BLU Radio tuvo acceso al decreto que ratifica como nueva cónsul general de Colombia en Madrid a la exministra de Justicia Gloria María Borrero.Según el documento, decreto 1466 del 13 de agosto de 2019, Borrero asumió el cargo este mismo martes como jefe de la oficina consular en la capital española, luego de que el pasado 16 de mayo renunciara como ministra de Justicia un día después de que la JEP no autorizara la extradición del exjefe guerrillero alias' Jesús Santrich', hoy en paradero desconocido.
Según algunos uribistas, la llegada de Cabello a esta cartera es un acierto para lograr mayor entendimiento entre el presidente y la bancada de Gobierno en el trámite de las iniciativas que competen a la nueva ministra, como la Reforma a la Justicia.Este martes a las 5 de la tarde, el presidente, Iván Duque, posesionará a Margarita Cabello como ministra de Justicia; el primer cambio en su gabinete desde que llegó al poder en agosto de 2018, en una cartera que recibió fuertes golpes y derrotas en el legislativo por cuenta del hundimiento de la reforma a la justicia y las constantes críticas a la ministra Gloria María Borrero desde el Partido Liberal, e incluso desde el partido de Gobierno, el Centro Democrático.La jurista Margarita Cabello, el remplazo de Gloria María Borrero, es una barranquillera que inició su caminar en la rama judicial como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla, hasta que se convirtió en magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la capital del Atlántico en 1990.En 2016, Cabello se convirtió en presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, según resaltó el presidente Duque cuando confirmó su designación, es “una mujer que tiene una larga trayectoria en la carrera judicial, que ha hecho todos los peldaños de esa carrera para llegar al más alto honor, que ha sido el de presidenta de la Corte Suprema de Justicia”.Cabello siempre ha sido de la misma línea, conocida en sus decisiones desde el alto tribunal e incluso cuando ejerció como procuradora delegada de la Sala Disciplinaria, cuando Alejandro Ordoñez era el procurador general de la Nación. Para resaltar su afinidad con el uribismo se destacan hechos como su inclusión en 2009 en la terna para fiscal general por iniciativa del expresidente Uribe, y más reciente, el pasado mes de diciembre cuando el presidente Duque la postuló para que la Corte Suprema de Justicia eligiera al fiscal ad hoc para adelantar las investigaciones del caso Odebrecht.Ahora, desde el Ministerio de Justicia, Cabello enfrentará una nueva faceta de su carrera que la obliga a desarrollar relaciones políticas en el legislativo, tema en el que siempre ha guardado prudencia. Su principal reto será hacer realidad la reforma al sistema judicial para hacerlo más efectivo, y reunir el apoyo de bancadas como Cambio Radical y el Partido Liberal que tienen reparos a las propuestas del Gobierno en esta materia.
La saliente ministra de Justicia, Gloria María Borrero, tuvo que sobrellevar una complicada relación con el Congreso de la República, donde no logró tener el liderazgo necesario para sacar adelante las reformas que, desde esa cartera, fueron propuestas al legislativo.Le puede interesar: Gloria Borrero es una enemiga de la justicia: presidente de la CámaraSolo minutos después de que el presidente Iván Duque hiciera oficial la aceptación de la renuncia de Borrero, salió a la luz una proposición, que sería presentada el próximo lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes, para citarla a un debate de moción censura.La solicitud era liderada nada más y nada menos que por el presidente de la corporación, el representante liberal Carlos Chacón, que se convirtió en uno de los principales críticos de la gestión de Borrero. El congresista logró sepultar la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno, al considerar que la ahora exfuncionaria no logró un consenso, “desatendiendo la función de coordinación de las relaciones con las diferentes ramas del poder público”.Ese era justamente uno de los argumentos que sustentaba el pedido de moción de censura, el tercero que contra un funcionario del actual Gobierno se intenta sacar adelante en la Cámara.Un segundo elemento tenía que ver con las desafortunadas declaraciones que Borrero dio como ministra, sugiriendo que el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, estaría conspirando “para sacarla del ministerio”. La falta de impulso que dio a las objeciones del Ejecutivo a la Ley Estatutaria de la JEP y omisiones que, a juicio de los solicitantes, tuvo en el trámite de una petición de la presidente de la justicia especial, Patricia Linares, al Gobierno de Estados Unidos, en relación con material probatorio del caso Santrich. La moción ya no será tramitada y la llegada de la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, marca un nuevo comienzo para la accidentada relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio, al menos en el intento por sacar adelante reformas a la justicia colombiana.
