Tras el cierre de las mesas de concertación salarial sin un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el panorama económico de Colombia se enfrenta a un momento crítico. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, ha manifestado su preocupación por las propuestas que circulan en el seno de la comisión, especialmente tras la introducción del concepto de "salario mínimo vital" presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),.Según Bedoya, el planteamiento de la OIT se basa en un estudio técnico que estima las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, considerando factores como la ingesta calórica (parámetros de la FAO), vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales. No obstante, el dirigente gremial advierte que este análisis aún presenta falencias técnicas reconocidas por la misma organización y que, hasta el momento, no se cuenta con un documento formal más allá de una presentación de apoyo,.La amenaza de la informalidad y la inflaciónEl punto más álgido de la discusión reside en la composición del mercado laboral. De los 23 millones de ocupados en el país, solo 2.4 millones ganan el salario mínimo, mientras que 11.3 millones de colombianos perciben ingresos inferiores a este. Bedoya señala que un incremento desmedido —que podría alcanzar cifras del 16% al 19%— afectaría principalmente a quienes están fuera del sistema formal."La decisión que de manera unilateral va a tomar el gobierno nacional tiene que estar pensando en qué va a pasar con la informalidad laboral", afirmó Bedoya, destacando que en el último año 732,000 personas ingresaron a la informalidad.Además, un aumento de doble dígito podría obligar al Banco de la República a subir las tasas de interés para contener una posible disparada inflacionaria, afectando a todos los ciudadanos con créditos o tarjetas de consumo.Escuche aquí la entrevista:
Buscando reactivar la economía colombiana, el equipo económico del Gobierno nacional se reunió con los principales gremios de la producción el pasado 8 de julio de 2024. Este encuentro, que tuvo lugar en un contexto de creciente preocupación por la desaceleración económica, marcó el inicio de una serie de reuniones destinadas a fomentar el diálogo y la colaboración entre el Gobierno y el sector privado.El presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, vocero de estos gremios, destacó la importancia de esta reunión en una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales."Es positivo que faltando prácticamente dos años de gobierno busquemos sentarnos a ponernos de acuerdo", afirmó Bedoya, quien dijo que el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de una reactivación económica y su disposición a dialogar con los sectores productivos es un avance significativo.Durante la cumbre, en la que participaron 32 gremios y destacados funcionarios gubernamentales, se acordó crear siete ejes temáticos para identificar y abordar los problemas de cada sector. Estos temas incluyen la ejecución presupuestal, el fortalecimiento de la infraestructura, el turismo, el sector agropecuario, las vías terciarias y los caminos para la paz, la conectividad y el tema energético."Fue una convocatoria inicial porque claramente no estaban todos los sectores que al menos en concepto deberían asistir", señaló Bedoya.Aunque la reunión inicial no produjo decisiones definitivas, Bedoya enfatizó la importancia de continuar con reuniones sectoriales para afinar las propuestas y asegurar que las medidas adoptadas sean adecuadas para cada sector."Una cosa es lo que el Gobierno proponga y otra cosa es lo que los sectores consideremos que se necesitan", explicó.En cuanto a la posibilidad de implementar un plan de recuperación económica paralelo a una reforma tributaria, Bedoya expresó sus reservas."Imagínense entrar en un plan de reactivación. Ahora, un tema de una ley de financiamiento, una nueva reforma tributaria, pues eso habrá que discutirlo", dijo. La preocupación principal es que la implementación de nuevos impuestos podría asfixiar a una economía que ya necesita reactivarse.En este sentido, Bedoya hizo hincapié en la necesidad de abordar la evasión y el contrabando como parte de la estrategia de reactivación económica. "La semana pasada tuvimos una reunión con el director de la Dian, precisamente en lo que es la lucha contra la evasión y el contrabando", comentó. