Según investigaciones, entre el 2008 y el 2012, la entidad prestadora del servicio se habría apropiado de 21.353.000 de pesos pertenecientes a la salud.“Entre el 2008 y el 2012 se evidenciaron exceso de gastos administrativos que están normativamente limitados al 8%. Inversión en fondos acciones y/o aportes en sociedades, inversiones en construcción y adquisición de inmuebles, intereses a cargo correspondientes a préstamos para construcciones y otras operaciones que están relacionadas con la con la utilización de recursos”, dijo la fiscal.La funcionaria dijo que los estados financieros de la entidad prestadora de salud no reflejaban la realidad de la misma y que, de esta manera, lograron inducir en error a la Superintendencia de Salud que le dio viabilidad para seguir operando.“Los estados financieros de la EPS, al 31 de diciembre del 2012, no reflejaban esa realidad cuando no se realizaron debidamente consignaciones bancarias, no se realizaron las provisiones de la cartera en detenida forma, toda vez que las provisiones se realizaban en contravía de lo estipulado en el artículo 3 de la resolución 1424 del 2008 que define que debe hacerse el aprovisionamiento del saldo de cartera en un 100 % y no en un 33% como lo estaba haciendo la EPS”, añadió al delegada del ente acusado.Además, asegura al Fiscalía que, la EPS no pagaba sus obligaciones y en cambio realizaba millonarias inversiones. Según la narración de la delegada del ente acusador, lo primero que debe hacer una EPS del régimen subsidiado es pagar las obligaciones por las prestaciones de servicios de salud a sus afiliados.“Asmet Salud, después de pagar obligaciones primordiales podría, con recursos provenientes de la UPC realizar inversiones en aportes, sanciones, fondos, títulos, inmuebles, infraestructura, pues al utilizar los recursos de manera contraria generaría un desequilibrio económico de tal manera que si se destinan recursos en aumentar activos que no son estrictamente necesarios y que no están directamente relacionados con el objeto social, simplemente estaría desprotegiendo sus obligaciones y dejándolas sin ningún respaldo. Lo primero que debe hacer una EPS del régimen subsidiado es pagar las obligaciones por las prestaciones de servicios de salud a sus afiliados”, puntualizó la fiscal del caso.Aseguró la funcionaria que la EPS, en relación con los periodos objeto del análisis, ha presentado una situación financiera decreciente, lo que indica que es una entidad inviable financieramente.Solicitud de medida de aseguramientoLa Fiscalía le solicitó al juez 1 de garantías que envíe a la cárcel a Aguilar Vivas porque, a su juicio, hay peligro para la comunidad y para la víctima.En medio de su solicitud, anunció que tiene interceptaciones de sus comunicaciones y un informe del CTI, del 9 de abril del 2019, en el que se hace un análisis de dichas llamadas interceptadas. Las conversaciones serían entre la exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Carrascal, y el directivo de la EPS Asmet Salud, Gustavo Adolfo Aguilar, en donde se habla de tramitar la resolución del 127 del año 2018 a favor de esa EPS.Dice la fiscal que no es objeto de esta investigación pero que lo trae a colación para que "se conozca el modus operandi o la forma en la que acostumbra manejar los trámites administrativos ante autoridades, en este caso ante un ente de vigilancia y control, el señor Vivas”, cuando hay decisiones con las que no se encuentra conforme o no son de su beneficio.Este miércoles 3 de febrero, a las 11: 00 de la mañana, continuará la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento. Intervendrá la defensa del médico, el abogado Jaime Lombana, y luego, se conocerá la decisión del juez.
