La defensa del exmagistrado Gustavo Malo pedirá nuevas pruebas en el juicio que se adelantará esta semana por el cartel de la toga.Una de ellas es parte de la declaración que entregó José Leonidas Bustos a la Comisión de Acusación. Otras se generaron después del juicio.“Estamos a punto de culminar el juicio del doctor Gustavo Enrique Malo. Está pendiente una nueva declaración del exmagistrado Bustos. Lo que buscamos es desmentir o desacreditar lo dicho por el testigo Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. Vamos a solicitar pruebas como que tenemos que demostrar que Malo está vinculado a lo que se conoce como cartel de la toga por un supuesto de Moreno, una declaración sin sustento”, explicó el abogado del exmagistrado Malo.Lea también: Leonidas Bustos, dispuesto a declarar en juicio contra Gustavo Malo en Corte Suprema. Dentro de esas pruebas se buscará demostrar, según el abogado de Malo:1. Que nunca se perdió el expediente del cual se habló2. Que Malo no habría participado en el escándalo3. Insiste la defensa en que los procesos de Musa Besaile y Ashton estuvieron enmarcados en la ley y que no hubo irregularidades4. Que al exmagistrado auxiliar José Reyes no se le sacó por beneficiar algún proceso, sino que todo obedece a una decisión del entonces magistrado titular Gustavo Malo.A propósito, el testimonio de Reyes, exmagistrado auxiliar, tiene detalles de cómo se habrían repartido procesos en la Sala Penal de la Corte. Una de sus tesis es que habría irregularidades en el proceso de parapolítica contra los excongresistas Besaile y Ashton.
La Corte Suprema de Justicia ordenó que Gustavo Malo sea llevado a un centro de reclusión, que podría ser Cantón Norte o Cespo.Lea también: "No sé nada de Leonidas Bustos”: presidente de la Corte Suprema de JusticiaLa decisión se dio luego de que su defensa presentara una tutela pidiendo el traslado de Malo, argumentando que su vida corría peligro al estar compartiendo reclusión junto a personas que habían sido condenadas por él cuando fue magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.La tesis del abogado Antonio Luis González es que tanto el Inpec, como el Ejército y el Centro de Reclusión Militar de Bogotá estaban vulnerando sus derechos a la vida y a la integridad por no dar la orden para que se le permitiera un cupo en un centro especial de reclusión militar, como el Cantón Norte.Malo permanecía en las celdas del búnker de la Fiscalía desde el pasado 13 de mayo.También, se cuestionaba por qué se le había permitido, por ejemplo, al exministro Andrés Felipe Arias el acceso al Cantón Norte y no a Malo."No existen consideraciones legales y constitucionales en los que se fundamentó la concesión de cupo en alguno de nuestros Centros Especiales de Reclusión Militar a los señores Felipe Arias y Álvaro Pacheco, toda vez que ellos no tienen cupo en ninguna de las cárceles y penitenciarías para miembros de la fuerza pública de alta y mediana seguridad y pabellones adscritos al Ejército Nacional", expresó en su momento el Ejército.
En una carta, de 6 páginas, dirigida a los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del denominado cartel de la toga, manifestó que se imposibilita asistir personalmente a rendir testimonio en el caso del también exmagistrado Gustavo Malo.“Pido rendir mi declaración por certificación jurada, haciéndome llegar el interrogatorio a través de mi correo electrónico o por medio de mi defensor”, señaló BustosDe otra parte, Bustos aseguró que él y su familia han sido “objeto de vejámenes y sometidos al escarnio público desde la propia Fiscalía General”, en lo que denominó una carrera de ofrecimientos de principios de oportunidad a “delincuentes confesos”, que, según él, estimuló a la exfiscal Hilda Niño a manifestar que él le habría entregado una lista con nombres de paramilitares al entonces fiscal Jorge Perdomo para que acusaran de manera falsa al expresidente Uribe y a su hermano.Esa declaración de Niño, según dice la misiva, habría provocado que llegaran amenazas no solo a él, sino a su familia y que lo obligaran a salir del país.“Y precisamente algunos días después de que los medios de comunicación publicitaron dicha noticia, miembros de mi familia y yo fuimos víctimas de amenazas. Víctimas de amenazas contra la vida, las cuales denuncié oportunamente ante el señor fiscal general de la Nación, lo cual me obligó a abandonar intempestivamente el país”, aseguró.Vea acá: Cámara aprobó acusación contra exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la togaBustos aprovecho, además, para lanzar fuertes críticas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en donde, según manifestó, no habría tenido garantías.También cuestionó al partido Centro Democrático por considerar que su proceso fue aprovechado por esa colectividad para “deslegitimar y enjuiciar a la justicia de Colombia, a sus instituciones, pero particularmente las decisiones de la Sala de Casación Penal, a sus magistrados y jueces”.