Análisis de la periodista Luz María Sierra de la salida de Gloria María Borrero del Ministerio de Justicia y la llegada de Margarita Cabello a esa cartera.
La exministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, quien renunció este jueves a su cargo después de estar nueve meses al frente de la cartera, pidió paciencia ante la demora en la salida de La Picota de “Jesús Santrich”. “No se trata de ninguna dilación, sino de un protocolo que debemos cumplir. Surtido este proceso, le darán la libertad en las próximas horas. Cuando una persona sale de la cárcel, incluso hay que hacerle un examen de salud”, aclaró. Asimismo, la funcionaria reiteró que respeta, pero no comparte la decisión de aplicar la garantía de no extradición a Santrich, al señalar que el proceso no ha terminado. “Este es un proceso que no está terminado, está en apelación, y somos optimistas de que la sala de apelaciones realmente conceda el paso de esa extradición hacia la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Duque la pueda firmar muy rápidamente”, dijo. Frente a su renuncia, dada a conocer de forma sorpresiva, y que podría estar relacionada a la libertad de Santrich y la salida del fiscal general, insistió que se trató de una simple coincidencia. “No tiene nada que ver con el tema. El mandatario me aceptó la renuncia desde hace varios días. Estoy feliz de haber podido servirle a mi país”, añadió. Lea también: Exmiembros de las Farc en La Picota protestan a favor de la libertad de Santrich De igual forma, Borrero manifestó que, durante los nueve meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Justicia, participó activamente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la política de drogas, el plan de humanización de cárceles, toda la socialización y planeación de la Reforma a la Justicia, el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, entre otros proyectos de interés nacional. Del mismo modo, expresó que confía en que su sucesora, Margarita Cabello, alcance el éxito en la Reforma a la Justicia a partir de un trabajo armónico con las altas Cortes y con los partidos. “Sé que ella continuará el diálogo franco que yo sostuve con las fuerzas políticas y con los jueces de Colombia”, concluyó.
La magistrada Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2016) y actualmente magistrada de la Sala de Casación Civil de esa Corporación, es natural de la ciudad de Barranquilla; abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena; candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Caballero inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la sala civil de familia del Tribunal Superior de Barranquilla, desde 1990 hasta el año 2009. Ejerció durante tres años el cargo de procuradora delegada de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, ente rector del derecho disciplinario del país, encargada de las investigaciones disciplinarias de los altos funcionarios públicos de Colombia. Catedrática por más de veinte años en varias universidades de la Nación, entre otras en la Corporación Universitaria de Costa CUC, la Universidad del Norte, Universidad Libre y Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla en las áreas de Derecho Probatorio, Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia y Derecho Procesal de Familia. Lea también: Gloria María Borrero renunció al Ministerio de Justicia y le sucederá Margarita Cabello Fue miembro del comité directivo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, órgano académico de la Judicatura de Colombia encargado de formar y capacitar a los funcionarios y empleados judiciales. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Permanente conferencista nacional e internacional en temas de derecho. Es miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y su presidenta desde el mes de febrero de 2017 hasta el 13 de febrero de 2018. Fue miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante el periodo comprendió entre 2014 al 2016. Recibió en el 2016 la Condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, en su máxima categoría por su destacado desempeño como funcionaria judicial.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, renunció este jueves a su cargo. La dimisión se conoció un día después de que la Justicia Especial de Paz (JEP) no autorizara la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, reclamado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. La saliente funcionaria, sin embargo, negó que la decisión tenga relación con el fallo de la JEP. "Son los cambios normales de cualquier Gobierno. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente", dijo Borrero. Tras darse el anuncio de Borrero, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el tema. "La señora ministra se retirará del cargo. He aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días y quiero agradecerle su trabajo, su patriotismo y su cooperación con los colegas del Gobierno", indicó el Jefe de Estado. Vea también: Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia En reemplazo de Borrero, la Presidencia designó a la jurista Margarita Cabello en el cargo. La nueva jefa de la cartera, de origen barranquillero, se desempeñaba hasta el anuncio como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que presidió en 2016. "Inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura del Tribunal Superior de Barranquilla. Antes de ser elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia se desempeñó como Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Catedrática de Unicosta y las universidades del Norte, Libre y Simón Bolívar de Barranquilla en Derecho Probatorio, Procesal Civil y de Familia", dice sobre su currículo una reseña publicada en el sitio web del alto tribunal.