El presidente Gustavo Petro se reunió este martes en Cartagena con algunos de los principales empresarios del país para impulsar la productividad y el crecimiento económico en busca de un "gran acuerdo nacional".La reunión estuvo organizada y promovida por el consejero del Gobierno Nacional para las empresas, Juan Fernández, quien en una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, compartió detalles sobre la reunión y sus objetivos."En este país cabemos todos. La complementariedad público-privada no solo es una fortaleza, sino también quizá una única posibilidad de ir hacia adelante en un plazo razonable de tiempo para alcanzar todas esas metas que queremos los colombianos. Entonces nosotros, igual como Gobierno, tenemos hoy agradecimiento con el sector privado de haber aceptado esa invitación", declaró Fernández.Juan Fernández destacó la importancia de construir un "acuerdo nacional" para resolver la desigualdad en el acceso a oportunidades, incluyendo la educación pertinente y de calidad, el acceso al crédito, la inclusión financiera, la preservación del medio ambiente y el desarrollo empresarial."Si los empresarios, como lo han hecho, aplican las mejores prácticas, ¿por qué no aprovecharlo en el buen sentido de la palabra nosotros como Gobierno?", expresó Fernández.El consejero presidencial también subrayó la necesidad de una inclusión territorial, haciendo énfasis en regiones como el Pacífico, La Guajira y la región de la Orinoquía. Destacó la importancia de trabajar de la mano con el sector privado para abordar los desafíos específicos de estas regiones.En cuanto a la relación entre el presidente Petro y los empresarios, Fernández afirmó que es necesario seguir tendiendo puentes y no lo contrario.“Lo que yo sí le puedo decir es que cuando yo los veo interactuar por los menos, los veo con una relación bastante respetuosa, bastante cordial. El doctor (Luis Carlos) Sarmiento se refirió a varios temas con el presidente ofreciendo ayuda. Muy comprometido con temas como la paz. Sobre todo, fue una reunión muy cordial. Aquí no podemos dinamitar los puentes y eso es lo que tenemos siempre que mantenerlo vivo”, dijo Fernández al referirse a la relación del presidente con el empresario.Respecto a la participación de los gremios, Fernández mencionó que las mesas técnicas que surgirán a partir de estas reuniones contarán con la participación de los gremios para llegar a conclusiones alcanzables.
Venezuela volvió a temblar con fuerza. Una durísima réplica de magnitud 5.1 sacudió la costa norte del país a las 06:00 hora local de este lunes 29 de junio de 2026, según el último boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se localizó en la latitud 10.69 y longitud -66.78, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que encendió nuevamente las alarmas en una región devastada por los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado miércoles.Este nuevo movimiento telúrico se suma a las más de 430 réplicas registradas en el territorio nacional tras la catástrofe inicial. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detalló que solo el domingo se reportó más de una veintena de sismos, incluido uno de magnitud 4.3 en el oeste del país.El trágico balance humano de la emergenciaEl presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial de fallecidos se elevó a por lo menos 1.450 personas. El reporte legislativo detalla además que el número de heridos se sitúa en 3.150, mientras que un total de 12.721 familias se encuentran damnificadas en refugios temporales.Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU estimó a través de su portavoz, Zoe Brennan, que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas directa o indirectamente por el impacto generalizado de los sismos.Pérdidas millonarias y destrucción de infraestructuraUna evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños materiales preliminares en 6.700 millones de dólares. La destrucción de activos económicos, viviendas y estructuras críticas mantiene en vilo al gobierno nacional.El inventario de daños entregado por las autoridades de Caracas incluye de manera detallada:189 edificios con colapso o destrucción total.585 edificaciones con daños estructurales parciales.38 centros hospitalarios afectados en sus instalaciones.44 centros comerciales con daños materiales.1.645 estructuras de otra índole con afectaciones diversas.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de rescatistas internacionales ascendió a 2.624 efectivos. El contingente cuenta con el apoyo de 137 perros de búsqueda, 49 vehículos especializados y 84,8 toneladas de equipamiento, insumos quirúrgicos y medicamentos de alta prioridad.A las misiones de salvamento de El Salvador, México, Suiza, España, Colombia, Chile y Estados Unidos se sumó un fuerte contingente militar de emergencia. EE.UU. envió más de doscientos efectivos, aviones y helicópteros, confirmando el arribo de 130 marines al puerto de La Guaira, el cual se encuentra temporalmente fuera de servicio por daños estructurales.Asimismo, Perú envió un avión de la Fuerza Aérea con 14 toneladas de ayuda humanitaria, Argentina alistó un segundo equipo de especialistas y Paraguay despachó 32 militares expertos en búsqueda y rescate. En el ámbito local, la solidaridad ciudadana se organizó con el registro oficial de 7.876 voluntarios civiles en Caracas.
