La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial. De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla.No obstante, pese a resolver la situación jurídica del exdirector del DAS, la Fiscalía determinó no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad.La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.
El Juzgado 16 de Ejecución de Penas de Bogotá ordenó la libertad condicional del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez. El exdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.Maza Márquez permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de la pena. Aún permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, a la espera de ser notificado.El despacho judicial argumentó que Maza Márquez cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para solicitar la libertad condicional, además de acreditar buena conducta y cumplir los requisitos administrativos y disciplinarios. La decisión quedó consignada en auto que fija el periodo de prueba y la obligación de constituir caución prendaria de cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia como coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, en el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.La sentencia también incluyó la responsabilidad por la muerte del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las lesiones ocasionadas al escolta Pedro Nel Angulo Bonilla durante el mismo atentado.
Según reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, el general retirado Miguel Maza Márquez negó las acusaciones hechas en su contra por el coronel Hugo Aguilar, quien lo señaló de conocer y estar involucrado con Carlos Castaño para la creación de 'Los Pepes'.Las afirmaciones del coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, se dieron durante una audiencia única de verdad el martes 23 de enero, donde alegó que Miguel Maza Márquez le habría pedido a él y al mayor Danilo González, integrantes de la parte alta del Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, que se reunieran con Carlos Castaño y alias 'Don Berna'. Según Aguilar, estas personas tenían información crucial sobre la muerte de lugartenientes de Escobar y querían colaborar con su captura.En respuesta a estas acusaciones, Maza Márquez afirmó en diálogo con Blu Radio que nunca tuvo contacto con Carlos Castaño y que no lo conocía personalmente. Además, desmintió haber recomendado la reunión entre Aguilar, González y los mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de Pablo Escobar.Cabe recordar que Hugo Aguilar detalló que, en junio de 1993, cuando formaba parte del Bloque de Búsqueda, Maza Márquez le informó que debían recibir a Carlos Castaño y 'Don Berna'. Sin embargo, la supuesta colaboración no se concretó, ya que Escobar huyó antes de que se pudiera llevar a cabo la reunión. Aguilar afirmó que fue a partir de este momento que inició la relación con dos paramilitares que tenían el control de las autodefensas en el Magdalena Medio.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos , en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Cabe destacar que Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, aunque las acusaciones relacionadas con 'Los Pepes' no han sido parte de este proceso judicial.
El exgobernador de Santander Hugo Aguilar se juega este martes, 23 de enero, su última oportunidad en la Justicia Especial de Paz en una audiencia única de verdad.El coronel en retiro de la Policía Nacional, recordado por comandar el bloque de búsqueda contra el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, declaró ante la JEP que, la Policía Nacional tuvo una complicidad con paramilitares con el fin de cercar a Escobar.“En junio de 1993 se encontraba con el bloque de búsqueda, el general Miguel Maza Márquez le informó al coronel Hugo Martínez Poveda que debíamos recibir a Carlos Castaño y a alias ‘Don Berna’, porque tenían información muy importante sobre la muerte de algunos lugartenientes de Pablo Escobar y que ellos querían aportar información exacta para la captura de Escobar. Nos dieron la información, llegamos, y ya había huido, ahí empezó la relación con dos paramilitares que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio”, reveló Aguilar.Aguilar agregó en su declaración “Ellos dijeron que continuaban enviando información al bloque de búsqueda y que se les hiciera contacto con los delegados de la DEA y la CIA. Tenía conocimientos el comandante de Bogotá, el general Guzmán del Ejército y Vargas Silva de la Policía y coronel Hugo Poveda en Medellín”.El exgobernador de Santander recordó que a través de los operativos de inteligencia que adelantaron para dar con el paradero del capo relató que esa organización había infiltrado a las autoridades.“Aparecieron Los Pepes, en esa guerra el estado se hizo indiferente, eran ataques terroristas y asesinatos, en ese momento se hablaba en la prensa que en realidad era el bloque de búsqueda, en una reunión determinaban que hacer para que no nos culparan porque iban a terminar judicializándonos a la parte de inteligencia y operaciones especiales”, explicó Aguilar.Además, agregó: “Acordamos que cuando la unidad de levantamientos fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o atentados, ellos ponían un papel que decía fueron Los Pepes”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento del exdirector del DAS general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Lo anterior después de que se negara a presentar un compromiso de aporte a la verdad sobre los hechos por los cuales fue condenado y su defensa pidió que el proceso pasara nuevamente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia."Mi prohijado NO está en capacidad ni en disposición de realizar ningún aporte adicional de verdad o reparación, así como tampoco cuenta con ningún aporte de verdad adicional que pueda presentar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Infortunadamente, la propia JEP, al excluir injustificadamente su