Tristeza y rechazo ha generado en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, la muerte violenta de un niño de tan solo 11 años que las autoridades ahora se encuentran investigando.Los hechos ocurrieron en plena vía pública del barrio Offel cuando el menor de edad identificado como Thiago Andrés Angulo Pareja, regresaba a su casa tras hacer un mandado.En hechos que ahora son materia de análisis por parte de las autoridades, la víctima sufrió una brutal agresión por parte de un hombre que según información de la administración local estaría bajo efectos de sustancias psicoactivas.El señalado victimario fue capturado por la policía gracias también a una rápida reacción de la comunidad que impidió su fuga, mientras que luego de los respectivos protocolos judiciales en Quibdó, el cuerpo del menor llegó en la noche de este miércoles a Istmina para ser despedido en las próximas horas por familiares y amigos.Tras lo ocurrido, la Alcaldía local convocó a un consejo extraordinario de seguridad donde se coordinaron acciones institucionales para garantizar un adecuado acompañamiento al caso.De igual manera, a través de un comunicado desde la administración aclararon que el capturado “no es habitante del municipio de Istmina, no se encuentra registrado como persona en condición de calle y, a la fecha, no existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental o que haya sido atendido dentro de nuestro sistema de atención en salud mental”.
El conflicto armado en el Chocó ha alcanzado niveles alarmantes. En medio de este caos, el obispo de Istmina, monseñor Mario de Jesús Álvarez, en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, describió con crudeza la situación que enfrenta la región, afectada por la violencia entre el ELN y el Clan del Golfo, así como por la ineficiencia del Estado.Monseñor Álvarez comenzó describiendo el entorno desolador en el que vive la población chocoana. "Esta situación de la muerte de la bebé y de otras muertes que ha habido allí se dan precisamente en estos momentos, pero es el resultado de todo un proceso de descuido y de unas realidades de deficiencia en la salud que existe en este territorio", expresó con notable preocupación.La crisis humanitaria que azota al Chocó no es nueva. Según el obispo, la violencia en la región se ha recrudecido desde que se rompió un acuerdo mutuo entre las guerrillas en julio de 2021. "Ahora están en conflicto sobre todo estos dos grupos por el dominio del territorio", indicó Álvarez, refiriéndose al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).Chocó, un territorio sin leyAnte la pregunta de quién manda realmente en la zona, monseñor Álvarez no dudó en afirmar que el control está en manos de los grupos armados ilegales. Aunque la fuerza pública está presente, el obispo sugirió que su papel es insuficiente y limitado por complejas dinámicas políticas. "Uno quisiera que fueran mucho más incisivos, al fin y al cabo están llamados por la constitución a sostener el orden y a preservar la vida", reflexionó. Sin embargo, reconoció que cualquier intervención militar más agresiva podría desencadenar una mayor violencia y un número aún más elevado de víctimas."Preñados de promesas, solo tenemos angustias"Monseñor Álvarez utilizó una metáfora para describir la situación en el Chocó: "Estamos todos preñados de promesas, pero solamente damos a luz angustia, soledad, desazón". Con estas palabras, el obispo hizo una dura crítica a la inacción de los gobiernos locales y nacionales, así como a los grupos armados que operan en la región."Promesas y promesas de un lado y del otro, y nada. Entonces todo se nos va a ir en promesas", lamentó. La frustración del obispo es palpable, pues siente que las promesas incumplidas han perpetuado la crisis, dejando a la comunidad en un estado constante de incertidumbre y sufrimiento.Ante esta realidad, monseñor Álvarez hizo un llamado urgente a las Fuerzas Militares para que asuman un rol más proactivo y ofrezcan a la población alguna forma de protección que les permita, al menos, acceder a alimentos y necesidades básicas."Claro que se pudieran hacer muchas cosas, y hacer efectivo lo que se promete", señaló, subrayando la importancia de cumplir con las promesas hechas a la comunidad.El obispo concluyó la entrevista expresando su esperanza de que, algún día, las promesas se conviertan en acciones concretas que generen paz y prosperidad en la región. Sin embargo, la realidad actual es sombría, con una comunidad atrapada entre la violencia de los grupos armados y la indiferencia del Estado."No se engendra la paz, que es lo que queremos", afirmó. La paz, según el obispo, solo llegará cuando las promesas se transformen en acciones que beneficien verdaderamente a la comunidad.
