El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió este miércoles al 'Plan Democracia' que adelanta el gobierno nacional con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y los candidatos antes, durante y después de la jornada electoral del domingo 19 de junio. En ese sentido, aseguró que desde noviembre se han logrado más de 80 capturas de personas que participaron en bloqueos y afectaciones a la movilidad durante las protestas.Desde hace casi tres semanas hay 321.000 hombres de la fuerza pública desplegados por todo el país y los 12.000 puestos de votación tendrán protección de la Policía y el Ejército Nacional.Además, 20.000 efectivos ya están específicamente en las zonas donde se recibieron denuncias de constreñimiento electoral por parte de los grupos armados ilegales. Asimismo, otros 80.000 hombres están en los puntos donde se presentaron bloqueos como las estaciones de transMilenio y las entradas y salidas de las ciudades."La idea es que los colombianos puedan votar libremente y que se garanticen y respeten los resultados de las elecciones tal y como debe ser en una democracia, en las denuncias sobre las líneas se ha encontrado por inteligencia y por denuncias de la ciudadanía que en redes sociales se han comenzado a evidenciar y hacer movilizaciones de incitaciones a la violencia y al delito… Se están realizando acciones de prevención, lo que queda clara es que todo aquel que incite a la violencia o cometa un delito por su puesto le caerá todo el peso de la ley", afirmó Molano.El funcionario aclaró que las actuaciones y capturas contra miembros de las denominadas Primeras Líneas, que se realizan en el país, son de delitos cometidos en ciudades como Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Dichas capturas estarían sustentas en procesos judiciales abiertos hace varios meses.Además, se refirió al líder indígena del Cauca Jesús Antonio Montano, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes. El líder indígena había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de junio.Molano explicó que las investigaciones indicaron que su asesinato se habría dado presuntamente debido a su postura política, recordemos que Montano manifestó su apoyo al candidato Federico Gutiérrez.Libreta militarEl Ministro de Defensa se refirió también a un programa del gobierno que busca que 1.200.000 colombianos resuelvan la situación militar. Por esto lanzaron una jornada digital y gratuita para que los jóvenes se acerquen a los distritos militares de Colombia y realicen el proceso."Esto no solo nos permite incorporar jóvenes a la fuerza pública, definir la situación militar les da más garantías para conseguir trabajo, estudiar o estar en la legalidad como corresponde, tenemos 400.000 hombres de la fuerza pública, no hay déficit de cupos, pero estamos haciendo incorporaciones especiales, necesitamos jóvenes que quieran servir a la patria", finalizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los recientes acontecimientos de la campaña del Pacto Histórico:
El senador Feliciano Valencia rechazó las declaraciones del líder indígena José Antonio Vitonás, quien dijo que hay presiones en comunidades nativas para votar por Gustavo Petro y aseguró que detrás del asesinato de Jesús Antonio Montano, quien acompañó la campaña de Federico Gutiérrez, hay "un trasfondo político". El congresista anunció una denuncia penal en contra de Vitonás por sus afirmaciones. "El señor Vitonás anda huyendo de la justicia indígena de Toribio porque está requerido por acceso carnal violento a menor de 11 años de edad, por eso está siendo requerido por la autoridad. No lo he visto por los territorios. No sé de dónde saca tales afirmaciones de que yo o las organizaciones indígenas estamos obligando a votar por cierto candidato. Si él tiene hechos concretos, argumentos y pruebas, debería acudir a la justicia, que es la instancia que corresponde dirimir esta situación", sostuvo el congresista. "No he escuchado ninguna queja de presión armada de grupos armados para que voten por cierto candidato. Es más, el Pacto Histórico no tiene ninguna necesidad para que estos grupos armados estén haciendo ese tipo de labores, pues está siendo apoyado por las comunidades con amor, con fervor. Eso es lo que vemos en las manifestaciones. No hay ninguna conveniencia de que un grupo armado salga a presionar a la gente", agregó. Valencia, además, aseguró que las acusaciones contra la dirigencia indígena por el asesinato de Jesús Antonio Marino son tendenciosas y peligrosas debido al contexto polarizado que se vive en el país de cara a la segunda vuelta presidencial. "José Antonio Vitonás es muy mentiroso. Es muy irresponsable que salga a hacer este tipo de aseveraciones y esto me da pie para instalarle una denuncia penal que estaré haciendo en el transcurso de los días", agregó."Creo que salir a hacer juicios a priori, como lo hace el señor ministro de Defensa de indicar asuntos políticos sin siquiera haber una investigación previa y concreta por parte de la Fiscalía para determinar los móviles del asesinato del señor Montano es muy apresurado, pero sobre todo es tendencioso. Dejen que investigue la Fiscalía y determine los hechos que se presentaron o condujeron al asesinato de Jesús Antonio Montano. Meterle a esto asuntos políticos en un contexto tan polarizado como el que estamos viendo en esta campaña es bastante peligroso, no deberían apresurarse a hacer ese tipo de aseveración", declaró el congresista indígena. Este martes, el líder indígena caucano José Antonio Vitonás aseguró que el asesinato de Jesús Antonio Montano tenía que ver con sus posturas políticas y sembró un manto de duda sobre las autoridades indígenas. “Eso tiene un trasfondo y es político. Había organizaciones que se sentían afectadas por las denuncias y esto acabó en lo que sucedió. Estas mismas organizaciones venían haciendo una tensión para que votaran por su candidato. Un candidato ajeno a sus pretensiones era considerado un enemigo. El taita Montano siempre dejó clara su postura política y ese fue el costo político”, declaró.
