El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, anunció que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de despojo de tierras y amenazas contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria por parte del Clan del Golfo. Estos hechos, según indicó, se habrían intensificado tras las recientes elecciones. El funcionario aseguró que las denuncias buscan alertar sobre un posible patrón de intimidación en predios recuperados por el Estado y reiteró que la entidad continuará con los procesos de formalización de tierras durante el empalme de gobierno.Harman afirmó que la ANT ha identificado amenazas en varias fincas entregadas a campesinos y advirtió sobre posibles nuevos casos de desplazamiento forzado en distintas regiones del país. “Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, a amedrentar a los campesinos en una semana. Nosotros no lo podemos pasar por alto, no podemos permitirlo. Y de forma clara y concreta, pongo en conocimiento de la Fiscalía quiénes serían los presuntos responsables de estas situaciones en cuatro regiones del país”, señaló.El director indicó que las denuncias incluyen hechos ocurridos en Córdoba, el Magdalena Medio y el Meta, donde, según afirmó, se estarían presentando fenómenos de intimidación y desplazamiento. En ese contexto, mencionó a varios presuntos responsables.“Estamos hablando de alias ‘Don Julio’, quien ha advertido a campesinos de las fincas de Puerto Boyacá y La Dorada que tienen que desocupar los predios; también en el departamento de Córdoba presuntamente estaría implicado en este fenómeno. Alias ‘Gina’ estaría asociada a algunas amenazas que están recibiendo los campesinos de esta región. Y también un señor de apellido Meyendorff, de quien recuperamos dos fincas: una en Puerto López, Meta, donde llegaron incluso a golpear a los campesinos y a herirlos con arma larga; y otra en Buenavista, Córdoba, donde, bajo ese mismo esquema, actores armados les dieron 48 horas para abandonar los predios”, manifestó.Harman sostuvo que la ANT mantendrá el acompañamiento a las familias campesinas y pidió respaldo institucional para evitar nuevos hechos de violencia. “No están solas, la reforma agraria llegó para consolidarse. El mensaje al país es rodear esas fincas de la reforma agraria. Lo que ocurra o pase en esas fincas va a desatar un nuevo ciclo de violencia y de despojo en este país. Nosotros no lo podemos permitir”, afirmó.Finalmente, el director invitó al nuevo Gobierno a asumir una posición frente a las denuncias y a garantizar la protección de los beneficiarios de la reforma agraria. “Invito al nuevo gobierno a asumir una posición abierta sobre estos temas. Esto tiene que superar cualquier diferencia política, porque lo que no podemos naturalizar es que lleguen personas armadas a las fincas recuperadas para darle ultimátum a los campesinos y obligarlos a salir”, concluyó.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, regresará a su cargo después de separarse durante sólo 17 días, período en el que se unió a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, en busca de la llamada “remontada” que buscaba revertir los resultados de la primera vuelta presidencial que había ganado Abelardo De la Espriella con 2,84 % de diferencia.A las 6:30 de la tarde de este lunes fue publicada la Hoja de Vida en la página web de la Presidencia de la República, como paso previo para su designación oficial nuevamente.Blu Radio consultó a Harman y confirmó que sí fue publicado su HV, pero que estaba analizando el regreso al cargo con sus abogados, debido a que no quiere inhabilitarse, para poder inscribirse como candidato en las elecciones regionales de octubre del año 2027, aunque no confirmó si será a una alcaldía o gobernación.“Voy a hacer el análisis jurídico, para no inhabilitarme en las territoriales”, comentó Harman, quien fue alcalde de Villavicencio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.Justificó su regreso a la entidad al considerar que “es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, es decir, lo hará para rendir cuentas de la ANT y entregarla al nuevo gobierno que arranca el 7 de agosto.La bandera suya, por encomendación del presidente Gustavo Petro, de acuerdo a las tareas propias de la entidad que dirigió, han estado relacionadas con la entrega de tierras y la reforma agraria.Al publicarse la Hoja de Vida, las críticas no se hicieron esperar. “Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno (...) Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, reclamó el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro De Bedout.El concejal llama a Petro y Harman “descarados”, al considerar que “acabarán con lo poco que queda del Estado”, porque según él, “llegaron para servirse y no para servirle al país”.
