Fabio Valencia Cossio fue ministro del Interior y de Justicia durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una vez se anunció el inicio de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el presidente Gustavo Petro lo nombró delegado para la mesa de conversaciones por parte del Gobierno.Recientemente, el ELN anunció un paro armado en cinco municipios del Chocó, además, se registraron acciones violentas en el departamento del Cauca atribuidas a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Después de que se conocieran estos hechos el exministro reaccionó, preguntando a los grupos si realmente tienen una unidad de mando.“Frente a la permanente violación del cese al fuego pactado con las Farc-ep y el ELN por parte de estas guerrillas, la pregunta es, ¿tienen unidad de mando? Todo parece indicar que no. Cese al fuego sin cese de hostilidades a la población, no se justifica”, señaló Valencia.En las últimas horas, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, rechazó los hechos violentos registrados en el país e hizo un llamado al ELN y a las disidencias de las Farc.“Reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos. Orientamos a las delegaciones del Gobierno nacional en las mesas con el ELN y con el EMC para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz”, aseguró Patiño.
El Gobierno nacional y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Ivan Mordisco' llegaron a algunos acuerdos en medio del proceso de paz que se adelanta con este grupo.Uno de los puntos más importantes es que ese grupo se comprometió a dejar el secuestro con fines económicos.El exministro durante el gobierno Uribe Fabio Valencia Cossio hace parte de la delegación de diálogos del gobierno e hizo un llamado para que el ELN también tome la decisión de abandonar el secuestro, pues ese grupo se encuentra en conversaciones de paz.“En marco proceso de paz, la guerrilla de las Farc anunció que dejan el secuestro a partir de este compromiso y anuncio, los Colombianos aspiramos que el ELN haga lo mismo y acabemos con uno de los delitos más crueles y cobardes. Seguiremos luchando por una verdadera Paz”, señaló Valencia Cossio.En Ciudad de México se encuentran las delegaciones del gobierno y el ELN en el quinto ciclo de diálogos de paz. Allí se discute la posibilidad de que ese grupo abandone el secuestro.Le puede interesar:
Fabio Valencia Cossio fue ministro del Interior y de Justicia durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en este momento integra la delegación de diálogos del gobierno que va a empezar un proceso de paz con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.Por su parte, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, hace parte de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN.Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el ELN se están enfrentando en algunas zonas, como por ejemplo el departamento de Arauca, la situación ha generado afectaciones a la población civil, es por esto que Valencia Cossio y Lafaurie le han pedido a estos grupos una tregua."Ante la mirada atónita del país y de la comunidad internacional todos estos grupos de especial protección están siendo víctimas desplazamiento masivo o de confinamiento forzado, con total irrespeto de sus derechos fundamentales a la educación, salud, seguridad, libre movilidad, a la vida misma y, de cara a las próximas elecciones regionales, también a la libre expresión de sus preferencias políticas en las urnas”, señalan Valencia Cossio y Lafaurie.Esta carta fue enviada al jefe negociador del ELN, alias 'Pablo Beltrán', y también a alias 'Andrey', designado por las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' como su vocero político."Aunque un acuerdo de cese al fuego con el gobierno es necesario y urgente, no lo es menos un acuerdo entre grupos armados que se encuentran adelantando negociaciones de paz, pues lo contrario no se compadece con la voluntad de paz que es inherente a un proceso de negociación para alcanzar, precisamente, la paz", explicaron en la misiva.Ante esto señalan que hay tres razones para buscar un cese al fuego entre grupos. Primero, para aliviar la situación de las comunidades, también mencionan que estas confrontaciones hacen necesaria la intervención de la fuerza pública, generando afectaciones al cese al fuego bilateral con el Gobierno, pero además, explican que estas acciones violentas pueden restarle credibilidad a la voluntad de paz de los grupos.Le puede interesar
