La Agencia Efe, la Fundación Gabo y Minsait, una compañía de Indra, se unen para contribuir a la seguridad de los periodistas, la libertad de prensa y la paz en Colombia con el lanzamiento de una competencia para desarrolladores y comunicadores donde crear una aplicación que sirva para la protección de quienes informan desde zonas de riesgo en el país."Se trata de un reto colaborativo", explicó Soledad Álvarez, directora de Estrategia de Efe, al remarcar que ante los desafíos que hoy enfrentan los medios de comunicación como la desinformación, la fatiga informativa o la transformación de las audiencias "los periodistas necesitan trabajar en condiciones de seguridad. Por eso les invitamos a participar en este Hackathon".El “Hackathon para un periodismo por la Paz”, que se celebrará en el marco del próximo Festival Gabo de Periodismo Iberoamericano el mes próximo, cuenta también con la colaboración de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para el desarrollo de una aplicación móvil que mejore la seguridad de los comunicadores a través de un sistema de alerta y otras herramientas de apoyo.“Este ejercicio propuesto por la Agencia Efe de desarrollar un Hackathon para saber cómo desde la tecnología se pueden reducir los riesgos que hay en el ejercicio periodístico en Colombia es sumamente interesante y desde la FLIP acompañamos este proceso”, manifestó Johnatan Bock, director de la Fundación.La iniciativa, que será premiada con 2.500 dólares para el equipo ganador, surge debido al aumento del riesgo para el ejercicio del periodismo en Colombia, donde, según cifras de la FLIP, se han registrado amenazas a alrededor de 97 medios y periodistas entre el 1 de enero y 20 de mayo de este año.“Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia”, señala la FLIP en su informe “2022: el periodo electoral más violento contra la prensa en la última década”."Detrás de esa noticia hay un periodista que ha sufrido acoso, violencia o intimidación. Solo en 2021, 760 periodistas colombianos sufrieron ataques de diversa índole por ejercer su profesión", señaló Álvarez, ante lo cual, "en Efe tenemos un firme compromiso con el periodismo de calidad y la libertad de expresión, por eso queremos aportar soluciones a un problema que tristemente se sigue cobrando vidas todos los años".Innovación y tecnología para un periodismo de PazUno de los grandes apoyos para esta convocatoria es el de la empresa tecnológica Minsait al resaltar el papel que como protagonista tiene la tecnología, “que va a brillar y no solo va a brindar soluciones específicas para garantizar el libre ejercicio de este oficio”, asegura Fernando Ayala Ferraro, director general de Minsait Colombia, Región Andina y Cono Sur.“Con la tecnología desde Minsait estamos haciendo que las empresas, las organizaciones y las ciudades sean más eficientes, seguras e inteligentes”, señaló Ayala como una de las premisas con las que invitan a participar en el Hackathon donde se verá el talento y la innovación en un periodismo por la paz.El Festival Gabo, que acogerá la competencia, regresa este año a la presencialidad tras dos años de pandemia y celebrará por todo lo alto en Bogotá los 40 años del Premio Nobel del escritor colombiano en su décima edición, donde también se hará entrega de los Premios Gabo en la mayor fiesta del periodismo iberoamericano del 21 al 23 de octubre.“Siempre hemos trabajado el tema del periodismo en función de la construcción de paz y uno de los factores más importantes es la seguridad de los periodistas”, apunta Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, quien insiste en la vocación de que este hackathon ofrezca un nuevo mecanismo digital “que le sirva al periodismo colombiano”.“Pero además el tema de la libertad de expresión es un tema sobre el cual, en unión con la FLIP y otras organizaciones del sector en Colombia, estamos permanentemente apoyando el trabajo de nuestros colegas especialmente en las regiones donde son más vulnerables”, indicó.Abello explicó que en un momento en el que el país está buscando la paz “no podemos perder de vista que se van a generar tensiones en los procesos negociadores, especialmente en las regiones” y por ello la necesidad de cuidar de quienes transmiten la información.Un concurso para desarrolladores y periodistasLa convocatoria se encuentra publicada en la página del Festival Gabo https://hackathon.festivalgabo.com/ y en las redes sociales de Efe.En esa página, los interesados pueden conocer las bases y los requisitos de inscripción, abierta hasta el 5 de octubre.La competencia tendrá lugar con la participación de hasta cinco grupos de entre tres y cinco personas, y en cada uno de ellos deberá integrarse, al menos, un periodista o comunicador para fomentar el trabajo colaborativo.La aplicación deberá desarrollar un botón de alerta que preserve la seguridad de los usuarios, pero además se valorará toda clase de funcionalidades adicionales, especialmente las relacionadas con la prevención de riesgos, protección de datos, acceso a ayuda especializada, entre otros.Los equipos que se hayan inscrito previamente desarrollarán su solución de forma presencial durante las dos jornadas del Hackathon (22 y 23 de octubre), de 10 a 18 horas, en el Gimnasio Moderno en Bogotá, lugar que acogerá en esta ocasión el Festival Gabo.La evaluación de las aplicaciones será mixta, a través de un jurado de expertos, y también por votación popular, entre usuarios que pondrán previamente las soluciones a prueba. El equipo ganador recibirá un premio en metálico de 2.500 dólares.
