Después de más de seis años de proceso judicial y exposición pública, el exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, fue absuelto por la justicia colombiana en el denominado caso de la “narcofinca”, un escándalo que estalló en febrero de 2020 tras el hallazgo de un laboratorio de procesamiento de droga en una propiedad rural de su familia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Sanclemente aseguró que la decisión judicial representa el cierre de una etapa “dolorosa e injusta” en su vida pública y personal. “Celebro que finalmente se haga justicia y que brilló la verdad”, afirmó el exdiplomático.La juez del caso concluyó que la Fiscalía no logró demostrar que Sanclemente hubiera destruido pruebas ni participado en maniobras para obstruir la investigación relacionada con el laboratorio hallado en la finca familiar. Además, la Fiscalía decidió no apelar el fallo absolutorio, lo que deja en firme la decisión judicial.El caso de la ‘narcofinca’ que sacudió al Gobierno DuqueEl escándalo tomó relevancia nacional en 2020, cuando las autoridades encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína dentro de una finca ubicada en Guasca, Cundinamarca, propiedad de la familia Sanclemente. En ese momento, Fernando Sanclemente se desempeñaba como embajador de Colombia en Uruguay, cargo al que renunció semanas después de conocerse el caso para enfrentar el proceso judicial.Aunque desde un comienzo las investigaciones confirmaron la existencia del laboratorio, el proceso contra el exembajador se enfocó en determinar si había participado en la destrucción de evidencia relacionada con el caso.Según explicó Sanclemente durante la entrevista, la Fiscalía sostenía que él habría ordenado desaparecer elementos como memorias USB y otros dispositivos que podrían comprometerlo. Sin embargo, la defensa argumentó que fue precisamente la familia la que colaboró activamente con las autoridades.El exembajador detalló que el 26 de febrero de 2020 se realizó una extensa diligencia judicial de 11 horas en la finca, en la que participaron funcionarios del CTI y representantes de autoridades estadounidenses. Allí fueron incautados computadores, cámaras, armas y vehículos con caletas.“Nos sembraron un laboratorio”: la defensa de la familiaUno de los puntos centrales de la defensa de Sanclemente fue sostener que tanto él como su familia desconocían las actividades ilegales que realizaban los mayordomos de la propiedad.“Hay un hecho incontrovertible: efectivamente nos sembraron un laboratorio”, afirmó el exembajador durante la conversación radial. Sanclemente aseguró que la responsabilidad recayó sobre los mayordomos de la finca, particularmente Laureano Martínez y otro trabajador, quienes fueron capturados durante el allanamiento realizado el 12 de febrero de 2020 junto a otras cinco personas.De acuerdo con el exdiplomático, los implicados aceptaron cargos y posteriormente enviaron comunicaciones a través de sus abogados en las que reconocían que ni la familia Sanclemente ni el entonces embajador tenían conocimiento del laboratorio clandestino.“Las comunicaciones entre los mayordomos dan fe de la ausencia de conocimiento del embajador y de la familia Sanclemente”, sostuvo. Los dos mayordomos terminaron condenados a 12 años de prisión. Según reveló Sanclemente, uno de ellos actualmente se encuentra en libertad condicional.Extinción de dominio y disputa por la fincaAunque la absolución representa un triunfo judicial para Fernando Sanclemente, el proceso sobre la propiedad aún no concluye. La finca continúa enfrentando un proceso de extinción de dominio en primera instancia.El exembajador indicó que su defensa mantiene la tesis de que actuaron como “poseedores de buena fe exentos de culpa”, insistiendo en que durante más de cinco décadas velaron por la integridad de la propiedad.“Ha sido un escarnio público”Durante la entrevista, Sanclemente también se refirió al impacto personal y político que dejó el proceso judicial. Aseguró que desde el inicio decidió enfrentar públicamente las acusaciones y recordó que solicitó una licencia no remunerada al entonces presidente Iván Duque para concentrarse en su defensa.“Esto ha sido una injusticia, una arbitrariedad, una canallada lo que han hecho conmigo”, expresó el exembajador. Asimismo, lamentó las consecuencias reputacionales derivadas del caso y cuestionó el manejo mediático que tuvo el escándalo desde sus primeras etapas.“Es muy doloroso que la gente de bien tenga que someterse a este escarnio público”, agregó. Con la decisión judicial y la ausencia de apelación por parte de la Fiscalía, Fernando Sanclemente da por cerrado uno de los episodios más complejos de su trayectoria pública. Sin embargo, el caso de la llamada “narcofinca” seguirá siendo recordado como uno de los escándalos judiciales y políticos más mediáticos de los últimos años en Colombia.