El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la legalidad del proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía de Bucaramanga, una decisión que le permite a la Administración Municipal avanzar en el proceso de financiación de obras estratégicas para mejorar la movilidad y modernizar la infraestructura vial de la ciudad.El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que el pronunciamiento judicial respalda la legalidad del trámite y brinda seguridad jurídica para continuar con la iniciativa.Según el mandatario, los recursos del empréstito estarán destinados principalmente a dos frentes: la modernización integral de la red semafórica y la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la movilidad urbana.En el primer caso, se contempla el reemplazo de semáforos deteriorados y equipos tecnológicos obsoletos por un sistema inteligente que permita optimizar la regulación del tránsito y fortalecer la seguridad vial.El segundo componente contempla intervenciones de infraestructura para recuperar la capacidad de las vías, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Bucaramanga.Proyecto autorizadoEl proyecto ya había recibido autorización del Concejo Municipal y, de acuerdo con la Alcaldía, también contó con respaldo en el marco de una actuación de la Procuraduría General de la Nación.Con la ratificación del Tribunal Administrativo de Santander, la Administración Municipal podrá continuar con los procedimientos necesarios para financiar y ejecutar las intervenciones. Sin embargo, la decisión judicial sobre la legalidad del proyecto no significa que las obras estén ejecutadas ni que los recursos hayan sido desembolsados.El alcalde Cristian Portilla aseguró que la ejecución estará sujeta a criterios de planeación técnica, disciplina fiscal, transparencia y seguimiento contractual, y sostuvo que las inversiones deberán traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó suspender los términos judiciales durante este viernes 13 de noviembre, debido a las dificultades tecnológicas que afectan el funcionamiento de los despachos judiciales.La interrupción comenzó a las 11:48 de la mañana del jueves 12 de noviembre y ha generado problemas de acceso a las herramientas institucionales de la Rama Judicial. La afectación ha comprometido servicios como Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Word, Excel y PowerPoint, entre otros.El problema es que estas plataformas son utilizadas por los funcionarios judiciales para comunicarse, consultar documentos, compartir expedientes y adelantar diferentes actuaciones de los procesos. Por esta razón, la interrupción tecnológica ha afectado directamente la prestación del servicio de justicia y la gestión de los despachos.¿Qué significa esta suspensión para los ciudadanos? Que durante esta jornada se detienen los plazos legales que tienen las partes de un proceso para responder demandas, presentar recursos, entregar documentos o cumplir determinadas actuaciones ante los juzgados. Es decir, esos términos no seguirán corriendo durante el día de la suspensión y los ciudadanos no perderán ese tiempo por cuenta de las fallas tecnológicas.Sin embargo, la medida contempla varias excepciones para garantizar la atención de situaciones urgentes. Seguirán funcionando los juzgados de control de garantías de adultos y adolescentes para atender audiencias inmediatas y actos urgentes. También continuarán las solicitudes de libertad en los juzgados de ejecución de penas, las tutelas con medidas provisionales o relacionadas exclusivamente con asuntos de salud o que pongan en peligro la vida del accionante, y las acciones de habeas corpus.Por parte del Consejo Superior de la Judicatura, explicaron que cada despacho judicial tendrá autonomía para determinar cómo proceder frente a las dificultades tecnológicas, de acuerdo con sus condiciones de funcionamiento. Además, señalaron que se encuentran verificando el alcance de la afectación y el comportamiento de las plataformas.Hay que advertir que, aunque se adelantan estas verificaciones, las fallas y las intermitencias todavía se siguen presentando. Según lo señalado en el acuerdo del Consejo Seccional, Microsoft reportó que podría haber inestabilidad en sus servicios durante una ventana de hasta 48 horas, por lo que todavía no hay una normalización completa de las herramientas tecnológicas.Finalmente, la suspensión autorizada corresponde únicamente al viernes 13 de noviembre y cobija a los despachos judiciales ubicados en el Distrito Judicial de Bogotá. Esto no significa que los procesos queden cancelados o archivados, sino que se detienen temporalmente los términos para proteger a los ciudadanos y garantizar el debido proceso mientras se supera la contingencia tecnológica.