Esta semana, en el marco del Festival Gabo y con lo mejor del periodismo hispanoamericano, el diario El Espectador reveló entre sus páginas una primicia con especial valor histórico para Colombia: la correspondencia perdida de Gabriel García Márquez.Los documentos constan de al menos 50 cartas, escritas entre 1955 y 1978, que el Nobel de Literatura colombiano le escribió a su amigo Guillermo Cano, entonces director de ese periódico y posteriormente asesinado por sicarios de Pablo Escobar.Lea también: Los primeros párrafos de todos los cuentos y relatos de Gabriel García Márquez Entre otras, la correspondencia anticipó el inicio de la magna obra ‘Cien años de soledad’.“En sobre aparte te mando el primer capítulo de Cien años de soledad. Es la primera vez que anticipo una novela en proceso. Salud”, le escribió Gabo a Guillermo Cano, en un documento recopilado por el diario, en cabeza de su editor dominical, Nelson Fredy Padilla, quien en diálogo con Sala de prensa BLU contó detalles de cómo se encontró esta correspondencia que se creía perdida.Vea en ESTE ENLACE las “cartas tiernas y confidenciales de García Márquez a su tribu”, publicadas por El Espectador.https://www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultura/las-cartas-tiernas-y-confidenciales-de-garcia-marquez-su-tribu-articulo-815733Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
Después de las polémicas declaraciones de la congresista María Fernanda Cabal, en las que aseguró que "la Masacre de las Bananeras fue un mito histórico", la representante a la Cámara fue duramente criticada en redes sociales. Cabal salió al paso a las críticas y en diálogo con El Espectador se defendió señalando que "los ignorantes son ellos (los tuiteros) que se dejan llevar de los mitos que han tergiversado la historia de Colombia”. Pero ahí no paró todo, pues la integrante del Centro Democrático arremetió de nuevo contra el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y lo culpó de ser el responsable de la “mentira histórica” de inflar la cifra de muertos en la masacre ocurrida en 1928. Según la representante, en esa masacre murieron más soldados que obreros, porque “los trabajadores estaban usando armas". Le puede interesar: Video: María Fernanda Cabal explica su “pequeño lapsus” sobre Unión Soviética. “García Márquez se inventó que en las bananeras hubo 3 mil muertos. Hoy en día no se consigue ese número de trabajadores. Él tiene la responsabilidad de distorsionar la historia inventándose esa cifra de asesinados. Él era una figura literaria y como él utilizaba el realismo mágico, uno no sabe si lo hacía como parte de su creatividad o como parte de su maldad por ser militante del partido comunista. Hay gente que lo sigue repitiendo eso como un hecho histórico”, añadió. “La confrontación sí existió. Lo que se convirtió en un mito es el hecho de que la masacre la cometiera el Ejército contra unos trabajadores que estaban desarmados. Eso es mentira, los trabajadores fueron armados y fueron ellos los que atacaron”, dijo Cabal a El Espectador. De acuerdo a un artículo publicado en Señal Memoria, de Señal Colombia, “la cifra que dio el Ejército fue de 9 muertos; la investigación que hizo Jorge Eliécer Gaitán arrojó una cifra de, por lo menos, 300 personas asesinadas, no solo en Ciénaga, sino en Sevilla y Aracataca”.
