El Gobierno nacional y Distrital se reunieron para instaurar el Puesto de Mando Unificado (PMU) conjunto, para coordinar las medidas institucionales para la atención a la población Emberá asentada en Bogotá. En esta reunión, que contó con la asistencia de la jefe de gabinete de Bogotá, María Lucía Villalba, el secretario de Salud, Gerson Bermont, y el secretario de Integración Social, así como entidades del orden nacional como el Ministerio del Interior, el ICBF y la Procuraduría General de la Nación, se acordó organizar una mesa de coordinación para la atención Emberá de forma semanal, en la que se deberá presentar un cronograma de actividades y el presupuesto asignado por cada entidad para atender la situación. La directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, aceptó que se han hecho esfuerzos institucionales importantes, pero que "si no se hace una intervención integrada esta situación se repetirá así como se ha repetido a lo largo de los años". “La ausencia del Estado en esos territorios ha hecho que esta población se desplace hasta las ciudades capitales, porque encuentran una oportunidad de llegada en medio de un conflicto”, agregó Tobón. Por su parte, la viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, Lilia Solano, señaló que este es “un reto difícil, pero no imposible” y que “es una buena noticia para fortalecer el trabajo por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas”. Otro de los acuerdos hechos en el PMU fue que, una vez estén consolidadas, las rutas y planes de trabajo entre nación y distrito se presentarán a las comunidades Emberá asentadas en la capital. Cabe resaltar que, para el próximo 5 de abril se realizará una reunión de revisión y avance de los compromisos interinstitucionales para contribuir a superar la situación de la población que continúa en el parque nacional, en pleno centro de la ciudad.
Cerca de 100 indígenas se tomaron el cerro Pan de Azúcar de Medellín, donde solicitan asentarse en ese sitio y que sean reconocidos por las autoridades.Se trataría de una comunidad que desde hace varios años se desplazó a la ciudad de Medellín y que no retornó a sus territorios en los procesos que se adelantaron el año pasado por parte de la Alcaldía y la Personería Municipal.Según información preliminar, en total son aproximadamente 90 adultos, 30 niños y 3 adultos mayores, quienes quieren asentarse en esa zona y ser reconocidos como comunidad.Estas personas se encontraban viviendo en inquilinatos del sector El Faro y en Niquitao, por lo que las autoridades están reunidas con la institucionalidad para hacer un acercamiento al lugar, caracterizar, y llegar a una concertación para así evitar vías de hecho.
Un grupo de indígenas embera regresó a Bogotá con el argumento de que no tienen garantías por parte del Gobierno para permanecer en sus regiones.Ese es la principal razón de este grupo de al menos 500 de los indígenas embera que salieron de las distintas Unidades de Protección Integral en Bogotá (UPI) hacia sus sitios de origen y que nuevamente llegaron a la capital del país en los días recientes a ocupar nuevamente las UPI del parque La Florida, La Rioja en el centro de la ciudad y el parque Nacional, que ya habían desocupado y que nuevamente volvió a ser invadido por decenas de personas de estas comunidades.¿Por qué se regresaron a Bogotá?De acuerdo con información entregada por el Distrito, lo que dicen los indígenas es que el Gobierno los dejó prácticamente a la deriva en sus territorios y no les está dando las garantías necesarias en materia de seguridad, educación ni de cultivos para permanecer allá, por eso, a pesar de que costó 800 millones de pesos retornarlos, dinero que salió de la Unidad de Víctimas, en resumidas cuentas, esa plata se perdió.Líderes de las comunidades indígenas intentaron entrar a la fuerza a las instalaciones de la Alcaldía, donde finalmente tuvieron una reunión con las autoridades distritales e incluso hizo presencia la Defensoría.Por el momento, no hay solución cercana para el retorno de estas comunidades, pese a que el alcalde Carlos Fernando Galán ha tenido varias reuniones con el Gobierno Petro, sobre todo con la directora del DPS, Laura Sarabia, para darle garantías de retorno a las comunidades.