El diputado de Santander Danovis Lozano presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establecieron cobros adicionales en las facturas de energía eléctrica para los usuarios que superen sus metas individuales de consumo. El dirigente busca que se suspenda provisionalmente la aplicación de estas medidas mientras se resuelve el proceso judicial.La controversia está relacionada con las resoluciones CREG 101 120 del 30 de julio y 101 126 del 21 de agosto de 2026, mediante las cuales se puso en marcha un programa transitorio de incentivos al ahorro de energía, que comenzó a aplicarse el primero de septiembre y tiene una duración inicial de seis meses.El mecanismo establece una meta de consumo para cada usuario, calculada con base en la mediana de su consumo durante los últimos 12 meses. Quienes superen el 110 % de esa meta deben asumir un cobro adicional por la energía excedente, con recargos que varían según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario.Los recursos recaudados se destinan a una bolsa que posteriormente se distribuye entre quienes logren reducir su consumo de energía.Sin embargo, Lozano considera que “la CREG se extralimitó en sus funciones al establecer este mecanismo. Los cobros tienen características de una contribución obligatoria que no podía ser creada mediante una resolución de esa entidad”, señaló.En la demanda también cuestiona que el sistema pueda generar cobros desiguales entre usuarios con consumos similares, debido a que las metas dependen del historial de cada hogar o establecimiento comercial.Otro de los argumentos está relacionado con los productores agrícolas, particularmente los caficultores de Santander. Según el diputado, el cálculo de la mediana de los últimos 12 meses puede desconocer los periodos de mayor actividad productiva, por lo que la energía utilizada durante la cosecha podría terminar considerada como consumo excedente y generar recargos.El demandante también cuestiona el procedimiento de expedición de la segunda resolución, al considerar que el tiempo de consulta pública fue insuficiente y que se otorgaron facultades a la CREG para modificar aspectos del programa mediante circulares.En entrevista con Blu Radio, Lozano aseguró que en Santander han recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por el incremento en sus facturas de energía."Consideramos esta resolución ilegal, una resolución que no fue concertada con la ciudadanía, simplemente la impusieron y no dieron la oportunidad de que las personas conocieran estos cambios. No sabemos con qué criterios técnicos plantearon esta medida", manifestó.También expuso el caso de una comerciante que, según relató, pasó de pagar 800.000 pesos a cerca de 2 millones y medio de pesos por el servicio de energía en su papelería. Aseguró que la mujer le manifestó que contempla cerrar su establecimiento porque no tiene capacidad para asumir el nuevo valor.Lozano insistió en que la solicitud de suspensión debe resolverse con prontitud, debido a las dificultades económicas que, según él, están enfrentando los usuarios en el departamento.
Mientras el Gobierno busca reducir el consumo de azúcar entre los colombianos, la discusión de la Ley de Rescate Económico abre un nuevo debate: la posibilidad de gravar los productos que contienen edulcorantes. La medida genera preocupación en la International Sweeteners Association (ISA), que advierte sobre una posible contradicción en las políticas de salud pública, pues estos ingredientes pueden ser una herramienta para disminuir la cantidad de azúcar que consumen las personas.Los edulcorantes están presentes en más productos de los que muchas personas imaginan. Se encuentran en bebidas, chicles, pastillas para el aliento, lácteos, postres, productos de repostería e incluso en algunos medicamentos y artículos de higiene bucal. Sin embargo, a pesar de su presencia en la vida cotidiana, todavía existe desinformación sobre qué son, cómo funcionan y qué diferencias tienen frente al azúcar.¿Qué son los edulcorantes?De acuerdo con Laura Miranda, directora para Latinoamérica de la International Sweeteners Association, los edulcorantes son sustancias intensamente dulces que permiten darles sabor dulce a los alimentos y bebidas, pero con pocas calorías o incluso sin aportar calorías. A diferencia del azúcar, que es un carbohidrato que sí proporciona energía, estos ingredientes permiten conservar el sabor dulce sin necesidad de agregar la misma cantidad de azúcar.Durante un conversatorio realizado en Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, Miranda explicó que estos ingredientes pueden cumplir un papel importante en la alimentación, especialmente para quienes necesitan controlar su consumo de azúcar. Entre sus beneficios mencionó que no producen caries, pueden ayudar a reducir la ingesta de energía y son una alternativa para las personas que viven con diabetes, porque no elevan la glucosa en la sangre como lo hace el azúcar. Eso sí, su incorporación debe hacerse dentro de un plan de alimentación equilibrado y, en el caso de quienes tienen diabetes, con la orientación de un profesional de la salud.En Colombia, cerca