El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, anunció que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de despojo de tierras y amenazas contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria por parte del Clan del Golfo. Estos hechos, según indicó, se habrían intensificado tras las recientes elecciones. El funcionario aseguró que las denuncias buscan alertar sobre un posible patrón de intimidación en predios recuperados por el Estado y reiteró que la entidad continuará con los procesos de formalización de tierras durante el empalme de gobierno.Harman afirmó que la ANT ha identificado amenazas en varias fincas entregadas a campesinos y advirtió sobre posibles nuevos casos de desplazamiento forzado en distintas regiones del país. “Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, a amedrentar a los campesinos en una semana. Nosotros no lo podemos pasar por alto, no podemos permitirlo. Y de forma clara y concreta, pongo en conocimiento de la Fiscalía quiénes serían los presuntos responsables de estas situaciones en cuatro regiones del país”, señaló.El director indicó que las denuncias incluyen hechos ocurridos en Córdoba, el Magdalena Medio y el Meta, donde, según afirmó, se estarían presentando fenómenos de intimidación y desplazamiento. En ese contexto, mencionó a varios presuntos responsables.“Estamos hablando de alias ‘Don Julio’, quien ha advertido a campesinos de las fincas de Puerto Boyacá y La Dorada que tienen que desocupar los predios; también en el departamento de Córdoba presuntamente estaría implicado en este fenómeno. Alias ‘Gina’ estaría asociada a algunas amenazas que están recibiendo los campesinos de esta región. Y también un señor de apellido Meyendorff, de quien recuperamos dos fincas: una en Puerto López, Meta, donde llegaron incluso a golpear a los campesinos y a herirlos con arma larga; y otra en Buenavista, Córdoba, donde, bajo ese mismo esquema, actores armados les dieron 48 horas para abandonar los predios”, manifestó.Harman sostuvo que la ANT mantendrá el acompañamiento a las familias campesinas y pidió respaldo institucional para evitar nuevos hechos de violencia. “No están solas, la reforma agraria llegó para consolidarse. El mensaje al país es rodear esas fincas de la reforma agraria. Lo que ocurra o pase en esas fincas va a desatar un nuevo ciclo de violencia y de despojo en este país. Nosotros no lo podemos permitir”, afirmó.Finalmente, el director invitó al nuevo Gobierno a asumir una posición frente a las denuncias y a garantizar la protección de los beneficiarios de la reforma agraria. “Invito al nuevo gobierno a asumir una posición abierta sobre estos temas. Esto tiene que superar cualquier diferencia política, porque lo que no podemos naturalizar es que lleguen personas armadas a las fincas recuperadas para darle ultimátum a los campesinos y obligarlos a salir”, concluyó.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, regresará a su cargo después de separarse durante sólo 17 días, período en el que se unió a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, en busca de la llamada “remontada” que buscaba revertir los resultados de la primera vuelta presidencial que había ganado Abelardo De la Espriella con 2,84 % de diferencia.A las 6:30 de la tarde de este lunes fue publicada la Hoja de Vida en la página web de la Presidencia de la República, como paso previo para su designación oficial nuevamente.Blu Radio consultó a Harman y confirmó que sí fue publicado su HV, pero que estaba analizando el regreso al cargo con sus abogados, debido a que no quiere inhabilitarse, para poder inscribirse como candidato en las elecciones regionales de octubre del año 2027, aunque no confirmó si será a una alcaldía o gobernación.“Voy a hacer el análisis jurídico, para no inhabilitarme en las territoriales”, comentó Harman, quien fue alcalde de Villavicencio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.Justificó su regreso a la entidad al considerar que “es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, es decir, lo hará para rendir cuentas de la ANT y entregarla al nuevo gobierno que arranca el 7 de agosto.La bandera suya, por encomendación del presidente Gustavo Petro, de acuerdo a las tareas propias de la entidad que dirigió, han estado relacionadas con la entrega de tierras y la reforma agraria.Al publicarse la Hoja de Vida, las críticas no se hicieron esperar. “Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno (...) Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, reclamó el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro De Bedout.El concejal llama a Petro y Harman “descarados”, al considerar que “acabarán con lo poco que queda del Estado”, porque según él, “llegaron para servirse y no para servirle al país”.
