El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, reiteró su rechazo a la propuesta del Gobierno de unificar los mecanismos de justicia transicional, como la JEP y Justicia y Paz. Según Chaverra, esta medida representaría un “retroceso” en los avances alcanzados en la verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado.“Fuimos claros en nuestra posición frente al hecho de que los postulados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz pasaran como comparecientes de la Justicia Especial para la Paz, oponiéndonos a ese paso, pues esta posibilidad dejaba en evidencia que el postulado que incumplió sus compromisos pudiera pasar impunemente a otro sistema de justicia transicional, como bien lo decidió la Corte Constitucional al resolver el conflicto de jurisdicción planteado por la justicia ordinaria”, afirmó Chaverra.El magistrado también rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de instaurar la elección de jueces por voto popular, una idea que ha causado controversia en la Rama Judicial. “Ello representa una afectación a los principios de independencia y autonomía judicial, pues la escogencia de los jueces debe obedecer siempre a criterios objetivos que evalúen los conocimientos técnicos y especializados en el área del derecho en la que administrarán”, explicó.Por otro lado, Chaverra defendió la autonomía de la Corte durante la elección de la nueva fiscal general, destacando que el proceso se realizó de forma independiente y en un tiempo prudente, a pesar de las tensiones que se vivieron en marzo en el Palacio de Justicia.“Primero, cuando en el marco de la elección de fiscal general de la Nación, la Corte fue objeto de presiones indebidas en el ámbito nacional e internacional que demandaron la exigencia de respeto a su independencia y que se generaran garantías para realizar la elección con absoluta libertad. Tan férrea fue nuestra defensa que cuando la institucionalidad dio garantías, la Corte eligió la nueva Fiscal General en un plazo razonable”, enfatizó el presidente del alto tribunal.Chaverra concluyó destacando que la Corte seguirá siendo vigilante en la defensa de la independencia judicial y en garantizar el respeto a los procesos y decisiones judiciales.
El presidente del alto tribunal dijo que no va a entrar en debates ni agitaciones con el presidente Gustavo Petro después de que el mandatario afirmara que no concebía a una persona negra que fuera conservadora.“En ese aspecto yo mantengo mi dignidad de juez, los jueces tenemos un pronunciamiento a través de nuestras decisiones, procuro no entrar en debates ni agitaciones desde el punto de vista de la política y manifestaciones totalmente alejadas a mi rol judicial que es el que defiendo”, indicó el magistrado durante la presentación del proyecto de reforma a la justicia.Con esta declaración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia rompió el silencio que sostuvo durante varias semanas tras esta manifestación del jefe de Estado.A comienzos de septiembre, el presidente Gustavo Petro desató una controversia tras referirse a las periodistas mujeres como “muñecas de la mafia”, pero también por cuestionar la postura política del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.Desde Nuquí, Chocó, el presidente afirmó que no comprendía cómo algunos hombres negros pueden ser conservadores.“Poco entiendo de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, no lo comprendo muy bien, pero son negros que se liberan y que hoy, conduciendo la justicia, pueden condensar casi que en un momento propicio de la historia como una negación de nuestro propio incumplimiento”, manifestó el primer mandatario en su discurso, que desató toda una controversia en las redes sociales”, dijo el mandatario.Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales, avivando el debate sobre su retórica hacia las mujeres y la diversidad política.
Durante su intervención en el XLV Congreso de Derecho Procesal, que se realiza en el centro de convenciones Neomundo en Bucaramanga, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, planteó una reflexión que algunos han interpretado como una crítica velada al Gobierno Nacional.En su discurso, el presidente de la Corte Suprema resaltó la importancia de la estabilidad en las instituciones, señalando que las reformas no deben responder a intereses particulares ni ser fruto de decisiones apresuradas."Quiero plantear una reflexión sobre la necesidad de estabilidad que requieren las instituciones. Las reformas no pueden estar a merced ni al vaivén de gustos, pareceres o conveniencias particulares. Ellas deben ser producto de la ciencia, la lógica, la experiencia y la razón y fruto de los consensos y los acuerdos propios de la civilidad política para resolver problemas desde la visión del bien común", indicó.Chaverra advirtió que la implementación de reformas constantes podría tener efectos contraproducentes para el desarrollo institucional."Las constantes reformas pueden ser contraproducentes si no son coherentes con el desarrollo institucional, si no permiten que las instituciones maduren y si las reglas de juego varían de forma tal que afectan la seguridad jurídica y con ello la confianza de las personas en la tutela judicial efectiva", señaló.Aunque el presidente de la Corte no mencionó explícitamente al Gobierno Nacional, sus palabras fueron interpretadas por algunos asistentes como una crítica a las recientes propuestas de reforma que ha impulsado el Ejecutivo, en especial aquellas relacionadas con el sistema judicial y las modificaciones normativas que generan incertidumbre en distintos sectores.El XLV Congreso de Derecho Procesal reúne a juristas, académicos y expertos del país para debatir sobre los desafíos del sistema judicial colombiano y las reformas que se plantean para mejorar su funcionamiento.