El mayordomo de la finca del exembajador Fernando Sanclemente, Laureano Martínez, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y pagaría 10 años de prisión. En el documento, Martínez pasa del grado de autor a cómplice, también pasa a ser testigo principal y tendría que pagar una multa de 4.185 SMLMV.“Podemos informar claramente al país que efectivamente la defensa ha llegado a un acuerdo formal con la Fiscalía General de la Nación, que consiste en este caso en particular que señor Laureano Martínez Cortés pague una pena de 10 años de prisión y se convierta igualmente en testigo principal en contra el señor exembajador Fernando Sanclemente, en el proceso que se le lleva encuentra también ante la Fiscalía General y ante un juez de conocimiento. Igualmente, pues se han dado algunas prorrogativas dentro del término de ley que otorga la misma constitución y la ley penal”, señaló el abogado defensor del mayordomo, Víctor Muñoz.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn el documento, que firmó Laureano Martínez, aceptó su responsabilidad por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos concierto para delinquir con fines de narcotráfico y falsa denuncia.“El acuerdo formalmente contempla, las garantías constitucionales a que mi cliente tiene derecho y a cambio señor Laureano Martínez Cortés se constituirá como parte e inclusive servirá como testigo principal dentro del proceso que se le sigue contra señor exembajador Fernando Sanclemente”, aseguró el abogado penalista.El documento que firmó la Fiscalía, con el que ahora será su testigo principal será presentado ante un juez de la República quien determinará si avala o no el preacuerdo.Le puede interesar:
Un juez de Cundinamarca condenó a 10 años y 10 meses de prisión a Gustavo Enrique Bejarano Romero, el mayordomo del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en el caso de la ‘narcofinca’ en Guasca, Cundinamarca.Bejarano Romero aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; al igual que tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir.Según la Fiscalía General de la Nación, el mayordomo aceptó su responsabilidad en las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en una finca ubicada en Guasca, en donde trabajó como mayordomo, los delitos los aceptará mediante un preacuerdo con el ente investigador.La investigaciónEl 12 de febrero de 2020, unidades de la Policía Nacional llegaron al inmueble y en una zona boscosa encontraron tres construcciones rústicas, las cuales estaban dotadas de maquinaria e insumos, y conformaban un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Precisamente, en el operativo se incautaron algo más de nueve kilogramos del narcótico.El entonces mayordomo permitió el montaje del laboratorio, facilitó el ingreso y alojamiento de personas dedicadas a producir la cocaína, y trasladó hombres señalados de mover los insumos o prestar vigilancia al lugar para alertar sobre la presencia de las autoridades.Además de los 10 años de prisión, Bejarano Romero pagará una multa de 4.184 salarios mínimos legales vigentes, y cumplirá una inhabilidad de 130 meses para ejercer derechos y funciones públicas.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
El exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, en el caso de la ‘narcofinca’.Esto, luego de relatar su presunta responsabilidad al ordenar a su mayordomo la destrucción de evidencias y pruebas durante la inspección que hicieron las autoridades cuando encontraron un laboratorio para el procesamiento de coca, en la finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca, el 12 de febrero 2020.El fiscal delegado, Daniel Hernández, atribuyó la responsabilidad al exfuncionario diplomático por alterar las investigaciones que se venían con ocasión del descubrimiento del narco laboratorio en el predio de su propiedad y, para este fin, reunió