División, señaló: “gracias a este gran trabajo de los hombres y mujeres del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario, hoy Santander puede mostrarle al país que está libre de sospecha de minas antipersonal. Este es un paso enorme hacia la paz y el bienestar de toda la región”.El desminado no solo ha tenido un impacto en la seguridad y el desarrollo económico, sino también en la vida de las personas que han sufrido directamente los efectos de las minas. Ariel Fernando Salcedo, concejal de Suratá, quien fue víctima de una mina antipersonal hace 16 años, mostró la felicidad que esta declaratoria le genera.“Cuando era cabo segundo en la Sierra de la Macarena, pisé una mina antipersonal. Afortunadamente, sobreviví y hoy soy una mejor persona gracias a esa experiencia. Esta declaratoria es una bendición para los campesinos de nuestra región, ya que liberará a muchos de la amenaza constante de las minas”, afirmó Salcedo.Fueron tropas del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N° 3, que en su intervención destruyeron 316 artefactos explosivos mediante técnicas de desminado manual y canino. El coronel Luis Germán Echavarría, comandante de esta unidad, destacó la importancia de la intervención gradual y detalló que la labor continuó hasta lograr que los 32 municipios afectados quedaran libres de minas.Finalmente, el coronel Oswaldo Alexander Forero, comandante de la Quinta Brigada, expresó: “hoy, Santander puede sentir el orgullo de ser uno de los pocos departamentos en Colombia que puede decir, sin lugar a duda, que es libre de minas. Este es un logro histórico que beneficia a miles de personas que podrán regresar a sus tierras y reconstruir sus vidas”.Los municipios que quedaron libres de sospecha de minal antipersonal son: Suratá, Matanza, El Playón y Rionegro, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cimitarra, Curití, El Carmen de Chucurí, Galán, Guadalupe, La Belleza, Lebrija, Macaravita, Piedecuesta, Sabana de Torres, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Socorro, Suaita, Vélez, Zapatoca, California, Puerto Wilches, Sucre, Landázuri, Girón, Hato, Chima, Simacota, Charta y El Peñón.
“No queremos solo estar para la fotografía, queremos que nos tengan en cuenta para proyectos productivos y una verdadera inclusión social y económica para los y las sobrevivientes de las minas antipersonal”, fue el duro reclamo que se escuchó en Samaniego, suroccidente de Nariño, donde el Gobierno nacional puso en marcha el desminado humanitario en desarrollo de los acuerdos pactados en la instancia para la co-construcción de la paz territorial del departamento, que se adelanta con el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN.Cristian Melo, presidente de la asociación Asobades, que agrupa a más de 80 víctimas de minas antipersonal en Samaniego, reconoció a Blu Radio que el esfuerzo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, es muy positivo para la región y es un digno ejemplo a seguir en otras zonas del país y del mundo. Sin embargo, aseguró que ojalá se reconozcan verdaderamente los derechos de quienes han sido afectados por estas armas no convencionales.Melo, quien a sus 15 años perdió la vista por culpa de una mina antipersonal, manifestó “que es hora de que el Estado colombiano los incluya en proyectos laborales y educativos, porque consideran que siempre han sido utilizados para ser partícipes del lanzamiento de programas que, en últimas, nunca los han beneficiado de manera integral”.Las víctimas de los campos minados en la subregión de Los Abades, en el suroccidente de Nariño, celebraron el lanzamiento del desminado humanitario, pero advierten que si no los tienen en cuenta, este será otro de los programas llamados al fracaso.Albeiro Urbano, otra de las víctimas de las minas antipersonal, dijo que jamás pensó que iba a quedar en una silla de ruedas cuando viajó a Tumaco, en el Pacífico nariñense, en busca de mejores oportunidades laborales.Recuerda que el 3 de julio de 2014, cuando junto a otros campesinos estaban laborando en la zona rural de Tumaco cortando guaduas, de un momento a otro escucharon una fuerte explosión que lo lanzó varios metros del lugar en donde estaba.Con voz entrecortada, Urbano, hoy a sus 37 años, recuerda con exactitud ese día y dice que la explosión le arrebató sus dos piernas y lo dejó en una silla de ruedas a la espera de la ayuda del Estado colombiano.Este humilde campesino, oriundo del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en Nariño, pide que el Estado colombiano no solo tenga en cuenta a las víctimas, sino también a sus familias en proyectos de vivienda, salud, educación y emprendimientos laborales.Como ellos, son decenas de víctimas de minas antipersonal que tienen la fe y esperanza de que con este programa de desminado humanitario se pueda disminuir la cifra de personas afectadas por estas armas letales, que se han convertido en el peor enemigo para las comunidades campesinas de Nariño.Señalan que sus familiares y los y las cuidadoras deben ser también sujetos de reconocimiento como víctimas directas por parte del Estado.