Según las informaciones publicadas por el diario español El País, la constructora Odebrecht habría pagado unos 200 millones de dólares en comisiones ilegales para comprar voluntades de políticos, funcionarios y empresarios en ocho países de Latinoamérica.Para esa estructura de pagos ilegales fue clave la Banca Privada de Andorra, una entidad bancaria intervenida por el Gobierno de Andorra en 2015 y cuya caída propició que el pequeño principado ubicado entre España y Francia terminase el pasado año con el secreto bancario.El diario madrileño relata que las investigaciones encabezadas por la juez Canòlic Mingorance indican que los pagos fueron realizados a través de 145 cuentas corrientes, cuyo destino fueron altos cargos de la administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.Siempre según la versión del diario El País, la BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que está en prisión, para pagar los sobornos a personajes clave en la adjudicación de obra pública.Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades “off shore” Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios.El escándalo de Oderbrecht ha destapado sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, por valor de 788 millones de dólares, según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.Le puede interesar: Gabriel García Morales logró principio de oportunidad con la FiscalíaUno de los beneficiaros de ese procedimiento fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de la Ruta del Sol.García Morales, quien colabora con la justicia para rebajar su condena, admitió su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno por el empresario Enrique Ghisays Manzur.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Desde Cali, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, explicó que el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, será a partir de ahora pieza clave en las investigaciones que se adelantan sobre el caso de Odebretch en Colombia, gracias al preacuerdo alcanzado con la Fiscalía. Según Martínez, García se comprometió a entregar más información sobre cómo y a quienes se entregaron coimas y como se financiaron las campañas presidenciales en 2014. “El viene de testigo de cargo en varias líneas investigativas, en varias que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, en el manejo de los activos, adicionalmente ha ofrecido ser testigo de cargo contra otras personas en esta investigación. De hecho, la situación de los hermanos Besaile fue previamente acreditada, a partir del testimonio que dio el ex viceministro García y otras líneas investigativas que comprometen a más gente, con base en las imputaciones que ha venido realizando la Fiscalía”, indicó el fiscal Martínez. El Fiscal reiteró que, a pesar del preacuerdo y la información aportada a la investigación, seguirán incólumes las acusaciones de interés indebido y cohecho que pesan sobre el exviceministro. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
A diez meses de estallar el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía encontró la ruta de los pagos que la multinacional Odebrecht asegura haberle hecho a Gabriel García Morales para que les adjudicara el segundo tramo de la Ruta del Sol, a finales de 2008. Aunque el próximo 18 de agosto se conocerá la condena contra el ex viceministro, quien aceptó cargos por cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. A la fecha, la Fiscalía logró determinar que parte del dinero del soborno de 6,5 millones de dólares fue a parar a paraísos fiscales y proyectos inmobiliarios en Colombia. Así quedó revelado en la sentencia de 35 páginas, en la que se condenó al empresario cartagenero Enrique Ghisays, principal colaborador del ex viceministro, a siete años de cárcel y una multa de 14.900 salarios mínimos, quien aceptó cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La ruta de los dineros El ex viceministro Gabriel García Morales les pone de presente a los ciudadanos brasileños el nombre de Enrique José Ghisays Manzur, quien será el encargado de ingresar los dineros al país y entregárselos a éste. Luis Eduardo Da Rocha, alias ‘Tushii’, rindió ante autoridades estadounidenses que contactó a Ghisays, a través de su correo electrónico, a quien se le informó en una reunión personal que le entregarían 6,5 millones de dólares a fin de que realizara de forma directa las operaciones tendientes a entregarle a Gabriel García Morales ese dinero y cómo contraprestación de ellos les pagarían 750 mil dólares. Por consiguiente, constituyó una sociedad anónima denominada Lurion Trading, creada en Miami, pero constituida en Panamá. Después abrió una cuenta en el banco USB Miami a la cual se le realizaron seis transferencias por un monto de 6'520.000 dólares desde el banco de D'Andorra provenientes de la compañía Odebrecht de la siguiente manera: Posteriormente, el mismo García Morales fue quien ordenó, tal como señaló en la anterior declaración del procesado, transferir el dinero al banco Well Fargo, a fin de obtener mayores rendimientos por consiguiente sé realizaron cuatro consignaciones de la siguiente forma: Una vez trasferidos los dineros