Las denuncias sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe continúan generando controversia en medio de la recta final de la campaña presidencial. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda para la jornada de votación, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y dirigente político Abelardo De La Espriella, quien ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del candidato del Pacto Histórico.Harman negó de manera categórica cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano a la candidatura de Cepeda hace innecesaria cualquier práctica ilegal.“Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”, afirmó Harman durante la entrevista. El dirigente sostuvo que el trabajo de la campaña se concentra en la organización logística y electoral de cara a la jornada democrática, especialmente en la coordinación de activistas y equipos territoriales encargados de movilizar la estructura política en los distintos puestos de votación.La polémica por un video en ValleduparLa controversia se intensificó tras la divulgación de un video atribuido a Pedro Acuña, señalado por algunos sectores como cercano a la campaña de Cepeda en Valledupar. En la grabación, Acuña menciona la necesidad de que “la plata llegue a donde tiene que llegar” y habla de transporte, agua, almuerzos y recursos para la operación electoral.Frente a estas declaraciones, Harman insistió en que cualquier explicación sobre el contenido específico del video debe ser dada por Acuña y no por la campaña nacional.“Lo que dice el señor Pedro Acuña lo tendrá que responder el señor Pedro Acuña”, señaló. No obstante, el exfuncionario interpretó que las referencias económicas estarían relacionadas con aspectos logísticos habituales dentro de una campaña política, como la alimentación de testigos electorales, la hidratación de voluntarios y los mecanismos de transporte para facilitar la participación de simpatizantes, especialmente en zonas rurales.Según Harman, dichas actividades no constituyen una infracción electoral y hacen parte de la organización operativa necesaria para garantizar la presencia de los equipos de campaña durante la jornada de votación.Harman rechaza interpretaciones sobre compra de votosUno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando los periodistas insistieron en preguntarle sobre el destino de los recursos mencionados en el video y la posibilidad de que estuvieran dirigidos a votantes.Harman respondió reiteradamente que no existe evidencia alguna que permita concluir que se esté hablando de compra de votos.“Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo”, explicó.El coordinador electoral sostuvo que las conclusiones sobre una eventual compra de sufragios responden a interpretaciones políticas interesadas y no a hechos comprobados.“¿Dónde están diciendo que van a comprar un solo voto, Néstor?”, cuestionó durante la entrevista.Asimismo, afirmó que la fortaleza de la campaña radica en la movilización ciudadana y en el respaldo popular que, según él, tiene el proyecto político liderado por Iván Cepeda.Cuestionamientos a la financiación de otras campañasAdemás de defender la actuación de su equipo, Harman aprovechó el espacio para lanzar críticas contra sectores que han promovido las denuncias. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras pidió que las autoridades electorales y judiciales investiguen el origen de los recursos que financian las distintas campañas.En ese sentido, hizo referencia a informaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos empresariales y patrimoniales de personas cercanas a Abelardo de la Espriella, aunque sin presentar pruebas adicionales durante la entrevista.“Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.Las declaraciones forman parte de una estrategia discursiva que busca trasladar el foco de atención hacia los mecanismos de financiación política, un tema que históricamente ha estado en el centro del debate electoral colombiano.
