Tras la reciente decisión judicial que condenó al abogado Diego Cadena a 7 años de prisión en primera instancia, su defensa, liderada por el doctor Iván Cancino, ha manifestado que ha iniciado el proceso de apelación. En diálogo con Mañanas Blu, Cancino ofreció detalles cruciales sobre la situación legal de su cliente, el estado de su libertad y las notables diferencias con el caso del expresidente Álvaro Uribe, asegurando que la estrategia apunta a la absolución total.La condena de 84 meses (7 años) impuesta al Cadena fue por un solo delito, mientras que fue absuelto de otros tres. Este contexto judicial fue abordado por Cancino, quien, además, reveló el singular sentido del humor que su cliente mantiene a pesar de la gravedad del proceso.Una de las aclaraciones más importantes brindadas por el abogado Cancino, fue respecto al estado de libertad de Diego Cadena. A diferencia de otros casos mediáticos, el juez de primera instancia no impuso restricción a su libertad ni ordenó su captura.El doctor Cancino explicó que la defensa había solicitado tres puntos clave al juez: que la pena fuera la mínima posible (7 años), que no se hiciera efectiva ninguna captura hasta que se decidiera la apelación, y que fuera una detención domiciliaria, si se ratificaba la sentencia. Todos estos puntos fueron aceptados por el juez.Actualmente, Diego Cadena se encuentra fuera del país. "Estuvo en Colombia y salió por unos temas profesionales a Europa," indicó Cancino. Sin embargo, el abogado es enfático en el compromiso de su cliente de acatar cualquier decisión final de la justicia.Cancino insistió en su convicción de lograr la absolución, pero fue claro respecto a lo que sucedería si la condena se ratificara en instancias superiores: "No creo que tenga que pagar condena alguna. Yo creo que lo vamos a absolver, pero tiene el compromiso conmigo porque sería una situación no entendible, que ya le faltaría poco tiempo y, además, sería en domiciliaria no cumplirla en Colombia. Estoy absolutamente seguro que lo hará".El caso de Diego Cadena seguirá su curso ante el tribunal, con la defensa buscando una absolución total y con la certeza de que, mientras no haya fallo en firme, el abogado Cadena seguirá gozando de su libertad.Escuche aquí la entevista:
Este martes, 30 de septiembre, el juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.Asimismo, Cadena fue absuelto por los hechos relacionados con el soborno en el episodio de Carlos Enrique Vélez alias 'Víctor'.Vale recordar que el pasado 15 de agosto la justicia halló culpable a Cadena del delito de soborno en actuación penal, por haber ejercido presiones para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de los señalamientos que había hecho contra el expresidente Álvaro Uribe.De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal.La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.“Condenar a Diego Javier Cadena Ramírez, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en la actuación penal, por los hechos que constan en la acusación relacionados con Juan Guillermo Monsalve Pineda, e imponer la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló el juez durante la audiencia.Apelarán la condenaEstá condena es en primera instancia, y ya la defensa de Diego Cadena encabezada por Iván Cancino mediante su cuenta de 'X' anunció que apelará esta decisión que tomó la justicia en este caso.
Tras el reciente fallo condenatorio en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia solicitó a la Corte Suprema revisar las conversaciones entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve a través de WhatsApp, por medio de un pedido formal a Meta y Google, ya que esto, según la senadora, podría ser una prueba clave para el proceso contra el expresidente.Valencia recordó que en España hubo un caso similar que dejó un precedente en el proceso del fiscal general Álvaro García Ortiz, actualmente imputado por el Tribunal Supremo español, en donde Estados Unidos aportó los chats borrados de su celular al proceso.En el llamado "juicio del siglo", la senadora pide que se considere hacer lo mismo en Colombia con el caso del expresidente Uribe, teniendo en cuenta que los chats completos entre Juan Guillermo Monsalve y el senador Cepeda no fueron aportados al proceso.La defensa de Uribe presentará el 11 de agosto la apelación a la sentenciaEl abogado Jaime Granados, que lidera el equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), aseguró que el 11 de agosto apelará la sentencia que le sea impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con base en la condena que le dictó la víspera la Justicia.La apelación debe presentarse ante el Tribunal Superior de Bogotá en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la lectura de la sentencia, prevista para el próximo 1 de agosto, y como el 7 de agosto es festivo en el país, el plazo termina el lunes 11."La apelación se hace contra la sentencia, no contra el sentido del fallo. Para eso dispone la defensa de cinco días hábiles, lo que significaría que para el lunes 11 de agosto habría que radicar esa apelación", dijo Granados a Mañanas Blu.