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 28 de junio de 2026.Bruno D'Amore – Matemático, investigador y escritorReflexionó sobre el papel de las matemáticas como una disciplina creativa ligada al humanismo, la literatura y la filosofía. También explicó cómo el pensamiento matemático ayuda a comprender el universo, defendió la importancia de la imaginación en la enseñanza. María Esther Mastrodoménico – Escritora y formadora de escritura creativaConversó sobre su trayectoria como autora de literatura infantil y juvenil, el impacto de su libro Triqui Traque para sensibilizar sobre el TDAH en la infancia y su trabajo formando niños a través de la escritura.Orlando Díaz – EscritorPresentó su libro Entre costuras y cicatrices, una obra inspirada en el duelo y la resiliencia tras la pérdida de su hija. Además habló sobre la escritura como proceso de sanación y las historias reales que integran su trilogía, centrada en la capacidad del ser humano para sobreponerse a las grandes tragedias.Manuela Álvarez – Directora creativa y fundadora de MAZ Manuela ÁlvarezExpuso cómo su marca evolucionó hacia un laboratorio creativo que integra moda, artesanía y sostenibilidad, trabajando de la mano con comunidades colombianas.Escuche el programa completo acá:
El proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.La captura fue avalada por una juez penal de control de garantías de Bogotá, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que Martinson habría causado la muerte de la mujer el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.El ciudadano británico fue detenido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, después de ser expulsado de Ecuador. Previamente, había sido capturado el viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía y la activación de una notificación roja de Interpol.Según la investigación, Foster Martinson es el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de la localidad de Chapinero, hecho que generó conmoción en la capital del país.Las audiencias concentradas para la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento continuarán el miércoles 1 de julio a las 8:00 de la mañana y se mantendrán bajo reserva. La suspensión fue autorizada por la juez, atendiendo una solicitud presentada por el procesado durante la diligencia judicial.
En un extenso mensaje publicado a través de su cuenta personal en la red social X, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, solicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, autorizar una comisión regional de empalme para evaluar, con objetividad y sin retaliaciones políticas, los alcances de los dos procesos de paz que desde hace dos años se adelantan en el departamento, tras la autorización del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Escobar afirmó que el gobernador de Nariño no coordina la guerra, no traza objetivos militares ni imparte órdenes operacionales a la fuerza pública para favorecer u omitir el accionar de ningún grupo al margen de la ley.Según el mandatario seccional, los diálogos territoriales de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur son los más avanzados del país. Como muestra de ello, destacó la entrega de armas y la concentración de 99 integrantes del grupo ilegal Comandos de Frontera, hecho que se produjo en una zona rural del municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo.El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aseguró que las versiones que lo vinculan con decisiones relacionadas con operaciones militares carecen de fundamento y respondió que sus funciones no incluyen coordinar acciones de guerra, definir objetivos militares ni impartir instrucciones a la fuerza pública en favor o en contra de grupos armados ilegales.Explicó que las competencias sobre seguridad, orden público y persecución del delito corresponden exclusivamente a las Fuerzas Militares y la Policía, instituciones con las que, afirmó, ha trabajado de manera articulada desde el inicio de su administración para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que atravesaba el departamento.El mandatario sostuvo que la política de paz territorial impulsada en Nariño busca transformar las condiciones del territorio mediante la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la presencia estatal, el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación del acceso a servicios básicos.Como resultados de esa estrategia, destacó la reducción de los homicidios en municipios como Tumaco, la entrega y destrucción de material de guerra por parte de grupos que participan en diálogos de paz, el avance en la erradicación voluntaria de más de 12.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución de los desplazamientos forzados en el departamento.