Cerca de dos horas duró la reunión en el Palacio de Justicia en donde los magistrados de las altas cortes en compañía de la fiscal general, luz Adriana Camargo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando galán, y en general de la policía William Salamanca sostuvieron un diálogo sobre el reforzamiento de la seguridad en esa sede judicial, tras la amenaza de un posible ataque con explosivos.En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, esta última en cabeza de Diana Remolina, quien se pronunció tras la reunión de los presidentes de las altas cortes sobre la seguridad del Palacio de Justicia. Remolina aseguró que la justicia "no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares, o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido, o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales”.Además, desde la rama judicial se hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad, no solo la del Palacio de Justicia de Bogotá, sino la de los demás servidores y servidoras que laboran en esta y en todas las sedes judiciales del país.Las cortes han reforzado la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pues según el magistrado Gerson Chaverra en una reunión previa, ya hay 45 agentes de Policía que están asignados para la seguridad del palacio. Además de que implementarán tecnología para garantizar la seguridad de los magistrados y funcionarios.
Sobre las 7:00 de la mañana llegó al palacio de justicia el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, a una reunión que él mismo pidió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Gerson Chaverra en medio del escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al vicepresidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez.A su salida de la reunión el director del DNI, aseguró que la mayoría de versiones sobre las presuntas chuzadas son “rumores”, refiriéndose al escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al magistrado de la Corte Constitucional.Además, el director del DNI dice que acordaron junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia crear una mesa de trabajo con los otros presidentes de las altas cortes para tratar este delicado caso.“Desde el año pasado, en junio del año anterior, se viene hablando de este mismo rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. Entonces, el llamado que hago es, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, aseguró el director del DNI.Por último, Carlos Ramón Gonzales, director de la DNI negó categóricamente que su institución estuviera llevando a cabo seguimientos o interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición.
En un esfuerzo por fortalecer la cooperación interinstitucional y promover la protección ambiental en Colombia, el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Rodrigo Negrete Montes, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, han firmado un memorando de entendimiento.Este acuerdo compromete a ambas instituciones a establecer mecanismos de colaboración que incluyen diversos aspectos.Entre esos, promover investigaciones académicas sobre la garantía y efectividad de los derechos humanos y constitucionales en materia ambiental, facilitar escenarios de formación en prevención, protección, promoción y difusión del ambiente y los recursos naturales y apoyar la realización de encuentros académicos y diálogos en Justicia Ambiental.Este memorando forma parte de la estrategia de la Anla para establecer una colaboración interinstitucional con la rama judicial del poder público, según afirmó el director de la Anla, Rodrigo Negrete Montes.El presidente de la Corte Suprema de Justicia destacó que este acuerdo permitirá un intercambio de jurisprudencia y referentes normativos relacionados con el tema ambiental, buscando una colaboración armoniosa entre ambas instituciones.Además, anunció que en los próximos meses se llevará a cabo la divulgación de una segunda cartilla ambiental en el departamento del Chocó, que incluirá información jurisprudencial sobre normatividad ambiental.Para el año 2024, se ha programado un primer intercambio de experiencias y conocimientos que abordará temas relevantes como el uso eficiente de los recursos naturales, el marco normativo, el postconsumo empresarial, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la economía circular y la responsabilidad ambiental.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se refirió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, al asedio que sufrió el tribunal por parte de manifestantes convocados por el Gobierno el pasado 7 de febrero, mientras votaban la elección de la nueva fiscal general."Esa sesión donde la corte fue asediada y bloqueada representó un inaceptable acto de presión. La Corte Suprema de Justicia no puede ser presionada ni aceptamos injerencias en el ejercicio de nuestra función judicial", dijo el magistrado.Chaverra también habló de las banderas del M-19 que ondeaban durante la protesta: "En lo personal, cuando yo vi ondeando esas banderas, fue un mensaje que, como juez de la República, me dolió profundamente porque vi un mensaje como de falta de reconocimiento y de perdón", señaló. A la pregunta de si ese hecho influyó en algo en la elección de la fiscal general, el magistrado dijo que el tribunal no acepta injerencia y que en el marco de su autonomía eligieron a Luz Adriana Camargo como jefe de la Fiscalía General de la Nación.