al Banco Wells Farho se procedió a realizar varias transferencias, algunas de estas fueron ordenadas directamente por el ex viceministro Gabriel García Morales y cumplidas por el aquí procesado de la siguiente manera: - Transferencia a la empresa Equilibria por un monto de 130.000 dólares por orden de Gabriel García. - Transferencia a una cuenta en Panamá de Rafael Pérez, socio Grupo Aria, constructora del edificio Claro de Luna en Cartagena en donde vive el ex viceministro por un monto de 145.000 dólares. - Transferencia a empresa Colón por un monto de 105.000 dólares. - Transferencia al COASTAL barcazas de Allen Wemire por un monto de 375.000 dólares y posteriormente otra transferencia de 160.000 USD. - Transferencia a Pacific Infraestructure por dos millones de dólares para la compra de acciones en el proyecto Puerto Bahía en Santa Marta. - Transferencia de un millón de dólares a inversionistas en bolsa de valores. - Transferencia de un millón de dólares para la creación de la empresa denominada OIL y Gas Logistic en la cual los socios eran los hermanos Ghisays Manzur. Le podría interesar: Enrique Ghisays, primer condenado por caso Odebretch - Transferncia Bancolombia a la cuenta de Eduardo y Enrique Ghisays Manzur por un monto de 750 mil dólares por su gestión. - Transferencia a Agente Marítimo de hermanos Ghisays Manzur por 200 mil dólares por perdida de tablets. - Transferencia concepto anualidades de cuenta Lurion Trading por 20 mil USD. - Transferencia a cuentas en banca privada D'Andorra invertidas por 5 mil dólares. Por los delitos que se le imputaron Ghisays recibiría una pena de 14 años de prisión que fue rebajada a siete por haber reconocido su responsabilidad el pasado 6 de marzo. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Nuestro Macondo: Editorial de Óscar Montes
La juez 26 de garantías decidió imponer medida de aseguramiento preventiva en establecimiento cárcelario a Enrique Ghisays Manzur por considerar que el sindicado podría influir en los elementos probatorios, ya que aún no se ha culminado la investigación en el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecth y podría obstruir la justicia. Además, la funcionaria señaló que las pruebas aportadas por la Fiscalía demuestran la relación de Ghisays Manzur con los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos en calidad de autor. Así mismo, la jueza aseguró que para que el exviceministro Gabriel García Morales, quien fuese beneficiado con 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, necesitó la ayuda de terceros, entre ellos Enrique Ghisays Manzur, con quienes habrían creado la compañía Lurion Trading inc. Por otra parte, la funcionaria argumentó que Ghisays no se sometió enteramente a la justicia, sino que su confesión se debió a la presión ejercida por las últimas revelaciones que se han presentado en el proceso. Finalmente, Enrique Ghisays Manzur fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá.
Blu Radio conoció la confirmación que la Fiscalía está pidiendo información de la empresa panameña involucrada en lo sobornos de Odebrecht con Colombia. Se trata de una carta rogatoria que fue enviada el pasado 16 enero a la Procuraduría de Panamá para que entregue información de Lurion Trading y Punto Fa, el documento fue suministrado a este medio por La Prensa (Panamá). (Lea también: Las propuestas de García y Bula para lograr rebajas en caso Odebrecht). El jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, indicó que el pago de 6,5 millones de dólares entregados a García Morales por Odebrecht, fueron depositados en una empresa panameña. "La Fiscalía ha logrado acreditar que la suma de 6,5 millones de dólares, que fue entregada como soborno para obtener la adjudicación del denominado tramo II de la Ruta del Sol, fue girada en varios instalamentos a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., constituida el 20 de enero de 2010. Para el efecto se utilizó el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos y Andorra", señaló Martínez. Así las cosas en la carta rogatoria enviada por la Fiscalía y que revela Blu Radio se solicita a Panamá la siguiente información: Historial de los dignatarios, directores, agentes residentes, representantes legales, domicilio, bienes o propiedades, tipo de sociedad y capital. La Fiscalía investiga a esta empresa con domicilio en Panamá por los delitos de: cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. "Las acciones, inicialmente emitidas al portador, son de propiedad de varios ciudadanos colombianos que, según las evidencias que posee la Fiscalía, obraron por cuenta del exviceministro de Trasporte de la época, Gabriel Ignacio García Morales, quien en su calidad de director encargado del INCO suscribió el contrato de Concesión de la Ruta del Sol- Tramo II", indicó el fiscal. Y según reveló La Prensa de Panamá, está empresa se inscribió en el registro público de ese país solo hasta el 20 de enero de 2017, "doce días antes de la revelación de la fiscalía colombiana”. García Morales se encuentra preso en la cárcel La Picota y es investigado por los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, de los cuales aceptó cargos.