Un capítulo inédito se registró en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el que el expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte fue testigo en el juicio que se adelanta contra el también exmagistrado Gustavo Malo, dentro del proceso por el denominado cartel de la toga.Ambos extogados son señalados de hacer parte de un grupo que se dedicaba a manipular procesos de congresistas y otros funcionarios, junto al exfiscal Luis Gustavo Moreno, en ese alto tribunal a cambio de dinero.Ricaurte negó la existencia de un grupo de personas encargadas de realizar actividades irregulares en la Corte Suprema."Es falso que se hubiera creado un grupo para manipular procesos en la sala penal de la Corte Suprema", dijo.Lea también: Gustavo Malo se defendió de las acusaciones en su contra por el cartel de la togaRicaurte aseguró que, si bien compartió oficina con Luis Gustavo Moreno, no existía un vínculo laboral entre ambos. "Solamente compartíamos espacio físico, nosotros no teníamos ninguna sociedad", agregó.Además, negó que le haya pedido al exmagistrado Gustavo Malo información sobre algún caso que llevara en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en particular sobre el caso del excongresista Álvaro Ashton."Jamás le pregunté yo al doctor Malo sobre ningún tema, ningún asunto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia", sostuvo.Ambos exmagistrados han sido señalados de frenar procesos como el de Álvaro Ashton y Musa Besaile en la Corte Suprema de Justicia a cambio de dinero.
Durante el inicio del juicio en su contra, el exmagistrado Gustavo Malo, acusado de manipular o de frenar procesos contra funcionarios en ese alto tribunal, aseguró durante la diligencia que los señalamientos que se le han hecho son una retaliación.El exmagistrado Gustavo Malo se refirió a las declaraciones que ha dado el magistrado auxiliar José Reyes Rodriguez y explicó que este fue despedido en su momento porque había recibido comentarios en su contra y porque no se ajustó a su forma de trabajo."Definitivamente no se acopló con mi forma de trabajo y poniéndole de presente los comentarios que se daban, buscando yo preservar la buena imagen del despacho, pues consideré oportuno pedirle la renuncia. También puedo comentar el hecho de que podría sumársele a este, a los anteriores, que yo en un principio no le presté mayor atención, pero que en realidad existía, y era que el profesaba una cierta animadversión contra la región de la costa", dijo el exmagistrado.Durante el inicio del juicio, aseguró que conoció al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en eventos sociales.Sobre Leonidas Bustos, aseguró que este nunca le pidió alguna información sobre los procesos que llevaba. "Las relaciones que había eran cordiales, eran relaciones laborales", dijo.
BLU Radio conoció en exclusiva la solicitud que hizo ante los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, la defensa de Gustavo Malo para que sea trasladado de manera urgente a una guarnición militar. Malo, desde el 15 de mayo, fecha en la que la Corte Suprema ordenó su captura, permanece en un calabozo del búnker de la Fiscalía. La tesis de la Corte en su momento fue que el suspendido magistrado podría ser un riesgo para el avance del proceso por posible obstrucción, en el marco de las investigaciones por el denominado cartel de la toga. Vea también: En video: así fue la captura de Gustavo Malo, procesado por el 'cartel de la toga' Señala el documento que el 16 de mayo, el magistrado ponente, Ramiro Marín, solicitó al brigadier general William Ruiz, director del INPEC, que Malo fuera recluido a una guarnición militar teniendo en cuenta su rol de exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que desempeñó durante 5 años. Advierte la defensa de Malo, en cabeza de su abogado Antonio Luis González, que el 24 de mayo pidió al general Nicacio Martínez con el fin de que se atendiera de manera prioritaria la petición. La tesis de la defensa era que “no es posible que se pueda detener en una cárcel como La Picota o Modelo, en Bogotá”.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del magistrado Gustavo Malo. De acuerdo con la sala plena del tribunal el funcionario judicial podría seguir obstruyendo a la justicia en el caso por el cartel de la togaMalo llegó a las 8:30 de la mañana acompañado de su abogado Antonio Luis González, que hizo las veces de fiscal en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. El encargado de leer el fallo, fue el magistrado Ramiro Marín.Vea también: Piden acusar a Leonidas Bustos por ser el presunto jefe de 'Cartel de la toga' La Corte dice que es grave que además de los ya conocidos delitos de Gustavo Malo, se habría podido incurrir en obstrucción de procesos para favorecer a quienes estuvieran en la capacidad de pagar. Más allà de la gravedad de las conductas, se da como altamente probable su vinculación con organizaciones criminales. Malo fue acusado de varios cargos: los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva, por presuntamente haber hecho parte la red, conocida como Cartel de la Toga, que cobraba grandes sumas de dinero o coimas para “amañar” u obstruir proceso judiciales.Conozca más: Exfiscal Gustavo Moreno alerta por posible impunidad en caso del ‘cartel de la toga’ La tesis de la Sala es que sí había mérito para privarlo de su libertad, considerando el cargo que ocupaba en el Alto Tribunal.