La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño puso en duda las cifras sobre la entrega de tierras presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que, aunque los avances son importantes, la cantidad de hectáreas efectivamente entregadas con todas las garantías jurídicas es muy inferior a la anunciada oficialmente.Únicamente 87.000 hectáreas habrían sido entregadas mediante el proceso correspondiente ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), condición que, según explicó, garantiza plenamente el derecho de propiedad de los beneficiarios."Lo entregado por el gobierno Petro es excelente, pero no son todas las hectáreas que dicen", sostuvo la exministra. Las demás tierras entregadas podrían ser objeto de reclamaciones por parte de terceros, debido a que no habrían culminado todos los trámites legales necesarios antes de su adjudicación."Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las ORIP. Esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamientos. Muy injusto con los campesinos", detalló López, quien también advirtió que las cifras divulgadas anteriormente, de 300.000 o 700.000 hectáreas entregadas, no corresponderían a la realidad.Incluso esa cifra de 87.000 hectáreas debería ser verificada con los registros oficiales, razón por la cual expresó su escepticismo: "Perdóneme la desconfianza, pero datos que deberían ser públicos hoy no lo son".El trámite ante las ORIP corresponde a la inscripción de la escritura pública y constituye el único mecanismo que brinda seguridad jurídica frente a posibles reclamaciones de terceros sobre la propiedad de un predio.En contraste, un certificado expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo representa la intención de entregar un predio, pero no equivale al traspaso definitivo de la propiedad si no existe el respectivo registro."La otra persona puede demostrar que esa tierra le pertenece y, si tiene las pruebas, el campesino podría ser desalojado porque no cuenta con el registro en las ORIP", explicó. No obstante, aclaró que ningún desalojo puede realizarse de forma violenta ni sin una decisión sustentada en pruebas legales.De acuerdo con la información disponible, la mayor parte de las tierras registradas parecería haber sido entregada a comunidades indígenas, aunque López Montaño reconoció que esa información requiere confirmación mediante los registros oficiales.Otro de sus cuestionamientos es la utilización del término "gestionar" al presentar los resultados de la política agraria. Anunciar que se gestionaron 2,5 millones de hectáreas no significa que esas tierras hayan sido entregadas, sino que apenas se iniciaron los procesos administrativos para su futura adjudicación. Lo afirmó al recordar que las cifras presentadas por la propia ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, no respaldarían la versión de que se hayan entregado 700.000 hectáreas.También señaló que conoce casos en los que se entregaron predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que previamente hubieran ingresado al Fondo de Tierras mediante su traspaso a nombre de la ANT.En ese sentido, afirmó que la Agencia Nacional de Tierras debe adjudicar predios completamente saneados, adquiridos conforme a los procedimientos legales y libres de conflictos jurídicos.En medio de su explicación, la exministra hizo una distinción entre los procesos de restitución, entrega y formalización de tierras. Explicó que la restitución depende de decisiones judiciales y, por ello, el Acuerdo de Paz no fija metas numéricas en ese aspecto. Sin embargo, advirtió que también existen retrasos en ese proceso.Otro dato revelado por López Montaño es que los jueces habían ordenado la restitución de cerca de 400.000 hectáreas, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solo había materializado la entrega de 191.539 hectáreas, con corte al 31 de diciembre de 2025.