a sus empleados y les dio instrucciones precisas de destruir las evidencias.Entre los elementos destruidos se encuentran un computador portátil, uno de escritorio, una caja con cuadernos usados que, de acuerdo con el testigo Laureano Martínez, contenían datos sobre la producción del laboratorio para el procesamiento de cocaína hallado en el predio.El testigo que se acogió a un principio de negociación con la Fiscalía, señaló que Sanclemente ordenó la destrucción de dos celulares, una tableta de marca Huawei, tres memorias USB y un disco duro.Escuche las noticias del momento en BLU Radio:
La Fiscalía General anunció que imputará cargos al exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, por supuesta destrucción de pruebas en medio del proceso por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en su finca en 2019. Caso donde testimonios que lo salpican fueron hechos por dos de sus extrabajadores.En dicho documento, en poder del ente investigador y conocido por BLU Radio, los mayordomos relatan que fue el exembajador Sanclemente quien dio la autorización para arrendar dicho lote por un valor de tres millones de pesos. Dinero que se invertía en arreglos de la finca, mantenimiento y más.Según uno de los mayordomos, esos pagos quedaron plasmados en la contabilidad de la finca que, supuestamente, fue quemada por Sanclemente.Sobre el laboratorio de procesamiento, los extrabajadores confesaron que el 4 de septiembre de 2019, se logró un acuerdo de arrendamiento con los señores Miguel Gómez, Jorge Luis Castillo, Pablo Emilio Castillo y Dumer Bohórquez, alias ‘El gordo’ o ‘don Ángel’, quienes, presuntamente, manejaban ese laboratorio.Para el 22 de septiembre, se habría sacado los primeros 10 kilos de prueba y en octubre ya habrían sacado 28 kilos.Para diciembre y enero, según el mayordomo, la producción aumentó superando los 55 kilos.Dicha colaboración está pendiente por ser aprobada por parte del Fiscalía General y se espera que el 13 de diciembre, se adelante la imputación de cargos contra Sanclemente.Escuche la noticia en Meridiano BLU:
El viernes pasado, Laureano Martínez Cortés y Gustavo Enrique Bejarano Romero, quiénes fungían como mayordomos o administradores de la finca del exembajador Fernando Sanclemente, ubicada en Guasca, Cundinamarca, y donde fueron hallados tres narcolaboratorios, entregaron la matriz de colaboración a la Fiscalía en la que se comprometen a dar información privilegiada a cambio de un principio de oportunidad que les da inmunidad penal.Dentro de los puntos de colaboración está otro laboratorio que aún está funcionando en los Llanos Orientales y que estaría siendo financiado por la misma persona. También entregarán información sobre el financiador del narcolaboratorio que se trataría de un un reconocido esmeraldero.Por supuesto, se comprometen a contar la participación y el conocimiento que habría tenido el exembajador Sanclemente en las actividades ilícitas. Para este punto, Laureano Martínez ventregará dos celulares a través de los cuales, supuestamente, se comunicaba con el ex embajador y en el cual están llamadas y chats que lo comprometerían.“Dentro de los puntos de la matriz está que mis dos clientes presentarán testimonio en contra del señor exembajador con el fin de desvelar su verdadero papel dentro de esta red que operaba en el narcolaboratorio y entregarán información que corroborará esa participación. También se entregará información veraz sobre él financiador de por lo menos cinco laboratorios donde se procesaba cocaína y también se entregarán pruebas que vinculan al financiador. También se entregará uno de los carros caleta”, dijo en Blu Radio Víctor Eduardo Muñoz, el abogado de los mayordomos.En los próximos días, la Fiscalía presentará ante un juez de garantías el principio de oportunidad que les otorgaron los mayordomos por esa información sobre el proceso.