“Ese acto, como juez de la República, fue doloroso para mí”, concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.Amelia Pérez no renunció a quien correspondíaEl magistrada Chaverra también arrojó luz sobre la polémica surgida en torno a la renuncia de Amelia Pérez, justo minutos antes de que la Corte Suprema decidiera sobre la nueva fiscal general de la Nación.Pérez, en un giro sorpresivo, presentó su renuncia minutos antes de la sesión de sala plena destinada a deliberar sobre la elección del nuevo fiscal. Sin embargo, esta renuncia fue dirigida no solo a la Corte Suprema, sino también al presidente de la República, lugar donde, según el magistrado Chaverra, no correspondería formalmente su aceptación."La renuncia de la doctora Amelia Pérez no fue efectiva ante quien correspondía", afirmó el magistrado Chaverra, al aclarar en que la competencia para aceptar dicha renuncia no recae en la Corte sino en el presidente de la República, quien es el encargado de integrar la terna.
Un total de 18 votos recibió Luz Adriana Camargo para ser elegida nueva fiscal general de la Nación, tras varias sesiones en la que no había acuerdo o no se alcanzaban los números necesarios. Minutos antes de la elección final, se conoció la renuncia de una de las ternadas, Amelia Pérez, cuyo nombre había sido relevante las últimas semanas por polémicas apartes.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, explicó que, en el momento de la votación de este martes, no se consideró la carta de renuncia de Pérez, quien obtuvo un voto, porque no recibieron ninguna información formal de algún cambio en la terna, es decir, “no renunció a quien correspondía”, el presidente Gustavo Petro.Cabe recordar que Amelia Pérez presentó una carta, de dos páginas, atribuyendo su renuncia al “surgimiento e interferencia de factores extraños” que sucedieron alrededor de la elección de fiscal general. Esto, específicamente, hace referencia a un “tercero” implicado en cuestionamientos y “atribuciones erróneas en redes sociales”, su esposo, Gregorio Oviedo."Nunca se hizo deliberación sobre el tema de los trinos conocidos y que se dice fueron emitidos o escritos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Ese hecho nunca fue objeto de debate en el marco de nuestras sesiones", aseguró por su parte el magistrado Gerson Chaverra en Mañanas Blu.En ese sentido, recalcó que la renuncia de Pérez “no afectaba la validez y viabilidad de la terna”. Según mencionó, en primer lugar, porque como Corte Suprema no tienen competencia para aceptar o no una renuncia en “tanto que por mandato constitucional quien integra la terna es el presidente de la República”. Además, la Corte consideró que, por el avance del proceso y las sesiones, la renuncia no implicaba ningún ajuste.Así quedó la votación para fiscal general de la Nación: Luz Adriana Camargo: 18 votosAngela María Buitrago: 2 votosAmelia Pérez: 1 votosVoto en Blanco: 2Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Cinco días después de que el Palacio de Justicia fuera asediado y bloqueado por un grupo de manifestantes que se plantaron en las entradas de los parqueaderos para impedir la salida de vehículos y de paso la movilidad de magistrados y funcionarios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra, expresó preocupación por la seguridad de las instalaciones para el próximo 22 de febrero, día en que se votará por tercera ocasión la elección de la nueva fiscal.Por esta razón, el presidente de la Corte, aseguró que en las últimas horas se reunió con “con el señor vicepresidente y el director de la Dirección de Protección de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves 8 de febrero, y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día nuestra sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad”.Sin embargo, el magistrado Chaverra se mantuvo en que los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero fueron de agresión y violencia, a tal punto que cuatro magistrados no pudieron salir del edificio y se tuvieron que regresar al Palacio de Justicia.De paso, el presidente del alto tribunal desmintió al director de la Policía, general, William Salamanca, quien en las últimas horas reafirmó las palabras del presidente Petro y aseguró que los magistrados “siempre pudieron salir y entrar como quisieran (…) ellos me dicen que preferían estar ahí. Efectivamente, yo estuve por un buen rato dialogando con ellos”.Frente a esos señalamientos, el magistrado Chaverra aseguró que “el general Salamanca haya ingresado a la Corte no significa que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte Suprema a tal punto que cuatro compañeros magistrados intentaron salir del edificio y tuvieron que devolverse porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada”.Por ahora el presidente Petro no se ha comunicado con la corporación de justicia después del asedio en medio de la elección de la nueva fiscal, y será la sala plena la encargada de analizar si la votación se debe aplazar en el caso de que se lleguen a presentar nuevos hechos de violencia el próximo 22 de febrero.