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, respondió ante las críticas que surgieron en su contra en el Congreso tras la derrota de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP). Le puede interesar: Cámara hunde objeciones de Duque a Ley Estatutaria de la JEP “Los parlamentarios dieron sus opiniones, la idea era esa. Nosotros sabíamos cómo iba a ser la votación porque hace varios días los partidos estaban anunciando que iban a votar por bancadas. Eso fue lo que pasó ayer, no teníamos las mayorías para ganar”, declaró. “Estoy en este puesto hasta que el presidente quiera. No he pensado en renunciar, sigo trabajando, tengo muchas cosas en camino”, agregó. Según Borrero, su meta inmediata es sacar adelante la reforma a la justicia. Escuche esta entrevista:
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional anunciado por el presiente Iván Duque semanas atrás, para excluir de la justicia transicional los delitos sexuales contra menores. La iniciativa, que hace parte del paquete de normas anunciadas por el jefe de Estado a comienzos de marzo durante la alocución en la que se hizo oficial la decisión de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, busca reformar el artículo 44 de la Constitución Política, relacionado con los derechos de los niños. Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Vea también: "No habrá impunidad": presidenta JEP explica cómo investigarán delitos sexuales Sin embargo, la funcionaria explicó que lo propuesto solo se aplicaría hacia el futuro y no modificaría lo pactado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró inexequible esa disposición. “Todas las disposiciones de tipo penal son para el futuro. Existe el principio de favorabilidad, es decir, no se aplica para el pasado”, dijo. La iniciativa es respaldada por congresistas como Maritza Martínez, del Partido de La U, quien impulsó la exclusión de esos delitos de la JEP, tema que terminó tumbando la Corte.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que la carta de rogatoria de las pruebas solicitadas por la Jurisdicción Especial de Paz ya está en Estados Unidos, sin embargo, dijo que no tiene el certificado de recibido.Cuando se le preguntó sobre el envío de la Carta la ministra Borrero asentó con su cabeza que sí, advirtiendo que al menos tiene certeza que el certificado de enviado lo tiene en sus manos.Conozca más: Es un hecho fortuito y de fuerza mayor: MinJusticia sobre carta con pruebas de caso Santrich “Tengo la guía de envío de ayer y debo estar por recibir ahoritica la guía de recibido en Estados Unidos”, señaló la ministra.De igual forma aseguró que paralelamente a las acciones para tramitar esta carta, iniciaron las investigaciones al interior del Ministerio para establecer responsabilidades en estos hechos."Yo también estoy abriendo investigaciones adentro del Ministerio para saber qué pasó y por qué no hicimos el control adecuado”, agregó BorerroDe otro lado, la Contraloría General anunció también una actuación especial de fiscalización a 4-72 en la que se va a revisar el uso de los recursos de parte de la empresa del Estado en las últimas vigencias.No se trata solo del extravío de la Carta de la JEP pidiendo las pruebas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino de cientos de quejas de usuarios de la plataforma corresponsal que aseguran que han tenido muchos problemas con sus servicios y, de hecho, posibles casos de corrupción.
La situación en el corazón de Pereira es crítica. El sismo ha dejado un saldo de unos 4.000 comercios afectados únicamente en la zona céntrica, cifra que se eleva a entre 7.000 y 8.000 comerciantes damnificados si se considera toda la ciudad, de un total de aproximadamente 35.000 a 40.000 negocios registrados ante la Cámara de Comercio. La falta de servicios básicos agrava la situación. Restrepo explicó que "en el centro de la ciudad todavía no tenemos energía eléctrica" debido a que "hay muchas zonas y muchos sobre todo edificaciones que están en riesgo de colapso y que están en proceso de demolición".Esto ha forzado a muchos comerciantes a desplazarse o mantener sus puertas cerradas, afectando gravemente a la venta al detal, que depende del día a día. Según el dirigente gremial, hay cerca de 100 comercios que desde el día del sismo "no facturan un solo peso porque sus tiendas están afectadas". La amenaza del desempleo y el fantasma de la crisis de 2008Antes del sismo, Pereira registraba una tasa de desempleo históricamente positiva del 7,8%. No obstante, la parálisis comercial amenaza con desatar una crisis laboral de gran escala. "Hoy las proyecciones que nosotros podemos llegar a hacer, y eso estamos casi seguros, es que van a pasar los dos dígitos, lo cual sería retroceder a cifras que en Pereira hace más de 6 años no tenemos", alertó Restrepo. Este retroceso evoca la profunda crisis de migración y economía del año 2008, cuando Pereira llegó a ser la ciudad con mayor desempleo del país, una situación que requirió 15 años de trabajo articulado para superarseEl temor de perder miles de empleos aumenta a medida que las obligaciones financieras de los empresarios continúan corriendo a pesar de que sus ingresos están en ceros. Durante la fase actual de rehabilitación y remoción de escombros, el gremio ha recibido la visita del ministro de Comercio, Mauricio Gómez, a quien le han planteado peticiones de fondo. Fenalco Risaralda enfatiza que el sector no necesita más endeudamiento, sino medidas de alivio directo y subsidios que impidan la quiebra masiva de los locales.