El proceso contra el suspendido magistrado Gustavo Malo tuvo punto final en el Congreso de la República. La Plenaria del Senado aceptó, con 40 votos, la acusación contra el jurista, investigado por el escándalo de corrupción del Cartel de la Toga, como presunto autor de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Durante la sesión, que se extendió por más de siete horas, fueron tramitados 50 impedimentos, de los cuales la Plenaria aprobó 40. Dentro de los impedimentos avalados están los de familiares de algunos excongresistas que habrían pagado coimas para favorecer sus procesos en la Corte: John Moises Besaile, hermano del exsenador Musa Besaile; y Laura Fortich, sobrina del también exsenador Álvaro Ashton. Luego de la votación de ese rosario de impedimentos llegaron varios recursos de la defensa de Malo que fueron interpretados por varios senadores como una supuesta maniobra dilatoria. Ver también: ¿Fiscal dio órdenes sobre audios de Lyons y Moreno en caso cartel de la toga? Además de una solicitud de nulidad y una petición para que fueran practicadas nuevas pruebas, Malo recusó a todos los senadores, buscando que no pudieran hacer parte de la decisión. En un principio, la Mesa Directiva resolvió enviar el requerimiento a la Comisión de Ética, pero la mayoría del Senado consideró que no se podía aceptar. “La Comisión de Ética del Senado de la República está conformada por senadores, que todos también fueron recusados, de manera que no habría quién la resuelva. Me parece inadmisible”, cuestionó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. El senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez dijo que “es la Plenaria la que se debe pronunciar al respecto” y la única decisión que se debía tomar sería aceptar o rechazar la acusación, por lo cual no habría lugar a ningún recurso de la defensa en esa instancia. “La acusación que plantea el abogado defensor creo que no es procedente (...) Se trata de una maniobra jurídica para tratar de trabar el que es un proceso emblemático en lo que ha sido el mayor escándalo de la justicia en el país con el denominado Cartel de la Toga”, afirmó el congresista. Ver también: Exmagistrado Ricaurte seguirá preso por presuntos vínculos con cartel de la toga Conforme al proceso de investigación adelantado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Malo habría recibido dinero para beneficiar procesos de aforados. La supuesta red criminal, en la que habrían participado otros altos funcionarios del Estado, entre ellos los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, es señalada de recibir coimas para intervenir ilegalmente en la consecución de diferentes beneficios procesales, “los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”. En esa organización también participaron varios abogados, incluido el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Tras la decisión del Senado de levantar el fuero constitucional de Malo, el proceso será enviado a la Corte Suprema de Justicia para el inicio del juicio penal. Este es el segundo proceso contra un alto dignatario del Estado en llegar hasta este punto. En agosto de 2016 la Plenaria realizó también el antejuicio político al entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por el caso Fidupetrol.
La Comisión de Instrucción del Senado de la República aprobó el informe enviado meses atrás por la Cámara de Representantes, en el cual se formulan cargos y se pide despojar del fuero al suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, salpicado en el escándalo de corrupción del Cartel de la Toga. "Luego de un análisis juicioso del informe que ha presentado el senador instructor, Roosevelt Rodríguez, la Comisión de Instrucción ha decidido aceptar todos los cargos en contra del magistrado Malo. Esperamos que la Plenaria acompañe esa decisión y la investigación contra el magistrado prosiga en la Corte Suprema de Justicia", explicó la senadora Paloma Valencia, presidenta de esa célula legislativa.Vea también: Lista la comisión del Senado que definirá suerte de Gustavo Malo y Henry Villarraga Malo fue acusado por la Comisión de Acusación de la Cámara por concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a reserva, ante "serios indicios que permiten concluir de la participación del doctor Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer aforados en procesos de única instancia que se tramitan o tramitaron en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia". Durante la investigación adelantada en la Cámara se obtuvieron cerca de 100 pruebas documentales y testimoniales que darían cuenta de la participación de Malo en el cartel del que también -según declaraciones del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno- harían parte los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.