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la protestas que se presentaron ayer en varias ciudades del país, especialmente a la que se presentó en la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá. Manifestantes bloquearon el acceso al Palacio de Justicia en Bogotá, en protesta porque la Corte Suprema no ha elegido a la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa quien termina su periodo y es acusado por el presidente Gustavo Petro de querer sacarlo del poder.Petro, que en los últimos días ha convocado a movilizaciones en defensa de su Gobierno, ha acusado a Barbosa de promover una "ruptura institucional" y un supuesto "golpe de Estado", al tiempo que ha urgido a la Corte Suprema para que elija al sucesor del fiscal, que acaba su periodo el próximo lunes.Por medio de su cuenta de X, el mandatario señaló que pese a la no elección de fiscal, no es un "indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la Fiscalía a la señora Martha Mancera, las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mi y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda".Según destacó el mandatario, en medio de la movilización no hubo heridos, pese a que reconoció que hubo fallas en el protocolo se seguridad que “debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño las corregimos”. Se defendió y manifestó que “La acción preventiva dictaminada por mí se ejecutó bien en tiempo, modo y lugar”.Por su parte y sobre el asedio que sufrieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que fue condenado por el mismo presidente del tribunal, Gerson Chaverra, quien calificó los bloqueos como violentos, ilegales e inaceptables, dijo que “nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados”."La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", manifestó el magistrado en una declaración el día de ayer.El presidente defendió sobre los hechos en la Corte Suprema de Justicia que fueron los mismo simpatizantes del Gobierno que participaban en las marchas, quienes evitaron que los hechos pasaran a mayores actos de violencia. "Cuando se hizo presente un grupo de ciudadanos frente a la Corte, violando las decisiones de los organizadores de las marchas, fueron los integrantes de mi gobierno a acompañar a los magistrados, hicieron en la misma calle solicitudes a los manifestantes para despejar las calles y el mismo director de la Policía se dirigió a pie tranquilamente y les transmitió a los magistrados mi indicación, a la 1 pm de la tarde de nuestra decisión de despejar el área. Los magistrados dijeron que no era necesario y continuaron en su trabajo". finalizó.
La situación del abastecimiento de gas natural en Colombia ha entrado en una fase crítica. Según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas han sufrido un deterioro constante que pone en riesgo la autonomía energética del país en el corto plazo. En diálogo con Mañanas Blu, Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, ofreció un panorama detallado sobre la gravedad de las cifras y las acciones necesarias para evitar un desabastecimiento generalizado.El declive de las reservas probadasLa presidenta de Naturgas fue enfática al señalar que la reducción de la disponibilidad de gas no es un fenómeno reciente, sino una tendencia sostenida. "Las reservas probadas de gas natural por 5 años consecutivos han observado una caída. El valor acumulado de la caída es del 46%", explicó Murgas.Esta situación reduce el margen de maniobra del país, situando la vida útil de las reservas actuales en un punto de quiebre: "Si no hacemos nada para reponer esas reservas que nos hemos venido consumiendo... esa última molécula se acabaría a los 5.9 años".A pesar de la alarma por la caída del 17% en el último reporte de reservas probadas (1.717 gigapiés), Murgas aclaró que el país posee un vasto potencial que aún no ha sido aprovechado. Existen más de 10.000 gigapiés cúbicos en recursos identificados que podrían transformar la oferta nacional.No obstante, este gas permanece "atrapado en el subsuelo" debido a la falta de licencias ambientales, consultas previas y contratos de producción."El problema de Colombia es que nos falta velocidad para desarrollar esos proyectos estratégicos que permitan garantizar el abastecimiento", puntualizó.Dependencia de las importaciones y el Fenómeno del NiñoLa pérdida de la autosuficiencia ya es una realidad palpable. Murgas recordó que, desde diciembre