A pesar de la reducción de las cifras de heridos y muertos por culpa de las minas antipersonal, según las autoridades, en Nariño se han registrado 25 hechos de afectación entre civiles y militares en los primeros ocho meses del año, y aseguran que el próximo lunes, 16 de septiembre, comenzará el desminado humanitario en Nariño.“El panorama es más alentador”, dijo a Blu Radio el subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Álex González, quien consideró que, a diferencia del año 2023, las comunidades del suroccidente, cordillera y el Pacífico nariñense han comenzado a regresar voluntariamente a sus territorios.El subsecretario de Paz y Derechos Humanos señaló que en algunas zonas de Nariño sus comunidades aún continúan enfrentando el desafío persistente por la presencia de minas antipersonal en sus territorios.El funcionario, quien presidió el primer diálogo que realiza la Gobernación de Nariño para la acción integral de minas antipersonal, aseguró que las zonas en Nariño donde más víctimas de minas antipersonal se han registrado en 2024 son Tumaco, Cumbitara y La Llanada.“Confiamos en que el desminado humanitario, que se pondrá en marcha desde este lunes 16 de septiembre en el municipio de Samaniego, de acuerdo con los pactos logrados en el desarrollo de los diálogos territoriales con el grupo Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN, les permita a las comunidades retornar sin temor a sus corregimientos y veredas”, prosiguió el funcionario.Son diez los municipios que, en un principio, serán beneficiados con el desminado humanitario, el cual busca desactivar los artefactos no convencionales que están utilizando los grupos armados rebeldes en su guerra por el dominio territorial, dijo González.Municipios de Nariño con desminado humanitarioEstos municipios son Barbacoas, Samaniego, La Llanada, Santacruz de Guachavés, Cumbal, Mallama, Guachucal, Ricaurte, Providencia, Los Andes Sotomayor.El funcionario advirtió que, a pesar de los esfuerzos de la gobernación, finalmente se logró la financiación con recursos del Gobierno alemán para los avances en el desminado, el cual también cuenta con el apoyo del consejero comisionado para la paz, Otty Patiño.El primer diálogo para la acción integral contra las minas antipersonal, que se cumplió en Pasto, contó con la participación de decenas de víctimas que pidieron al Estado colombiano más apoyo para sus regiones.
Tras cuatro reuniones en el marco de los diálogos regionales de paz quedó listo para la revisión del alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, el borrador del protocolo del desminado humanitario que, en un comienzo, se ejecutará en tres municipios del suroccidente de Nariño.El documento, que tiene diez páginas, fue elaborado con mucho cuidado por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur.Este protocolo marco, que está ya en revisión del Gobierno Nacional, permite que en Nariño comience el desminado humanitario en el marco de los compromisos adquiridos en la instalación del primer diálogo social con la población civil que se cumplió el pasado nueve de marzo del 2024.Este documento quedó finiquitado a las puertas de que el Alto Comisionado para la Paz anuncie cuál es el paso a seguir con el Frente Comuneros del Sur, luego de que esta agrupación rebelde decidiera declarar la ruptura con el Coce y la dirección nacional de la guerrilla del ELN.Inicialmente se conoció que los municipios a intervenir por un equipo interinstitucional de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, el Ministerio de la Defensa, la Gobernación de Nariño y el Frente Comuneros del Sur son Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachavés, en el suroccidente de Nariño, donde los habitantes de 33 veredas han manifestado su temor por los campos minados.Aunque en el documento no se establece un período fijo para lograr la descontaminación de la zona, lo que sí quedó claro es que los resguardos indígenas y veredas tendrán prioridad para lograr que los más de dos mil habitantes puedan retornar a sus fincas a trabajar.El Frente Comuneros del Sur deberá garantizar el ingreso de los funcionarios asignados y, en conjunto, se realizará un mapeo de las áreas donde fueron sembradas las minas antipersonal.Líderes sociales del suroccidente de Nariño celebraron la construcción de dicho protocolo y manifestaron que tienen fe y esperanza en que ya no habrá más víctimas por la utilización de esos artefactos no convencionales que han cobrado la vida de un gran número de campesinos y han dejado a otros mutilados.
