BLU Radio tuvo acceso al decreto que ratifica como nueva cónsul general de Colombia en Madrid a la exministra de Justicia Gloria María Borrero.Según el documento, decreto 1466 del 13 de agosto de 2019, Borrero asumió el cargo este mismo martes como jefe de la oficina consular en la capital española, luego de que el pasado 16 de mayo renunciara como ministra de Justicia un día después de que la JEP no autorizara la extradición del exjefe guerrillero alias' Jesús Santrich', hoy en paradero desconocido.
Según algunos uribistas, la llegada de Cabello a esta cartera es un acierto para lograr mayor entendimiento entre el presidente y la bancada de Gobierno en el trámite de las iniciativas que competen a la nueva ministra, como la Reforma a la Justicia.Este martes a las 5 de la tarde, el presidente, Iván Duque, posesionará a Margarita Cabello como ministra de Justicia; el primer cambio en su gabinete desde que llegó al poder en agosto de 2018, en una cartera que recibió fuertes golpes y derrotas en el legislativo por cuenta del hundimiento de la reforma a la justicia y las constantes críticas a la ministra Gloria María Borrero desde el Partido Liberal, e incluso desde el partido de Gobierno, el Centro Democrático.La jurista Margarita Cabello, el remplazo de Gloria María Borrero, es una barranquillera que inició su caminar en la rama judicial como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla, hasta que se convirtió en magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la capital del Atlántico en 1990.En 2016, Cabello se convirtió en presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, según resaltó el presidente Duque cuando confirmó su designación, es “una mujer que tiene una larga trayectoria en la carrera judicial, que ha hecho todos los peldaños de esa carrera para llegar al más alto honor, que ha sido el de presidenta de la Corte Suprema de Justicia”.Cabello siempre ha sido de la misma línea, conocida en sus decisiones desde el alto tribunal e incluso cuando ejerció como procuradora delegada de la Sala Disciplinaria, cuando Alejandro Ordoñez era el procurador general de la Nación. Para resaltar su afinidad con el uribismo se destacan hechos como su inclusión en 2009 en la terna para fiscal general por iniciativa del expresidente Uribe, y más reciente, el pasado mes de diciembre cuando el presidente Duque la postuló para que la Corte Suprema de Justicia eligiera al fiscal ad hoc para adelantar las investigaciones del caso Odebrecht.Ahora, desde el Ministerio de Justicia, Cabello enfrentará una nueva faceta de su carrera que la obliga a desarrollar relaciones políticas en el legislativo, tema en el que siempre ha guardado prudencia. Su principal reto será hacer realidad la reforma al sistema judicial para hacerlo más efectivo, y reunir el apoyo de bancadas como Cambio Radical y el Partido Liberal que tienen reparos a las propuestas del Gobierno en esta materia.
La saliente ministra de Justicia, Gloria María Borrero, tuvo que sobrellevar una complicada relación con el Congreso de la República, donde no logró tener el liderazgo necesario para sacar adelante las reformas que, desde esa cartera, fueron propuestas al legislativo.Le puede interesar: Gloria Borrero es una enemiga de la justicia: presidente de la CámaraSolo minutos después de que el presidente Iván Duque hiciera oficial la aceptación de la renuncia de Borrero, salió a la luz una proposición, que sería presentada el próximo lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes, para citarla a un debate de moción censura.La solicitud era liderada nada más y nada menos que por el presidente de la corporación, el representante liberal Carlos Chacón, que se convirtió en uno de los principales críticos de la gestión de Borrero. El congresista logró sepultar la reforma a la justicia propuesta por el Gobierno, al considerar que la ahora exfuncionaria no logró un consenso, “desatendiendo la función de coordinación de las relaciones con las diferentes ramas del poder público”.Ese era justamente uno de los argumentos que sustentaba el pedido de moción de censura, el tercero que contra un funcionario del actual Gobierno se intenta sacar adelante en la Cámara.Un segundo elemento tenía que ver con las desafortunadas declaraciones que Borrero dio como ministra, sugiriendo que el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, estaría conspirando “para sacarla del ministerio”. La falta de impulso que dio a las objeciones del Ejecutivo a la Ley Estatutaria de la JEP y omisiones que, a juicio de los solicitantes, tuvo en el trámite de una petición de la presidente de la justicia especial, Patricia Linares, al Gobierno de Estados Unidos, en relación con material probatorio del caso Santrich. La moción ya no será tramitada y la llegada de la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, marca un nuevo comienzo para la accidentada relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio, al menos en el intento por sacar adelante reformas a la justicia colombiana.