BLU Radio conoció en primicia que la Fiscalía trabaja en un nuevo principio de oportunidad que le otorgará a otro mayordomo de la finca del exembajador Fernando Sanclemente. Así las cosas, serían dos mayordomos de la hacienda los que serían cobijados con inmunidad penal a cambio de delatar a los financiadores y determinadores del narcolaboratorio.Ya en audiencia se había hecho público que el ente acusador estaba estructurando un principio de oportunidad para el mayordomo Laureano Martínez Cortés. Sin embargo, el fiscal del caso, Daniel Hernández determinó que el también mayordomo Gustavo Enrique Bejarano Romero tiene información relevante para el proceso y, por lo tanto, también será beneficiario de un principio de oportunidad que le da inmunidad total a cambio de que ayude a la justicia a llegar a los máximos responsables.En los próximos días empezarán a elaborarse las matrices de colaboración. Es decir, el documento donde queda por escrito a lo que se comprometen los dos mayordomos capturados.Aunque la Fiscalía ya solicitó que por seguridad los dos mayordomos sean trasladados a las celdas del búnker, el Inpec aún no lo ha hecho efectivo.La semana pasada, el exembajador Sanclemente se presentó a rendir interrogatorio a la Fiscalía y mantuvo su hipótesis de que no conocía de las actividades ilegales que se hacían en su predio porque no lo visitaba con frecuencia.En las próximas semanas se conocerá la decisión de la Fiscalía sobre si cita a Sanclemente a imputación de cargos o archiva el proceso.Recordemos que el predio, ubicado en Guasca, Cundinamarca, tenía tres construcciones rústicas como laboratorios para la elaboración de estupefacientes. Ahí, las autoridades hallaron 9.453 gramos de cocaína.
Blu Radio conoció en primicia que la Fiscalía citó a interrogatorio al exembajador Fernando Sanclemente para que dé explicaciones sobre el narcolaboratorio que encontraron él una finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca. La citación quedó para el próximo 9 de diciembre.El predio, ubicado en Guasca, Cundinamarca, tenía tres construcciones rústicas como laboratorios para la elaboración de estupefacientes, ahí, las autoridades hallaron 9.453 gramos de cocaína.La finca fue objeto de extinción del dominio y ya está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales.Por los hechos, la Fiscalía capturó a Laureano Martínez Cortés y Gustavo Enrique Bejarano Romero, quiénes fungían como mayordomos o administradores, y al caletero Alex Pinto, quien subía la droga que era procesada en la finca a los vehículos que la trasladaban hasta Bogotá. Los tres se declararon inocentes de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.El proceso pasó completo a manos del fiscal Daniel Hernández, quien tomó la decisión de tumbar un preacuerdo que le habían otorgado al mayordomo de la Finca, Laureano Martínez Cortes, en el que aceptaba los delitos de tráfico de estupefacientes concierto para delinquir y falsa denuncia a cambio de una rebaja del 50% de su pena.Según el fiscal Hernández, las razones para tumbar el preacuerdo fueron: la rebaja del 50% no correspondía porque no aceptó cargos en la etapa inicial, el documento no tuvo en cuenta los dineros que este recibió por la actividad ilícita y su declaración sobre los hechos era escueta.Sin embargo, la decisión trascendental es que será beneficiario de un principio de oportunidad en el que le darán inmunidad total a cambio de información sobre los determinadores y financiadores del laboratorio de cocaína. Principio de oportunidad que los fiscales iniciales no quisieron darle porque, al parecer, la información que tenía el mayordomo no era relevante para el proceso y no tenía información sobre superiores como lo dijo en una declaración en el ente acusador. Ese panorama, al parecer, va a cambiar.El mayordomo Laureano Martínez cambió de parecer y asegura que sí tiene más información sobre los financiadores y determinadores del narcolaboratorio. La matriz de colaboración con nombres de alto perfil la entregará en los próximos días.Escuche esta noticia en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
