Un nuevo escándalo de corrupción sacude al sistema de salud en Colombia. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)
denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)
por presunto fraude con elSeguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
De acuerdo con Félix León Martínez, director de la Adres, estas IPS habrían facturado servicios sin contar con infraestructura real, apropiándose de aproximadamente $79.511 millones.
“Nos encontramos con que muchas de estas IPS, cuando fueron verificadas, no tenían infraestructura alguna: eran lotes vacíos, casas abandonadas o simplemente no existían”, afirmó Martínez en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.
Clínicas fantasma y pacientes inexistentes
El modus operandi de este presunto fraude consistía en registrar atenciones médicas a víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos no contaban con Soat. De esta manera, las IPS falsas cobraban directamente a la Adres por servicios que nunca prestaron.
“Se descubrió que estas IPS no solo eran ficticias, sino que los pacientes que supuestamente atendieron tampoco existían. No había registros reales ni infraestructura para brindar los servicios médicos por los que cobraban”, explicó el director de la entidad.
Las irregularidades fueron detectadas a través de auditorías e inspecciones en terreno realizadas por la Adres y empresas auditoras contratadas. Como resultado de estas investigaciones, en septiembre de 2023 se suspendieron pagos a 52 IPS sospechosas, de las cuales 36 no lograron justificar su funcionamiento y fueron denunciadas formalmente.
Regiones afectadas y responsabilidad de las autoridades
El fraude tiene un impacto significativo en el Caribe colombiano, con IPS fraudulentas identificadas en 28 municipios de Atlántico, Córdoba y Magdalena. Según Martínez, el problema radica en que estas instituciones estaban registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Salud, lo que les permitía acceder a los pagos de la Adres sin mayores controles previos.
“Lo más preocupante es que estas IPS estaban habilitadas en el sistema sin existir físicamente. Eso significa que alguien, en algún nivel, permitió su registro sin verificar su infraestructura”, señaló Martínez.
Este hallazgo ha abierto un debate sobre la efectividad de los controles en el sistema de salud y sobre si el giro directo de recursos por parte de la Adres, sin intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), garantiza transparencia o facilita la corrupción.
Un problema de fondo en el sistema de salud
Más allá del caso específico de estas 36 IPS, el director de la Adres advirtió que este tipo de fraude podría ser más extendido en el sector. Según Martínez, en años anteriores se habían pagado cerca de $50.000 millones a IPS fraudulentas por servicios inexistentes.
Además, el funcionario reveló que en febrero de 2024 se implementaron nuevos requisitos para el reconocimiento de facturas por accidentes de tránsito. Ahora, las clínicas y hospitales deben notificar a las autoridades judiciales sobre cualquier lesión atendida, lo que permitirá un mayor control sobre la veracidad de los casos reportados.
“Antes de 2024, no existía un mecanismo de inspección en terreno. Simplemente se pagaban las cuentas si cumplían con los requisitos en papel”, admitió Martínez.
Corrupción y el debate sobre la reforma a la salud
Este escándalo se suma a la crisis del sistema de salud en Colombia y al debate sobre la reforma que impulsa el gobierno. Mientras algunos sectores argumentan que el fraude evidencia la necesidad de mayor control estatal, otros advierten que el problema no está solo en las EPS sino en toda la cadena de atención y financiación de la salud.
“El fraude demuestra que la corrupción no es exclusiva del sector privado. Tanto el sector público como el privado han sido permeados, y lo que se necesita es un sistema con controles más eficientes”, concluyó Martínez.