La Procuraduría sancionó en primera instancia al exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman Ortiz con una suspensión de seis meses por irregularidades en el trámite de un despacho comisorio relacionado con la entrega y restablecimiento de un bien inmueble.De acuerdo con el Ministerio Público, durante el desarrollo de una diligencia judicial, el entonces mandatario local adelantó actuaciones que no estaban permitidas legalmente para el rol que desempeñaba como funcionario comisionado.Según la decisión disciplinaria, Harman dio trámite a recusaciones y posteriormente se declaró impedido dentro del proceso, pese a que la ley prohíbe este tipo de actuaciones en ese contexto.La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que estas decisiones ocasionaron retrasos injustificados en el cumplimiento de una orden judicial emitida en 2022, cuyo propósito era restablecer derechos relacionados con un inmueble. Para el ente de control, la situación afectó la ejecución oportuna de una determinación adoptada por la autoridad competente.El organismo disciplinario calificó la conducta del exalcalde como una falta grave cometida a título de culpa grave. Sin embargo, debido a que Harman ya no ocupa el cargo por el cual fue investigado, la sanción de suspensión fue convertida en el pago equivalente a salarios básicos mensuales.No obstante, el proceso aún no queda en firme. La defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que deberá revisar el fallo de primera instancia y definir si lo ratifica, modifica o revoca.
En el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha venido desarrollando varias acciones institucionales orientadas a enfrentar los efectos de la emergencia climática y garantizar el acceso a la tierra de las comunidades afectadas por las recientes inundaciones. En Cereté, el pasado 27 de marzo, ante miles de campesinos y pescadores del departamento, el presidente Petro, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, entregaron 3.600 hectáreas a más de 1.000 familias campesinas impactadas por la emergencia climática. Parte de estos predios eran administrados por la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, y anteriormente pertenecieron a narcotraficantes y jefes paramilitares.“Aquí estamos resistiendo y por eso nos encontramos hoy muy felices: porque llegó el Gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estábamos en la Ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo”, afirmó el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de Cereté, Rafael Espitia. En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté se han distribuido 714 hectáreas correspondientes a 11 predios recuperados. Las tierras productivas han sido asignadas a diversas asociaciones campesinas, víctimas del conflicto, que lo perdieron todo en las recientes inundaciones, fortaleciendo procesos organizativos en el territorio. En Cereté, el director Juan Felipe Harman recuperó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha que corresponden a 188 hectáreas colindantes con la Ciénaga de Corralito. Estos predios, que anteriormente estaban bajo la administración de la ANT y figuraban en la denominada Lista Clinton, tras comprobarse su relación con la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fueron entregados a asociaciones de familias campesinas y pesqueras —Asopissico, Asoparcer y Asoparcico—, quienes perdieron sus cultivos debido a las recientes inundaciones.“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.“Quiero darle las gracias a este gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades. El presidente Petro ha pensado en las mujeres, las víctimas, en toda la población”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de entrega de tierras.A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.Posteriormente, se llevaron a cabo Ruedas de Negocios en Ciénaga de Oro y Lorica, en la que terratenientes y propietarios de fincas postularon sus predios a la Reforma Agraria ante la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.Recuperaciones de ciénagas en CórdobaPor otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.Ley Estatutaria de Jurisdicción AgrariaAdemás, el presidente Gustavo Petro sancionó Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.“Tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.Finalmente, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró: “Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.Finalmente, se llevaron a cabo ruedas de negocios en Ciénaga de Oro y Lorica para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.Ley Estatutaria de Jurisdicción AgrariaAdemás, el pasado 27 de marzo, en un evento presidido por el presidente Gustavo Petro, acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo y del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, se anunció la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.Anuncios sobre las inundaciones en CórdobaPor otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
Durante una reciente intervención en el más reciente consejo de ministros, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzó una grave denuncia: al menos uno de cada tres congresistas colombianos estaría presuntamente vinculado a casos de acumulación irregular de tierras baldías. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, Harman defendió sus declaraciones asegurando que su entidad no investiga personas, sino predios. Sin embargo, al avanzar en estos procesos, “nos aparecen congresistas”.Según Harman, esta afirmación se basa en un análisis preliminar adelantado por la ANT, con expedientes ya abiertos y predios debidamente identificados.Congresistas señalados por HarmanEn su exposición, el director de la ANT nombró directamente a ciertos legisladores, entre ellos: Marcos Daniel Pineda, Liliana Esther Vitar y Lidio García Turbay, todos con presunta relación con predios baldíos en Córdoba y Bolívar. Harman fue enfático al señalar que estos casos están en proceso administrativo y que, tras esa fase, se dará paso a la etapa judicial.“El ente investigador de los temas de tierras es la Agencia Nacional de Tierras... culminada la etapa administrativa, se pasa vía judicial”, explicó Harman.Uno de los casos que generó mayor resonancia fue el del representante Carlos Cuenca, quien, según Harman, ha solicitado procedimientos de defensa de propiedad sobre un predio bajo investigación, utilizando su nombre y cédula. El funcionario destacó que Cuenca incluso “ha planteado abiertamente que tiene un impedimento para citar a la Agencia Nacional de Tierras en el Congreso”, por su vinculación directa con el caso.Durante la entrevista, se le cuestionó a Harman si el Gobierno podría estar usando estas investigaciones como una herramienta política para debilitar los controles legislativos. La respuesta del director fue tajante: “De ninguna manera. Yo he sido citado por diferentes comisiones y plenarias del Congreso y siempre he estado con la mejor disposición para atender los llamados de control político”.Sin embargo, el funcionario advirtió sobre un conflicto ético de fondo: “Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”.Felipe Harman defendió la labor de la ANT asegurando que los procedimientos están siendo ejecutados con rigurosidad técnica. Hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, afirmó.
En un nuevo avance de la Reforma Agraria en Colombia, la Agencia Nacional de Tierras logró recuperar más de 1.500 hectáreas en el municipio de Cimitarra, Santander. Las propiedades, que habían sido acaparadas por exparamilitares durante más de dos décadas, pasarán ahora a manos de campesinos y víctimas del conflicto armado.Los predios conocidos como Borinqueña, El Cumaral, Chimichagua, Alcaraván y El Porvenir, estaban bajo control de personas vinculadas a los exjefes paramilitares alias 'Ruso' y alias 'Tomate', a pesar de haber sido entregados previamente al Fondo para la Reparación de Víctimas.“Estas tierras fueron utilizadas para financiar la guerra, lavar dinero del narcotráfico y desplazar comunidades. Ahora, gracias al trabajo conjunto con la fuerza pública, vuelven a manos campesinas para sembrar alimentos y construir dignidad”, afirmó Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras. La recuperación fue realizada con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército, la Personería y la Defensoría del Pueblo, garantizando la legalidad y protección de derechos durante todo el proceso.Esta acción forma parte del plan del Gobierno Nacional para acelerar la Reforma Agraria en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Magdalena Medio.El director de la ANT destacó que esta es apenas la primera fase del operativo. En una segunda jornada prevista para este 14 de mayo, se espera la recuperación de más baldíos ocupados de forma irregular en otros puntos del departamento.El Gobierno nacional busca con estás acciones cumplir los compromiso con la reparación a víctimas del conflicto armado.
Este jueves se concretó la entrega de 416 hectáreas de tierra a la Asociación de Pescadores Artesanales de Honda (Tolima), compuesta por 40 familias. El acto fue liderado por Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la vereda El Llano del municipio de La Victoria, Caldas.Entre los beneficiarios está Arnulfo Muñoz, un pescador artesanal y sobreviviente del conflicto armado, quien desde hace años lucha por condiciones dignas para su comunidad. Arnulfo, que vivió en carne propia la violencia que azotó las riberas del Magdalena, vio este día como la realización de una promesa largamente esperada.“Me siento muy orgulloso, mi familia y toda la comunidad también. Agradecemos que por fin se nos haya tenido en cuenta y podamos contar con esta tierra para producir. Esperamos que alcance para todos los que la necesitan”, expresó emocionado.La historia de esta entrega comenzó en junio de 2022, cuando Arnulfo recibió la visita de un entonces candidato presidencial que decidió conocer de cerca las necesidades de los pescadores artesanales. Durante aquella madrugada, compartieron una jornada de pesca y una conversación sincera sobre las dificultades que afrontan estas comunidades, como la pérdida de peces debido al impacto de las represas en el ecosistema.Arnulfo recuerda con claridad aquel encuentro y el compromiso que se asumió en ese momento: buscar acceso justo a la tierra para quienes dependen del río para subsistir. El 7 de agosto de ese mismo año, fue invitado especial a la posesión presidencial en Bogotá, donde escuchó la reafirmación de esa promesa: incluir a los pescadores en la política de acceso a la tierra.Casi tres años después, el sueño se hace realidad. En un acto simbólico y emotivo, el director de la ANT llegó hasta su casa en Honda para compartir un desayuno comunitario con la asociación de pescadores, antes de trasladarse al predio Los Cedros, donde se oficializó la entrega de la tierra.“Nos recibieron con pescado fresco preparado con sus propias manos. Hoy no solo compartimos la mesa, también compartimos la alegría de entregar tierras a quienes las necesitan”, declaró Harman durante la ceremonia.La tierra será destinada a cultivos como yuca, plátano, fríjol y maíz, y también a un proyecto de piscicultura que ya se encuentra en formulación. “Esta tierra nos va a garantizar seguridad alimentaria y una nueva oportunidad para vivir dignamente”, afirmó Arnulfo, quien desde joven aprendió a pescar con atarraya, cóngolos y anzuelo.Según la ANT, esta entrega es solo una parte de un proceso más amplio. Se han identificado alrededor de 3.500 hectáreas disponibles en zonas como Honda y La Dorada, antes pertenecientes a redes criminales, que ahora podrían beneficiar a comunidades campesinas y pesqueras.“Hoy hemos sido afortunados y beneficiados con estas tierras hermosas. Es un paso enorme para quienes, como nosotros, soñábamos con tener una parcela propia”, concluyó Liliana Labrador, miembro de la Asociación.En lo corrido de estos dos años y medio, se han gestionado más de 566.791 hectáreas para la Reforma Agraria y, en materia de formalización, la Agencia Nacional de Tierras, también rompe récords con la titulación de más de 1.500.000 hectáreas, lo que supera los resultados de las dos administraciones anteriores juntas.
En una entrevista con Mañanas Blu, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, abordó las graves denuncias sobre el accionar del ELN en la región del Catatumbo, donde presuntamente este grupo armado estaría obligando a campesinos a entregar sus tierras. Harman también detalló los avances del programa "Fincas para la Paz", que busca adquirir tierras para destinarlas a proyectos productivos y de protección humanitaria.Denuncias de despojo de tierras por parte del ELNHarman confirmó que ha recibido denuncias "muy graves y serias" sobre el despojo de tierras por parte del ELN en el Catatumbo. Según estas acusaciones, el grupo armado estaría forzando a campesinos a firmar documentos para entregar sus propiedades. “Ayer tuve una amplia conversación con parte del movimiento campesino de esta región y si hay denuncias muy graves y serias de despojo de tierras por parte del ELN que tienen que investigar los entes competentes. Son tremendamente graves que están literalmente forzando a campesinos a firmar papeles para entregar sus tierras. Eso es un tema muy grave que tendrá que ser investigado por las autoridades de derechos humanos”, dijo.El director de la Agencia Nacional de Tierras reconoció que estas prácticas no son nuevas y que han sido recurrentes en la región, comparándolas con las acciones que en el pasado realizaban grupos paramilitares. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no está comprando tierras a campesinos pequeños, sino que se enfoca en ofertas voluntarias de propietarios con fincas de mayor extensión.El programa "Fincas para la Paz" y las compras voluntariasHarman explicó que el programa "Fincas para la Paz" se está implementando en el Catatumbo a través de ofertas voluntarias de tierras. Según el funcionario, ya se han identificado alrededor de 7,000 hectáreas ofertadas por propietarios en la región, con predios que oscilan entre 200 y 500 hectáreas. Estas tierras serían destinadas a organizaciones campesinas para proyectos productivos y como refugios humanitarios en momentos de crisis.El director aclaró que las compras se están realizando bajo el marco de la Ley de Gestión de Riesgo (Ley 1523) y no bajo la Ley Agraria (Ley 160), lo que permite agilizar los procesos. Además, destacó que no se están expropiando tierras, sino que se están negociando con propietarios que han ofrecido voluntariamente sus predios.Preocupaciones sobre la presencia del ELN y la distribución de tierrasDurante la entrevista, surgieron preguntas sobre la posible influencia del ELN en la región y si este grupo se estaría convirtiendo en un "gran terrateniente" en el Catatumbo. Harman evitó confirmar si el ELN posee tierras en la zona, pero reiteró que las denuncias de despojo deben ser investigadas por las autoridades competentes, como la Fiscalía.Respecto a la distribución de las tierras adquiridas, Harman señaló que el objetivo es fortalecer a las organizaciones campesinas y garantizar que estas fincas sirvan como soporte productivo y espacios de protección humanitaria. "Queremos que estas tierras sean asignadas a las organizaciones campesinas y que sirvan para generar un fortalecimiento frente a los embates de la violencia", afirmó.Avances en la formalización de tierras y proyectos productivosEl director también habló sobre los esfuerzos para formalizar la propiedad de la tierra en el Catatumbo, una región con un índice de informalidad del 65 al 70%. Harman destacó que el gobierno está avanzando en la entrega de títulos a campesinos que han sido despojados o que reclaman sus tierras, lo que les da certeza jurídica sobre sus propiedades.En cuanto a los proyectos productivos, Harman resaltó que el Catatumbo tiene un gran potencial para la producción de alimentos como arroz, palma, verduras y ganado. "El país transformando el Catatumbo gana un gran espacio para la producción alimentaria", aseguró.Negociación con el expresidente Uribe por el UbérrimoFinalmente, Harman se refirió a la negociación con el expresidente Álvaro Uribe para la compra de un predio en Ubérrimo, municipio de San Carlos. Confirmó que se están avanzando en la compra de 200 hectáreas, aunque no reveló detalles sobre el precio. "Vamos avanzando en la negociación y pedimos prudencia hasta que se materialice la compra", concluyó.Con este programa, el gobierno busca no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también fortalecer la presencia del Estado en una región históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas por la comercialización de un supuesto desodorante natural que no cuenta con la autorización requerida para su venta. La entidad emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 y señaló que el producto "Desodorante Natural Marca Alufresh" sería fraudulento.Este anuncio surgió luego de varias denuncias ciudadanas y acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima.De acuerdo con la entidad de control, el producto estaría siendo ofrecido por medio de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, sin cumplir con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida en Colombia.“El producto no cuenta con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el territorio nacional, por lo que su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”, indicó el Invima en la alerta publicada.Invima advierte riesgos por uso de desodorante AlufreshAnte la alerta, la entidad explicó que los productos cosméticos sin NSO representan un posible riesgo para los consumidores, debido a que no existen garantías sobre su composición, fabricación, calidad, seguridad o eficacia.Adicionalmente, el Invima señaló que, debido a que se desconoce la cadena de comercialización del producto, no es posible verificar aspectos fundamentales como las condiciones de almacenamiento, transporte y conservación. Es decir, no se puede establecer si el desodorante llegó al consumidor en condiciones adecuadas.La autoridad sanitaria insistió en que los usuarios deben desconfiar de productos ofrecidos por canales no autorizados o que no permitan comprobar su respaldo legal.