Por primera vez la Plenaria del Senado de la República escuchó a los representantes investigadores en el proceso contra Gustavo Malo, el primer paso para el inicio del juicio en contra del suspendido magistrado.Vea también:Magistrado Gustavo Malo recusó al presidente de la Sala Penal Esta diligencia hace parte del caso conocido como el ‘cartel de la toga’, un entramado de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, del cual habría hecho parte el suspendido magistrado.Sobre el tema, los representantes Edward Rodríguez y Fabio Arroyave explicaron sus actuaciones y expusieron detalles de la investigación adelantada en la Cámara.“Encontramos que en la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, había una empresa criminal, una organización que en dos procesos actuó y cometió estos cuatro delitos (concierto para delinquir, prevaricato por acción u omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a reserva)”, señaló Rodríguez.Por su parte, Arroyave indicó que “está claramente probado que existió el hecho delictual, que el delito se consumó, que hubo unos actores que se concertaron” al tiempo que señaló que “en manos de él (Gustavo Malo) estaban los procesos por los cuales, se dice, se pagaron los recursos para prevaricar y entorpecer”.El paso a seguir será la designación de una comisión de instrucción de instrucción que se encargará de conocer el proceso y analizar si habrá juzgamiento o no.
La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU, que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023.El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos, con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".En total 1,3 millones de personas o el 3 % de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo en las zonas rurales "debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos".Mientras que el 62 % de la población migrante o refugiada, 2,9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia, país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá.En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26,5 %, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022, cuando fue del 27,3 %, aunque el número de personas aumentó hasta los 19,7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.Haití, el más afectado y la situación mejora en CentroaméricaHaití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4,9 millones de personas, el 49 % de la población total, y experimentó un aumento de 166.000 personas con respecto a 2022.Los motivos que la GNAFC esgrime para que continúe esta situación en el país caribeño son "la persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas".Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una "disminución moderada" en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.Los efectos de la crisis migratoriaEl informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno, y señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.En este sentido, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una "importante crisis de desplazamiento" y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar "por la fuerza" en la región.En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones, con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador, y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.
Oficiales de los Estados Unidos lograron en la ciudad de Miami la captura del estadounidense Stefan Andrés Correa, de 42 años, un hombre que habría ingresado a Colombia desde 2022 por lo menos 45 oportunidades para cometer delitos sexuales.Así lo dio a conocer en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que en poder de Correa fueron halladas conversaciones, en las que este hombre "había negociado a cuatro niños entre los 11 y 12 años”.En esos chats, Correa le hacía propuestas a una mujer, al parecer, proxeneta, le insistía en sus gustos: niñas a las que les daba desde los 300.000 pesos hasta celulares de alta gama.En los chats, que ya circulan en redes sociales, Correa le dice a la supuesta proxeneta: "¿Está lista para todo?", a lo que la mujer le indica: "¿Qué quieres decir?". A esto el hombre le responde: "¿Me va a dejar llegar hasta el final o va a llorar y me va a pedir que pare?".Luego de que la mujer le respondiera afirmativamente, Correa le indica: "Necesitas estar en el baño, por favor, para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar de dolor. Así sabrá que no hay vuelta atrás... Si ella se porta bien y me cuida bien, podrás seguir trayéndola y cada una recibirá 300.000 pesos".Ante el presunto acuerdo entre Correa y la que sería la proxeneta, el hombre le pide que, "necesito que ella entienda, si llora, voy a seguir adelante. Por favor, no interrumpas, pase lo que pase, ¿vale? Si todo va bien puede ser un IPhone XS".Con este material en Estados Unidos se le imputa al procesado los delitos de intento de tráfico sexual de un menor e intento de viajar para participar en una conducta sexual ilícita. En varias ocasiones el alcalde Gutiérrez ha insistido en los esfuerzos por trabajar por un turismo que agregue valor.Según Gutiérrez, en caso de ser declarado culpable, Correa podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión, con la posibilidad de recibir una sentencia máxima de cadena perpetua.
