Después de la reunión que tuvo la semana pasada el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y en la cual se hizo la invitación para que el país participara del Grupo de Contacto de Defensa a Ucrania, se hizo el ofrecimiento para que 11 ingenieros militares capacitaran en educación y entrenamiento de desminado militar a soldados ucranianos.Este grupo se desplazaría a un país vecino de Ucrania miembro de la OTAN y permanecerían allí durante el tiempo que sea necesario para mejorar técnicas y procedimientos tácticos de desminado.El ministro de Defensa, en reunión virtual con el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, donde participaron 36 países más la UE, manifestó que Colombia, “se ha comprometido a apoyar a Ucrania, no solo con ayuda humanitaria, que ya se entregó, sino también compartiendo conocimientos en este tema de desminado”.Asimismo, dijo que teniendo en cuenta que Colombia es socio global de la OTAN y que, teniendo el Centro de Entrenamiento de Desminado, ubicado en Tolemaida, que cuenta con una gran experiencia en capacidades e información, “se puso al servicio este apoyo para evitar que otras vidas ucranianas se vean afectadas por esas prácticas de minado”.Recientemente, el Ministerio de Defensa firmó el programa individual de entrenamiento con la OTAN, el cual establece mecanismos de cooperación y manejo de crisis como uno de los pilares, donde el país puede aportar en educación y entrenamiento.“Colombia, como siempre comprometida con los valores de la libertad, de derechos humanos, y en este caso haciendo un aporte concreto como miembro y país socio global de la OTAN a esta iniciativa y a este requerimiento”, concluyó Diego Molano.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Hato, Chima, Simacota y Girón se sumaron a la lista de municipios de Santander declarados libres de minas antipersona. Así lo dieron a conocer las autoridades en medio del homenaje a las víctimas en el Día Mundial de la Sensibilización contra estos artefactos.“En estas zonas los soldados desminadores despejaron 108.166 metros cuadrados con sus diferentes técnicas. Asimismo, hasta el momento, en las operaciones de desminado, han sido destruidos 83 artefactos explosivos despejando así 469.983 metros cuadrados del territorio santandereano y, a su vez, con equipos de estudios no técnicos, 344.055 metros cuadrados más han sido liberados”, señaló el coronel Siervo Tulio Roa, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, entre enero y marzo de 2022 se registraron en el país 218 víctimas de artefactos antipersonal. Del total de los casos 12 correspondieron a Santander.“El año pasado registramos el número más alto de víctimas de artefactos explosivos de los últimos cinco años, nos preocupa que s esta tendencia continúa en 2022 las consecuencias humanitarias de esta problemática podría ser aún más graves y el sufrimiento para la población civil mucho mayor”, expresó Ana María Hernández, coordinadora de contaminación por arma del CICR.
El batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército informó que en los últimos 20 días logró ubicar y desactivar de manera controlada tres artefactos explosivos que habían sido instalados en caminos rurales de la vereda La Unión, de San José de Apartadó.El coronel Fabio Córdoba, comandante de la Brigada 17, aseguró que con esto se logró salvar la vida de al menos 160 personas.“Este batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario está realizando una gran labor de acción unificada para que estas familias tengan seguridad en sus áreas para poderse desplazar libremente”, aseguró el alto oficial.Desde el mes de octubre del año 2021 el Ejército Nacional avanza en el desminado humanitario en la subregión del Urabá donde, a la fecha, han logrado entregar 6.694 metros cuadrados libres de sospecha de minas. Antioquia cuenta con cinco municipios libres de sospecha de minas antipersonal.Escuche las noticias del día aquí:
Los municipios de Santo Domingo y Yolombó, en Antioquia, fueron entregados a la comunidad como municipios libres de sospecha de minas antipersonal.La labor fue desarrollada por los integrantes del Batallón de Ingenieros de Desminado y bajo la coordinación de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.En total, lograron la descontaminación de cerca de 70.000 metros cuadrados en los 2 municipios, con lo que cerca de 38.000 personas recuperan la posibilidad de continuar con tranquilidad sus actividades agrícolas, ganaderas y comerciales de diferente índole, al tiempo que retorna la tranquilidad para el tránsito por la zona rural.Uno de los campesinos beneficiado es Carlos Albeiro, quien recuerda cómo se vivía en este municipio estos hechos violentos.El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien encabezó el evento, hizo la entrega oficial de municipios libres de sospecha de minas antipersonal. Esta noticia tiene felices a los campesinos, dicen que ahora están más tranquilos.“Ya ahora han quitado muchas minas, tienen tranquilidad, están en las fincas, las están abriendo y estamos más tranquilos”, puntualizó.La labor que realizó los equipos Técnicos del Batallón de Ingenieros de Desminado N. °60 y permitió descontaminar 29.307 metros cuadrados de Yolombó. Por ejemplo, los uniformados encontraron munición sin explosionar en la vereda El Comino. En cuanto a Santo Domingo, los desminadores trabajaron más de tres años para liberar 40.724 metros cuadrados. Investigaron cinco áreas peligrosas.A esto se suman las acciones de Educación en Riesgo de Minas y la información que brindan los uniformados sobre los comportamientos seguros en caso de que los habitantes localicen o tengan conocimiento de sospecha sobre áreas declaradas como antipersonal.