Las denuncias sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe continúan generando controversia en medio de la recta final de la campaña presidencial. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda para la jornada de votación, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y dirigente político Abelardo De La Espriella, quien ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del candidato del Pacto Histórico.Harman negó de manera categórica cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano a la candidatura de Cepeda hace innecesaria cualquier práctica ilegal.“Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”, afirmó Harman durante la entrevista. El dirigente sostuvo que el trabajo de la campaña se concentra en la organización logística y electoral de cara a la jornada democrática, especialmente en la coordinación de activistas y equipos territoriales encargados de movilizar la estructura política en los distintos puestos de votación.La polémica por un video en ValleduparLa controversia se intensificó tras la divulgación de un video atribuido a Pedro Acuña, señalado por algunos sectores como cercano a la campaña de Cepeda en Valledupar. En la grabación, Acuña menciona la necesidad de que “la plata llegue a donde tiene que llegar” y habla de transporte, agua, almuerzos y recursos para la operación electoral.Frente a estas declaraciones, Harman insistió en que cualquier explicación sobre el contenido específico del video debe ser dada por Acuña y no por la campaña nacional.“Lo que dice el señor Pedro Acuña lo tendrá que responder el señor Pedro Acuña”, señaló. No obstante, el exfuncionario interpretó que las referencias económicas estarían relacionadas con aspectos logísticos habituales dentro de una campaña política, como la alimentación de testigos electorales, la hidratación de voluntarios y los mecanismos de transporte para facilitar la participación de simpatizantes, especialmente en zonas rurales.Según Harman, dichas actividades no constituyen una infracción electoral y hacen parte de la organización operativa necesaria para garantizar la presencia de los equipos de campaña durante la jornada de votación.Harman rechaza interpretaciones sobre compra de votosUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando los periodistas insistieron en preguntarle sobre el destino de los recursos mencionados en el video y la posibilidad de que estuvieran dirigidos a votantes.Harman respondió reiteradamente que no existe evidencia alguna que permita concluir que se esté hablando de compra de votos.“Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo”, explicó.El coordinador electoral sostuvo que las conclusiones sobre una eventual compra de sufragios responden a interpretaciones políticas interesadas y no a hechos comprobados.“¿Dónde están diciendo que van a comprar un solo voto, Néstor?”, cuestionó durante la entrevista.Asimismo, afirmó que la fortaleza de la campaña radica en la movilización ciudadana y en el respaldo popular que, según él, tiene el proyecto político liderado por Iván Cepeda.Cuestionamientos a la financiación de otras campañasAdemás de defender la actuación de su equipo, Harman aprovechó el espacio para lanzar críticas contra sectores que han promovido las denuncias. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras pidió que las autoridades electorales y judiciales investiguen el origen de los recursos que financian las distintas campañas.En ese sentido, hizo referencia a informaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos empresariales y patrimoniales de personas cercanas a Abelardo de la Espriella, aunque sin presentar pruebas adicionales durante la entrevista.“Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.Las declaraciones forman parte de una estrategia discursiva que busca trasladar el foco de atención hacia los mecanismos de financiación política, un tema que históricamente ha estado en el centro del debate electoral colombiano.
La Procuraduría sancionó en primera instancia al exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman Ortiz con una suspensión de seis meses por irregularidades en el trámite de un despacho comisorio relacionado con la entrega y restablecimiento de un bien inmueble.De acuerdo con el Ministerio Público, durante el desarrollo de una diligencia judicial, el entonces mandatario local adelantó actuaciones que no estaban permitidas legalmente para el rol que desempeñaba como funcionario comisionado.Según la decisión disciplinaria, Harman dio trámite a recusaciones y posteriormente se declaró impedido dentro del proceso, pese a que la ley prohíbe este tipo de actuaciones en ese contexto.La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que estas decisiones ocasionaron retrasos injustificados en el cumplimiento de una orden judicial emitida en 2022, cuyo propósito era restablecer derechos relacionados con un inmueble. Para el ente de control, la situación afectó la ejecución oportuna de una determinación adoptada por la autoridad competente.El organismo disciplinario calificó la conducta del exalcalde como una falta grave cometida a título de culpa grave. Sin embargo, debido a que Harman ya no ocupa el cargo por el cual fue investigado, la sanción de suspensión fue convertida en el pago equivalente a salarios básicos mensuales.No obstante, el proceso aún no queda en firme. La defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que deberá revisar el fallo de primera instancia y definir si lo ratifica, modifica o revoca.