Este lunes, 28 de julio, se llevó acabo el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que, después de más de una década de testimonios, pruebas y acusaciones, se determinó su culpabilidad por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, mientras que fue absuelto por soborno simple, relacionado con el caso de Hilda Niño Farfán.La lectura del fallo por parte de la jueza Sandra Heredia empezó alrededor de las 8:30 de la mañana y no fue hasta después de las 6:00 de la tarde que reafirmó los delitos como acreditados y especificó la condena."Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal", aseveró la jueza Heredia.Así, Uribe se convierte en el primer expresidente de Colombia condenado en primera instancia por la justicia.Momento exacto de la reacción de Álvaro Uribe al ser condenadoEl exmandatario, quien se conectó virtualmente a la audiencia, permaneció sentado durante toda la lectura del fallo. En ocasiones, según las imágenes en vivo, apagaba su cámara y luego la encendía.Al momento exacto cuando la jueza leyó el sentido del fallo condenatorio por soborno en actuación penal y fraude procesal, Uribe permaneció inmóvil, solo mirando la pantalla sin hacer ningún gesto; todo quedó en video.Jueza acreditó a Uribe por delitos de soborno a testigos y fraude procesal Horas antes, la jueza Heredia aseguró que la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad del expresidente Uribe, específicamente, en el delito de soborno en actuación penal en tres eventos concretos.Entre ellos se encuentran los casos de Eurídice Cortés, alias ‘Diana’; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Juan Guillermo Monsalve, quienes, según la investigación, fueron objeto de ofrecimientos o presiones para rendir declaraciones favorables al exmandatario.Reacción de Estados Unidos al juicio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una publicación en la red social X en la que se mostró en contra.El funcionario del Gobierno de Donald Trump lo tildó un “precedente preocupante”. Incluso, señaló que el único delito del expresidente Uribe fue “luchar por defender” al país.“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, añadió.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal ha llegado a su recta final. Las audiencias han estado marcadas por un cruce de argumentos entre la Fiscalía, las víctimas y la defensa del exmandatario. En entrevistas en Sala de Prensa, los abogados Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, y Jaime Granados, defensor de Uribe, presentaron sus posturas en torno al proceso judicial que ha captado la atención del país.Villalba sostuvo que hay “pruebas claras” de que Uribe determinó al abogado Diego Cadena para presionar testigos con el objetivo de desprestigiar a Iván Cepeda e incidir en procesos judiciales. “Es así de claro: luego de la autorización expresa de Álvaro Uribe, se volvió a ofrecer a Monsalve el recurso de revisión. Esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal”, afirmó.Uno de los ejes probatorios fue la visita al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Según Villalba, “fue una operación coordinada para presionar una retractación, incluso con ofrecimientos como beneficios judiciales y mejores condiciones carcelarias”. Agregó que desde Neiva, Carlos López alias Caliche, también intentó influir en Monsalve y que se escuchó a Uribe en altavoz durante conversaciones con el congresista Álvaro Hernán Prada.Por su parte, el abogado Jaime Granados insistió en la inocencia del expresidente y sostuvo que Cadena actuó sin autorización previa. “Diego Cadena no informaba a Uribe ni en tiempo real ni antes de actuar. Lo que hizo lo comunicó meses después, y muchas veces de manera incompleta o distorsionada”, declaró.Granados también cuestionó la credibilidad de Monsalve: “Fue desmentido por su padre y su hermano. En juicio quedó demostrado que no conoce a Álvaro Uribe y que sus declaraciones fueron contradictorias”. Aseguró además que una grabación clave fue “manipulada y editada”, quitándole más de siete minutos, lo que según él le resta validez.En cuanto a las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema obtuvo “por error” en otro proceso, Villalba defendió su inclusión: “La Corte ya concluyó que son legales. No hubo intención de violar derechos”. Granados, por el contrario, alegó que se trató de “una violación al derecho fundamental a la privacidad” y pidió su exclusión por considerarlas interceptaciones ilegales.Sobre el papel de la jueza Sandra Heredia, ambos abogados manifestaron respeto. Villalba espera que “la sentencia se base en las pruebas, que son concluyentes”, mientras que Granados reconoció la conducción “serena y ágil” del juicio.