Al menos 160 personas murieron (157 en Nepal y 3 en China) y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de que violentas inundaciones repentinas golpearan ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido, según el reporte de medios nepalís.El tercer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dado a las 22:00 (16:15 GMT) indicó que permanecían sin contacto 384 turistas, 291 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV.El recuento, actualizado hasta las 20:00 hora local (12:00 GMT), precisó que el número concreto de fallecidos y heridos seguía bajo verificación mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.El desastre dañó al menos 80 puentes transitables (35 para paso vehicular y 45 colgantes) y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, pero luego cambió el evento a un deslizamiento de magnitud 5,2, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.
Un posible detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos fue advertido en medio del proceso de contratación para la construcción de una subestación eléctrica en Lorica, Córdoba. La alerta fue planteada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.En entrevista con Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, de Blu Radio, Bustos cuestionó las condiciones en las que se estructuró el proceso de adjudicación y aseguró que existen varias irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades.Según el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, el proceso contempla costos que inicialmente fueron estimados en aproximadamente 650.000 millones de pesos, proyectados para un periodo de 10 años.Sin embargo, Bustos aseguró que la propuesta que quedó como única oferta se acercaría al presupuesto oficial y podría generar un detrimento patrimonial de una magnitud cercana a los 2 billones de pesos.“Se trata de una suma cercana a los 2 billones de pesos, ¿sí? Con B larga, es decir, eh, la una tercera parte de lo que vale la reconstrucción del terremoto”, afirmó Bustos durante la entrevista.Cuestionan oferta presentada para la subestación de LoricaUno de los principales cuestionamientos de Bustos está relacionado con el proponente que habría quedado habilitado dentro del proceso de contratación para la subestación de Lorica.El dirigente señaló que la oferta presentada se aproximaba de manera “extraña” al presupuesto oficial y cuestionó cómo el Consorcio SIGMA habría obtenido información que, según su denuncia, tenía carácter reservado.“Esta información es privilegiada y no se entiende cómo el Consorcio SIGMA logró tener una información privilegiada que se acercaba al presupuesto máximo oficial”, sostuvo Bustos.Además, cuestionó las condiciones de experiencia e idoneidad del proponente que quedó en el proceso. Según afirmó, se trataría de una firma que no acreditaba “unas condiciones especiales de experiencia, eh, idoneidad, etcétera”.Para Bustos, estos elementos deben ser analizados antes de que avance la eventual adjudicación del contrato, debido al impacto que tendría sobre los recursos públicos.Proceso de contratación viene desde eneroDe acuerdo con Bustos, la estructuración del proceso de contratación comenzó el 19 de enero de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.El dirigente mencionó que para ese momento Edwin Palma se desempeñaba como ministro de Minas y Energía y Cristina Porto Carrero estaba al frente de la entidad involucrada en el proceso.“Este proceso de contratación, de acuerdo con el cronograma respectivo, viene estructurándose desde el 19 de enero del presente año, es decir, en la administración de Gustavo Petro”, señaló.Bustos agregó que el proceso estaba encaminado para ser adjudicado antes de finalizar el Gobierno anterior, pero finalmente no se concretó y habría quedado listo para continuar durante el comienzo de la actual administración.Alertan por falta de publicidad del procesoOtro de los aspectos cuestionados es la presunta falta de publicación del proceso en el SECOP, plataforma oficial en la que deben darse a conocer los procesos de contratación estatal.Bustos aseguró que el trámite se habría desarrollado sin la suficiente publicidad y calificó lo ocurrido como “un proceso de escondidas” y “un proceso en secreto”.“Fue un proceso de escondidas, un proceso en secreto, no había sido publicado en el SECOP”, afirmó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.Según Bustos, esta situación habría limitado el conocimiento del proceso por parte de terceros y organismos de control. “Nadie tuvo conocimiento de ello, ni siquiera los órganos de control”, sostuvo.Procuraduría pidió revisar y retrotraer el procesoAnte los cuestionamientos, Bustos aseguró que la Procuraduría pidió que el proceso fuera retrotraído hasta su etapa inicial para garantizar las condiciones de publicidad y participación.“Debe ser retrotraído al inicio para hacer las publicaciones completas, enviar el proceso al SECOP y retomarlo desde el comienzo”, explicó.El dirigente sostuvo que esta medida permitiría garantizar la contradicción, la publicidad, el control y mejores condiciones dentro del proceso de contratación de la subestación eléctrica en Lorica.Denuncia fue presentada ante la FiscalíaPablo Bustos también aseguró que las presuntas irregularidades fueron incluidas en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.En sus declaraciones, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas mencionó a Edwin Palma y Cristina Porto Carrero, y se refirió a los antecedentes profesionales y políticos de la funcionaria.Bustos afirmó que en el proceso existen múltiples elementos que deben ser investigados y que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.“Muestra una serie de inconsistencias, irregularidades múltiples que hemos señalado y que la Procuraduría recoge muy ampliamente”, concluyó.
