La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño puso en duda las cifras sobre la entrega de tierras presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que, aunque los avances son importantes, la cantidad de hectáreas efectivamente entregadas con todas las garantías jurídicas es muy inferior a la anunciada oficialmente.
Únicamente 87.000 hectáreas habrían sido entregadas mediante el proceso correspondiente ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), condición que, según explicó, garantiza plenamente el derecho de propiedad de los beneficiarios.
"Lo entregado por el gobierno Petro es excelente, pero no son todas las hectáreas que dicen", sostuvo la exministra. Las demás tierras entregadas podrían ser objeto de reclamaciones por parte de terceros, debido a que no habrían culminado todos los trámites legales necesarios antes de su adjudicación.
"Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las ORIP. Esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamientos. Muy injusto con los campesinos", detalló López, quien también advirtió que las cifras divulgadas anteriormente, de 300.000 o 700.000 hectáreas entregadas, no corresponderían a la realidad.
Incluso esa cifra de 87.000 hectáreas debería ser verificada con los registros oficiales, razón por la cual expresó su escepticismo: "Perdóneme la desconfianza, pero datos que deberían ser públicos hoy no lo son".
El trámite ante las ORIP corresponde a la inscripción de la escritura pública y constituye el único mecanismo que brinda seguridad jurídica frente a posibles reclamaciones de terceros sobre la propiedad de un predio.
En contraste, un certificado expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo representa la intención de entregar un predio, pero no equivale al traspaso definitivo de la propiedad si no existe el respectivo registro.
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"La otra persona puede demostrar que esa tierra le pertenece y, si tiene las pruebas, el campesino podría ser desalojado porque no cuenta con el registro en las ORIP", explicó. No obstante, aclaró que ningún desalojo puede realizarse de forma violenta ni sin una decisión sustentada en pruebas legales.
De acuerdo con la información disponible, la mayor parte de las tierras registradas parecería haber sido entregada a comunidades indígenas, aunque López Montaño reconoció que esa información requiere confirmación mediante los registros oficiales.
Otro de sus cuestionamientos es la utilización del término "gestionar" al presentar los resultados de la política agraria. Anunciar que se gestionaron 2,5 millones de hectáreas no significa que esas tierras hayan sido entregadas, sino que apenas se iniciaron los procesos administrativos para su futura adjudicación. Lo afirmó al recordar que las cifras presentadas por la propia ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, no respaldarían la versión de que se hayan entregado 700.000 hectáreas.
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También señaló que conoce casos en los que se entregaron predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que previamente hubieran ingresado al Fondo de Tierras mediante su traspaso a nombre de la ANT.
En ese sentido, afirmó que la Agencia Nacional de Tierras debe adjudicar predios completamente saneados, adquiridos conforme a los procedimientos legales y libres de conflictos jurídicos.
En medio de su explicación, la exministra hizo una distinción entre los procesos de restitución, entrega y formalización de tierras. Explicó que la restitución depende de decisiones judiciales y, por ello, el Acuerdo de Paz no fija metas numéricas en ese aspecto. Sin embargo, advirtió que también existen retrasos en ese proceso.
Otro dato revelado por López Montaño es que los jueces habían ordenado la restitución de cerca de 400.000 hectáreas, mientras que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solo había materializado la entrega de 191.539 hectáreas, con corte al 31 de diciembre de 2025.
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