Las disidencias al mando de 'Iván Mordisco', grupo que nunca suscribió el acuerdo de paz, y el Gobierno nacional acordaron la instalación de una mesa de diálogos, además retomarán el cese al fuego bilateral que se rompió en mayo después de que este grupo asesinara a tres menores de edad en el Putumayo, que fueron reclutados ilícitamente e intentaron huir de las filas de la guerrilla.El Gobierno nacional tiene casi lista su delegación de diálogos con las disidencias. El jefe negociador sería el director de la organización Indepaz, Camilo González, en la delegación lo acompañarían Feliciano Valencia, exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; el excomandante del frente 29 de las extintas Farc, Yezid Arteta, y Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior y de Justicia, quien habría hablado justamente con Uribe sobre su participación en la delegación.Blu Radio conoció que el Gobierno tendría intenciones de incluir también a un empresario en esta delegación de diálogos con las disidencias de 'Iván Mordisco'; sin embargo, hasta el momento no se habría definido quién representará a los empresarios en esta mesa de conversaciones.La delegación de las disidencias de 'Iván Mordisco' aún no se ha hecho pública, pero se espera que esté alias 'Andrey', cabecilla del frente 33 de este grupo y vocero en la etapa de acercamientos con el Gobierno, este estuvo reunido con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en la última semana, justamente, en estos encuentros en los que estuvo la ONU y la Iglesia católica, se acordó la instalación de la mesa.Le puede interesar
Para determinar si el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal debía avanzar hasta un juicio o debía ser archivado, el fiscal Gabriel Jaimes tomó múltiples decisiones en los últimos meses. Una de ellas fue llamar a declarar a un alfil uribista, el exministro Fabio Valencia Cossio, quien según la propia Piedad Córdoba podía aportar información sobre uno de los episodios claves de este expediente: el señalamiento del condenado narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra de que Córdoba e Iván Cepeda lo buscaron en una cárcel de Estados Unidos en 2009 para ofrecerle asilo a él y a su familia en Europa a cambio de enlodar al exmandatario.“Es la primera vez que voy a rendir una declaración en este caso”, advirtió el propio Valencia en la diligencia, que se hizo de manera virtual -como todas en este caso por la pandemia del COVID-19- el 11 de febrero pasado hacia las 8:30 a.m. El fiscal a cargo de la diligencia, integrante del equipo de Gabriel Jaimes, viajó hasta Medellín para realizarla, aunque de igual forma se hizo por telellamada y con muchas interrupciones por fallas técnicas. La declaración comenzó con tantos tropiezos por cuenta de la tecnología que el fiscal sugirió suspenderla mientras resolvía el asunto. A los 17 minutos de haber comenzado, el fiscal por fin logró que la declaración comenzara.“En relación con la doctora Piedad Córdoba, en varias oportunidades ella me pidió hacerle contacto con el presidente Uribe para diferentes razones o solicitudes. Me acuerdo que una de ellas fue relacionada con informarle al presidente Uribe, que a raíz de las visitas que ellos hicieron a algunas cárceles a nivel nacional o en el extranjero, pues que le quería comentar que realmente nunca había recibido alguna información que involucrara al presidente Uribe en algún hecho irregular y delictivo”, le dijo Valencia Cossio al fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, el mismo que tomó la versión de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Se trata de un exparamilitar que asegura haber recibido unos $50 millones de Diego Cadena, exabogado de Uribe, para favorecer al expresidente.En su declaración, Valencia Cossio contó que Piedad Córdoba lo contactó para explicarle que tenía un documento que quería entregarle al expresidente Uribe, que él le transmitió el mensaje y que Uribe envió a alguien en su nombre para recogerlo. Valencia Cossio agregó que, luego, él, Córdoba y Uribe se reunieron en persona y hablaron, entre otras cosas, de las visitas de la entonces senadora liberal a exjefes paramilitares detenidos en cárceles en Estados Unidos, quienes terminaron allí porque así lo decidió el gobierno Uribe. Según Córdoba le reiteró que no tenía “información que involucrara al presidente Uribe en algún hecho irregular o ilegal de esas pesquisas que ella había realizado”.Valencia Cossio señaló al fiscal que le preguntaba que, “en esa oportunidad, ella le trasladó unas inquietudes en el sentido de que el presidente Uribe podía servir como mediador ante el gobierno de Venezuela para varios asuntos, entre ellos restablecer la democracia en ese país. Pero no tengo concretamente, en relación con la comunicación [la carta que envió Piedad Córdoba a Álvaro Uribe], no tengo ningún otro detalle”. El exministro explicó que no conoció el contenido del documento que Córdoba envió a Uribe. “No me lo entregó a mí”, dijo Valencia Cossio, asegurando que él solo jugó el papel de emisario en esa ocasión.El fiscal preguntó una y otra vez al exministro si él conoció el documento o si sabía cómo llegó a manos del expresidente Uribe. Valencia Cossio aclaró varias veces que él fue una especie de puente entre Córdoba y Uribe. “Entiendo que sí, que el presidente Uribe recibió esa comunicación, pero, reitero: no que yo la haya entregado personalmente, sino que yo fui el que llamé al presidente Uribe a decirle que ella le quería entregar ese documento y él mandó una persona a recogerlo”. Valencia agregó: “No recuerdo que [Piedad Córdoba] me haya mencionado el contenido, pero recuerdo que me dijo que era una