Los cobros de la empresa Air-e a los usuarios morosos terminaron en disturbios en Fundación, Magdalena, donde cientos de habitantes de al menos cuatro barrios salieron a prenderles fuego a los carros de la empresa que estaban estacionados en un parqueadero privado.La molestia de los ciudadanos se dio a partir de la suspensión del servicio que se registró desde la madrugada del lunes, la cual fue justificada por la compañía a partir de una deuda colectiva por más de $4.300 millones, la cual no ha podido ser subsanada a pesar de los acercamientos de la empresa a la comunidad para hacer un plan de pagos. La alteración al orden público empezó a registrarse desde la mañana del martes, con bloqueos viales que no logaron ser dispersados por los funcionarios de la Alcaldía municipal, lo que terminó en la toma de las instalaciones del parqueadero, donde un vehículo terminó en cenizas. Según explicó la empresa, estos disturbios podrían afectar el suministro de energía a 50.000 usuarios. "El gerente de Air-e en Magdalena, Diego Rincones, hizo un llamado a las autoridades competentes y a los usuarios involucrados a priorizar el diálogo y a encontrar soluciones que permitan restablecer el servicio de manera continua y sostenible", indicó la compañía a través de un comunicado de prensa. A su vez, expuso Air-e que, en el municipio, hay una deuda acumulada por más de $31.000 millones, lo que involucra a 3.500 clientes que viven en sectores no normalizados, los cuales no presentan un contador instalado por casa, sino un totalizador por cada sector, lo que dificulta la gestión del cobro. "En este sentido, la compañía lamentó que todos los intentos han sido infructuosos, debido a la falta de voluntad y colaboración por parte de las autoridades locales y de los usuarios", expresó la empresa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llegó el miércoles a China en su segunda visita en un año con la misión de presionar a Pekín por su apoyo a Rusia, pero sin dañar el proceso de estabilización en las relaciones bilaterales entre ambas potencias.El avión del secretario de Estado aterrizó el miércoles en Shanghái.En la capital financiera de China, Blinken cuenta con una agenda más ligera, con encuentros con estudiantes y empresarios, antes de desplazarse a la capital para reunirse el viernes con el alto mando del país.Se prevé que el secretario de Estado reclame moderación hacia Taiwán, que se prepara para investir en mayo a un nuevo presidente, y plantee las preocupaciones de Washington por las prácticas comerciales chinas, un tema clave para el presidente Joe Biden en un año electoral.Pero Blinken también espera estabilizar las relaciones entre ambos países, claramente a la baja desde su visita previa en junio y la reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en noviembre.En la cumbre de California en noviembre, Xi accedió a varios pedidos estadounidenses, incluyendo la reanudación de los contactos militares y el control de los precursores químicos del fentanilo, el potente analgésico responsable de una epidemia de adicciones en Estados Unidos.Un alto cargo estadounidense comentó que Estados Unidos y China "están en un momento diferente que hace un año, cuando la relación bilateral estaba en un punto históricamente bajo"."También creemos, y lo hemos demostrado claramente, que el manejo responsable de la competencia no implica que vamos a desistir de medidas para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", aseguró.Washington también ha cuestionado las últimas semanas que Pekín ha suministrado material y tecnología industrial a Moscú, pese a que no le ha brindado ayuda militar.Antes de viajar a China, Blinken insistió también en las denuncias de que Pekín realiza un "genocidio" contra la minoría uigur, predominantemente musulmana, en el oeste del país.
Para las autoridades de Bucaramanga el homicidio del comerciante Juan Carlos Casanova fue por temas personales y no tendría relación como una posible extorsión.El homicidio de Casanova Ochoa del sector de autopartes generó conmoción en el barrio Girardot de Bucaramanga donde era muy reconocido.En un video de cámara de seguridad quedó grabado el momento cuando un hombre se bajó de una motocicleta y le disparo en seis oportunidades. El comerciante estaba arreglando el rin de un vehículo frente a su negocio de repuestos.Inicialmente se habló en el sector de que el homicidio estaría relacionado con el no pagó de una millonaria extorsión, pero esta versión fue desvirtuada horas después por el propio alcalde de Bucaramanga, Jaime Andres Beltrán.“Según las primeras versiones de la Policía, se descarta una posible extorsión, la víctima no tenía amenazas de este tipo. La Policía investiga la hipótesis sobre posibles temas personales, que podrían ser la causa del hecho”, dijo el mandatario.El mandatario local afirmó que las investigaciones avanzan para esclarecer este grave hecho de violencia en la ciudad.Igualmente, lamentó que el homicidio del comerciante fuera por temas personales y que podría tener alguna solución.“Para mí es preocupante que una deuda no saldada termine en un homicidio. Ya se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y de la Policía para ubicar el escondite de los responsables del homicidio”, manifestó el mandatario local.El informe oficial de la Policía Nacional señala que la víctima del atentado sicarial recibió seis heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Fue llevado hasta la Clínica Chicamocha donde lamentablemente falleció.