Un juez de conocimiento condenó a 30 años de prisión a Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que fue hallado responsable de abusar sexualmente de siete adolescentes entre los años 2014 y 2022 en Bucaramanga.La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar que el entrenador sometió a las víctimas, quienes tenían entre 15 y 17 años, a múltiples agresiones sexuales mientras hacían parte del club deportivo que dirigía y se encontraban en proceso de formación con la expectativa de alcanzar reconocimiento en competencias nacionales e internacionales.El juez lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado. Además de la pena de prisión, fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.De acuerdo con la investigación, la mayoría de las adolescentes se encontraba en condición de vulnerabilidad y, además de los abusos sexuales, fueron sometidas a maltratos psicológicos y verbales mediante humillaciones, descalificaciones e intimidaciones que les ocasionaron graves afectaciones emocionales.Durante el juicio, la Fiscalía expuso que Vega Blanco aprovechó la relación de autoridad y confianza que tenía como entrenador y cuidador para ejercer un control permanente sobre las víctimas e impedir que denunciaran lo ocurrido.En el caso de una de las adolescentes, el fiscal explicó que el hoy condenado creó un ambiente de coacción dentro de los escenarios deportivo, escolar y hasta en el domicilio de la menor, aprovechando la marcada relación de poder que existía entre ambos.Según el representante del ente acusador, el entrenador utilizó violencia física, psicológica y sexual para someter a la víctima, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía expresar un consentimiento libre.La investigación estableció que Vega Blanco "intimidaba a la adolescente exigiéndole esfuerzos excesivos durante los entrenamientos y, cuando ella no accedía a sus pretensiones, aumentaba deliberadamente las cargas físicas como mecanismo de presión. También la amenazaba diciéndole que estaba sola y que no tenía familia, además de recurrir a comportamientos agresivos tanto en el escenario deportivo como en el ámbito académico para mantenerla bajo su control", relató el Fiscal del caso.Para la Fiscalía, estas conductas evidenciaron que el entrenador se valió de su trayectoria deportiva y de su condición de formador para ejercer poder sobre las menores y someterlas a los abusos durante varios años.Con esta condena, la justicia concluyó que el entrenador utilizó el vínculo de confianza construido con las deportistas para cometer los delitos, aprovechando la dependencia que tenían de él dentro de su proceso de formación deportiva.
La UEFA ha comunicado formalmente a la FIFA que está considerando activamente emprender acciones legales por su plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado para comercializar sus competiciones, y la ha requerido que conserve todos los documentos relativos al mismo.La comunicación dirigida a Infantino, con fecha de 31 de julio, a la que tuvo acceso EFE, traslada a este la idea de la UEFA de denunciar la iniciativa ante las autoridades reguladoras o emprender proyectos de arbitraje ante el proyecto conocido el pasado 28 de julio, aunque la FIFA desistió del mismo por el rechazo generado.El documento requiere a Infantino y a la FIFA a adoptar medidas de forma inmediata para conservar toda la documentación relativa al proyecto almacenada, física o electrónicamente, que esté en posesión del organismo y pide que suspenda la destrucción de la misma, con advertencia de posibles consecuencias por ello.Entre el material que la UEFA exige que se conserve menciona los documentos relativos al plan, su comunicación, el mecanismo de pago a las asociaciones nacionales, el plazo límite de aceptación el próximo 19 de septiembre, así como las comunicaciones con miembros del Consejo de la FIFA al respecto.También alude a la conservación de documentación que puedan tener, entre otros, una decena de empleados de FIFA, como su director de operaciones, Kevin Lamour, quien el pasado 31 de julio denunció que la administración del organismo había sido engañada con la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados, "que es el proyecto de una sola persona" y que "no debe seguir adelante", en su opinión.La UEFA recuerda su rechazo frontal a la idea de la FIFA, por ser incompatible con la buena gobernanza del fútbol, y prevé razonable el inicio de procedimientos ante la oposición también de otras confederaciones, asociaciones miembro de la FIFA y partes interesadas del fútbol.Liderazgo de la UEFA en el no de las confederacionesLa postura en contra de confederaciones como la UEFA, Asia y la CONCACAF fue determinante para que la FIFA desistiera de su iniciativa, tres días después de confirmar oficialmente su proyecto. "Ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", dijo Infantino al anunciar el paso atrás.La UEFA fue la primera confederación que mostró su rechazo total a la idea, desvelada en prensa antes de que el organismo lo hiciera oficial y lo trasladara a sus federaciones miembro. De forma unánima las 55 federaciones europeas anunciaron que no iban a participar en las competiciones de la FIFA si la idea seguía adelante.El proyecto contemplaba vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que pretendía crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.Planeaba una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.La FIFA rechazó que el Mundial estuviera en venta y dijo que la iniciativa solo se implantaría si la mayoría de sus 211 asociaciones lo querían. Afirmó que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa de desarrollo FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones$ por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones$ en el de 2027-2030.En este programa se crearía una nueva opción, FIFA Fast Forward (FFFP), por el que cada federación accedería a 20 millones adicionales de 2027 a 2030. Para el ciclo 2031-2034 la partida del programa FIFA Forward será de 22 millones$ y para 2035-2038 de 24 millones. En total sumaría de 86 millones$ con ambos durante 12 años.Thrive Eternal, una sociedad de cartera de capital permanente, entre cuyos fundadores está un cuñado de la hija Donald Trump, iba a liderar el grupo de inversores propuesto, en un proceso en el que también colaboraría J.P. Morgan.