En el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha venido desarrollando varias acciones institucionales orientadas a enfrentar los efectos de la emergencia climática y garantizar el acceso a la tierra de las comunidades afectadas por las recientes inundaciones. En Cereté, el pasado 27 de marzo, ante miles de campesinos y pescadores del departamento, el presidente Petro, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, entregaron 3.600 hectáreas a más de 1.000 familias campesinas impactadas por la emergencia climática. Parte de estos predios eran administrados por la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, y anteriormente pertenecieron a narcotraficantes y jefes paramilitares.“Aquí estamos resistiendo y por eso nos encontramos hoy muy felices: porque llegó el Gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estábamos en la Ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo”, afirmó el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de Cereté, Rafael Espitia. En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté se han distribuido 714 hectáreas correspondientes a 11 predios recuperados. Las tierras productivas han sido asignadas a diversas asociaciones campesinas, víctimas del conflicto, que lo perdieron todo en las recientes inundaciones, fortaleciendo procesos organizativos en el territorio. En Cereté, el director Juan Felipe Harman recuperó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha que corresponden a 188 hectáreas colindantes con la Ciénaga de Corralito. Estos predios, que anteriormente estaban bajo la administración de la ANT y figuraban en la denominada Lista Clinton, tras comprobarse su relación con la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fueron entregados a asociaciones de familias campesinas y pesqueras —Asopissico, Asoparcer y Asoparcico—, quienes perdieron sus cultivos debido a las recientes inundaciones.“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.“Quiero darle las gracias a este gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades. El presidente Petro ha pensado en las mujeres, las víctimas, en toda la población”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de entrega de tierras.A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.Posteriormente, se llevaron a cabo Ruedas de Negocios en Ciénaga de Oro y Lorica, en la que terratenientes y propietarios de fincas postularon sus predios a la Reforma Agraria ante la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.Recuperaciones de ciénagas en CórdobaPor otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.Ley Estatutaria de Jurisdicción AgrariaAdemás, el presidente Gustavo Petro sancionó Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.“Tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.Finalmente, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró: “Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.Finalmente, se llevaron a cabo ruedas de negocios en Ciénaga de Oro y Lorica para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.Ley Estatutaria de Jurisdicción AgrariaAdemás, el pasado 27 de marzo, en un evento presidido por el presidente Gustavo Petro, acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo y del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, se anunció la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.Anuncios sobre las inundaciones en CórdobaPor otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
Durante una reciente intervención en el más reciente consejo de ministros, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzó una grave denuncia: al menos uno de cada tres congresistas colombianos estaría presuntamente vinculado a casos de acumulación irregular de tierras baldías. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, Harman defendió sus declaraciones asegurando que su entidad no investiga personas, sino predios. Sin embargo, al avanzar en estos procesos, “nos aparecen congresistas”.Según Harman, esta afirmación se basa en un análisis preliminar adelantado por la ANT, con expedientes ya abiertos y predios debidamente identificados.Congresistas señalados por HarmanEn su exposición, el director de la ANT nombró directamente a ciertos legisladores, entre ellos: Marcos Daniel Pineda, Liliana Esther Vitar y Lidio García Turbay, todos con presunta relación con predios baldíos en Córdoba y Bolívar. Harman fue enfático al señalar que estos casos están en proceso administrativo y que, tras esa fase, se dará paso a la etapa judicial.“El ente investigador de los temas de tierras es la Agencia Nacional de Tierras... culminada la etapa administrativa, se pasa vía judicial”, explicó Harman.Uno de los casos que generó mayor resonancia fue el del representante Carlos Cuenca, quien, según Harman, ha solicitado procedimientos de defensa de propiedad sobre un predio bajo investigación, utilizando su nombre y cédula. El funcionario destacó que Cuenca incluso “ha planteado abiertamente que tiene un impedimento para citar a la Agencia Nacional de Tierras en el Congreso”, por su vinculación directa con el caso.Durante la entrevista, se le cuestionó a Harman si el Gobierno podría estar usando estas investigaciones como una herramienta política para debilitar los controles legislativos. La respuesta del director fue tajante: “De ninguna manera. Yo he sido citado por diferentes comisiones y plenarias del Congreso y siempre he estado con la mejor disposición para atender los llamados de control político”.Sin embargo, el funcionario advirtió sobre un conflicto ético de fondo: “Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”.Felipe Harman defendió la labor de la ANT asegurando que los procedimientos están siendo ejecutados con rigurosidad técnica. Hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, afirmó.