Análisis de la periodista Luz María Sierra de la salida de Gloria María Borrero del Ministerio de Justicia y la llegada de Margarita Cabello a esa cartera.
La exministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, quien renunció este jueves a su cargo después de estar nueve meses al frente de la cartera, pidió paciencia ante la demora en la salida de La Picota de “Jesús Santrich”. “No se trata de ninguna dilación, sino de un protocolo que debemos cumplir. Surtido este proceso, le darán la libertad en las próximas horas. Cuando una persona sale de la cárcel, incluso hay que hacerle un examen de salud”, aclaró. Asimismo, la funcionaria reiteró que respeta, pero no comparte la decisión de aplicar la garantía de no extradición a Santrich, al señalar que el proceso no ha terminado. “Este es un proceso que no está terminado, está en apelación, y somos optimistas de que la sala de apelaciones realmente conceda el paso de esa extradición hacia la Corte Suprema de Justicia para que el presidente Duque la pueda firmar muy rápidamente”, dijo. Frente a su renuncia, dada a conocer de forma sorpresiva, y que podría estar relacionada a la libertad de Santrich y la salida del fiscal general, insistió que se trató de una simple coincidencia. “No tiene nada que ver con el tema. El mandatario me aceptó la renuncia desde hace varios días. Estoy feliz de haber podido servirle a mi país”, añadió. Lea también: Exmiembros de las Farc en La Picota protestan a favor de la libertad de Santrich De igual forma, Borrero manifestó que, durante los nueve meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Justicia, participó activamente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la política de drogas, el plan de humanización de cárceles, toda la socialización y planeación de la Reforma a la Justicia, el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, entre otros proyectos de interés nacional. Del mismo modo, expresó que confía en que su sucesora, Margarita Cabello, alcance el éxito en la Reforma a la Justicia a partir de un trabajo armónico con las altas Cortes y con los partidos. “Sé que ella continuará el diálogo franco que yo sostuve con las fuerzas políticas y con los jueces de Colombia”, concluyó.
La magistrada Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2016) y actualmente magistrada de la Sala de Casación Civil de esa Corporación, es natural de la ciudad de Barranquilla; abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena; candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Caballero inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la sala civil de familia del Tribunal Superior de Barranquilla, desde 1990 hasta el año 2009. Ejerció durante tres años el cargo de procuradora delegada de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, ente rector del derecho disciplinario del país, encargada de las investigaciones disciplinarias de los altos funcionarios públicos de Colombia. Catedrática por más de veinte años en varias universidades de la Nación, entre otras en la Corporación Universitaria de Costa CUC, la Universidad del Norte, Universidad Libre y Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla en las áreas de Derecho Probatorio, Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia y Derecho Procesal de Familia. Lea también: Gloria María Borrero renunció al Ministerio de Justicia y le sucederá Margarita Cabello Fue miembro del comité directivo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, órgano académico de la Judicatura de Colombia encargado de formar y capacitar a los funcionarios y empleados judiciales. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Permanente conferencista nacional e internacional en temas de derecho. Es miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y su presidenta desde el mes de febrero de 2017 hasta el 13 de febrero de 2018. Fue miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante el periodo comprendió entre 2014 al 2016. Recibió en el 2016 la Condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, en su máxima categoría por su destacado desempeño como funcionaria judicial.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, renunció este jueves a su cargo. La dimisión se conoció un día después de que la Justicia Especial de Paz (JEP) no autorizara la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, reclamado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. La saliente funcionaria, sin embargo, negó que la decisión tenga relación con el fallo de la JEP. "Son los cambios normales de cualquier Gobierno. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente", dijo Borrero. Tras darse el anuncio de Borrero, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el tema. "La señora ministra se retirará del cargo. He aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días y quiero agradecerle su trabajo, su patriotismo y su cooperación con los colegas del Gobierno", indicó el Jefe de Estado. Vea también: Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia En reemplazo de Borrero, la Presidencia designó a la jurista Margarita Cabello en el cargo. La nueva jefa de la cartera, de origen barranquillero, se desempeñaba hasta el anuncio como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que presidió en 2016. "Inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura del Tribunal Superior de Barranquilla. Antes de ser elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia se desempeñó como Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Catedrática de Unicosta y las universidades del Norte, Libre y Simón Bolívar de Barranquilla en Derecho Probatorio, Procesal Civil y de Familia", dice sobre su currículo una reseña publicada en el sitio web del alto tribunal.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, respondió ante las críticas que surgieron en su contra en el Congreso tras la derrota de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP). Le puede interesar: Cámara hunde objeciones de Duque a Ley Estatutaria de la JEP “Los parlamentarios dieron sus opiniones, la idea era esa. Nosotros sabíamos cómo iba a ser la votación porque hace varios días los partidos estaban anunciando que iban a votar por bancadas. Eso fue lo que pasó ayer, no teníamos las mayorías para ganar”, declaró. “Estoy en este puesto hasta que el presidente quiera. No he pensado en renunciar, sigo trabajando, tengo muchas cosas en camino”, agregó. Según Borrero, su meta inmediata es sacar adelante la reforma a la justicia. Escuche esta entrevista:
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional anunciado por el presiente Iván Duque semanas atrás, para excluir de la justicia transicional los delitos sexuales contra menores. La iniciativa, que hace parte del paquete de normas anunciadas por el jefe de Estado a comienzos de marzo durante la alocución en la que se hizo oficial la decisión de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, busca reformar el artículo 44 de la Constitución Política, relacionado con los derechos de los niños. Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal. Vea también: "No habrá impunidad": presidenta JEP explica cómo investigarán delitos sexuales Sin embargo, la funcionaria explicó que lo propuesto solo se aplicaría hacia el futuro y no modificaría lo pactado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró inexequible esa disposición. “Todas las disposiciones de tipo penal son para el futuro. Existe el principio de favorabilidad, es decir, no se aplica para el pasado”, dijo. La iniciativa es respaldada por congresistas como Maritza Martínez, del Partido de La U, quien impulsó la exclusión de esos delitos de la JEP, tema que terminó tumbando la Corte.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que la carta de rogatoria de las pruebas solicitadas por la Jurisdicción Especial de Paz ya está en Estados Unidos, sin embargo, dijo que no tiene el certificado de recibido.Cuando se le preguntó sobre el envío de la Carta la ministra Borrero asentó con su cabeza que sí, advirtiendo que al menos tiene certeza que el certificado de enviado lo tiene en sus manos.Conozca más: Es un hecho fortuito y de fuerza mayor: MinJusticia sobre carta con pruebas de caso Santrich “Tengo la guía de envío de ayer y debo estar por recibir ahoritica la guía de recibido en Estados Unidos”, señaló la ministra.De igual forma aseguró que paralelamente a las acciones para tramitar esta carta, iniciaron las investigaciones al interior del Ministerio para establecer responsabilidades en estos hechos."Yo también estoy abriendo investigaciones adentro del Ministerio para saber qué pasó y por qué no hicimos el control adecuado”, agregó BorerroDe otro lado, la Contraloría General anunció también una actuación especial de fiscalización a 4-72 en la que se va a revisar el uso de los recursos de parte de la empresa del Estado en las últimas vigencias.No se trata solo del extravío de la Carta de la JEP pidiendo las pruebas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino de cientos de quejas de usuarios de la plataforma corresponsal que aseguran que han tenido muchos problemas con sus servicios y, de hecho, posibles casos de corrupción.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