Un nuevo escándalo sacude al Congreso, luego de que se conociera un audio en el que un representante a la Cámara aparentemente ejerce presiones indebidas al gerente de una EPS para que haga unos pagos determinados a unos hospitales de Risaralda.Este es un fragmento de la conversación entre el representante Liberal por Risaralda Juan Carlos Reinales y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar, el pasado seis de noviembre en una cafetería del aeropuerto El Dorado de Bogotá.En la conversación, que dura cerca de 15 minutos y en la que hablan sobre asuntos generales del sector salud en Risaralda, Reinales le pregunta a Aguilar si le podría pagar una “carterita a unos hospitales que tengo por ahí”. Luego le dice que “yo le paso el listadito y mejor hacerlo personal para evitar malos entendidos y güevonadas”.Luego admite que su rédito es hacer gestiones, porque de eso vive y después habla de una posible situación similar con la EPS Medimás y unos pagos a una IPS. Antes de despedirse, incluso se toman una foto y se despiden.El tema amerita una explicación, que ha intentado dar desde ayer el congresista Juan Carlos Reinales, quien admite que la conversación existió, pero dice que fue editada con mala intención para hacer aparecer una charla legal con un intento de presiones indebidas.Además, dice que esto obedece a una retaliación de las EPS porque él, desde la Comisión Séptima, las ha venido “tallando” y con estas estrategias buscan debilitarlo.La defensa de la EPS Asmet Salud no solamente denunció al congresista Reinales ante la Sala de Instrucción de la Corte, sino que también incluyó a otros dos parlamentarios, quien supuestamente actuaron de forma similar, presionando de forma indebida a sus representantes legales para obtener réditos a cambio de no adelantar debates incómodos en su contra.En cualquier caso, no suena bien una gestión de este tipo hecha ante un privado por parte de un congresista, quien seguramente tendrá que explicar a la Corte por qué hacía este tipo de solicitudes y serán los magistrados los que determinen si hay o no una transgresión del código penal.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
El Cuerpo de Bomberos de Valledupar avanza en las investigaciones para esclarecer las causas del voraz incendio que en la noche de navidad cobró la vida de Nelly María Aguilar Valle, de 50 años, al interior de su residencia en el barrio Las Delicias de Valledupar. La víctima es hermana del contralor Departamental del Cesar, Gustavo Aguilar, quien dio detalles de lo sucedido. Según las investigaciones preliminares de las autoridades, altibajos en el fluido eléctrico habrían provocado el cortocircuito en un electrodoméstico que ocasionó el incendio.
Una estudiante de 15 años permanece bajo observación médica en el Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego de resultar herida con un arma de fuego dentro de la institución educativa donde cursa sus estudios. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y cómo un menor de edad logró ingresar un revólver al plantel.De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la Noche, el incidente ocurrió mientras los estudiantes se encontraban en clase. Según las versiones recopiladas, uno de los alumnos habría manifestado que le dispararía a su compañera. Sin embargo, la adolescente creyó que se trataba de una broma y no imaginó que el joven realmente accionaría el arma.El disparo impactó a la menor en sus piernas, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo atención especializada. Los médicos le practican diferentes exámenes para determinar la gravedad de las lesiones, debido a que el proyectil permanece alojado en una de sus extremidades.Madre de la menor contó cómo ocurrieron los hechosLa madre de la estudiante relató que, según le contó su hija, todo ocurrió de manera inesperada dentro del salón de clases.La familiar también expresó su preocupación por el estado de salud de la adolescente, cuyo pronóstico continúa siendo reservado, y pidió que el caso no quede en la impunidad.Además, aseguró que hasta el momento no ha recibido acompañamiento institucional. Según su testimonio, las autoridades no se han comunicado con la familia desde que ocurrió el hecho.Entre tanto, las autoridades confirmaron la aprehensión del estudiante presuntamente involucrado. El menor permanece en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para menores, ubicada en la carrera 30 con calle 12, mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.De manera preliminar, se conoció que el revólver utilizado pertenecería al padre del adolescente, quien, según las primeras informaciones, es integrante de la Policía Nacional. Este aspecto también hace parte de la investigación, que busca establecer cómo el arma salió de su lugar de custodia y terminó en manos del estudiante.Las autoridades recopilan testimonios y demás elementos materiales probatorios para esclarecer lo sucedido, establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existieron fallas en los controles de ingreso al plantel educativo.