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de imponer más impuestos sin un diálogo constructivo que incluya a todos los sectores involucrados.La posible reforma tributaria es un tema delicado y complejo que, según Bedoya, requiere un análisis detallado y consensuado. "Esto es como la cobija, usted la quita por un lado y se tapa la cabeza y deja descubierto los pies", dijo, subrayando que cualquier ajuste tributario debe ser manejado con cautela para evitar efectos negativos en la economía.El presidente de la SAC recordó las dificultades anteriores con reformas tributarias y la importancia de buscar acuerdos sensatos y equilibrados. "Creo que es muy positivo tratar de sentarnos con el gobierno a buscar consensos a propósito de los acuerdos, pero bajo el entendido que aquí hay que hacer las cosas es con sensatez", añadió.Optimismo cautelosoA pesar de las incertidumbres y desafíos, Bedoya mantiene una actitud optimista respecto al futuro del diálogo entre el Gobierno y los gremios."La esperanza es lo último que se pierde", afirmó, destacando la disposición de los gremios a ofrecer su conocimiento y propuestas para contribuir a la reactivación económica del país.El camino hacia la concertación es largo y complejo, pero como bien dijo Bedoya, "para bailar tango se necesitan dos". Este acercamiento inicial entre el Gobierno y los gremios es un paso crucial en la dirección correcta, con la esperanza de que las futuras reuniones sectoriales conduzcan a soluciones efectivas y consensuadas para revitalizar la economía colombiana.Vea la entrevista completa:
En medio del debate de la reforma laboral en Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) alzó la voz con preocupaciones sobre los posibles efectos que la propuesta actual podría tener en el mercado laboral del país. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, comparó la trayectoria de la reforma laboral con la ya debatida reforma a la salud, y señalo que, aunque parece avanzar rápidamente, aún queda un largo camino antes de su aprobación. Hizo énfasis en que, al igual que con la reforma a la salud, existe el riesgo de que la reforma laboral termine dividiendo aún más la coalición gubernamental.La entrevista reveló la preocupación de la SAC sobre la posible falta de escucha a los gremios y empresarios, quienes argumentan que la reforma laboral no solo no generará más empleo, sino que podría resultar en la destrucción de puestos de trabajo. Bedoya subrayó la importancia de considerar las propuestas de diferentes sectores y la necesidad de evitar que las tasas de desempleo aumenten como consecuencia de la reforma.“A propósito de lo que usted mencionaba de la cancha de fútbol. Esto también es como en el fútbol, mucho toque, toque y de aquello nada. Por eso es muy importante que el Congreso de la República y la opinión pues tengan presente todas estas observaciones. Porque es que reformas laborales no se tramitan todos los años. Con un país, con un mercado laboral de 20 millones de colombianos, de los cuales la mitad están en informalidad laboral, esto aquí se juega con candela, con lo que se haga en la reforma laboral”, dijo.Sobre este aspecto, la SAC envió una carta detallada a los representantes encargados de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La carta, fechada el pasado jueves, contiene propuestas específicas sobre relaciones individuales y colectivas de trabajo, así como aspectos fundamentales de la reforma. Bedoya resaltó en Blu Radio la importancia de tener en cuenta estas observaciones para evitar consecuencias negativas en el mercado laboral colombiano.En cuanto al impacto en el sector agropecuario, Bedoya advirtió que, tal como está planteada la reforma laboral podría generar más informalidad laboral en la ruralidad. Señaló que ciertos aspectos, como la prohibición de la tercerización en el contrato agropecuario, no reflejan la realidad de las actividades agrícolas y pecuarias, lo que podría complicar la contratación y pago por tiempo efectivamente trabajado.El presidente de la SAC destacó la paradoja de que, aunque este sea el primer Gobierno que preste atención al régimen laboral para el campo, la propuesta podría resultar peor que la situación actual. Bedoya hizo un llamado a un debate serio y técnico y recordó la responsabilidad histórica de los congresistas en la toma de decisiones sobre reformas laborales que no se presentan con frecuencia.Finalmente, el presidente de la SAC abordó la relación entre la discusión del salario mínimo y la reforma laboral y destacó la necesidad de que ambas se aborden con coherencia y responsabilidad. Mencionó la importancia de la concertación entre empresarios y trabajadores en la mesa de discusión del salario mínimo y expresó su esperanza de que se alcance un acuerdo que tenga en cuenta las variables económicas y las necesidades de formalización del empleo en el país.