Blu radio conoció que este viernes, durante nueve horas, se discutieron los acercamientos para lograr una negociación final entre la Fiscalía y el exviceministro Gabriel García, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. (Lea también: Piden cambiar de centro de reclusión a Gabriel García y Otto Bula). Lo mismo ocurrirá con el excongresista Otto Nicolás Bula, y ambos buscarán obtener beneficios judiciales. Entre las propuestas que plantearon a la Fiscalía está: - Reportar los movimientos financieros realizados con los sobornos que habrían recibido de la firma brasileña. - Entregarían los nombres de funcionarios y políticos claves para que se logrará el favorecimiento a Odebrecht. - Entregarían pruebas documentales sobre las negociaciones y transacciones realizadas para la adjudicación de los contratos. Las dos propuestas corresponden, de momento, a unos acercamientos que serán evaluados en un comité de la Fiscalía, de ser aceptados será presentado el preacuerdo ante un juez para las nuevas condiciones del proceso, qué cambiarían la acusación en su contra. También se está a la espera de que el Inpec haga efectiva la solicitud del traslado que pidió la Fiscalía a un centro especial de reclusión. El proceso El exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García aceptó cargos por los delitos que le imputó la Fiscalía en relación al escándalo por los sobornos de Odebrecht. Los delitos por los que deberá responder el exfuncionario son cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito dentro del proceso por el pago de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht para quedarse con el proyecto de la Ruta del Sol II. Según lo establecido en la investigación, García habría recibido 6.5 millones de dólares para dicha adjudicación. En el caso del excongresista Otto Bula, está sindicado de recibir presuntamente 4,6 millones de dólares de parte de Odebrecht entre los años 2013 y 2014. Escuche en este audio más información sobre: -Blu radio revela en exclusiva los términos de la negociación de Otto Bula y el exviceministro Gabriel García con la Fiscalía, quienes se han comprometido a revelar los nombres de los políticos involucrados con los sobornos de Odebrecht. -El mecanismo de monitoreo y verificación acaba de entregar el último reporte sobre los incumplimeitnos y violaciones al cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Advierte cinco infracciones a los protocolos establecidos entre el 31 de diciembre y el 24 de enero. El mecanismo también confirmó que es los próximos días se iniciará la entrega de armas de los guerrilleros. -La Gobernación del Chocó se quejó porque la Fuerza Pública no está llegando a las zonas que están dejando las Farc. -El Procurador General, Fernando Carrillo, confirmó que a partir de la próxima semana estará en los territorios para verificar que los compromisos acordados por la guerrilla de las Farc en el acuerdo de paz se estén cumpliendo. -La Asociación de Bancos de Sangre de Colombia hace un llamado al Ministerio de Salud y a todas las autoridades sanitarias para que se expida una nueva regulación que no permita eventos como los sucedidos en Cartagena, donde la semana pasada un joven denunció discriminación por su condición sexual. -Mañana se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer y en Colombia anualmente se conocen más de 72 mil casos entre hombres y mujeres. -Irán anunció medidas recíprocas tras las sanciones de Estados Unidos. -Comienza la liga del futbol colombiano. -La personería de Bogotá denunció que el proyecto urbanístico ubicado en Campo Verde en la localidad de Bosa está afectando el humedal Chiguazuque y también la preservación del río Bogotá. Aunque la Fiscalía le imputó cargos por cohecho e intereses indebidoen la celebración de contratos, Bula se declaró inocente
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que durante el periodo previo a las elecciones en Colombia existió un riesgo que, según sus declaraciones, podía impedir que los comicios se realizaran conforme al calendario previsto.El funcionario afirmó que su programa denominado “Paz Electoral” tuvo un papel determinante para garantizar el desarrollo de las elecciones y sostuvo que existía un temor generalizado frente a la posibilidad de que el proceso electoral no pudiera llevarse a cabo.“Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, afirmó Eljach durante su intervención.El procurador agregó que “todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr” y señaló que actualmente Colombia cuenta con un presidente elegido de manera legítima y legal, además de un Congreso de la República constituido a partir de los resultados de los comicios.Gregorio Eljach habló de un riesgo para el calendario electoralEljach insistió en que durante ese periodo existió un escenario que podía afectar directamente el calendario electoral.“Hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral”, manifestó el procurador, quien evitó entregar mayores detalles sobre los hechos concretos a los que hacía referencia.El funcionario afirmó que la situación generó momentos de “angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, aunque señaló que no quería volver sobre esas circunstancias.