En un nuevo avance de la Reforma Agraria en Colombia, la Agencia Nacional de Tierras logró recuperar más de 1.500 hectáreas en el municipio de Cimitarra, Santander. Las propiedades, que habían sido acaparadas por exparamilitares durante más de dos décadas, pasarán ahora a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado.Los predios conocidos como Borinqueña, El Cumaral, Chimichagua, Alcaraván y El Porvenir, estaban bajo control de personas vinculadas a los exjefes paramilitares alias 'Ruso' y alias 'Tomate', a pesar de haber sido entregados previamente al Fondo para la Reparación de Víctimas.“Estas tierras fueron utilizadas para financiar la guerra, lavar dinero del narcotráfico y desplazar comunidades. Ahora, gracias al trabajo conjunto con la fuerza pública, vuelven a manos campesinas para sembrar alimentos y construir dignidad”, afirmó Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras. La recuperación fue realizada con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército, la Personería y la Defensoría del Pueblo, garantizando la legalidad y protección de derechos durante todo el proceso.Esta acción forma parte del plan del Gobierno Nacional para acelerar la Reforma Agraria en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Magdalena Medio.El director de la ANT destacó que esta es apenas la primera fase del operativo. En una segunda jornada prevista para este 14 de mayo, se espera la recuperación de más baldíos ocupados de forma irregular en otros puntos del departamento.El Gobierno nacional busca con estás acciones cumplir los compromiso con la reparación a víctimas del conflicto armado.
Este jueves se concretó la entrega de 416 hectáreas de tierra a la Asociación de Pescadores Artesanales de Honda (Tolima), compuesta por 40 familias. El acto fue liderado por Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la vereda El Llano del municipio de La Victoria, Caldas.Entre los beneficiarios está Arnulfo Muñoz, un pescador artesanal y sobreviviente del conflicto armado, quien desde hace años lucha por condiciones dignas para su comunidad. Arnulfo, que vivió en carne propia la violencia que azotó las riberas del Magdalena, vio este día como la realización de una promesa largamente esperada.“Me siento muy orgulloso, mi familia y toda la comunidad también. Agradecemos que por fin se nos haya tenido en cuenta y podamos contar con esta tierra para producir. Esperamos que alcance para todos los que la necesitan”, expresó emocionado.La historia de esta entrega comenzó en junio de 2022, cuando Arnulfo recibió la visita de un entonces candidato presidencial que decidió conocer de cerca las necesidades de los pescadores artesanales. Durante aquella madrugada, compartieron una jornada de pesca y una conversación sincera sobre las dificultades que afrontan estas comunidades, como la pérdida de peces debido al impacto de las represas en el ecosistema.Arnulfo recuerda con claridad aquel encuentro y el compromiso que se asumió en ese momento: buscar acceso justo a la tierra para quienes dependen del río para subsistir. El 7 de agosto de ese mismo año, fue invitado especial a la posesión presidencial en Bogotá, donde escuchó la reafirmación de esa promesa: incluir a los pescadores en la política de acceso a la tierra.Casi tres años después, el sueño se hace realidad. En un acto simbólico y emotivo, el director de la ANT llegó hasta su casa en Honda para compartir un desayuno comunitario con la asociación de pescadores, antes de trasladarse al predio Los Cedros, donde se oficializó la entrega de la tierra.“Nos recibieron con pescado fresco preparado con sus propias manos. Hoy no solo compartimos la mesa, también compartimos la alegría de entregar tierras a quienes las necesitan”, declaró Harman durante la ceremonia.La tierra será destinada a cultivos como yuca, plátano, fríjol y maíz, y también a un proyecto de piscicultura que ya se encuentra en formulación. “Esta tierra nos va a garantizar seguridad alimentaria y una nueva oportunidad para vivir dignamente”, afirmó Arnulfo, quien desde joven aprendió a pescar con atarraya, cóngolos y anzuelo.Según la ANT, esta entrega es solo una parte de un proceso más amplio. Se han identificado alrededor de 3.500 hectáreas disponibles en zonas como Honda y La Dorada, antes pertenecientes a redes criminales, que ahora podrían beneficiar a comunidades campesinas y pesqueras.“Hoy hemos sido afortunados y beneficiados con estas tierras hermosas. Es un paso enorme para quienes, como nosotros, soñábamos con tener una parcela propia”, concluyó Liliana Labrador, miembro de la Asociación.En lo corrido de estos dos años y medio, se han gestionado más de 566.791 hectáreas para la Reforma Agraria y, en materia de formalización, la Agencia Nacional de Tierras, también rompe récords con la titulación de más de 1.500.000 hectáreas, lo que supera los resultados de las dos administraciones anteriores juntas.
