Fredy Machado, presidente de Asonal y juez primero penal del circuito de Cartagena, aseguró que el presidente Iván Duque está irrespetando la autonomía judicial al sancionar la Ley de Presupuesto con la modificación de la Ley de Garantías, pasando por alto el fallo de un juez.“Está actuando con afanes dictatoriales, porque la autonomía judicial le exige entender que él, dentro de esta democracia, no es el que puede tomar decisiones. Colombia tiene un presidencialismo excesivo, pero para esto está el equilibrio de poderes”, dijo Machado en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.Según el presidente de Asonal, el presidente puede estar en desacuerdo con la decisión de un juez y para eso tiene recursos disponibles, pero desconocer un fallo es darle mal ejemplo a la ciudadanía, que, en un futuro, puede restarles importancia a las decisiones de los jueces.“Aquí hay desacato, prácticamente está desconociendo. La orden judicial es que no aplique la suspensión y son las garantías electorales. (…) Si el presidente considera que esa decisión judicial es equivocada, para eso están los recursos, es decir, prima el Estado de derecho”, manifestó.En ese sentido, agregó: “Si el presidente manda ese mensaje a los ciudadanos de que una decisión judicial cualquiera puede incumplirse, los ciudadanos no van a atender a los jueces. Eso es preocupante”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Esta semana se generó polémica por las declaraciones de Claudia López en las que se señaló que los jueces de la República tienen cierta responsabilidad por el aumento de la inseguridad en el país."Si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación, (...) si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, fue lo que dijo la alcaldesa.Ante esto, Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, en diálogo con Sala de Prensa BLU, dijo que no se debe responsabilizar a los jueces pues ellos simplemente cumplen lo que dice las leyes."Nos pone la carga a los jueces, teniendo en cuenta que quienes hacen las leyes son precisamente los gobernantes”, afirmó Machado.Machado, además, señaló que en el país no hay la suficiente cantidad de jueces para realizar a tiempo todos los procedimientos judiciales."Mucha gente se cuestiona porque se vencen los términos, esto ocurre porque no hay suficientes jueces para adelantar esos procesos judiciales", indicó Machado a este medio radial.El presidente de Asonal Judicial también criticó que muchas veces se denuncian ciertos actos, pero no se acude a las respectivas audiencias."A las víctimas les gusta denunciar, pero no asisten a las audiencias. Esto es un problema estructural y del sector justicia en cuanto a lo que tiene que ver con los registros de captura".Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:
Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa sobre la reincidencia de los delincuentes en Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que la administración distrital ha hecho importantes esfuerzos por mejorar la seguridad, pero es importante que se judicialicen a los delincuentes que se capturan, gracias al trabajo articulado con la Policía. “Tenemos el problema de que capturamos a los delincuentes y los jueces los dejan ir, entonces hacemos un esfuerzo grande para capturarlos y no solo los delincuentes, sino los cabecillas de organizaciones delincuenciales, y estos salen libres casi de inmediato”, señaló el alcalde. Le puede interesar: Asonal amenaza con irse nuevamente a paro. El alcalde indicó que más de la mitad de los delincuentes capturados en el último año ya eran reincidentes, como el caso de una persona que había sido capturada en más de 50 ocasiones. “Nuestros esfuerzos han sido muy grandes, pero hay un problema de reincidencia enormes”, dijo. Peñalosa destacó que este trabajo articulado con la Policía viene acompañado de un fuerte componente de prevención, para que los jóvenes no caigan en la delincuencia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La reunión duró cerca de tres horas y en ella los sindicatos judiciales buscaban echar para atrás el acuerdo 10445 de diciembre 2015 con el cual se habilitaron los centros de servicio únicos para el funcionamiento y atención a usuarios. Freddy Machado, presidente de Asonal, dijo que este acuerdo resta agilidad a los procesos judiciales aumentando los tiempos y los trámites (Lea también: ¿Por qué hay cese de actividades en los juzgados civiles y de familia?). “Los centros de servicio han fracasado en materia penal y ejecución de penas los intentan aportar hasta la justicia civil y de familia. Para el usuario, el ciudadano y el abogado es inaceptable atender esa disposición y por ello las bases judiciales reclaman que los acuerdos que dieron origen a esa resolución son revocados nosotros los judiciales entraremos nuevamente a laborar”, precisó. “Lo que no queremos aquí es un peso para nosotros sino que se mejore el servicio de justicia, y no se pueden traer modelos de gestión que no solucionan los problemas de los juzgados, sino que por el contrario los aumentan”, agregó. Así mismo, la jueza María del Pilar Arango, insistió en culpar a la Sala Administrativa de la Judicatura por el cese de actividades de algunos empleados de la Rama Judicial, al indicar que ha insistido en aplicar un modelo de gestión que no funciona. “No es un capricho de los jueces, ni de empleados, ni los abogados litigantes estar en esta jornada. La responsabilidad absoluta es de la Sala Administrativa de la Judicatura que viene implementando un modelo de gestión que está totalmente fracasado”, dijo la jueza. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El Gobierno colombiano someterá a una nueva revisión el corredor humanitario habilitado en la frontera con Venezuela tras cerca de 6 meses de cierre decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. -La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento del desplazamiento masivo que se presenta en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de combates de grupos armados ilegales, el censo de más de 400 afectados podría aumentar en las próximas horas. -El Gobierno le salió al paso a la polémica por el futuro del Fondo Nacional del Ganado y a pesar de respetar la posición de Fedegán aseguró que no se dejará acorralar. -Hombres armados se mantienen atrincherados en el hotel Splendid de la capital de Burkina Faso. -La nueva gerente de TransMilenio reportó que el sistema cuenta con un déficit de 240 mil millones de pesos, por lo que se está definiendo un reajuste de tarifas.