Informaciones militares dan cuenta que organizaciones criminales, como la guerrilla del ELN, continúan con la instalación de minas antipersonal en Murindó, en el Urabá antioqueño.BLU Radio conoció que, desde marzo, la Brigada 17 del Ejército ha adelantado un desminado militar que ha permitido identificar y destruir doce artefactos explosivos e inspeccionar más de 47.000 metros cuadrados en el área rural de ese municipio, sobre todo donde más de 900 indígenas y campesinos han estado confinados. Sin embargo, los ilegales reinstalan más minas en los puntos donde ya se hizo la inspección con el objetivo de cercar a los pobladores e impedir su libre tránsito para la caza y cosecha de cultivos.Uno de los últimos casos denunciados por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) fue la activación de una mina antipersona en la comunidad Bachiduvi que causó las muertes a una indígena de 22 años y su hija recién nacida.La personera encargada de Murindó, Katya Ledezma, mostró su preocupación por esta situación, pues el lugar donde habrían muerto las indígenas ya había sido inspeccionado, según le confirmó el Ejército."Lo que nos decía el Ejército es que ellos pudieron haber estado hace cuatro días allá realizando una desactivación, pero no sabemos si en el momento en que salen de la zona, se alejan un poco, haya pasado que vuelvan a hacer esa activación", agregó la funcionaria.El Ejército ni la Personería de Murindó han podido ubicar los cadáveres de las dos víctimas, pero ya se han realizado rastreos en las zonas con el cabildo mayor indígena.En todo Urabá, este año han sido hallados y destruidos 194 minas antipersonal.
Un joven indígena de 22 años y su bebé fallecieron tras pisar una mina antipersona en Murindó. Ante este hecho las organizaciones sociales e indígenas de Antioquia temen por nuevos desplazamientos.William Pertuz, consejero de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia, aseguró que desde el 2020 han fallecido nueve indígenas y cinco han resultado heridos por situaciones similares en Murindó, Dabeiba, Frontino y Cáceres.“Desde la Consejería de Derechos Humanos y paz de la organización hacemos un llamado al respeto a la vida, a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó.La organización pidió una visita humanitaria urgente, pues temen que este hecho genere un nuevo desplazamiento.Ante esto, el Ejército aseguró que reforzará las labores de desminado humanitario en la zona.
La Séptima División del Ejército anunció que se ultiman los detalles para comenzar el desminado humanitario en Murindó, Urabá antioqueño, donde el ELN tiene cercados con minas antipersonal a los resguardos indígenas.Según el general Juvenal Díaz, comandante de esa célula militar, un grupo de expertos en desactivación de explosivos y demoliciones aportará en este proceso para limpiar las vías rurales que obligaron a desplazarse a 280 indígenas y a confinarse en sus resguardos a más de 500 de ellos sin alimentos ni posibilidad de cazar."Vamos a traer un Exde que va a venir desde Bogotá, apoyado por el Comando de Ingenieros. Tenemos otros grupos antiexplosivos para la seguridad respectiva y vamos a empezar el desminado militar por zonas de tránsito normal de los indígenas", agregó el alto oficial.El desminado se hará de manera gradual en las zonas donde las comunidades indígenas indiquen que habría sospecha de estos campos minados de la guerrilla del ELN, grupo armado que mantiene una confrontación con la Fuerza Pública y el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.