Campesinos del suroccidente de Nariño están exigiendo que se realice un desminado humanitario en la zona para ellos poder regresar tranquilamente a sus fincas y casas ubicadas en la vereda La Florida, donde hace presencia la guerrilla del ELN.Esta es una de las casi 33 veredas de los municipios de Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachez, en donde sus habitantes, más de 2.000 pobladores, aun no regresan y en las que se puede apreciar aún en las viviendas las huellas que dejó la guerra que se registró a finales del 2023 entre grupos armados ilegales.Para llegar a este territorio se puede hacer por carretera desde Pasto, desde donde son más de 16 horas de viaje. Una vez en el territorio, es notable la presencia de la guerrilla del ELN, que marca su dominio allí con banderas de color rojo y negro.Al llegar a esta apartada zona de Nariño, se puede apreciar en el rostro de los escasos habitantes la incertidumbre de lo que pueda suceder con los diálogos de paz y en voz baja dicen que ojalá el ELN pueda dirimir sus problemas internos y que continúen los diálogos, tanto en el ámbito nacional como en el regional.Algunos habitantes comenzaron a retornar a cuentagotas después de más de 8 meses de desplazamiento por culpa de la confrontación armada que dejó más de 50 muertos entre guerrilleros de las Disidencias de las Farc, guerrilleros del ELN e integrantes de la denominada Segunda Marquetalia.“De pronto ocurrió lo que ocurrió la otra vez y los enfrentamientos, eso da miedo porque ya hemos perdido todo y nadie no está ayudando, solo se limitan a hablar y hablar, pero no hay nada en concreto de parte del gobierno nacional”, dijo uno de los habitantes.Carlos, por su parte, regresó hace una semana, dice que no le graben su rostro porque asegura que el miedo aún continúa y dice que su negocio está a punto de quebrar porque los comparadores de verduras y otros productos desaparecieron, no quieren regresar por temor a las minas antipersona que fueron sembradas por los grupos en confrontación.Comunidad en Nariño se enfrentó a la fuerza pública para impedir destrucción de laboratorio de cocaEste comerciante con voz casi que entre cortada afirma que “cuando recién se construyó esto era bueno" pues, en su caso, "se vendían entre tres y cuatro millones", mientras que hoy se vende, algunos días, hasta 2.000 pesos.Esta es una de las veredas con mayor número de población, sin embargo, los que decidieron quedarse y otros pocos que llegaron se pueden contar con los dedos de la mano.Los que se han arriesgado a retornar están confiados que una vez se ponga en marcha el desminado humanitario puedan regresar todos a sus fincas y negocios a trabajar ,por eso piden que, a pesar del congelamiento de los diálogos de paz con el ELN, el presidente Petro no abandone a Nariño y exigen que continúen los diálogos nacionales y territoriales de paz.
La institución educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en el sur del departamento del Meta, es el lugar donde más de 500 niños y niñas reciben sus estudios. Este lugar, que hizo parte de la zona de distensión en el marco del conflicto armado, está contaminado con la presencia de artefactos explosivos que fueron enterrados por grupos armados.Por esta razón, el Batallón N4 de Desminado Humanitario del Ejército inició operaciones para descontaminar la zona, y garantizar la seguridad no sólo de los estudiantes, sino de docentes y padres de familia.“Se identificaron 15.000 metros cuadrados los cuales van a ser intervenidos con las técnicas de desminado manual, camino y mecánico”, señaló el teniente coronel Diego Garzón.Esta acción humanitaria se convierte, además, en la posibilidad para los niños y niñas, de iniciar proyectos productivos en el terreno que será intervenido.En el municipio de Uribe se han registrado hasta la fecha 154 víctimas de minas antipersonales, y en el Meta se estima que por lo menos 1.152 personas también han sido afectadas.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