En una entrevista con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, abordó las graves denuncias sobre el accionar del ELN en la región del Catatumbo, donde presuntamente este grupo armado estaría obligando a campesinos a entregar sus tierras. Harman también detalló los avances del programa "Fincas para la Paz", que busca adquirir tierras para destinarlas a proyectos productivos y de protección humanitaria.Denuncias de despojo de tierras por parte del ELNHarman confirmó que ha recibido denuncias "muy graves y serias" sobre el despojo de tierras por parte del ELN en el Catatumbo. Según estas acusaciones, el grupo armado estaría forzando a campesinos a firmar documentos para entregar sus propiedades. “Ayer tuve una amplia conversación con parte del movimiento campesino de esta región y si hay denuncias muy graves y serias de despojo de tierras por parte del ELN que tienen que investigar los entes competentes. Son tremendamente graves que están literalmente forzando a campesinos a firmar papeles para entregar sus tierras. Eso es un tema muy grave que tendrá que ser investigado por las autoridades de derechos humanos”, dijo.El director de la Agencia Nacional de Tierras reconoció que estas prácticas no son nuevas y que han sido recurrentes en la región, comparándolas con las acciones que en el pasado realizaban grupos paramilitares. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no está comprando tierras a campesinos pequeños, sino que se enfoca en ofertas voluntarias de propietarios con fincas de mayor extensión.El programa "Fincas para la Paz" y las compras voluntariasHarman explicó que el programa "Fincas para la Paz" se está implementando en el Catatumbo a través de ofertas voluntarias de tierras. Según el funcionario, ya se han identificado alrededor de 7,000 hectáreas ofertadas por propietarios en la región, con predios que oscilan entre 200 y 500 hectáreas. Estas tierras serían destinadas a organizaciones campesinas para proyectos productivos y como refugios humanitarios en momentos de crisis.El director aclaró que las compras se están realizando bajo el marco de la Ley de Gestión de Riesgo (Ley 1523) y no bajo la Ley Agraria (Ley 160), lo que permite agilizar los procesos. Además, destacó que no se están expropiando tierras, sino que se están negociando con propietarios que han ofrecido voluntariamente sus predios.Preocupaciones sobre la presencia del ELN y la distribución de tierrasDurante la entrevista, surgieron preguntas sobre la posible influencia del ELN en la región y si este grupo se estaría convirtiendo en un "gran terrateniente" en el Catatumbo. Harman evitó confirmar si el ELN posee tierras en la zona, pero reiteró que las denuncias de despojo deben ser investigadas por las autoridades competentes, como la Fiscalía.Respecto a la distribución de las tierras adquiridas, Harman señaló que el objetivo es fortalecer a las organizaciones campesinas y garantizar que estas fincas sirvan como soporte productivo y espacios de protección humanitaria. "Queremos que estas tierras sean asignadas a las organizaciones campesinas y que sirvan para generar un fortalecimiento frente a los embates de la violencia", afirmó.Avances en la formalización de tierras y proyectos productivosEl director también habló sobre los esfuerzos para formalizar la propiedad de la tierra en el Catatumbo, una región con un índice de informalidad del 65 al 70%. Harman destacó que el gobierno está avanzando en la entrega de títulos a campesinos que han sido despojados o que reclaman sus tierras, lo que les da certeza jurídica sobre sus propiedades.En cuanto a los proyectos productivos, Harman resaltó que el Catatumbo tiene un gran potencial para la producción de alimentos como arroz, palma, verduras y ganado. "El país transformando el Catatumbo gana un gran espacio para la producción alimentaria", aseguró.Negociación con el expresidente Uribe por el UbérrimoFinalmente, Harman se refirió a la negociación con el expresidente Álvaro Uribe para la compra de un predio en Ubérrimo, municipio de San Carlos. Confirmó que se están avanzando en la compra de 200 hectáreas, aunque no reveló detalles sobre el precio. "Vamos avanzando en la negociación y pedimos prudencia hasta que se materialice la compra", concluyó.Con este programa, el gobierno busca no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también fortalecer la presencia del Estado en una región históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