En Colombia, las minas antipersonales no se han eliminado del todo y siguen afectando a la población. Pues pese a que los estragos de la guerra tuvieron mayor fuerza por estos artefactos en 2006, este 2020 ya ha dejado a más de 130 víctimas a pesar de la pandemia, y a pesar de los esfuerzos por acabar con las minas.Los ingenieros militares, desde la Escuela Militar de Cadetes, se forman en la Escuela de ingeniería, y se preparan en diferentes campos, uno de ellos, es el desminado, para luego, con la preparación, sumarse a los equipos que desactivan estos puntos asesinos y son los que ponen el pecho a este veneno que ha contaminado al país.El teniente coronel Rolando Barajas Silva ha explicado que desde la Escuela se dicta una formación bajo todos los estándares para a cadetes y alféreces, que quieran comandar en un futuro las tropas de desminado del Ejército Nacional.“En el transcurso de 2003 a 2020, hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional. Hemos tenido desafortunadamente víctimas militares entre 2003 y 2020, más de 7600 minas, así como en ese mismo periodo, hemos tenido aproximadamente más de 2300 víctimas civiles: es una función y labor de nuestro Ejército, contribuir de manera directa en esta amenaza”, señaló el comandante del Batallón de Cadetes N3.Y en el equipo que comanda, hay uniformados que están de lleno en las labores, como el subteniente Juan David Banda, quien ha dicho que desde la brigada de desminado humanitario, se ha generado un impacto en la sociedad civil, luego de ver que personas cercanas, han sido víctimas de ese flagelo.“Ayudar a la población civil, porque la parte del desminado es algo importantísimo, la construcción de vías ayuda a nuestros campesinos a su economía, que ellos puedan sacar lo que siembran desde sus partes lejanas y eso es lo que apuntamos como ingenieros, como Ejército”, añadió.Este trabajo, según se explicó, tiene de forma permanente la capacitación, incluso, del exterior, en el reto de que Colombia continúe con la declaratoria de municipios libres de minas antipersona.
Después de que el presidente Gustavo Petro pidiera recurrir a la vía del diálogo para solucionar los conflictos por las tierras en el departamento del Cauca, el consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), Edwin Capaz, dijo que estaban dispuestos a dialogar, pero que la comunidad tiene sus propias formas de gobernar y la idea es que con este diálogo lleguen acuerdos."Nosotros tenemos nuestra forma de gobernar, pero estamos abiertos a cualquier dialogo, estamos convencidos que esto puede traer buenos frutos", expresó el consejo del CRIC.Por su parte, los trabajadores de ingenios dicen que esperan un diálogo serio, pues llevan desde el anterior gobierno esperando soluciones, pero aún no llegan. Seguirán bloqueando algunas vías hasta que llegue el diálogo.El presidente Gustavo Petro afirmó, además, que los indígenas ahora deben pensar como gobierno y no solo pensar solo en los intereses individuales.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Sigue dando de qué hablar la espada de Bolívar, la misma que retrasó 18 minutos el discurso del presidente Gustavo Petro el domingo 7 de agosto, mientras era llevada del Palacio de Nariño a la plaza de Bolívar.Pues bien, ahora el presidente Gustavo Petro ordenó que no siguiera en el Salón Bolívar, a donde tiene acceso muy poca gente, y por eso fue trasladada al lobby de la Casa de Nariño, en la entrada de la carrera octava.Por esta puerta ingresan todos los visitantes y la mayoría de los funcionarios que visitan la Casa de Nariño y que ahora observarán la famosa espada de Bolívar tan pronto ingresen. La espada seguirá custodiada permanentemente por dos guardias.La jefatura para la Protección Presidencial fue la encargada de hacer el traslado de la espada en un cofre y de la urna que la protegerá. Vale la pena recordar el profundo contenido simbólico que tiene la espada para el presidente Petro porque la misma fue robada en 1974 de la Quinta de Bolívar de Bogotá y fue devuelta al estado colombiano una vez se firmó la paz con esa guerrilla.