Este jueves, 11 de enero, se conoció que un niño de la comunidad embera murió en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá. Según confirmaron las autoridades distritales, este menor de edad registraba graves condiciones de salud y eso fue lo que lo llevó a la muerte.Desde la localidad de Ciudad Bolívar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de esta situación de los indígenas en Bogotá, quienes no solamente hacen presencia en la UPI La Rioja, sino que también en otros espacios de la ciudad como el Parque Nacional y el Parque La Florida.“Personas que llegan adicionales, eventualmente que en algunos casos se están desplazando, por ejemplo, del Parque La Florida o del Parque Nacional a otros puntos de la ciudad, tengan una atención que permita garantizar sus derechos y los derechos particularmente de los niños”, indicó el alcalde de Bogotá.En la unidad de protección integral de La Rioja se encuentran indígenas de las comunidades de Risaralda y El Chocó.Puede ver:
La Unidad para las Víctimas, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, ejecutó exitosamente el plan de retorno. En esta operación, 13 autobuses trasladaron a la población indígena que se hallaba en los albergues de La Rioja y la Florida en Bogotá. Gracias al plan elaborado por estas entidades, los afectados llegaron a Gitó Dokabú, en el Pueblo Rico, Risaralda, facilitando así su regreso a sus resguardos.Para este recorrido a sus resguardos 167 familias conformadas por 382 indígenas regresaron con kits de alimentación y hábitat para que puedan comenzar su viaje final hacia sus diferentes territorios de origen dentro del Risaralda y Chocó.“Estamos haciendo todo el proceso de entrega de las diferentes garantías que se acordaron con las autoridades y comunidades retornadas desde la ciudad de Bogotá que pertenecen a la Rioja y la Florida, estamos haciendo una entrega de los kit de habitabilidad y donde estamos haciendo todo el ejercicio de diálogo con la comunidad para que puedan trasladarse a sus comunidades” agrega Juan Manuel López, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad de Víctimas.Esas personas habían llegado desplazadas a la Capital del País denunciando hechos de violencia por parte de grupos ilegales, La Unidad de Víctimas espera que este mismo ejercicio se realice con las comunidades indígenas Embera que se encuentran en el Parque Nacional de Bogotá.Le puede interesar:
El reciente asesinato de un miembro de la comunidad indígena La Montaña en el municipio de El Carmen de Atrato en el departamento de Chocó, motivó el desplazamiento de por lo menos 30 de sus integrantes que en horas de la madrugada llegaron hasta la ciudad de Medellín.Así lo confirmó a Blu Radio el personero distrital, William Yeffer Vivas, quien explicó que estos miembros del pueblo Embera Katío, entre los que hay por lo menos 18 menores de edad, están recibiendo toda la atención posible desde la entidad del Ministerio Público en las instalaciones de la Unidad Permanente de Derechos Humanos al norte de la ciudad. Sin embargo, Vivas advirtió que recibieron el mensaje por parte de estas primeras personas que otras de su comunidad vienen en camino por la misma situación hacia la capital antioqueña. Una logística amplia para activar las respectivas rutas de atención hacen que la ciudad sea el lugar ideal para que estas poblaciones, según el funcionario, encuentren refugio."El miedo y la zozobra que generó el hecho al interior de los integrantes de esta comunidad ha conllevado a que se desplacen hasta Medellín y según nos dicen ellos se espera que un número importante de los integrantes lleguen a la ciudad de Medellín en las próximos horas", señaló.A pesar de estar en cierre de vigencia y de administración, el personero lanzó una solicitud al gobierno de la ciudad para que destine los recursos necesarios que permitan una estadía digna de estas personas mientras se dan las garantías para un retorno seguro."Hacemos un llamado a la administración distrital para que disponga de los recursos económicos necesarios para que se pueda atender de la manera adecuada a esta población y por tanto se logre restablecer las condiciones para que estos puedan retornar a sus lugares de origen", resaltó Vivas.En las últimas horas ha avanzado una reunión de la que participan tanto entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, la Unidad de Víctimas, así como líderes de la población afectada y la Alcaldía de Medellín para gestionar la mayor cantidad de recursos posibles que permita una llegada y atención digan de quienes estarían por llegar al territorio.Le puede interesar:
La Unidad para las Víctimas realizó una jornada de indemnización judicial a 650 víctimas del conflicto que fueron reconocidas en la sentencia de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’, y otras 28 personas. El valor aproximado es de $11.300 millones."En total, se entregarán 474 cartas a víctimas de Bojayá, Chocó, y 207 cartas a víctimas de Vigía del Fuerte, Antioquia, quienes están reconocidas dentro de esta sentencia, como parte de la compensación económica que realiza el Estado colombiano por los hechos vividos durante el conflicto armado", indica la Unidad de Víctimas.La entidad también explica que sobre la población civil en esas zonas del país se cometieron hechos victimizantes con el fin de ejercer control social, territorial y de recursos. Entre las personas afectadas hay casos de reclutamiento, violencia basada en género, desaparición forzada, homicidio y desplazamiento forzado."En la iglesia de Bojayá antigua se realizará un acto simbólico en donde los cantos de los alabaos, las danzas tradicionales de las culturas afro y embera, y el mural de las mariposas como acto reintegrador, armonizarán esta entrega de indemnizaciones judiciales que contribuirán a fortalecer los proyectos de vida de cada uno de los sobrevivientes del conflicto armado", señala la Unidad de Víctimas.Le puede interesar:
Un panorama desalentador dejaron las lluvias de este 1 de noviembre que afectaron a la comunidad embera katío, que se asentó desde hace un mes en el Parque Nacional en Bogotá por las malas condiciones de vida en la UPI la Florida.Cambuches destruidos, niños expuestos al frío, mojados y personas que perdieron sus pertenencias fueron las afectaciones que Blu Radio evidenció en la localidad de Santa Fe.Tras una reunión con la Unidad de Víctimas, se logró un acuerdo con la comunidad para adelantar un proceso de caracterización que permita definir quiénes se quieren quedar en la capital y quienes desean regresar a las regiones. Este proceso representa un avance para tener claridad de las condiciones de salud de la comunidad, en especial de los infantes.Sin embargo, esta entidad continúa la búsqueda de un sitio adecuado que cumpla las condiciones para recibir a más de 150 personas.El director territorial de la Unidad de Víctimas, Guido Bonilla, se refirió a las declaraciones que dio el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, de la disponibilidad de diez predios que podrían ser ocupados por la comunidad.Bonilla señaló que dichos predios no cumplen con los estándares que se necesita para atender a la población, no obstante, están pendientes de revisar en los próximos días un predio entre Soacha y Bosa.“Estamos claros que para la Florida no regresan, tenemos previsto de pronto este fin de semana o antes visitar un predio entre Bosa y Soacha que ya lo miraron unas personas y a nosotros nos interesa revisarlo y si coincidimos en que ese puede ser importante”, dijo el director Guido Bonilla.Lot Villazón, líder indígena, mostró su preocupación por la niñez que está en riesgo ante esta situación: "Niños de brazos con mucho frío, hoy me preocupa que tengan un problema de neumonía porque se les mojó todo”.Lo cierto es que mientras se logran adelantar las diligencias para determinar si el terreno es apto, mujeres y niños continúan en la intemperie ante el inclemente pronóstico climático en la capital por estos días.Le puede interesar