La inflación en Colombia sigue en aumento, razón por la cual el Gobierno solicitó la colaboración de los empresarios para encontrar una solución al problema. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, llamó a los empresarios para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios. Según los datos presentados por el Dane, la variación anual de la inflación en marzo ha llegado al 13,34 %, lo cual es preocupante para la economía del país.Al respecto, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) dijo que está dispuesta a hablar con el Gobierno sobre estas medidas, pero descartó, de plano, el control de precios de los alimentos. En diálogo con Mañanas Blu, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, afirmó que ese no es el camino, pues, experiencias como las de Venezuela y Argentina dejan lecciones qué aprender.“Si quieren más inflación, hagan control de precios o suban aranceles a los alimentos o a los insumos que tenemos que importar al país. Eso ya está aprobado. Mire lo que ha pasado en Argentina y mire lo que ha pasado en otros países. Se ponen a hacer control de precios y lo que generan son mercados paralelos o simplemente escasez de algunos productos. ¿Por qué? Porque si el precio está por debajo del costo de producción, pues nadie se va a ir a producir ese alimento. Entonces, esas medidas, definitivamente, por lo menos desde nuestra óptica, hay que descartarlas y confiamos en que el gobierno así lo haga. Y por eso el enfoque de la conversación, creemos que debe ser por la lógica de los costos de producción, pero también de la estabilidad macroeconómica para enviar señales claras en variables tan importantes, solo por mencionar alguna de ellas, la tasa de cambio”, dijo.En lugar de un control de precios, el presidente de la SAC propuso concentrarse en reducir los costos de producción de los alimentos y generar una estabilidad macroeconómica que permita enviar señales claras en variables como la tasa de cambio. Bedoya también destacó la importancia de destinar recursos para reducir las tasas de interés y apoyar a los pequeños agricultores.“Cuando usted mira que las tasas de interés subieron más de 12 veces el año pasado y el costo del crédito se subió muchísimo, aquí tal vez toca destinar recursos más, de un valor más importante para que se sienta mucho más la reducción del costo del crédito. Pero igual, ten en cuenta las limitaciones fiscales del país y por eso lo que hemos sugerido al gobierno es que hay que concentrar esto en aquellos cultivos o actividades que son mucho más sensibles al tema de costos en materia de los consumidores, de forma moderada”, puntualizó Bedoya.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, se refirió al anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de adelantar una desindexación de algunos precios de alimentos y servicios con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, después del alza al salario mínimo del 16%.“Si usted quiere mantener los precios de la comida, lo mejor que puede hacer es fomentar la producción de alimentos y no controlarlos por decreto”, indicó el vocero gremial.Bedoya puso como ejemplo de su planteamiento el precio del pollo y aseguró que sostener ese costo pasa primero por garantizar que los insumos se mantengan en su actor valor.“Para producir un kilo de pollo el 75% de la producción es el maíz, la soya o el alimento concentrado que viene importado; el resto puede ser entre mano de obra, que sube el salario mínimo y demás. Creo que en el anuncio que hizo el presidente, tal vez pensó con el deseo de lo que no debería subir la canasta de alimentos, pero usted no la puede controlar por decreto, porque si no lo que hace es tirarse el tema de la inflación”, aseguró.Bedoya, adicionalmente, aseguró que hay varios factores que son fundamentales en el momento de determinar los precios de los alimentos, como por ejemplo las distintas causas de efecto y demanda, que no necesariamente dependen de elementos internos de la economía colombiana.“Tenemos que ir mirando qué ocurre, pero no necesariamente los costos de la mano de obra son lo que más pesa en las estructuras de precios de los productores y la desindexación no le va a jugar a los insumos que más usamos en el sector agropecuario, porque estos dependen de la tasa de cambio, el costo del crédito y lo que suceda con las lluvias”, complementó Bedoya.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo que las partes llegaron a la mesa de negociación del salario mínimo con muchas expectativas, pero, sobre todo, con los pies en la tierra.Para el dirigente gremial es bastante positivo el ambiente para llegar a un buen acuerdo, si se tiene en cuenta que el jueves hubo concertación sobre el dato de productividad de 1,24%, como punto de partida. En ese sentido, Bedoya manifestó que en la discusión sobre el salario mínimo hay dos conceptos que son base: la inflación y la productividad, pero habrá que tener otras variables.“Esa cifra hará parte de lo que entrará en la mesa de concertación. Nosotros llegamos con amplitud, pero también con los pies en la tierra para que esta cifra que se concerté esté de acuerdo con la realidad de la economía colombiana, empezando por los trabajadores, pero para que haya empleo, la economía debe también poder absorber los mayores costos”, indicó.De otro lado, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, dijo que es muy temprano para hablar de cifras, pero se mostró bastante complacido con el acuerdo logrado sobre la productividad como punto de partida.Sobre las características de un buen aumento del salario mínimo, Maltés manifestó que, principalmente, se debe garantizar la capacidad adquisitiva de los trabajadores en medio de la inflación.“Está muy temprano para hablar de cifras, falta del dato de la inflación de noviembre, que puede ser complicado. En esto tenemos un debate permanente con el Gobierno y los gremios. Estamos hablando de salarios y, por lo tanto, debemos tener en cuenta qué aportan las personas”, añadió.Maltés insistió en que en la concertación del nuevo salario mínimo no puede pasar lo ocurrido en diciembre pasado cuando, pese a que el aumento fue considerable, se vio rápidamente rebasado por la inflación.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