BLU Radio obtuvo algunas de las interceptaciones que hizo la Fiscalía a los mayordomos o administradores de la narcofinca del exembajador Fernando Sanclemente, Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, en las cuales, estando prófugos de la justicia, hablan sobre los hechos y aseguran que Sanclemente “se les iría con toda” por hacerlo “en la finca de él” y “dañarle la hoja de vida”.En la primera conversación, el mayordomo Laureano Martínez, quien en los próximos días sería beneficiario de un principio de oportunidad, le dice a su supuesto socio, el otro mayordomo Gustavo Enrique Bejarano, que seguro irán a la cárcel porque el exembajador se les “iría con toda”.Sigue la conversación y el mayordomo Martínez dice que Sanclemente era un “h.p.” y que “se les iba a ir con toda” porque le habían dañado la hoja de vida pues el escándalo fue con la finca de él.En diálogo con Mañanas BLU, el exembajador Sanclemente aseguró que está tranquilo y que, aunque el principio de oportunidad al que era su mayordomo Laureano Martínez puede cambiar el rumbo de la investigación, sabe que hay interceptaciones que lo exculparían de toda responsabilidad.La Fiscalía anunció el principio de oportunidad en el que le darían inmunidad penal a cambio de colaboración con la justicia. Específicamente, dijo el nuevo fiscal del caso Daniel Hernández, para que dé nombres de determinadores y financiadores.
Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, habló en Mañanas BLU sobre el proceso derivado del descubrimiento de un laboratorio de droga en una finca en Guasca, Cundinamarca, el pasado 12 de febrero y del cambio de versión del mayordomo de la propiedad. El exfuncionario aseguró que él es el más interesado en que se sepa la verdad y que existen interceptaciones telefónicas que prueban su inocencia y que deberían motivar el archivo de la investigación en su contra.“Hay unas interceptaciones completamente dicientes en las cuales se da fe de mi ausencia de conocimiento del hecho ilícito y, por otro lado, la ausencia de conocimiento de la organización de mi familia”, indicó.“Estos dos caballeros (mayordomos) eran los responsables de esa actividad. Habían alquilado la finca para esos propósitos y habían facilitado el acceso de estos delincuentes”, agregó.Según el exdiplomático, ha dado la cara desde hace ocho meses para demostrar su inocencia.“Estoy en el país desde el 19 de febrero poniéndole la cara a esta situación, averiguando qué pasó en la finca”, declaró el exdiplomático.El exembajador calificó el daño a su buen nombre y al de su familia como “irreparable”.“Somos gente altamente reconocida, gente de bien, honorable y trabajadora”, dijo.“El daño económico y moral que se nos ha hecho a mí y a mi familia es irreparable”, agregó.El exdiplomático habló de las razones que habrían motivado la caída del preacuerdo del exmayordomo Laureano Martínez. Según Sanclemente, esto se dio porque los fiscales consideraron que el investigado no se había acercado a colaborar con la justicia en su momento y que adicionalmente no había revelado quiénes eran los financiadores o determinadores de la organización criminal. Sanclemente calificó la organización detrás de la operación criminal como "tenebrosa", de acuerdo con las revelaciones hechas por el diario El Espectador. Además, formuló reparos al papel de la Fiscalía y aseguró que Francisco Barbosa, jefe del ente acusador, "Mi cercanía con el Gobierno para nada debe comprometer la acción de la justicia", indicó. El exembajador habló de las suspicacias que siente por el papel del fiscal Barbosa de acuerdo con lo leído en una nota periodística. "Solo leer el artículo de la Silla Vacía, donde de acuerdo a esa nota periodística, el fiscal general cuando aparentemente viene un archivo de la investigación contra Sanclemente no se siente a gusto y es donde hace un giro, unifica los procesos en cabeza del fiscal Daniel Hernández y se cae el preacuerdo", sostuvo. Escuche a Fernando Sanclemente en Mañanas BLU:
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
El cierre del año 2026 traerá consigo una cifra que podría impactar el bolsillo de los colombianos: el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador permite medir la variación de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar y sirve como referencia para ajustar diferentes cobros durante el siguiente año.El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de calcular y publicar mensualmente este indicador. Para hacerlo, registra los cambios de precios en 12 divisiones de gasto y realiza mediciones en 38 ciudades del país.La cifra de cierre de año tiene especial importancia porque se utiliza como referencia para establecer ajustes en distintos bienes y servicios vinculados a la inflación.