de 2024, el gas producido localmente dejó de ser suficiente para cubrir la demanda total, obligando al país a recurrir a mercados externos. Actualmente, el 32% del gas natural que consume Colombia es importado, destinado tanto a la generación eléctrica como a la industria, hogares y vehículos.Esta dependencia se vuelve especialmente peligrosa ante la llegada del Fenómeno del Niño. Para evitar niveles críticos en los embalses, es necesario encender las plantas térmicas, las cuales requieren gas de manera intensiva. Murgas hizo un llamado urgente al Ejecutivo para priorizar trámites administrativos: "Cualquier demora en la entrada de esas dos plantas [de almacenamiento de gas importado] va a implicar que se estrecha aún más el mercado". Con el cambio de administración en el horizonte, Naturgas ya ha iniciado diálogos con el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Según Murgas, el nuevo mandatario tiene como bandera garantizar la seguridad energética para reducir la pobreza y cerrar brechas de desigualdad."El presidente electo... fue contundente en que requiere atraer inversión para poder dinamizar un sector como el sector de hidrocarburos", afirmó la dirigente gremial, subrayando que el desafío del Fenómeno del Niño es una prioridad que debe revisarse incluso antes de la posesión oficial el 7 de agosto.Escuche aquí la entrevista:
En un grupo H con casi todo por decidir, la renacida España y una Uruguay en situación límite se citan en Guadalajara (sábado 00h00 GMT) en un duelo de campeonas, subrayado como uno de los platos fuertes de la primera ronda del Mundial 2026.Uruguay, que logró la Copa del Mundo en 1930 y 1950, ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, mientras que España, campeona en 2010, es primera con cuatro.Arabia Saudita, que juega ante Cabo Verde en Houston (sábado 00h00 GMT), cierra el grupo con un punto.Los números, con la Roja Sus dos empates en Miami (1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde) obligan a la Celeste a salir a por todas ante la Roja si no quiere apurar opciones pegada a la calculadora.El equipo de Marcelo Bielsa necesita un triunfo ante un combinado español que no ha perdido en el tiempo reglamentario en sus últimos 33 partidos.No lo tendrá fácil ante una campeona de Europa a la que nunca ha ganado. Desde que empataron 2-2 en el Mundial de Brasil 1950, España y Uruguay suman diez enfrentamientos -partidos oficiales y amistosos-, con un balance de cinco victorias para la Roja y cinco empates.En Florida, Uruguay ha alternado en sus dos partidos secuencias de gran juego con bajones de rendimiento que le han costado dejarse cuatro puntos frente a rivales teóricamente inferiores.La Roja, sin ritmo en su inesperado empate 0-0 ante Cabo Verde y enrabietada ante Arabia Saudita (4-0), está virtualmente en dieciseisavos y juega por la primera posición.Lamine, progresa adecuadamenteEn un planteamiento a largo recorrido, con la vista puesta en las rondas finales, el técnico español Luis de la Fuente ha utilizado estos primeros partidos para dar rodaje a varias piezas clave que regresan tras lesión, especialmente Lamine Yamal.La joya de 18 años disputó 25 minutos en el primer partido, y 45, con su primer gol mundialista, en el segundo, por lo que en el Estadio Guadalajara continuaría su progresión con alrededor de una hora en el campo."Simplemente con el caos que genera en el rival, puedes salir beneficiado", resumió sobre su compañero Mikel Oyarzabal, autor de un doblete en tres minutos ante Arabia Saudita.Tras dos duelos ante equipos que se limitaron a defenderse la fisonomía del partido en el Estadio Guadalajara será completamente diferente, un choque a tumba abierta ante un equipo valiente con el sello de Bielsa."Parece que los que se encierran atrás se nos enquistan más... Pero llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras y si tenemos el día, es muy difícil ganarnos", dijo Aymeric Laporte, el jefe de una defensa española que hasta ahora casi no ha tenido trabajo.Uruguay, que se ha visto obligada a remontar en sus dos partidos, debe "meter pecho en las balas" frente a España, declaró Agustín Canobbio, goleador ante Cabo Verde.Adaptación exprés a la altura Entre las dudas de Bielsa, el puesto de centro delantero, con Federico Viñas amenazado por Darwin Núñez, cuya velocidad y potencia podrían darle el puesto en el once para intentar sorprender a la dominadora España.Por detrás, su capitán Federico Valverde, enrabietado por la irregularidad de los suyos y en busca de su primer gol en el torneo.Ambos equipos jugaron los dos primeros partidos en el mismo estadio, España en Atlanta y Uruguay en Miami. Ahora les espera Guadalajara y sus 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar.Tendrán que buscar una adaptación exprés: España viajó desde su campo base en Chattanooga (Tennessee), a 200 metros del nivel del mar, mientras que Uruguay se concentra en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, a pie de playa.