Suárez expuso que “Los jueces han perdido el control de su modelo de gestión escritural”. (Lea también: Podcast: conozca los delitos y sanciones que se le aplicarán a las Farc). Por ese motivo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura agregó que “se han puesto al servicio de los usuarios de la justicia en Colombia los nuevos estatutos en el código general del proceso”. En contraste, Fredy Machado expone que “la discusión está sobre el modelo de gestión”, puesto que según argumenta, se realizarían modificaciones al proceso de tutela (Lea también: Podcast: Así será la justicia que se aplicará a actores del conflicto armado). “La tutela es instrumento de garantía de los ciudadanos, no entendemos cómo va a haber personas revisándolas”, sentenció el presidente de Asonal, quien agregó que de esta forma no se puede manejar una política pública de justicia. Se espera que los representantes puedan llegar a un acuerdo para que se normalice la actividad judicial.
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
A partir de este viernes 17 de julio, varios hospitales públicos de Antioquia suspenderán la prestación de servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud, debido a las deudas acumuladas de la entidad que a la fecha asciende a los 290.000 millones de pesos y a la falta de firma de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2026.Así lo anunció el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez, quien explicó que las instituciones hospitalarias llevan varios meses sin recibir los pagos por parte de la EPS, situación que, según indicó, hace inviable continuar prestando la atención bajo las actuales condiciones.La situación es crítica pues afecta a más de 400.000 usuarios en todo el departamento que dependen de la red pública para acceder a consultas, controles y otros servicios ambulatorios, siendo las subregiones del Bajo Cauca y Urabá las que mayor cantidad de afiliados a esa entidad tienen."Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia, donde hace presencia", señaló Sánchez.Uno de los casos lo expuso en una carta el gerente Freddy Armando Longa, quien aseguró que al centro asistencial que representa no han llegado pagos desde el mes de febrero: “El giro directo de Coosalud EPS representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales de La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre. La ausencia prolongada de estos recursos compromete severamente la capacidad operativa de la institución, impidiéndonos cumplir con el pago de nómina, proveedores, insumos médicos y demás obligaciones necesarias para garantizar una atención en salud de calidad”, se lee en el documento.Hasta el momento dentro del listado oficial de los hospitales que suspenderán la atención están las instituciones de municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, así como también el Hospital San Juan de Dios de Valdivia y el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.
Karolina Rojas, esposa de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano asesinado en medio de un operativo de la agencia de migración ICE en Maine, Estados Unidos, habló este jueves sobre lo que vive su familia tras lo ocurrido."Tengo el alma rota. Él era todo para mí. Nunca dejaba que me preocupara por nada", dijo durante una rueda de prensa.Durán, de 26 años, falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo realizado el pasado 14 de julio en Biddeford. Mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer lo ocurrido, su familia enfrenta el dolor de una pérdida que cambió su vida para siempre.Para ella, Joan Sebastián era un hombre juicioso, trabajador y completamente entregado a su hogar. Siempre soñaba en grande y trabajaba para ofrecerles un mejor futuro. "Contagiaba a todos con su alegría", recuerda. Su vida giraba alrededor de su esposa y de la hija de ambos, a quienes dedicaba cada esfuerzo y cada momento libre.Los días previos a su muerte estuvieron marcados por escenas que hoy adquieren un significado especial para su familia. Había comprado ropa y juguetes para su hija porque disfrutaba verla feliz. Un día antes del operativo la llevó al parque y compartieron una tarde juntos, sin imaginar que sería la última vez que padre e hija estarían juntos.“Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, y ya no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él, y ahora no lo puede hacer”, relató Rojas entre lágrimas.La muerte de Joan Sebastián ocurrió durante un operativo adelantado por agentes de ICE. De acuerdo con la información entregada por las autoridades estadounidenses, el colombiano no era la persona que buscaban los oficiales cuando se produjo la intervención. Sin embargo, un agente le disparó y las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza son objeto de una investigación que adelantan las autoridades competentes.“Quisiera salir corriendo y que él me dijera, tranquila, mi flaca, acá estoy. Te amo, mi amor. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje latir”, concluyó Rojas.