La vicepresidenta Francia Márquez reveló cuál fue el viaje que realizó a un país africano y que la marcó de por vida. De hecho, desde ese momento cambió su forma de vestir para transmitir un mensaje a la sociedad.Se trata de Senegal, específicamente la Isla de Gorea, que fue declarada como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco, al ser un lugar donde se vulneró los derechos de los esclavos de manera atroz."Creo que es un lugar que todo el mundo debería conocer. Ver las celdas de lo que fue la esclavitud, donde engordaban a la gente. Hay una puerta que se llama 'La puerta sin regreso'. A mí me marcó mucho. Yo vine de allá descolocada, fue fuerte", relató la vicepresidenta en conversación con Los Informantes, de Canal Caracol.Francia Márquez también comentó que en ese viaje se quedó con la imagen de las mujeres senegaleses, en medio de la escases, lucían trajes coloridos, con varios diseños, resaltando sus orígenes."Trajes maravillosos, dije: "Esto es muy hermoso, es lo que somos". Yo era una mujer de andar en jeans y camisetas (...) Estar hoy con mi cabello afro y escuchar a las niñas que me mandan mensajes diciendo: "Quiero ser como mi tía Francia"", añadió orgullosa en Los Informantes.Vea la entrevista completa de Francia Márquez en Los Informantes:Le puede interesar: Se está poniendo viejo
Una fiscal imputó el cargo de interés indebido en la celebración de contratos al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; el exgerente EPM, Federico Restrepo, y al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al igual que al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.Si bien los implicados no aceptaron los cargos en la audiencia en el juzgado 12 de control de garantías de Medellín, la fiscal del caso aseguró que los cuatro imputados suscribieron los acuerdos entre julio y septiembre de 2010 que frenaron la licitación pública que ya se adelantaba y a la que fueron invitadas algunas empresas privadas.Sin embargo, se decidió contratar de manera directa con EPM y esto habría afectado el cronograma de obras de Hidroituango."Esa decisión afectó gravemente el tiempo y la entrada en construcción de Hidroituango, según el cronograma", añadió la fiscal durante la audiencia.Cabe recordar que en esta investigación penal también están incluidos otros cinco exfuncionarios de EPM e Hidroituango, que serán imputados por delitos como falsedad en documento público por información errónea a la Anla y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción del tercer túnel de desviación.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Viviana Barberena tiene una maestría en Administración Pública, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Ciencias de la Administración Pública. Ha sido consultora y docente experta en temas de gestión territorial, descentralización, modernización del Estado, cooperación internacional y cultura ciudadana.La Veeduría Distrital es una entidad de control preventivo para la transparencia y efectividad de la gestión pública del Distrito.Esta institución promueve, acompaña, evalúa, hace seguimiento, innova, recomienda, sensibiliza, incide en entidades distritales, localidades y en la ciudadanía para: ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción.La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dio la bienvenida a la nueva funcionaria y en el acto de posesión se refirió a la Veeduria como “una institución muy importante para Bogotá”.Por su parte la nueva veedora distrital afirmó que “hay una tarea pedagógica importante que tiene que ver con el mejoramiento y la responsabilidad” que tienen los funcionarios de todos los niveles.Señaló que para ella es un honor y un privilegio acompañar a la ciudad en este proceso.“Muchas de las cosas que pasan en el Estado no son actos de corrupción. La ciudadanía reclama cada vez más protagonismo en el conocimiento de los asuntos del Estado y en eso creo que tenemos una tarea muy importante”, agregó.Viviana Barberena fue gerente de la campaña y coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo -UTL- del exsenador Antanas Mockus. Entre otros cargos, ocupó el de directora del Jardín Botánico de Bogotá.Su último cargo fue de integrante del Ejecutivo y de la dirección nacional de la Alianza Verde.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