Un hombre de 59 años fue capturado por orden judicial en el municipio de Suaita, Santander, señalado de ser el presunto responsable de un homicidio agravado ocurrido en el año 2022 en zona rural de La Aguada.La captura fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Gámbita.Según la investigación, los hechos se remontan al 23 de marzo de 2022, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en la vereda San Isidro, finca Alto de Camero, jurisdicción de La Aguada.De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba señales que evidenciaban actos de violencia extrema.“El hombre cometió hechos de violencia sexual y posteriormente asesinó a la mujer. Para ocultar el crimen, generó un incendio donde la víctima terminó incinerada. Este hecho causó consternación en el municipio de La Aguada”, indicó el coronel Néstor Árevalo, comandante de la Policía de Santander.La Policía señaló que, tras más de cuatro años de labores investigativas, análisis técnico-científicos y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, se logró establecer la presunta participación del hoy capturado en este crimen.Asimismo, los resultados del protocolo de necropsia practicado a la víctima fueron incorporados al proceso judicial y sirvieron como soporte para la solicitud y expedición de la orden de captura.El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Socorro, entidad que definirá su situación jurídica dentro del proceso penal.
El papel de las comunidades cristianas durante las recientes elecciones presidenciales se convirtió en uno de los elementos más analizados tras la victoria de Abelardo De La Espriella. Para el consultor político Nicolás Rojas Holguín, la movilización de este sector del electorado tuvo una incidencia significativa en el resultado de los comicios y evidenció el creciente peso político de las iglesias y organizaciones de fe en Colombia.Según el experto, durante varios años distintos sectores políticos subestimaron la capacidad de convocatoria de los votantes cristianos, pese a que millones de colombianos se identifican con principios relacionados con la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa.De acuerdo con Rojas Holguín, la pasada campaña presidencial mostró un nivel de organización sin precedentes entre iglesias, líderes religiosos y comunidades de fe, lo que permitió convertir afinidades basadas en valores compartidos en una participación electoral coordinada.El consultor sostiene que este fenómeno dejó de ser un componente secundario dentro de las campañas para convertirse en un actor con capacidad de influir en el escenario político nacional."El voto de la fe dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un actor determinante dentro del escenario político nacional. Lo ocurrido en esta elección demuestra que millones de colombianos encontraron espacios de representación alrededor de principios que consideran fundamentales", señala el análisis.La estrategia denominada "Gerencia Nacional de la Fe"Dentro de su evaluación, Rojas Holguín resalta el trabajo desarrollado por Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá, quien encabezó la denominada Gerencia Nacional de la Fe.Según el análisis, esta estrategia buscó fortalecer la articulación entre iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y otros valores que, de acuerdo con el consultor, movilizaron a una parte importante del electorado.El experto afirma que esta articulación permitió consolidar una red de participación con presencia en distintas regiones del país, facilitando la movilización de votantes durante la jornada electoral.Un actor político con mayor incidenciaRojas Holguín considera que, en una elección definida por una diferencia reducida de votos, la capacidad de convocatoria de las comunidades cristianas adquirió una relevancia especial.En ese contexto, sostiene que la coordinación territorial entre congregaciones y líderes religiosos fortaleció la participación ciudadana y contribuyó al respaldo obtenido por el entonces candidato presidencial.No obstante, el consultor aclara que, más allá del resultado electoral, el principal cambio radica en el reconocimiento de las comunidades de fe como un actor con capacidad de incidencia dentro del panorama político colombiano."Durante décadas se reconoció la influencia social de las iglesias, pero esta elección demostró que también pueden convertirse en actores con capacidad de movilización política cuando logran organizarse alrededor de objetivos comunes", concluye Rojas Holguín.