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue dado de alta y ya se encuentra nuevamente en su celda en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de haber sido atendido de urgencia por una afección cardíaca.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Monsalve presentó fuertes dolores en el pecho, asociados a sus antecedentes clínicos, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico fuera del penal. Aunque ya se encuentra estable, el episodio encendió alertas debido a la proximidad del sentido de fallo en el proceso contra Uribe, previsto para el próximo lunes.Esta no es la primera vez que Monsalve es hospitalizado por problemas cardíacos; al menos en dos ocasiones anteriores ha requerido atención especializada. Actualmente, cumple una condena de más de 44 años y se encuentra recluido en una casa fiscal dentro del complejo carcelario, separado del resto de los internos, debido a las constantes amenazas en su contra. Según ha denunciado, teme por su vida, ha señalado intentos de envenenamiento y asegura que debe cocinar sus propios alimentos para garantizar su seguridad.Monsalve es considerado el testigo más importante de la Fiscalía en este caso. Desde 2011, su testimonio ha sido determinante para las líneas de investigación abiertas. Inicialmente, entregó información al entonces congresista Iván Cepeda, en la que señalaba presuntos vínculos entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como grupo Metro, una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operó principalmente en Antioquia a finales de los años 90. Según su testimonio, este grupo habría sido conformado en la hacienda Guacharacas, propiedad del padre del expresidente.El caso, que comenzó con una denuncia de Álvaro Uribe contra Cepeda, dio un giro cuando la Corte Suprema de Justicia centró su atención en las acciones del exmandatario. Actualmente, Uribe enfrenta un juicio por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en un proceso que ha pasado por varias etapas y despachos hasta llegar a su actual fase bajo la Fiscalía General de la Nación.
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, fue trasladado de la cárcel La Picota a un centro hospitalario en Bogotá tras presentar problemas cardíacos. El exparamilitar cumple una condena de 44 años de prisión.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que Monsalve presentó fuertes dolores en el pecho, asociados a sus antecedentes de problemas cardíacos, lo que obligó a su inmediata atención fuera del centro penitenciario.Monsalve, quien cumple una condena de más de 44 años, ha sido hospitalizado en al menos dos ocasiones anteriores por problemas similares. En esta oportunidad, el traslado se produce a solo cuatro días de conocerse el fallo sobre el caso que involucra a Uribe, acusado de presunta manipulación de testigos. Este contexto ha generado suspicacias sobre la coincidencia del deterioro de salud del testigo con una fecha tan crítica en el proceso judicial.La importancia de Monsalve en el caso UribeDesde 2011, Monsalve ha sido figura central en el caso. Su testimonio, brindado inicialmente al entonces congresista Iván Cepeda, señalaba presuntos vínculos entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares, específicamente con el grupo Metro de las autodefensas, supuestamente gestado en la hacienda Guacharacas, propiedad del padre del expresidente. Estas declaraciones provocaron un giro en el proceso, que comenzó con una denuncia de Uribe contra Cepeda, pero que terminó con la Corte Suprema centrando su atención en las actuaciones del propio expresidente.La justicia investiga a Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de un proceso que ha estado en manos de diferentes fiscales, hasta su actual etapa en juicio bajo la Fiscalía General de la Nación. Monsalve ha sido reiteradamente señalado como el testigo más importante de la Fiscalía, base esencial de la acusación.Debido a las constantes amenazas en su contra, Monsalve se encuentra recluido en una casa fiscal dentro del complejo de La Picota, separado del resto de los reclusos. Según ha denunciado, teme por su vida y ha señalado intentos de envenenamiento, por lo que incluso cocina sus propios alimentos. Estas circunstancias han hecho de su seguridad un tema crítico para el desarrollo del juicio.La atención médica urgente de Monsalve se suma a las tensiones que rodean un proceso judicial que lleva más de una década y cuyo desenlace, programado para el 28 de julio, podría marcar un hito en la historia reciente del país.