jurisdicción frente al homicidio del Dr. Galán, impide que mi representado aporte información frente a este suceso, pese a que tal información, en manera alguna, comprometa su responsabilidad", argumentó su abogada.Es importante aclarar que Maza Márquez solicitó su sometimiento voluntariamente; sin embargo, tras explicar que no entregará su plan de aporte a la verdad, la JEP decidió excluirlo de esta jurisdicción sin antes advertirle que su actitud es "reprochable"; además, explicaron que esta decisión no significa que si lo requieren en algunas diligencias el general pueda ser llamado y deberá asistir cuando sea necesario."Tras haber solicitado voluntariamente su sometimiento, lo que corresponde es no aceptarlo en esta jurisdicción. En efecto, dicha omisión constituye una actitud reprochable, si se considera que el solicitante en su calidad de servidor público y general retirado de la Policía Nacional debería ser un ejemplo en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la ley", se lee en la decisión.Es decir, ahora el proceso pasará nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Allí Maza Márquez buscará que su condena sea revisada, algo que no podía hacer si se sometía a la JEP. Es importante recordar que el exdirector del DAS ya había intentado renunciar a la justicia transicional; sin embargo, también ha sido llamado por el magistrado Gustavo Salazar en el caso que investiga la violencia contra integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica. Le puede interesar
El exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez está compareciendo ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Durante sus audiencias ha manifestado que no tiene conocimiento sobre seguimientos o actuaciones ilegales que se dieran desde el DAS, mientras el fue director, contra miembros y simpatizantes de dicho partido.Maza Márquez estaba actuando en calidad de integrante de la fuerza pública y agente de Estado, y es importante tener en cuenta que estos integrantes son comparecientes forzosos, es decir, no pueden decidir salirse de esta jurisdicción.Sin embargo, la defensa del general en retiro le manifestó a la JEP que “Maza Márquez fue investigado y condenado por la Corte Suprema de Justicia como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y si bien también ostentó de forma simultánea la condición personal de miembro de la fuerza pública, su comparecencia a la JEP debía hacerse como agente del Estado no integrante de la fuerza pública”.La sección de apelación le dio la razón a Maza Márquez y por esto consideró que su sometimiento debía darse como agente de Estado, aunque aclara que podría continuar siendo llamado en las investigaciones del caso 06, Unión Patriótica, y haciendo un duro llamado para que no renuncie.“Si bien no es dable saber cuál será su proceder en este asunto, las intenciones de renunciar y no contribuir permiten entrever un comportamiento desdeñoso y displicente con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, se lee en la decisión.Sin embargo BLU Radio conoció que tras la decisión de la JEP, el general en retiro Miguel Maza Márquez pedirá la renuncia y que su proceso continúe en la justicia ordinaria.Escuche el podcast Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
Este miércoles, el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, rindió versión ante la JEP en el caso que investiga los crímenes cometidos contra el partido Unión Patriótica.Durante la diligencia, Maza insistió en que no tenía conocimiento sobre seguimientos que se hayan hechos desde el DAS en contra de los miembros de ese partido de izquierda. Además, en algunos casos, manifestó, no recordaba algunos documentos que le presentó el magistrado Gustavo Salazar donde se ordenaban dichos seguimientos.Uno de los argumentos que utilizó Maza es que estos fueron hechos que ocurrieron hace casi 40 años, por lo que no podría recordar con exactitud algunos detalles, sin embargo, utilizó una frase a la cual después le respondieron las víctimas y la Procuraduría.“Como son hechos que desafortunadamente sucedieron hace 40 años y hay un principio que dice ‘el tiempo que pasa y la verdad que desaparece’, desafortunadamente”, mencionó Maza.El procurador delegado ante la JEP, Alonso Pio Fernández, fue el primeo en referirse a este tema al terminar la audiencia. Dijo que Márquez, en algunos casos, no ha respondido, y en otros, da respuestas incompletas.“Quiere reiterarle la invitación respetuosa, usted lo dijo 'el tiempo pasa y la verdad se va', pero la idea es que la verdad no se vaya”, manifestó y agregó, además, que el testimonio de Maza es importante para conocer la verdad frente a los hechos.Justo después de esta intervención, la representante de las víctimas, Martha Murillo, también hizo alusión a la frase de Maza asegurando que aún no se ha avanzado lo suficiente en estas dos diligencias.“Usted mismo dice que el tiempo pasa y la verdad se va, pero las víctimas no olvidan y vamos a luchar para que la verdad se conozca, no entendemos por qué insiste en no recordar los temas puntuales, sus respuestas no han sido concretas ni satisfactorias para las víctimas”, señaló.Maza Márquez también manifestó que la seguridad de proteger a los candidatos a la presidencia Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro no estaba a su cargo.Por último, su abogada, Victoria Grillo, explicó que Maza asumió el compromiso con la JEP y está aportando verdad, pero que debido a su edad y sus condiciones de salud, tiene dificultades para hilar el discurso y responder a algunas preguntas sobre hechos que no puede recordar, sin embargo, resaltó que su compromiso es con la verdad.Escuche más noticias:
Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia del exdirector del DAS Miguel Maza Márquez en la JEP, después de un año y medio de haber sido llamado a versión, que, por diferentes razones, no se había podido concretar. Empezando, el magistrado Gustavo Salazar le recordó a Maza que guardar silencio no constituye un derecho ni una garantía en la JEP y por eso debía aportar detalles sobre la información que tuviera acerca de los crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica, en los cuales pudieron haber estado involucrados funcionarios del DAS.Desde el comienzo negó que desde el DAS se hayan ordenado seguimientos o conseguir información sobre miembros de partidos políticos, grupos de oposición y sindicatos, entre otros. Según él, en 1985, cuando empezó a dirigir el DAS, el enfoque de este organismo cambió, pues se empezó a perseguir el paramilitarismo y el narcotráfico, ante el alcance que tenían, pero, además, explicó que la orden del Gobierno cuando llegó a dirigir la entidad era que debía acabarse por los malos resultados.Sobre la pregunta acerca de si conoció sobre vínculos entre el paramilitarismo y Fedegan mientras fue director del DAS, manifestó: "Hay ganaderos honestos y manejan su finca con honestidad, pero también hay otros grupos que utilizan la violencia para defender sus intereses. Los ganaderos del Magdalena Medio sin duda alguna tenían vínculos e incluso quisieron montar su movimiento político, eso está vivo todavía, el paramilitarismo está vivo".Asimismo, se refirió al caso del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, pues por este homicidio fue condenado en la justicia ordinaria, e insistió en que no tuvo responsabilidad en estos hechos. "El gran problema que tengo yo con mi investigación es que desafortunadamente cuando mi investigación llega a la Corte estaba de moda el cartel de la toga y llevó 12 años de estar detenido y no he podido hacer que haya una especie de revisión de mi condena".Por último, pidió perdón por no haber asistido a las anteriores diligencias, argumentando que tenía problemas de salud, y manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la JEP cuando lo requieran. Por su parte, los representantes de víctimas le agradecieron haber asistido, pero señalaron que aún necesitan escuchar la verdad, pues llevan esperando más de 30 años para esclarecer hechos relacionados con los crímenes contra la UP.
La Corte Suprema de Justicia se abstiene de resolver la petición presentada por la defensa del general (r) de la Policía Nacional Miguel Alfredo Maza Márquez, para que se envíe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apelación de su caso contra la sentencia de esta corte que lo condenó por concierto para delinquir.Así las cosas, la solicitud presentada por Miguel Maza, de extender los efectos de la impugnación contra la sentencia de única instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 23 de noviembre de 2016, por el delito de concierto para delinquir, por el cual fue condenado, no será resuelta por este alto tribunal.En la solicitud, Maza agregó que en febrero 3 de 2021 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) lo citó a rendir versión voluntaria dentro del caso de «Victimización de miembros de la Unión Patriótica».Sin embargo, el alto tribunal enfatizó: “Las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en procesos de única instancia contra aforados constitucionales antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 son intangibles y legítimas porque se expidieron conforme al procedimiento constitucional y legal vigente”. Por lo que se niega la posibilidad “de impugnar ante un superior funcional la sentencia condenatoria de única instancia”, precisa la sentencia y, por ende, trasladar esa impugnación a la JEP.El general (r) Maza fue acusado por la Fiscalía, el 16 de julio de 2014, como presunto coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas, en concurso homogéneo, de que fueron víctimas Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñaloza Sánchez y Santiago Cuervo Jiménez. De igual manera, se le acusó por su presunta incursión en la ilicitud de concierto para delinquir.Se le impusieron las penas de treinta años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; y le fueron negadas la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
A las 8:00 de la mañana de este martes, el general (r) Miguel Maza Márquez debía estar en la JEP para rendir versión sobre su posible conocimiento o participación en crímenes cometidos contra los miembros de la Unión Patriótica. Además, para brindar la información que tenga de una presunta alianza entre agentes de Estado y grupos paramilitares. Lo anterior, mientras fue director del DAS entre los años 1985 y 1991.Maza Márquez se encuentra recluido en la Escuela de Posgrados de la Policía (ESPOL) y por eso se había ordenado al director del Inpec, el general Mariano Botero, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, que garantizaran su traslado.Como el exdirector del DAS no llegó, la JEP le pidió una respuesta inmediata a la Policía y el Inpec para conocer qué pasó. Desde el Inpec respondieron que el traslado no se dio por motivos atribuibles a la Policía, ya que ellos se desplazaron a la ESPOL y la institución les negó la entrada.Sobre Maza Márquez, la JEP aseguró que debe verificar que aporte verdad plena, de lo contrario, se puede dar la apertura de un incidente de incumplimiento y con esto la imposición de consecuencias y medidas proporcionales a esta conducta.Martha Murillo, representante de víctimas en la JEP del caso 06, victimizaciones de la Unión Patriótica, aseguró que “las víctimas estaban preparadas para recibir la anhelada verdad que por más de 30 años aclamaron”.“Se guardaba una expectativa muy grande frente a lo que podía ocurrir en esta diligencia, trasladándole ese sentimiento de frustración e impotencia de las víctimas”, añadió.El magistrado relator del caso, Gustavo Salazar, dejó en firme la citación para este jueves, 25 de noviembre, y le recordó a la ESPOL, Policía y el Inpec que las órdenes de traslado siguen vigentes.Le puede interesar: escuche las noticias del día en Colombia
Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.Caracol Televisión
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.