¿Cuándo se conocerá el último IPC de 2026?De acuerdo con el calendario oficial del DANE, el resultado del IPC de diciembre de 2026 se conocerá el viernes 8 de enero de 2027, a las 6:00 p. m.La entidad publica este indicador a mes vencido, generalmente durante el quinto día hábil del mes siguiente. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del organismo para confirmar la fecha.El dato permitirá conocer cómo cerró la inflación en Colombia durante 2026 y servirá como referencia para calcular los incrementos de algunos servicios y obligaciones económicas en 2027.¿Qué servicios y cobros subirán con el IPC en 2027?Entre los rubros que tienen ajustes relacionados con la variación anual del IPC se encuentran:Arriendos de vivienda: el incremento puede llegar hasta el 100 % del IPC del año anterior, una vez se cumplan 12 meses de ejecución del contrato.Pensiones superiores al salario mínimo: se ajustan con base en la variación del IPC.Servicios públicos domiciliarios: sus tarifas pueden incorporar el IPC o componentes indexados, de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Matrículas y pensiones de colegios: algunos cobros educativos tienen ajustes relacionados con este indicador.Peajes: pueden tener incrementos definidos con base en mecanismos de actualización que incluyen el IPC.Medicina prepagada: sus tarifas pueden estar sujetas a ajustes relacionados con la inflación.Multas de tránsito: algunos valores se actualizan con referencia a indicadores económicos.Servicios de notarías: sus tarifas también pueden tener modificaciones para el nuevo año.Los incrementos no necesariamente se aplican de la misma manera ni en la misma fecha para todos los rubros. Cada servicio tiene condiciones y mecanismos de actualización específicos. Por eso, el resultado que publique el DANE será una referencia para calcular los ajustes que correspondan durante 2027.
Un rechazo a la propuesta de Fenalco de solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las prendas de vestir importadas de Asia expresó la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones de Santander (ACCA-TEX), al advertir que esta medida podría profundizar las dificultades que enfrenta la industria nacional y poner en riesgo los empleos del sector.Franky Guevara, director del gremio en Santander, cuestionó que se promuevan beneficios para los productos extranjeros mientras los empresarios colombianos deben asumir altos costos tributarios, laborales y operativos para mantener sus negocios y producir en el país.“Es que es sencillo de entender. La industria colombiana paga demasiados impuestos, tiene una carga tributaria enorme, la más alta de Latinoamérica”, señaló Guevara, quien considera que eliminar los aranceles aumentaría la desventaja de los fabricantes nacionales frente a los productos asiáticos.El representante del sector explicó que países como China cuentan con condiciones de producción más favorables, entre ellas menores costos de mano de obra y subsidios estatales para aspectos como los arriendos, los servicios energéticos y las exportaciones.Según Guevara, estas ventajas hacen difícil que los confeccionistas colombianos puedan competir en igualdad de condiciones. “La ropa de Asia tiene una mano de obra un 90 % más barata que la colombiana. ¿Cómo competir con ellos?”, cuestionó.El dirigente también puso en duda a quién representa Fenalco con este tipo de solicitudes y consideró que la eliminación de los aranceles terminaría favoreciendo a las empresas importadoras y a las multinacionales, en detrimento de quienes producen en Colombia.“Quisiéramos saber y preguntarle a Fenalco a quién representa, porque a la industria nacional no”, manifestó.En el comunicado, ACCA-TEX aclaró que no está en contra de las importaciones ni de la competencia comercial, pero insistió en que deben existir condiciones equitativas para los productores nacionales. Además, advirtió que eliminar los aranceles a las prendas terminadas importadas podría afectar la capacidad productiva del país y el empleo que genera esta industria.Finalmente, la asociación hizo un llamado a proteger a las empresas que fabrican en Colombia y recordó que la política comercial debe buscar un equilibrio entre el comercio y la producción nacional.“Colombia no puede convertirse en un país que solamente sabe comprar lo que otros saben producir”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.