De acuerdo con el Gobierno se han atendido a 13.463 colombianos retornados entre 2025 y lo que va de 2026, como parte de la Ruta de Atención a Connacionales Retornados y de las acciones de acompañamiento desarrolladas en diferentes regiones del país mediante la estrategia “Tu país te recibe, Prosperidad Social te escucha y te acompaña”.A corte del 3 de julio, la mayoría de los deportados que han sido atendidos por el Gobierno con acompañamiento de autoridades nacionales y territoriales han llegado principalmente a Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Meta, Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila.En alianza con la Defensoría del Pueblo, Migración, Cancillería e ICBF, la directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario de Prosperidad Social, Elsa Torralba, ha activado rutas de asistencia.“Hemos organizado en el aeropuerto esta ruta con otras entidades para brindar atención y hoy podemos darles un balance de 170 vuelos de retorno humanitario provenientes de países tales como Estados Unidos, Panamá, Chile, Costa Rica y España”, informó Torralba.Le puede interesar: Venezolanos deportados por Estados Unidos terminaron atrapados bajo los escombrosComo parte de la estrategia, la atención incluye orientación institucional, acompañamiento humanitario y articulación institucional. Asimismo, se ha contado con el apoyo a 170 vuelos de retorno humanitario y el desarrollo de jornadas de atención en zonas de frontera con Venezuela y Ecuador.La entidad afirmó que tiene como propósito central brindar una respuesta humana y cercana a todos aquellos que regresan al territorio nacional, pues aseguran que hay casos en los que llegan indocumentados y sin haber tener acceso a llamadas telefónicas.
Tras la difusión de un video que generó gran indignación y rechazo en todo el país, en el que se ve como una mujer dio a luz en plena calle, a las afueras de la Clínica Crecer, ubicada en el sur de Cartagena, el centro hospitalario se pronunció a través de un comunicado.En la comunicación publicado en sus redes sociales, la clínica señaló que la madre y el bebé “gozan de cabal salud” y que “recibieron desde el momento de su llegada la debida atención”.De igual forma, indicaron que no cuentan con servicio de urgencias, que su horario de atención es de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y que la madre gestaste llegó al centro hospitalario a las 4:12 de la mañana, y que el parto se presentó de manera inmediata y sorpresiva en la puerta de la institución.Le puede interesar: Insólito caso de mujer que se quedó dormida durante el parto: despertó tras el nacimiento de su bebé“Según lo relatado por la paciente, los síntomas del parto iniciaron a las 3:30 de la madrugada, llegaron a las instalaciones del Centro Médico Crecer a las 4:12 de la mañana, dándose el parto de forma sorpresiva e inmediata en la puerta de la institución; a las 4:17 de la madrugada la paciente fue atendida por parte de nuestro personal médico y de enfermería quienes le brindaron la atención necesaria”, detallaron.En la comunicación, la clínica además informó que “reitera” su compromiso con la “atención humanizada” y la “colaboración con las autoridades para el esclarecemiento de los hechos”.No acepto este comunicado: Alcalde Dumek TurbayEntretanto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció luego de la respuesta de la clínica, y fue enfático en que no acepta la comunicación, y que espera que el Departamento Distrital de Salud avance en las investigaciones.“Y como lo dije ayer: Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”, escribió.El mandatario dijo que la Clínica Crecer, como IPS privada, deberá responder por lo sucedido, previa investigación que está en curso.“Lo tenemos como política de primer orden en nuestra Red de Atención Primaria de la Ese Cartagena de Indias, y y lo reforzamos constantemente en las visitas aleatorias de control y vigilancia que realizamos en las urgencias, clínicas y hospitales de Cartagena”, agregó el alcalde Turbay.