de tres millones de personas viven con diabetes, por lo que la discusión sobre las alternativas para reducir el consumo de azúcar también tiene implicaciones para este grupo de la población. Según Miranda, los edulcorantes permiten disfrutar de alimentos con sabor dulce sin consumir la misma cantidad de azúcar, lo que puede facilitar el cuidado de los niveles de glucosa. Además, son utilizados por la industria de alimentos y bebidas para reformular sus productos, es decir, disminuir o reemplazar parte del azúcar que contienen.Precisamente, este es uno de los puntos que genera preocupación frente a la Ley de Rescate Económico, identificada durante el conversatorio como el Proyecto de Ley 477 de 2026, que plantea incluir dentro de los productos gravados aquellos que contienen edulcorantes. Para la International Sweeteners Association, cobrar impuestos a estos ingredientes podría desincentivar a las empresas a desarrollar productos con menos azúcar y limitar las alternativas disponibles para los consumidores.Miranda considera que la propuesta puede resultar contradictoria con los objetivos de salud pública que buscan reducir el consumo de azúcar. Mientras se promueven medidas para disminuir su ingesta, también se contempla imponer un impuesto a ingredientes que pueden contribuir a ese mismo propósito. La directora para Latinoamérica de la ISA advirtió que esta decisión podría afectar especialmente a las personas que buscan opciones reducidas en azúcar y a las poblaciones más vulnerables, para quienes el precio de los productos también influye en sus decisiones de compra.Por eso, la asociación hizo un llamado a que las decisiones tributarias tengan en cuenta la evidencia científica disponible sobre la seguridad y los beneficios de los edulcorantes, así como su aporte a la reducción del consumo de azúcar. El debate no se limita entonces a cuánto impuesto deberían pagar determinados alimentos y bebidas, sino también a qué consecuencias podría tener esta medida sobre las alternativas que tienen los colombianos para cuidar su alimentación.
A 41 años de la tragedia de Armero, las consecuencias de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz siguen presentes en la vida de las personas sobrevivientes y sus familias.Es por esto por lo que la Defensoría del Pueblo alertó sobre las vulneraciones de derechos humanos que todavía enfrentan las comunidades afectadas.El desastre, ocurrido el 13 de noviembre de 1985, dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. La destrucción del casco urbano obligó a trasladar la cabecera municipal a Armero-Guayabal y provocó el desplazamiento de numerosas familias hacia municipios como Lérida, Ibagué y ciudades como Bogotá y Medellín.De acuerdo con la entidad, quienes tuvieron que abandonar sus hogares perdieron sus bienes y medios de subsistencia. Además, los procesos de desplazamiento y reubicación estuvieron marcados por la fragmentación familiar y comunitaria, el desarraigo y las dificultades para reconstruir sus proyectos de vida.La Defensoría señaló que estas condiciones no han sido superadas y que todavía existen obstáculos para acceder a vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas.En 2025, la entidad presentó en Honda, Tolima, la investigación Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, en la que formuló 23 recomendaciones para garantizar los derechos de las personas sobrevivientes y sus descendientes.Sin embargo, un año después, el seguimiento hecho por la entidad evidencia avances limitados. De las recomendaciones formuladas, solo una se cumplió totalmente, 15 presentan avances parciales y siete continúan incumplidas.Entre los compromisos pendientes se encuentran el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral y la creación de un mecanismo nacional para buscar a personas desaparecidas durante desastres.La única recomendación cumplida en su totalidad corresponde a la producción de un documental institucional sobre la memoria de Armero.Por su parte, los avances parciales están relacionados con la caracterización de los sobrevivientes, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica, la reglamentación y financiación de las leyes relacionadas con Armero y los procesos de saneamiento predial.Ante este panorama, la entidad recomendó al Estado reconocer oficialmente los daños prolongados de la tragedia e implementar medidas de reparación integral con enfoque diferencial y generacional.Entre las principales medidas solicitadas están realizar un censo nacional que permita identificar a los sobrevivientes y sus descendientes, incluso a quienes viven fuera del país; priorizar a esta población en programas de vivienda y acceso a tierras, y garantizar atención en salud mental y acompañamiento psicosocial.También pidió avanzar en la búsqueda e identificación de los niños y niñas desaparecidos durante la tragedia, culminar el saneamiento de los predios del antiguo municipio de Armero y fortalecer los espacios de memoria histórica.La entidad planteó, además, impulsar proyectos de recuperación económica y cultural, como el turismo de memoria y los emprendimientos comunitarios sostenibles.