“Colombia sabe a qué me refiero, no voy a recordar esos momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal”, dijo.Sus declaraciones se producen después de un proceso electoral que estuvo acompañado por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos alrededor de las instituciones encargadas de organizar y garantizar las elecciones.Las críticas contra el procurador por sus declaracionesLas afirmaciones de Eljach generaron cuestionamientos entre sectores políticos que durante la campaña electoral habían expresado críticas frente a la actuación de distintas instituciones.El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó que el procurador hubiera hecho pública esta información después de los comicios.Briceño acusó a Eljach de haber guardado silencio frente a una situación que, de acuerdo con sus propias declaraciones, habría representado un riesgo para las elecciones. Además, lo calificó de “procurador de bolsillo”, expresión con la que puso en duda su independencia frente al Gobierno y al expresidente Gustavo Petro.“Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’ demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo. ¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”, cuestionó el congresista.La principal crítica de Briceño está relacionada con el momento en el que Eljach decidió referirse públicamente a este supuesto riesgo. Para el representante, si existía una amenaza concreta contra la realización de las elecciones, el procurador debió advertirlo antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.Petro y los cuestionamientos al sistema electoralLas declaraciones del procurador también se producen en medio de los enfrentamientos que durante meses protagonizó el expresidente Gustavo Petro con algunas de las instituciones encargadas del proceso electoral.Petro cuestionó en repetidas ocasiones el funcionamiento del sistema electoral y, particularmente, realizó señalamientos contra la Registraduría. Entre sus solicitudes estuvo el acceso al denominado “código fuente” de los sistemas utilizados en el proceso electoral.Estos cuestionamientos alimentaron un escenario de tensión política alrededor de la transparencia y las garantías de los comicios. En ese contexto, distintos sectores expresaron preocupación por el impacto que las declaraciones y confrontaciones políticas podían tener sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales.El debate también estuvo relacionado con la necesidad de preservar la legitimidad de los resultados y garantizar que las elecciones se desarrollaran dentro de los tiempos establecidos por la ley.El procurador ha defendido la legitimidad de las eleccionesLas nuevas declaraciones de Eljach se suman a sus pronunciamientos sobre las garantías del proceso electoral y la legitimidad de los resultados.El procurador ha sostenido que no existen elementos que permitan poner en duda la legitimidad de la elección y ha defendido la actuación institucional durante el proceso.Ahora, al referirse a su programa de “Paz Electoral”, aseguró que esta estrategia contribuyó a evitar que las circunstancias de tensión desembocaran en una interrupción del calendario electoral.Sin embargo, Eljach no detalló en su intervención cuáles eran exactamente los hechos que, según él, hacían prever que las elecciones podían no realizarse, ni identificó públicamente cuáles eran las circunstancias específicas que sustentaban ese temor.Por esa razón, sus declaraciones abrieron un nuevo debate político sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral y sobre la oportunidad de las advertencias realizadas por las autoridades.El punto central de la controversia ahora es determinar a qué situación concreta se refería el procurador cuando afirmó que “no iba a haber elecciones” y por qué esa información no fue expuesta públicamente antes de la jornada electoral.
Un grave caso de violencia contra una mujer se registró en el barrio Girardot de Bucaramanga, donde una mujer de 44 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma cortopunzante, al parecer, por su pareja sentimental.El hecho ocurrió aproximadamente en la calle 25 entre carreras 4 y 5. De acuerdo con el reporte policial, una auxiliar del CAI Girardot solicitó apoyo luego de advertir una aglomeración de personas involucradas en una riña.Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a la mujer con múltiples heridas y solicitaron apoyo para trasladarla a un centro asistencial. La víctima fue llevada al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.Según la información conocida sobre el caso, la mujer sufrió múltiples lesiones con un arma cortopunzante, entre ellas heridas en el tórax, mano derecha, abdomen, muslo izquierdo y cuello. Su estado de salud es reportado como crítico.El presunto agresor, un hombre de 50 años que sería la pareja sentimental de la víctima, permaneció inicialmente bajo custodia policial en el CAI Girardot, junto con el arma que habría sido utilizada durante la agresión.Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica y, una vez cumplido el procedimiento correspondiente, quedó capturado y a disposición de la Fiscalía General de la Nación.La Policía informó que el caso fue atendido como un hecho de violencia intrafamiliar, mientras las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades por la agresión.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados ante el llamado de la comunidad y señaló que la institución mantiene el compromiso de actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia al interior de los hogares.La Fiscalía será la encargada de adelantar el proceso judicial y presentar al capturado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.Los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones en el entorno familiar requieren una respuesta inmediata de las autoridades y de la comunidad. En este caso, la alerta generada por las personas que se encontraban en el sector permitió la llegada de la Policía, la atención de la víctima y la captura del presunto agresor.El caso es materia de investigación y, mientras se define su responsabilidad ante la justicia, el hombre se presume inocente.