Un video grabado en El Rodadero, uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta, provocó indignación entre ciudadanos y defensores de animales. Las imágenes muestran el momento en que el cuerpo de un burro que había muerto tras ser atropellado es levantado por varios operarios y depositado en la parte trasera de un camión recolector de basura.El accidente ocurrió sobre la carrera 4. De acuerdo con los reportes conocidos, el animal transitaba por la vía cuando fue impactado inicialmente por un taxi y, posteriormente, por una motocicleta. La gravedad de las lesiones provocó su muerte en el lugar.Horas después llegaron trabajadores de la empresa de aseo Atesa para retirar el cuerpo. Fue ese procedimiento el que quedó registrado en video y terminó trasladando la discusión del accidente hacia la forma como fue manejado el cadáver del animal.La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos que deben aplicarse en Santa Marta para el levantamiento, transporte y disposición final de animales que mueren en espacios públicos.El caso también reabre la discusión sobre la presencia de animales de gran tamaño sin control en las vías de la ciudad, especialmente en sectores con alta circulación vehicular, por el riesgo que representa tanto para los animales como para conductores y motociclistas.Hasta la mañana de este lunes no se conocía un pronunciamiento oficial de Atesa o de la Alcaldía de Santa Marta que explicara el procedimiento utilizado en este caso o precisara cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones.Mientras se esperan esas respuestas, las imágenes continúan generando rechazo y pedidos para que las autoridades revisen lo ocurrido y establezcan medidas que eviten que una situación similar se repita.
Cuatro hombres fueron asesinados en dos ataques armados registrados en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos violentos aumentan la preocupación por la situación de orden público en esta población del sur del departamento, donde las autoridades no descartan la participación de estructuras armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.El caso más reciente ocurrió en inmediaciones del sector conocido como Zona Rosa, en el casco urbano del municipio, donde funcionan varios establecimientos nocturnos. En este ataque armado murieron tres hombres, identificados como los hermanos Jaúger y Yilder Pabuena, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.Las tres víctimas no serían residentes de Santa Rosa del Sur. Sus muertes generaron consternación entre familiares y conocidos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.Horas antes de este caso, se registró otro homicidio en zona rural. La víctima fue identificada como Iván Bambuena, quien murió por impactos de arma de fuego en el sector de Mina Paraíso. El hombre sería residente de Santa Rosa del Sur. Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.La Defensoría del Pueblo advirtió que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año. "Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección", dice el documento de la Defensoría. A estos hechos se suma la desaparición de Carlos Mejía Ramírez, un joven oriundo de San Gil, Santander, de quien no se tiene información desde hace varios días. Según los reportes conocidos, fue visto por última vez en inmediaciones de la vereda El Jardín, cerca del municipio de San Pablo, Bolívar.Las autoridades locales reportaron el caso y se espera que avancen las labores para establecer su paradero. La situación de violencia en Santa Rosa del Sur genera mayor preocupación porque coincide con el ataque con drones contra la base militar del municipio, que dejó tres uniformados muertos y varios militares heridos.La comunidad pide acciones urgentes para recuperar la seguridad y evitar que continúen los hechos violentos que están enlutando a las familias del sur de Bolívar.El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado en una zona estratégica de la región del Magdalena Medio, donde existe disputa territorial y presencia de estructuras armadas ilegales. La coincidencia de homicidios, desapariciones y ataques contra la Fuerza Pública incrementa la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en esta región.