El Juzgado Promiscuo de Valle del Guamuez, en Putumayo, rechazó las solicitudes presentadas por distintas entidades del Gobierno nacional que buscaban dejar sin efectos el fallo de tutela que ordenó suspender la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Walter Mendoza'. La decisión mantiene vigente la medida adoptada recientemente por el despacho judicial, que frenó las obras, actividades e instalación de esa zona al considerar que no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.La tutela fue promovida por José Remigio Cuarán Perenguez contra el Gobierno nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el trámite inicial, el juzgado advirtió que varias entidades no respondieron oportunamente a los requerimientos realizados tras la admisión de la acción constitucional. La determinación cobró especial relevancia luego de que el Gobierno anunciara el traslado de al menos 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente comandada por Walter Mendoza, hacia una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo como parte de los diálogos de paz.Uno de los principales argumentos analizados por el despacho fue la solicitud presentada por la Presidencia de la República. La entidad aseguró que había elaborado y remitido una respuesta antes de que se profiriera la sentencia. Sin embargo, el juzgado concluyó que el documento nunca ingresó al expediente debido a un error en la dirección electrónica utilizada para enviarlo. Al respecto, el juez precisó que “debe precisarse que la carga de remitir correctamente las actuaciones procesales corresponde a quien las presenta, de manera que las consecuencias derivadas de errores en la utilización de los canales electrónicos de comunicación no pueden ser trasladadas a la administración de justicia ni afectar la validez de las actuaciones surtidas conforme al material procesal oportunamente incorporado al expediente”.Además de controvertir el fallo, la Presidencia solicitó aclaraciones y correcciones frente a algunas órdenes judiciales que consideró difíciles de cumplir. No obstante, el despacho negó esa petición al señalar que los planteamientos formulados no buscaban corregir errores de la providencia, sino cuestionar su contenido y alcance. En la decisión se indicó que “las razones expuestas por la entidad se encuentran dirigidas a cuestionar el fundamento jurídico de la decisión adoptada, el alcance de las órdenes impartidas, la valoración efectuada por el Despacho respecto de la afectación directa alegada por la comunidad accionante y, en general, las conclusiones que sustentaron la concesión del amparo constitucional”. Agregó que la solicitud “no persigue despejar dudas sobre el contenido de la providencia sino controvertir las determinaciones adoptadas en ella, finalidad que resulta ajena a los mecanismos de aclaración, corrección y adición”.El Ministerio de Defensa también pidió la nulidad del proceso argumentando que debía haber sido vinculado a la actuación por su relación con las actividades derivadas de la implementación de la ZUT. Sin embargo, el juzgado concluyó que la sentencia no impuso órdenes directas a esa cartera y, por tanto, no existía afectación alguna al debido proceso. En ese sentido, el despacho sostuvo que “tampoco se advierte que la providencia hubiera resuelto situación jurídica propia del Ministerio de Defensa Nacional o impuesto obligaciones directamente exigibles a su cargo”.Por su parte, el Ministerio del Interior cuestionó la competencia del juzgado para tramitar la tutela. Frente a este planteamiento, el juez recordó que ese asunto ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Mocoa, que definió que el despacho era competente para conocer y decidir de fondo la acción constitucional.Igualmente, fueron rechazadas las solicitudes de nulidad promovidas por Armando Novoa García, jefe de la Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz, y Gloria Arias Nieto, integrante del equipo del Gobierno. El juzgado concluyó que, aunque ambos participan en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, su vinculación no era indispensable para la validez del proceso. Según la decisión, “aun cuando los solicitantes desempeñan funciones relevantes dentro de la mesa de diálogos de paz y participan en actividades relacionadas con la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, no se advierte que su comparecencia constituyera un presupuesto indispensable para la válida integración del contradictorio ni que la ausencia de su vinculación hubiera generado una afectación sustancial al debido proceso”.Con esta determinación, el fallo que suspendió la instalación de la ZUT continúa vigente. No obstante, será el superior funcional el encargado de estudiar las impugnaciones presentadas por las entidades involucradas y adoptar una decisión definitiva sobre la tutela y las órdenes impartidas por el juzgado de primera instancia.