Siguen siendo varias las iniciativas que desde la capital antioqueña se siguen conociendo para iniciar con la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.Una de ellas se plantearía este miércoles por parte del alcalde Federico Gutiérrez en medio de un encuentro que aseguró sostendrá con el presidente Abelardo de la Espriella donde manifestó que le propondrá replicar en zonas como el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero el modelo que viene desarrollando en la capital de Antioquia para impulsar el sector de vivienda.El mandatario aseguró que, como se viene desarrollando en la ciudad a través del Instituto de Vivienda, se deben reducir las tasas de interés para que los damnificados accedan a soluciones de este tipo."Justo me veré con el presidente Abelardo del Espriella. Nos ha convocado a Bogotá, seguro vamos a hablar de este y de muchos otros temas. Y claro que desde Medellín tenemos que seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que hoy hay otra realidad también de país con lo que pasó en el terremoto", destacó.El alcalde destacó que en Medellín se debe seguir solucionando el déficit habitacional, pero entender que actualmente hay otra realidad que exige medidas urgentes.En este sentido, el empresariado paisa a través de Proantioquia no solo se sumó con el anuncio de aporte de 200.000 millones de pesos para la atención inicial de la tragedia, sino también con la propuesta de un modelo de Reconstrucción por Impuestos, un mecanismo temporal y extraordinario inspirado en el modelo de Obras por Impuestos.Lo que se ha conocido desde el territorio paisa es que esta propuesta está destinada exclusivamente a financiar proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación en los territorios afectados por el terremoto a través de la contribución de las empresas. "Realizar obras de infraestructura y de mejoramiento de infraestructura energética, educativa, vías, acueductos y alcantarillados es que se haga reconstrucción por impuestos. La misma lógica de obras por impuestos, pero a servicio de los municipios más afectados por la emergencia del terremoto, y que se pueda generar un equipo especializado que agilice los trámites. Necesitamos esta articulación público-privada para poder reconstruir de manera rápida", dijo la directora de Proantioquia, Juliana Velásquez.La propuesta también contempla crear Zonas de Reconstrucción y Reactivación; establecer un cupo especial de recursos; priorizar infraestructura social y básica; y desarrollar un título valor que permita a las empresas recuperar sus inversiones mediante el pago de impuestos o su negociación.También, Proantioquia planteó un equipo técnico especializado para agilizar la aprobación de proyectos, con tiempos de viabilización entre 20 y 30 días.
Un nuevo hecho de violencia se registró este martes, aproximadamente a las 12:40 del mediodía, en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga.Según la información preliminar de las autoridades, el presunto responsable sería Brayan Alexis Garcés, de 23 años, quien habría utilizado un revólver calibre 38 para cometer el ataque.De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima fue identificada como Jorge Luis Cristancho Serrano, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y murió en el lugar.Tras el homicidio, varias personas de la comunidad, en medio de la indignación, alcanzaron al señalado agresor y lo golpearon hasta dejarlo acorralado en el piso. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas golpes en la cabeza, un hematoma en el ojo derecho y heridas no penetrantes en el cuello, la espalda y el abdomen.Al llegar al lugar, los uniformados realizaron la captura del presunto responsable e incautaron el arma de fuego que, según el reporte oficial, habría sido utilizada en el homicidio. Al detenido le fueron leídos sus derechos y, posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente.El capturado deberá responder inicialmente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación y, mediante las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, realizan el seguimiento al recorrido que habría hecho la víctima antes del ataque. Con este material buscan establecer qué ocurrió antes del homicidio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, o si se trata de un ajuste de cuentas.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional."Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal."Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal."La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