En un nuevo giro dentro del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su equipo de defensa anunció oficialmente que ha desistido de llamar a declarar al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, considerado uno de los testigos clave de la Fiscalía en el caso por presunta manipulación de testigos.La decisión fue comunicada mediante un escrito firmado por el abogado defensor Jaime Granados y dirigido a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. En el documento, fechado en junio de 2025, Granados solicita que se suspendan las gestiones logísticas relacionadas con el traslado de Monsalve desde el centro penitenciario al Complejo Judicial de Paloquemao, donde estaba prevista su comparecencia.“Me permito manifestar, en nombre de la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que hemos decidido desistir de la práctica del testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda”, se lee en la comunicación, en la que además se agradece al despacho judicial por su diligencia en la coordinación del juicio.Juan Guillermo Monsalve, quien actualmente se encuentra privado de la libertad, ha sido una de las piezas centrales del caso, al haber señalado supuestos intentos de presión y manipulación por parte de personas del entorno del expresidente para que modificara sus declaraciones.El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue uno de los primeros testigos en intervenir en el juicio por solicitud de la Fiscalía; era un testigo en común con la defensa, pero así como su exesposa Deyanira Gómez, no participará en esta segunda fase.En diálogo con Blu Radio el abogado Jaime Lombana, miembro del equipo jurídico de Uribe afirmó que esperan terminar de presentar sus pruebas antes de que termine junio.
Carlos Eduardo López Callejas, conocido como 'Caliche', admitió en su declaración ante la Fiscalía que le mintió al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En su testimonio, López afirmó que nunca tuvo cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni podía ofrecerle garantías a Monsalve para su supuesta retractación.“Yo le dije mentiras”, declaró ‘Caliche’, dejando en evidencia que sus conversaciones con Monsalve no fueron motivadas por órdenes de Uribe.Además, en medio del interrogatorio, López Callejas aseguró que supuestamente se han manipulado algunas de las grabaciones que forman parte del expediente. “Yo puedo jurar que se han recortado algunos audios”, afirmó, refiriéndose a las conversaciones que sostuvo con el excongresista Álvaro Hernán Prada sobre Monsalve y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Su declaración contradice parte de las pruebas que la Fiscalía ha presentado en el juicio contra Uribe, donde se le acusa de fraude procesal y soborno a testigos.Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’, es una de las piezas clave en el juicio contra Álvaro Uribe. Su testimonio se enmarca dentro de la investigación que la Fiscalía lleva adelante sobre la presunta manipulación de testigos en el caso de Juan Guillermo Monsalve.Monsalve, exparamilitar y testigo principal en el proceso, ha sostenido que se le ofrecieron beneficios a cambio de retractarse de sus declaraciones, en las cuales señala a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares.Según la Fiscalía, 'Caliche' habría sido contactado en Pitalito, Huila, por personas cercanas al partido Centro Democrático con el objetivo de influir sobre Monsalve. En los expedientes figuran conversaciones de WhatsApp en las que López Callejas asegura haber dialogado directamente con Uribe, lo que ahora ha negado en su testimonio más reciente.El proceso también involucra al excongresista Álvaro Hernán Prada, a quien Monsalve señaló como enlace entre 'Caliche' y el Centro Democrático. Según el testigo, Prada le habría solicitado con urgencia que se retractara de sus declaraciones y, a cambio, le ofrecieron un documento que facilitaría su salida de la cárcel en un plazo de dos o tres meses.Este martes, 11 de marzo, se completó la tercera semana de testimonios en el juicio oral contra Uribe. Durante la jornada, también declaró Mireya López, investigadora de la Fiscalía, quien ha participado en la investigación ordenada por la Corte Suprema en 2018. Su testimonio, que ha durado ya tres días consecutivos, ha sido clave en la reconstrucción del caso.Tras el interrogatorio de López Callejas, se espera que continúe la etapa de contrainterrogatorios por parte de la defensa del expresidente. El juicio sigue avanzando con expectativas sobre las próximas declaraciones y las pruebas que puedan inclinar la balanza en este proceso judicial.
La Fiscalía llamó al estrado a Carlos López Callejas, alias ‘Caliche’, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. ‘Caliche’ afirmó que conoció al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y lo visitó en, al menos, cuatro ocasiones.Según la Fiscalía, López Callejas habría sido contactado en Pitalito, