En una reciente entrevista con Blu Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, explicó los detalles de la resolución del Ministerio de Hacienda que autoriza una adición presupuestal de 3.33 billones de pesos. Según el director esta medida está diseñada para solventar diversas deudas y garantizar el funcionamiento de los pagos dentro del sistema de salud del país.De acuerdo con el director de la Adres, una parte significativa de estos recursos se destinará a cubrir los presupuestos máximos de noviembre de 2024 a marzo de 2025, con un monto de 1.6 billones de pesos. Además, se destinarán 352.000 millones de pesos a las IPS que aún no han recibido pagos por las pruebas de COVID-19 realizadas, así como 176.000 millones de pesos para saldar las deudas con el régimen subsidiado. También se asignarán 72.000 millones de pesos para cubrir recobros y 277.000 millones de pesos para otros pagos del sistema de salud.Un punto clave de la resolución es que, a pesar de la magnitud de los pagos, la Adres no podrá saldar toda la deuda de una sola vez. Félix León precisó que, según lo estipulado en la resolución del Ministerio de Hacienda, los pagos se realizarán en cuotas, lo que permitirá ir cubriendo gradualmente las deudas.El director de la Adres explicó que esta adición presupuestal proviene principalmente de los excedentes acumulados durante el cierre del presupuesto del año anterior, así como de las incorporaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda este año. Parte de los recursos, que ascienden a 1.2 millones de pesos, ya estaban disponibles, pero no se contaba con la autorización para utilizarlos hasta este momento. La resolución también establece que los recursos se distribuirán en cuatro pagos a lo largo del año, con la primera partida ya desembolsada.En cuanto al ajuste de los presupuestos máximos, Félix León indicó que con la resolución se ha logrado financiar los pagos correspondientes a noviembre y diciembre del 2024, y se han realizado ajustes para cubrir los primeros meses de 2025.Otro aspecto clave discutido durante la entrevista fue la seguridad de los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual se asigna a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para la atención de los usuarios. Según Félix León, este año el monto destinado a la UPC asciende a 86 billones de pesos, de los cuales se giran 7.3 billones mensualmente a las EPS. Según el director de la entidad estos pagos se realizan de manera puntual, sin ningún retraso significativo, lo que asegura que las EPS reciban los recursos necesarios para cubrir los costos de atención de los pacientes.El director de la Adres destacó que, a pesar de los desafíos financieros que enfrenta el sector salud, los recursos destinados a la UPC están garantizados y no se verán afectados.
Un nuevo escándalo de corrupción sacude al sistema de salud en Colombia. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por presunto fraude con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). De acuerdo con Félix León Martínez, director de la Adres, estas IPS habrían facturado servicios sin contar con infraestructura real, apropiándose de aproximadamente $79.511 millones.“Nos encontramos con que muchas de estas IPS, cuando fueron verificadas, no tenían infraestructura alguna: eran lotes vacíos, casas abandonadas o simplemente no existían”, afirmó Martínez en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.Clínicas fantasma y pacientes inexistentesEl modus operandi de este presunto fraude consistía en registrar atenciones médicas a víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos no contaban con Soat. De esta manera, las IPS falsas cobraban directamente a la Adres por servicios que nunca prestaron.“Se descubrió que estas IPS no solo eran ficticias, sino que los pacientes que supuestamente atendieron tampoco existían. No había registros reales ni infraestructura para brindar los servicios médicos por los que cobraban”, explicó el director de la entidad.Las irregularidades fueron detectadas a través de auditorías e inspecciones en terreno realizadas por la Adres y empresas auditoras contratadas. Como resultado de estas investigaciones, en septiembre de 2023 se suspendieron pagos a 52 IPS sospechosas, de las cuales 36 no lograron justificar su funcionamiento y fueron denunciadas formalmente.Regiones afectadas y responsabilidad de las autoridadesEl fraude tiene un impacto significativo en el Caribe colombiano, con IPS fraudulentas identificadas en 28 municipios de Atlántico, Córdoba y Magdalena. Según Martínez, el problema radica en que estas instituciones estaban registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Salud, lo que les permitía acceder a los pagos de la Adres sin mayores controles previos.“Lo más preocupante es que estas IPS estaban habilitadas en el sistema sin existir físicamente. Eso significa que alguien, en algún nivel, permitió su registro sin verificar su infraestructura”, señaló Martínez.Este hallazgo ha abierto un debate sobre la efectividad de los controles en el sistema de salud y sobre si el giro directo de recursos por parte de la Adres, sin intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), garantiza transparencia o facilita la corrupción.Un problema de fondo en el sistema de saludMás allá del caso específico de estas 36 IPS, el director de la Adres advirtió que este tipo de fraude podría ser más extendido en el sector. Según Martínez, en años anteriores se habían pagado cerca de $50.000 millones a IPS fraudulentas por servicios inexistentes.Además, el funcionario reveló que en febrero de 2024 se implementaron nuevos requisitos para el reconocimiento de facturas por accidentes de tránsito. Ahora, las clínicas y hospitales deben notificar a las autoridades judiciales sobre cualquier lesión atendida, lo que permitirá un mayor control sobre la veracidad de los casos reportados.“Antes de 2024, no existía un mecanismo de inspección en terreno. Simplemente se pagaban las cuentas si cumplían con los requisitos en papel”, admitió Martínez.Corrupción y el debate sobre la reforma a la saludEste escándalo se suma a la crisis del sistema de salud en Colombia y al debate sobre la reforma que impulsa el gobierno. Mientras algunos sectores argumentan que el fraude evidencia la necesidad de mayor control estatal, otros advierten que el problema no está solo en las EPS sino en toda la cadena de atención y financiación de la salud.“El fraude demuestra que la corrupción no es exclusiva del sector privado. Tanto el sector público como el privado han sido permeados, y lo que se necesita es un sistema con controles más eficientes”, concluyó Martínez.
Después de que la Corte Constitucional lanzara una alerta ante el incumplimiento en los presupuestos máximos del sector salud por parte del Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) contestó asegurando que la Corte tiene información desactualizada y que ya se han pagado recursos de 2021 y la plata está para pagar lo que se debe de 2022.Según el director de la Adres, Félix León Martínez, los recursos que se debían por ese concepto del 2021 ya se pagaron en 2023. Además, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó un artículo para poder saldar los pagos que se deben de 2022 y finalmente el Ministerio de Hacienda habilitó los recursos para esta vigencia.“Esas deudas van a ser canceladas pronto. El plan de trabajo del que habla la Corte ya se hizo, efectivamente falta el pago que debe hacerse si se dan todos los trámites de este mes”, dijo Martínez.En relación con los recursos que se deben de octubre, noviembre y diciembre de 2023, la Adres asegura que los recursos de octubre ya se pagaron, los de noviembre se hizo el giro en la última semana de diciembre de 2023 y diciembre se va a pagar con el reajuste que se está cerrando.“Hacienda ya nos habilitó los recursos a final de año y estoy esperando que salga la adición presupuestal y la resolución del ministerio. Seguramente en febrero de este año estaremos pagando dos billones de pesos de los ajustes de 2022 y el cierre de 2023 y quedando al día con los recursos. Mucho más rápido del plazo que dice la Corte”, comentó el director de la entidad.Otro de los requerimientos que estableció la Corte fue crear una metodología unificada de definición y reajuste de los presupuestos máximos, siguiendo los parámetros establecidos en el auto de la Corte Constitucional, pero Martínez aseguró que esto no depende de la entidad que dirige sino del Ministerio de Salud que hoy trabaja con los lineamientos que dejaron pasados gobiernos.“Yo creo que ahí hay muchas cosas de dudoso manejo por parte de las EPS, una serie de gastos de las prepagadas que están incluyendo en esta información de presupuestos máximos, cargándole al sistema de salud y al Estado”, agregó Martínez.
La Adres hizo un llamado urgente a los alcaldes y funcionarios municipales para que eviten aceptar ofertas de trámite relacionadas con la devolución de pagos o asignación de recursos por parte de la entidad.La dirección de la Adres ha identificado casos en los que alcaldes recién posesionados están concediendo poderes a firmas de abogados con el propósito de agilizar el trámite de cuentas por cobrar o la asignación de recursos, siendo algunos de estos casos reportados en municipios de Bolívar.“Desafortunadamente nos hemos enterado de que unas personas inescrupulosas, supuestamente abogados, están ofreciendo servicios y cobrando a los alcaldes por recuperarles unos dineros que corresponden a los municipios en la Adres. Esos dineros no existen, no hay tal recuperación y pienso yo que los alcaldes como son nuevos, estas personas inescrupulosas, están aprovechando para engañarlos y cobrarles dinero por una gestión inexistente”, dijo el director de la Adres, Félix León Martínez.La Adres informó que la entidad no efectúa pagos directos a entes territoriales por cuentas o indemnizaciones, ni asigna recursos para proyectos de inversión en los municipios. Advirtió que estas propuestas son estafas que podrían afectar a las nuevas administraciones, generando expectativas falsas de recuperación de recursos del sistema de salud.“Hemos conocido unos casos en Huila y en alguna otra región aislados, pero ahora sí fue un grupo grande en Bolívar de alcaldes a los que le están ofreciendo este servicio que es totalmente inexistente”, dijo Martínez.La entidad aclara que sus recursos se destinan directamente a EPS, IPS y para casos específicos, como víctimas de accidentes de tránsito, actos terroristas o catástrofes naturales, los giros no se realizan a municipios.
La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, convocada para hablar de la reforma a la salud, transcurrió de manera respetuosa hasta que el director de la Adres, Félix León Hernández, pidió la palabra y acusó a Uribe de ser el responsable de un perjuicio en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, cuando fue presidente.Según el periodista Ricardo Ospina, la discusión se calentó rápidamente, por lo que los asistentes decidieron terminar el encuentro de manera abrupta.“Él responde rápido y le dijo: ‘No, a mí no me venga a responsabilizar de esas cosas porque yo no fui el responsable de eso’, reveló el director del servicio informativo.El encuentro, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, contó con la participación de representantes de médicos y pacientes, quienes también hicieron sus aportes a la discusión. Los representantes de los médicos y pacientes pidieron al presidente Petro que retirara la reforma para buscar unas mesas de trabajo en todo el país y buscar un texto que fuera consensuado.El expresidente Uribe, por su parte, presentó una ponencia en la que argumentó que no se necesita un proyecto de ley para modificar la reforma a la salud.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también intervino en la reunión, pero tuvo una ligera hemorragia nasal mientras hablaba, lo que inquietó a los asistentes."El presidente Petro conciliador, su entorno no tan conciliador, o al menos unos integrantes de su entorno, hablamos del ministro que salió cargado de tigre, el doctor Mondragón, el representante, también salió de alguna manera displacente diciendo son apenas 20 votos del Centro Democrático, no los necesitamos en el Congreso, y le agregó esta anécdota del doctor Félix López Martínez, director del ADRES, que es bastante radical", dijo Ospina en su programa Mañanas Blu.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, anunció que ya giró los recursos por concepto de presupuestos máximos a las EPS correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre que ascienden a $786 mil millones. Además, se espera que los recursos correspondientes a octubre sean girados la próxima semana.Según Félix León Martínez Martín, director de la Adres, esta acción responde a 26 resoluciones enviadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. "Con esto nos ponemos al día con las EPS que venían reclamando el giro de estos recursos, que dependían de la adición presupuestal aprobada por el Congreso", dijo.Las entidades que recibieron la mayor parte de estos recursos por presupuestos máximos son las siguientes: Nueva EPS, que recibió $181.966.938.781 para el régimen contributivo y $37.741.531.182 para el régimen subsidiado.Sanitas, con $127.061.288.757 para el régimen contributivo.Sura, que obtuvo $116.878.079.575 para el régimen contributivo.Salud Total, que recibió $61.227.568.212 para el régimen contributivo.Famisanar, con un total de $44.087.694.186 para el régimen contributivo.El director Martínez señaló que con estos pagos, la Adres se encuentra completamente al día con los giros a las EPS correspondientes al año 2023. Esto garantiza tanto los servicios incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como aquellos excluidos, que se financian a través de los recursos especiales de presupuestos máximos.Vea también
Según el director de la ADRES, Félix León Martínez, se han encontrado varias clínicas y médicos que han cobrado recursos que la entidad gira por el tema del Soat, que es el seguro por accidentes de transito.A raíz de esto, la entidad creó una unidad especial para detectar los fraudes registrados en las reclamaciones del seguro.“Hay médicos que presentan 5.000 cuentas de SOAT, las denuncias ya están en la Fiscalía, a esos médicos que presentan 5.000, porque es absolutamente imposible que eso así suceda, encontramos IPS que facturan mucho más allá de lo posible de un número de accidentes con vehículo fantasma, más allá de lo posible en una ciudad”, dijo Martínez.Y es que, según estimaciones de la entidad, de los $500.000 millones de pesos que gira la Adres anualmente por reclamaciones, se estima que el 40 % son fraudes.Le puede interesar:
La Administradora de los Recursos del Sistema General del Sistema General en Salud, Adres, presentó su informe anual de rendición de cuentas correspondiente al período 2022-2023. La entidad ha administrado los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), los cuales alcanzan la suma de 84 billones de pesos.Félix León Martínez, director de ADRES, aseguró que: "Hemos fortalecido nuestras capacidades institucionales, técnicas y operativas para gestionar los 84 billones de pesos destinados al sistema de salud. Hemos mejorado nuestra transparencia, haciendo pública cada transacción financiera y proporcionando estados de cuenta bimensuales a clínicas y hospitales en todo el país, con el objetivo de mantenerlos informados sobre el estado de sus facturas y pagos".Martínez enfatizó que la entidad está en proceso de transición, pasando de ser un pagador de las EPS a un pagador directo de clínicas, hospitales, laboratorios y otros proveedores de servicios de salud.Además, el informe registra que hubo giros destinados al aseguramiento de los servicios de salud un incremento del 12 % en el régimen contributivo y un 23.18 % en el régimen subsidiado, en comparación con el año anterior. Además, la ADRES realizó pagos por un valor de 3.5 billones de pesos durante la vigencia para gestionar y garantizar servicios y tecnologías en salud no financiados por las EPS.La entidad también se encargó de los pagos relacionados con reclamaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así como otros pagos por valor superior a 549.000 millones de pesos dirigidos tanto a personas jurídicas como naturales.El director también resaltó el importante proceso de análisis de la información de gasto del sector de la salud, el cual permitirá una comprensión más detallada del comportamiento del gasto.Le puede interesar:
Sigue dando de qué hablar la reforma a la salud que se tramita por el Congreso de la República y se empieza a conocer más a fondo sobre los costos que conllevan hacer este proyecto. En las cuentas que maneja actualmente el Gobierno nacional es que para el próximo año la reforma costará 89 billones de pesos y para el 2032, $118 billones.El director de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, explicó más a fondo esos detalles económicos y aseguró que para cubrir estos montos, el Gobierno nacional tendrá que hacer un esfuerzo adicional desde Hacienda y Planeación para cubrir los gastos cada año, pero, según él, son solucionables y no generaría impacto fiscal.Cabe recordar que en los primeros tres años habría un desfase porque se gasta más de lo presupuestado: para 2024, el valor es de 1 billón de pesos; para 2025, el valor es de $600 millones, y para 2026, el valor es de 144 millones de pesos.“No es nada que cause un problema fiscal al país y todos esos alarmismos que se vienen diciendo, a pesar de que el ministro de Hacienda ya salió y mostró estas mismas cifras y dijo esto hay que considerarlo contingente, pero esto es manejable dentro del esquema de sostenibilidad fiscal”, aseguró Martínez.Además, por fuera de la reforma está el saneamiento de las deudas de hospitales públicos que es de un billón; inversión en infraestructura, otro billón, y la capitalización de la nueva EPS para que reciba los 11 millones de afiliados de otras EPS liquidadas que son 2 billones. Dice el Gobierno nacional que está por fuera de este presupuesto, pues son problemas que con o sin reforma hay que solucionar.Le puede interesar: escuche el podcast 'Noticias del día'
El presidente de la Adres, Félix León Martínez, explicó en Blu Radio que las urgencias no las atenderán los Centros de Atención Primaria, CAP, que son el eje de la reforma a la salud y, por lo tanto, estas deberán ser atendidas en los hospitales.“Las urgencias no las manejan los Centros de Atención Primaria, CAP, salvo en los municipios pequeños en los que son la única institución en salud. La atención básica tienes que hacerlo en tu barrio. Las urgencias las atenderán los hospitales y clínicas”, agregó.El director de la Adres explicó que esta medida busca acabar con la guerra de las ambulancias, algo que calificó de desagradable y sucio y, crear un sistema único para la atención de urgencias.“Todos los países desarrollados del mundo tienen un sistema único de atención de urgencias, menos en Colombia, donde se dejó que las ambulancias decidan si atienden o no a los pacientes. Esta privatización ha llevado a una falta de Estado y regulación increíble. El sistema nuevo obliga a un sistema único de urgencias”, añadió.Mencionó que las clínicas y hospitales tienen la opción de inscribirse al sistema nacional de salud, pero si lo hacen deben cumplir unas normas, tales como aceptar el régimen tarifario.“Todas las clínicas deben vincularse al sistema y, si se inscriben, deben cumplir unas normas: aceptar el régimen tarifario único del Ministerio de Salud, que acabará con el detalle y el menudeo porque ese menudeo hace que los hospitales tengan más personal administrativo, haciendo cuentas, que personal asistencial”, puntualizó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