¿Qué deben hacer quienes compraron el desodorante?Como medida preventiva, el Invima recomendó a las personas que tengan este producto suspender inmediatamente su uso y evitar adquirirlo nuevamente.Asimismo, pidió denunciar a quienes estén distribuyendo o comercializando el producto por medio de los canales oficiales de la entidad, con el objetivo de avanzar en las acciones de vigilancia y control.La entidad también recordó que los consumidores pueden consultar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria a través de sus servicios en línea, donde es posible verificar los registros autorizados.De igual manera, solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar inspecciones en establecimientos donde pueda encontrarse este producto y reportar cualquier hallazgo.Bloque de preguntas y respuestas¿Por qué el Invima emitió una alerta sanitaria sobre el desodorante Alufresh?El Invima emitió la Alerta Sanitaria 226-2026 debido a que el "Desodorante Natural Marca Alufresh" se comercializa de forma ilegal en Colombia. El producto no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) requerida, por lo cual es clasificado como un producto fraudulento.¿Cuáles son los riesgos de usar el desodorante natural Alufresh?Al carecer de NSO, no existen garantías sobre la seguridad, calidad, composición o eficacia del producto. Además, se desconocen sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores. ¿Qué hacer si compré el desodorante Alufresh no autorizado por el Invima?El Invima recomienda suspender su uso de inmediato, evitar comprarlo nuevamente y denunciar los puntos de venta o perfiles de redes sociales que lo distribuyan a través de los canales oficiales de la entidad.
A través del decreto 0769 del 16 de julio de 2026, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) y del Ministerio de Educación Nacional, expidieron la regulación de la Ley 2489 de 2025 y fija las reglas para promover entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes.La norma establece obligaciones para las plataformas digitales y los prestadores de servicios en internet con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso de redes sociales, aplicaciones y otros servicios digitales. Entre las medidas técnicas más destacadas que deberán implementar las empresas se encuentran:Verificación de edad: Implementación de mecanismos proporcionales al riesgo para asegurar que los menores accedan a contenidos adecuadosBloqueo y reporte inmediato: Obligación de eliminar y denunciar ante las autoridades cualquier material relacionado con la explotación o el abuso sexual infantilHerramientas de control parental: Oferta de soluciones técnicas flexibles que permitan a los padres ajustar los niveles de restricción según la autonomía progresiva y la edad de sus hijos.Sin embargo, el decreto aclara que estas acciones no podrán traducirse en censura previa, monitoreo generalizado de contenidos ni afectar el cifrado de extremo a extremo o la privacidad de las comunicaciones. El decreto también fortalece la coordinación entre entidades del Estado, asigna responsabilidades al Ministerio TIC y promueve campañas de alfabetización y educación digital dirigidas a familias, docentes y estudiantes, con el fin de fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.El Ministerio de Educación Nacional diseñará y administrará un Repositorio de Buenas Prácticas que estará alojado en el Portal Colombia Aprende. Este espacio virtual ofrecerá recursos didácticos y guías para que docentes, padres y menores desarrollen competencias en alfabetización mediática y digitalAsimismo, las instituciones educativas del país deberán actualizar obligatoriamente sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Manuales de Convivencia para incluir protocolos de prevención frente a riesgos digitales como el ciberbullying y exposición a contenidos nocivos.La reglamentación desarrolla la Ley 2489 de 2025 bajo el principio del interés superior del menor y recoge estándares previstos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa colombiana de protección de datos personales. Con estas disposiciones, el Gobierno busca que el entorno digital ofrezca mayores garantías de seguridad, privacidad y protección para la población infantil y adolescente.