Las plataformas digitales del Ministerio de Justicia fueron blanco de un ataque cibernético que afecta el funcionamiento de varios de sus servicios. La situación fue confirmada hace pocos minutos por la ministra encargada, Cielo Rusinque, quien informó que la entidad fue atacada con un virus de tipo ransomware, comprometiendo parte de su infraestructura tecnológica.Según explicó la ministra de Justicia, el ataque impactó parte de la infraestructura tecnológica del Ministerio, por lo que desde el primer momento se pusieron en marcha los protocolos de respuesta para evitar que el virus siguiera tomándose otro tipo de información.Entre las primeras medidas que tomó el Ministerio de Justicia, estuvo el aislamiento de los sistemas comprometidos, con el objetivo de reducir los daños y facilitar las labores de recuperación.Ante todo este panorama, el Ministerio de Justicia informó que está trabajando de manera conjunta con un grupo de especialistas del Ministerio TIC para identificar el alcance del ataque, rastrear el virus y recuperar de forma segura los sistemas comprometidos. En este momento las labores están concentradas en contener la afectación, revisar cada uno de los equipos involucrados y restablecer gradualmente los servicios que presentan fallas.Por su parte, la ministra rechazó lo ocurrido y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes a acelerar las investigaciones para establecer cómo se produjo el ataque, quiénes estarían detrás de este hecho y cuál era su propósito.Aunque la página principal del Ministerio permanece disponible, los inconvenientes son evidentes para quienes intentan realizar consultas. La información que aparece directamente en el portal puede visualizarse, pero varios enlaces y apartados que conducen a otros servicios muestran mensajes de error o aparecen como no disponibles, debido a que continúan las labores de recuperación.Las autoridades aclararon que, hasta ahora, no existe confirmación sobre un posible robo o filtración de información. El análisis continúa para establecer si los responsables lograron acceder a datos institucionales o si la afectación se limitó al funcionamiento de los sistemas. El Ministerio insistió en que informará cualquier novedad únicamente a través de sus canales oficiales.Por su parte, el ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella, Iván Cancino, también pidió una pronta actuación de las autoridades para identificar a los responsables y determinar el objetivo de este ataque. Entre tanto, el Ministerio habilitó un canal de atención para que los ciudadanos reporten inconvenientes relacionados con los servicios digitales, mientras avanzan el rastreo del virus, la contención de los daños y el restablecimiento progresivo de la plataforma.
La Procuraduría General de la Nación ha tomado la decisión de suspender provisionalmente por un periodo de tres meses (90 días) al director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía (Fenoge), Brayan Giraldo Ruiz. Esta medida se produce en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento, monitoreo y gestión de sistemas solares fotovoltaicos, un proyecto que representa una de las banderas principales del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de energías renovables. Irregularidades en la contratación y hallazgos forensesDe acuerdo con el organismo de control, existen posibles vulneraciones a los principios de transparencia, legalidad, moralidad administrativa y selección objetiva. Uno de los puntos más críticos señalados es la expedición extemporánea de una adenda que modificaba los requisitos y criterios del proceso de invitación abierta.Un análisis forense realizado a los metadatos del archivo PDF de dicha adenda permitió establecer que el documento fue creado y modificado el 8 de julio, a pesar de que figuraba con fecha del 6 de julio, momento en el cual el plazo legal ya había expirado.Adicionalmente, la Procuraduría cuestiona que se incluyera un "cupo de crédito aprobado" como criterio de evaluación para asignar puntaje. El ente de control considera que este requisito debería ser una condición habilitante de capacidad financiera y no un factor de calificación, ya que esto podría otorgar ventajas indebidas y restringir la libre concurrencia de oferentes, sugiriendo que el proceso podría estar direccionado.Presunto uso de recursos públicos para fines políticosMás allá de los contratos de paneles solares, Brayan Giraldo Ruiz enfrenta señalamientos por el presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar una manifestación política en favor de Andrés Camacho. Estos recursos habrían sido gestionados a través de un convenio entre Fenoge y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde se registraron gastos para marchas ordenadas por directivos del fondo. Cabe resaltar que Andrés Camacho ha sido vinculado al sector de minas y energía y fue precandidato del Pacto Histórico.Escuche aquí la entrevista:
El gremio de anestesiólogos en Antioquia anunció que no seguirán prestando más sus servicios en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas por altas deudas. No obstante,dejaronclaro que fue el mismo centro asistencial quien les comunicó oficialmente la decisión.A través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Sin embargo, fue la misma institución de salud de carácter público la que les informó de manera oficial que no iba a renovar el contrato para prestar los servicios de anestesiología.Le puede interesar: Por cuarta vez en un año, SES Hospital de Caldas suspenderá servicios a afiliados de Nueva EPS"Constituye un grave agravio no solo para nuestro sindicato sino también para la calidad de la atención anestésica en la región”, manifestó Anestesiar en su comunicado.También, pidieron en el pronunciamiento a todos los anestesiólogos del país y a las organizaciones del sector para que expresen su solidaridad gremial absteniéndose de prestar este servicio ya sea de manera directa o a través de terceros con ese hospital del sur del Valle de Aburrá.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirugicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