Más de 100 emprendedores del departamento están recibiendo apoyo de la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de insumos, equipos y elementos destinados a fortalecer sus unidades productivas, mejorar su capacidad operativa y generar nuevas oportunidades de ingresos para sus familias.La estrategia “Santander Contigo” busca llegar directamente a los territorios y acompañar a personas que han encontrado en sus emprendimientos una alternativa para mejorar sus condiciones económicas y sacar adelante a sus hogares."Entre los beneficiarios se encuentran emprendedores dedicados a la elaboración y comercialización de postres, tamales, hortalizas, café, confitería y paquetes, además de propietarios de pequeñas tiendas, negocios de confecciones y emprendimientos de manualidades", dijo Marisol Pinzón, secretaria de Desarollo Social. La dotación entregada incluye cocinas, máquinas de coser, neveras, congeladores, cavas, ollas, vitrinas, estanterías, batidoras, máquinas de moler, impresoras, mesas, sillas y surtido para los negocios, entre otros elementos requeridos para fortalecer sus actividades comerciales.“Santander Contigo busca impulsar negocios familiares”, explicó Marisol Pinzón Sierra, secretaria de Desarrollo Social de Santander, quien destacó que el programa permite acercar la oferta institucional a quienes trabajan diariamente por generar sus propios ingresos.Uno de los casos es el de Danith Milena Martínez, emprendedora del centro de Bucaramanga, quien lleva más de 20 años trabajando en su negocio y recibió una cava, termos y surtido para ampliar su actividad comercial.“Estoy muy agradecida con la bendición que me ha llegado de parte de la Gobernación. Salí favorecida con una cava, termos y bastante surtido para ampliar mi negocio. Gracias por esta labor tan bonita”, manifestó la emprendedora.Otro de los testimonios corresponde a Carmen Sepúlveda Mantilla, habitante del corregimiento 3 de Bucaramanga, quien encontró en el emprendimiento una alternativa para generar ingresos mientras ejerce como cuidadora de su hija en condición de discapacidad.Para seleccionar a los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Social adelantó una convocatoria pública y realizó trabajo de campo en diferentes sectores del departamento. Durante estas jornadas se llevó a cabo la preinscripción de los interesados y la socialización de la estrategia.Posteriormente, se desarrolló el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.La administración departamental señaló que continuará recorriendo los municipios para identificar las necesidades de los emprendedores y acercar los programas institucionales a las comunidades.Con “Santander Contigo”, la Gobernación busca fortalecer los negocios familiares y respaldar a quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos, mejorar su capacidad productiva y construir un mejor futuro.
La Policía Metropolitana de Barranquilla tendrá un nuevo comandante, luego de que se oficializó la tarde del martes, que el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez salió del cargo y fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Por el momento quedó encargado el subcomandante de la Metropolitana, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura.El cambio se da en medio de la creciente violencia que enfrenta la ciudad y su área metropolitana, donde al 25 de agosto 784 asesinados, 54% más que para el mismo periodo del año anterior donde fueron 509.Pero la cifra más preocupante es que a cuatro meses y una semana de que finalice el 2026, la cifra de asesinatos en toda el área metropolitana ya supera los ocurridos durante todo el año anterior donde fueron 725 casos.En reemplazo del general Camelo se espera la llegada por primera vez a la comandancia de la metropolitana de Barranquilla una mujer. Se trata de la brigadier generalSandra Liliana Rodríguez Castro, quien se estaba desempeñando como la comandante delDepartamento de Policía Valle.