La violencia en el Atlántico está en su nivel más crítico y prueba de ello es que en lo que va del 2026 se han registrado 753 asesinatos en todo el departamento. Las cifras, reportadas por Medicina Legal, son más preocupantes si se tiene en cuenta que estos son 235 crímenes más, que los ocurridos en 2025 para esta misma época, lo que significa un aumento del 45%.Barranquilla lidera la lista de homicidios aquí con 375 asesinatos a la fecha, un incremento del 68% en los casos, derivado del enfrentamiento entre bandas criminales y la aparición de un tercer actor armado, la banda de La Nueva Generación que se desprendió de la estructura criminal Los Costeños, cuando esta decidió participar del fallido proceso de paz con el Gobierno Petro.El panorama de inseguridad es igual de angustiante para el resto del Atlántico, en especial municipios como Puerto Colombia, Santo Tomás, Palmar de Varela y Polonuevo, donde la Policía ha desplegado comandos de Fuerzas Especiales Urbanas, una capacidad élite para fortalecer la ofensiva contra las estructuras multicrimen.De hecho, en Polonuevo, tras el asesinato de la niña Celeste, de 3 años, a la que le dispararon en la cabeza en un aparente ataque extorsivo contra su familia; la Alcaldía ordenó toque de queda nocturno, medida que rigió para toda la poblacion hasta la madrugada de este miércoles, pero que seguirá vigente para los menores de edad durante los próximos dos meses, en horario de 10 de la noche a 4:00 de la mañana.También se prohibió la circulación del parrillero hombre en ese mismo horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada, y los negocios solo podrán estar abiertos hasta las 12:00 de la medianoche, exceptuando los sábados, cuando tendrán permiso hasta las 2:00 de la madrugada.
Luz Elena Flórez, de 60 años, padece varios quebrantos de salud, entre ellos diabetes y un fuerte dolor que, según sus familiares, estaría relacionado con una posible obstrucción vascular. Al acudir al servicio de urgencias del Hospital Santa Sofía, su familia denunció que les solicitaron llevar una silla para poder asignarle un espacio, debido a que el área se encontraba completamente colapsada.Una hermana de Luz Elena relató que la familia es de escasos recursos y que, ante la situación, tuvieron que salir a comprar un butaco de plástico para llevarlo al hospital y así lograr que recibiera atención médica.“No había dinero para comprar una silla con apoyabrazos y espaldar. Nos tocó conseguirle un butaco, que no es muy cómodo, y llevárselo”, afirmó la familiar.Según el relato, una vez ingresaron la silla, a Luz Elena le asignaron un espacio en urgencias, donde fue canalizada para la administración de líquidos intravenosos y permaneció durante varias horas a la espera de exámenes diagnosticos.De acuerdo con la denuncia de sus familiares, la paciente ingresó al hospital hacia las 9:00 de la mañana y permaneció sentada en el butaco hasta las 6:00 de la tarde, cuando finalmente le asignaron una camilla.“Urgencias estaba completamente lleno. Me comuniqué con el gerente del hospital y me respondió que no había espacio para nadie porque todo estaba colapsado. Nos explicó que el Santa Sofía es el único hospital en Manizales que está atendiendo pacientes de Nueva EPS. Mi hermana tuvo que permanecer nueve horas sentada en una silla esperando que le asignaran una camilla”, relató la familiar.Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Hospital Santa Sofía. Desde allí informaron que el centro asistencial registra una alta ocupación de pacientes y señalaron que verificarán de manera puntual el caso de Luz Elena para entregar una versión oficial este miércoles.El Hospital Santa Sofía, ubicado en Manizales, es actualmente el único centro hospitalario de la ciudad que presta servicios de urgencias a los afiliados de Nueva EPS. Además, por su condición de hospital departamental, recibe pacientes remitidos desde los diferentes municipios de Caldas.La situación se presenta en medio de la crisis que enfrenta la red hospitalaria del departamento por las deudas de Nueva EPS.En Caldas, esta entidad cuenta con cerca de 380.000 afiliados, convirtiéndose en la EPS con mayor presencia en el territorio.Actualmente, varias clínicas y hospitales de Manizales mantienen suspendida la atención programada a los usuarios de Nueva EPS debido a la cartera pendiente. Solo en Caldas, la deuda de esta EPS con hospitales y clínicas supera los 320.000 millones de pesos, situación que ha generado una fuerte presión sobre el Hospital Santa Sofía, que terminó convertido en el principal receptor de estos pacientes.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