cosa importante”. Y, por eso, él le pidió al expresidente Uribe que recibiera el papel.Enseguida, Valencia Cossio explicó que lo que sabía del documento tenía que ver con un acta que Rodrigo Lara radicó sobre el viaje a Estados Unidos con Piedad Córdoba. El exministro no pudo decir mucho más al respecto, pero ese detalle es clave en esta historia. Cuando Córdoba, Lara y Cepeda se desplazaron a Estados Unidos a hablar con los exparamilitares extraditados, el viaje, de parte de Córdoba y Lara, era de carácter oficial. Es decir, ambos tuvieron que pedir al Congreso que se los autorizara y ambos debían remitir un informe final, que fue el acta al que hizo mención Fabio Valencia.El fiscal le preguntó al exministro si él había tenido oportunidad, alguna vez, de hablar con Lara sobre este asunto. “No, nunca”, respondió Fabio Valencia Cossio. En esa reunión en Estados Unidos estuvieron, además del Tuso Sierra, su abogado Manuel Retureta, Piedad Córdoba, Rodrigo Lara y Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. De todos ellos, el único al que la Fiscalía citó para declarar ahora que tiene el caso Uribe a su cargo fue al Tuso.Con un detalle más a bordo. Cuando el expresidente Uribe rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2019, dijo: “Recientemente el doctor Rodrigo Lara me mandó decir que a él le habían presentado un acta y que no la había firmado porque ponían en el acta unos temas que no se habían tratado y que eran en relación con acusaciones a mi familia”.En agosto del año pasado, cuando se ordenó la detención de Uribe y estos pormenores comenzaron a salir a flote, Lara le dijo a El Espectador: “En ningún momento he conversado con el expresidente Uribe sobre ese asunto. Él nunca me ha preguntado algo al respecto, ni yo le he comentado nada en particular sobre esa situación”.La diligencia de Fabio Valencia Cossio, ordenada por el fiscal Gabriel Jaimes el 12 de enero de este año, duró 44 minutos en total no porque fuera así de extensa, sino porque los problemas técnicos estuvieron presentes a lo largo de toda la diligencia, entorpeciéndola. La mayoría de las más de 25 preguntas del fiscal a cargo eran repetidas y abordaban el asunto del documento que envió Córdoba a Uribe, cómo se lo envió, si Valencia Cossio lo conoció o no. Al final hubo otras preguntas, como si Valencia Cossio conocía a Diego Cadena o si el expresidente Uribe le había pedido buscar testigos en su favor. Para ambos interrogantes, la respuesta de Valencia Cossio fue “no”.**Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote; y Santiago Martínez, periodista de la Unidad Investigativa. De parte de BLU Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).
El exministro del Interior se mostró sorprendido por la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para iniciar una investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo. “Hoy me sorprende que a pesar de que la justicia se ha pronunciado varias veces al respecto en el sentido de no encontrar ningún nexo con los presuntos hechos denunciados, de nuevo se solicite otra investigación”, agregó Valencia Cossio. La solicitud de investigación se produjo en una sentencia al exjefe paramilitar Ramón Isaza, en la que el Tribunal condenó al excomandante de las Autodefensas del Magdalena Medio. “Llevo 50 años en el ejercicio político y he sido señalado despectivamente por mis contradictores como politiquero, manzanillo, pero no se me puede sindicar de ningún acto de corrupción o en contra de la ley, y mucho menos de tener contactos con ningún delincuente de cualquier pelambre. He combatido a la guerrilla, a los paramilitares, al narcotráfico y al delito en todas sus denominaciones y lo seguiré haciendo”, concluyó el exministro del Interior. Escuche en este audio más información sobre: -Una granada estalló en el municipio de Soacha. Los hechos dejan hasta el momento una persona herida y varios daños materiales. -El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, se reunió hoy en Washington con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. A través de su cuenta en twitter, el ex candidato presidencial dijo que el motivo de su reunión fue revisar los temas referentes a la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc. -El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, representará este martes a Colombia en la reunión de Junta Directiva del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. -El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Iniciativa Privada: Vía al Puerto, que comprende la vía Buga-Buenaventura en el Valle del Cauca. La obra tendrá una inversión de 1 billón de pesos y no requerirá de recursos públicos. -El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el favorito para ganar las elecciones generales de noviembre próximo en su país, al tener una aprobación del 66,7 % de los votantes, según una encuesta divulgada hoy. A Ortega, que ocupa la presidencia desde 2007, le sigue el posible candidato de la oposición, Fabio Gadea, con un 14 % de aprobación.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