En Chocó hay indignación por la muerte de dos jaguares a manos de una comunidad indígena. La Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) investiga este caso de retaliación contra la fauna silvestre en el corregimiento El Tabor municipio de Tadó, en cercanías a una comunidad indígena.Al parecer, la familia de felinos silvestres habían atemorizado a los pobladores y comido algunos de sus animales como gallinas y ganado, por lo que la comunidad indígena embera katío comenzó una cacería que ha indignado en redes sociales, pues incluso se publica una imagen como si la muerte de los jaguares fueran un trofeo.Daivan Valoyes, ecólogo de Codechocó, sostuvo que se visitó la zona para recolectar información y entregar a las autoridades correspondientes ante este caso de violencia contra la fauna por retaliaciones."Se reunieron con ellos y hablaron respecto al tema. Y pues ya la idea es levantar la información necesaria para realizar todo lo pertinente con respecto a lo que establece la legislación colombiana frente a estos casos", explicó el funcionario.Codechocó reconoce que ha habido varias quejas de las comunidades por conflictos con la presencia de felinos, pero la autoridad ambiental recordó que estos animales deben ser protegidos y entender que debe haber una coexistencia en esas zonas, además, se debe avisar a los organismos para su atención. Sin embargo, advirtió que hechos violentos contra los animales podrían acarrear duras sanciones y hasta cárcel. Le puede interesar:
El cadáver de un adulto mayor embera que falleció en la madrugada de este jueves, 13 de julio, lleva más de 18 horas en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida, denuncian miembros de la comunidad indígena.Sobre las 11:00 de la noche del mismo jueves, asegura uno de los voceros, Medicina Legal no ha hecho el levantamiento del cuerpo, por lo que genera alarma dentro de la misma comunidad, pues también hay menores de edad y otros adultos de la tercera edad.“El señor tuvo como fiebre, voz y vomito y no lo quisieron llevar a un hospital. Lo dejaron en la casa y a las 4:00 de la mañana falleció. En el momento no hay nadie, solo nosotros emberas”, explicó Miguel Ángel Sintúa, líder embera.De acuerdo con los testimonios, en el entorno cercano al cuerpo hay cerca de 60 personas, de las cuales son por lo menos 20 niños los que se encuentran expuestos a los efectos del cadáver que se encuentra en descomposición.Cabe recordar que esta UPI de La Florida cuenta con una capacidad de recibir a 2.292 personas y presta atención permanente en salud con equipos médicos las 24 horas.
En la renovada playa de Barranquilla, Puerto Mocho, más de 150 voluntarios se se unieron para realizar una ardua tarea de recolección de residuos sólidos. Al final de esta jornada de limpieza, fueron recogidos 2 toneladas de basura.El Contralmirante John Henry Ruiz, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, informó que los residuos recolectados durante esta jornada serán reutilizados como materia prima en la fabricación de “Poliureciens”, la pintura ecológica anticorrosiva que produce dicha escuela como iniciativa de sus semilleros de investigación."Estas jornadas son importantes, porque como muy bien lo sabemos, el plástico afecta la biodiversidad de las playas, la comunidad y la fauna, siendo así es de suma relevancia recoger las basuras para mantener un espacio bueno y agrable, en donde se pueda desarrollar un futuro mejor para todos los habitantes y visitantes de este lugar", resaltó el Contralmirante.Para la realización de esta jornada de limpieza se unieron la Armada Nacional de Colombia, la Alcaldía de Barranquilla, la Triple A y la Asociación de Recicladores AsoRevivir Caribe, quienes aprovecharon la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje para llevar a cabo esta actividad con la que se buscó, más allá de embellecer este espacio, mitigar el impacto ambiental ocasionado por la contaminación que produce la mala disposición de residuos en la región.Las organizaciones involucradas, enviaron un mensaje de conientización para los habitantes y visitantes de este espacio, para que al momento de arrojar basuras o desechos sólidos puedan prevenir la contaminación y hagan una mejor disposición de estos residuos, por lo que este renovado espacio contará de contenedores de basuras y ecológicos para promover el reciclaje en este renovado espacio.Al término de la jornada, el Distrito informó que estas jornadas ambientales se seguirán realizando de manera frecuente para posicionar la playa de Puerto Mocho como uno de los nuevos atractivos turísticos de Barranquilla.