El coletazo de la situación de orden público que atraviesa a Antioquia por el accionar de grupos armados ilegales llegó al municipio de Jericó, reconocido por su turismo religioso y su belleza, en el Suroeste del departamento. Los hechos se registraron en la vereda Palenque, donde se registraron combates, generando zozobra en las comunidades aledañas.Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantaron una ofensiva contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Cartel del Clan del Golfo, dejando a dos señalados miembros de este grupo abatidos.De acuerdo con el Ejército, también se logró la incautación de dos fusiles, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos. Frente a la situación,el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, alertó por el recrudecimiento de la violencia en su localidad."Nos preocupa profundamente esta situación que vive nuestra comunidad. La inseguridad ha escalado a un gran nivel hasta llegar a pueblos como el nuestro que se caracterizan por la tranquilidad. La situación está siendo atendida directamente por la fuerza pública", dijo el mandatario.Por su parte, el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, indicó que continuarán los operativos militares en el territorio."Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño", reportó Fonseca.Vale la pena mencionar que recientemente las fuerzas militares han desarrollado otros operativos contra ilegales, uno de ellos se registró el pasado fin de semana contra la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo en el municipio de Amalfi, nordeste del departamento, subregión donde se disputa el terreno con las disidencias y el ELN.
Una vela permanece encendida en una casa del barrio La Victoria, en la ciudad colombiana de Bucaramanga, como un homenaje silencioso de vecinos y familiares a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven que fue asesinado el lunes en una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Biddeford, estado de Maine (EE.UU.).El joven, de 26 años, es recordado en su barrio como un muchacho ejemplar, disciplinado y con un profundo amor por los animales."Era un joven muy juicioso y trabajador. Amaba a su familia y adoraba a los animales", dijo con nostalgia a EFE Teo Guerra, un vecino que lo vio crecer y que hoy no puede asimilar la tragedia que vive su familia.Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos hace dos años y medio en busca de oportunidades laborales y residía en Biddeford, donde sus residentes han salido a las calles para protestar por su muerte con consignas contra la agencia federal.Quienes lo conocieron de cerca recuerdan con orgullo que el joven hizo el servicio militar en el Batallón de Infantería Guardia Presidencial, en Bogotá, y después se capacitó en enfermería.En su casa natal permanece solo su perro, llamado Drako, ya que sus padres viajaron a Bogotá para hacer los trámites de repatriación del cuerpo.Como miles de colombianos, Durán Guerrero decidió emigrar en 2023 a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, movido por la necesidad de buscar el bienestar de su esposa y su hija de solo tres años, quien estaba con él cuando fue tiroteado."Allá trabajaba en una veterinaria realizando labores de aseo por las mañanas y en las tardes se desempeñaba como repartidor a domicilio", relató Nayibe Ayala, otra vecina que lo conoció desde niño.El asesinato de Durán Guerrero es un incidente que está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI, y ha provocado conmoción en Colombia, donde sus vecinos y autoridades piden justicia.El Gobierno del presidente Gustavo Petro exigió este miércoles a las autoridades estadounidenses que investiguen el asesinato."La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.Por su parte, la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, pidió "una investigación pronta y rigurosa para esclarecer el asesinato del colombiano"."Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Johan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial", manifestó Rusinque en un comunicado.La funcionaria añadió que "la protección de la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso deben orientar toda actuación de las autoridades, sin distinción de nacionalidad ni condición migratoria", un clamor con el cual coinciden los vecinos del joven colombiano.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán, programada para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.En el documento, la Gobernación señala que la delimitación del páramo de Santurbán representa una decisión de gran trascendencia jurídica, ambiental, económica y social, por lo que considera indispensable que la concertación se desarrolle bajo los principios constitucionales de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre las entidades públicas.El gobernador de Santander sostiene que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para analizar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y advierte que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre aspectos como la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.Asimismo, plantea que antes de avanzar en la concertación es necesario socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso, además de definir conjuntamente una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y una participación efectiva de todos los sectores involucrados.En su solicitud, el mandatario propone aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre las autoridades nacionales y territoriales para acordar la metodología y el cronograma del proceso, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con una participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados. El páramo constituye uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por ser fuente de abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. En las últimas semanas, el proceso ha generado un intenso debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte sobre las garantías de participación y el alcance de la nueva delimitación.
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor -encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera- han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias del doblete sísmico".