En la primera de sus visitas a la central durante el presente cuatrienio, mandatarios locales coincidieron, en su mayoría, en resaltar los beneficios que el proyecto de generación ha llevado a sus diferentes territorios. Uno de esos mandatarios que elogió la gestión de EPM en Hidroituango fue Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá"Esta es una hidroeléctrica que hoy genera seguridad para todos los habitantes del territorio y también trae unas bondades en materia de trabajo social, donde hacen acompañamiento no solamente agua hasta arriba, sino agua hasta abajo", indicó el mandatario.Por su parte, el gerente general de EPM, John Maya, entregó un balance de lo que fue la visita de estos mandatarios al proyecto que ya presenta, según Empresas Públicas de Medellín, un avance del 93 % en su construcción."Se fueron con la información de los beneficios que ha presentado este proyecto para sus localidades, para sus municipios, derivadas en infraestructura, en escuelas, en centros de salud, los impuestos que se generan a través de las regalías que son para el beneficio del municipio", explicó el gerente.Los alcaldes de Ituango, Yarumal, Briceño, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Olaya, Peque, Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Caucasia también hicieron parte del recorrido, pasando por la presa, el vertedero, la casa de máquinas y el centro de monitoreo técnico (CMT).
Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Intersectorial para que se dé Respuestas Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) ya emitidas para el departamento del Cauca, tras la muerte de dos personas entre ellas un menor de edad en el más reciente atentado con explosivos ocurrido en Miranda, Cauca. Municipios como Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, Suárez, y aquellos ubicados en el norte del cauca también merecen una intervención por parte del Gobierno nacional por la fuerte presencia de actores criminales en esa zona del departamento.“Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya le hicimos la solicitud y se la reiteramos, debe convocar con prontitud una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, dados los reiterados hechos de violencia en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. Es fundamental que las instituciones se reúnan para que implementen acciones urgentes”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.Así mismo, se hizo un llamado contundente a los grupos armados que operan en la zona, para que no cometan este tipo de actos donde se vean involucrada la población civil, el cuerpo del menor de edad muerto por la explosión de un artefacto fue trasladado hasta el municipio de Palmira, Valle de donde es oriunda su familia.“Quiero reiterar mi llamado a los actores ilegales a abstenerse de involucrar a la población civil en sus acciones violentas. Además, toda la institucionalidad del Estado debe comprometerse con acciones concretas para que la niñez y la infancia queden por fuera del conflicto armado, y en tal sentido se pueda garantizar su protección constitucional reforzada”, señaló Camargo. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ya había emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca, una de ellas para Miranda, donde fueron advertidos enfrentamientos que afectan directamente a la población civil, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a las comunidades.
En coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, Migración Colombia logró identificar a un hombre de nacionalidad estadounidense que pretendía arribar a Medellín, pero que al llegar al aeropuerto José María Córdova los sistemas arrojaron que el hombre sería un posible agresor sexual.Este aviso se dio por la alerta Angel Watch, un sistema norteamericano que tiene como objetivo mostrar los movimientos que hacen las personas involucradas en delitos sexuales. Por ello y luego de la revisión documental por parte de las autoridades colombianas, el estadounidense se le informó que no podía entrar a Colombia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a través de su cuenta de X, en donde reiteró que a la ciudad son bienvenidos los turistas responsables pero, "no quienes vienen a explotar sexualmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres".Recordemos que esta misma semana se dio la expulsión del país del australiano Charlie Hardy en Santa Marta. El hombre era señalado por la presunta violación de normas relacionadas con la explotación sexual en Medellín.Según el reporte entregado por Migración Colombia, el sistema Angel Watch ha permitido que desde el 2023 se hayan identificado a 19 extranjeros con perfil delictivo de agresor sexual o pedófilo.En Medellín las autoridades han capturado este año 92 extranjeros por diferentes delitos, entre ellos, los relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.Las cifras fueron presentadas como parte de los resultados operativos de la intervención en el Parque Lleras, tras cuatro meses en los que según la Policía Metropolitana, ha habido también actividades de prevención y disuasión a la ciudadanía para que denuncie este tipo de conductas contra los menores de edad.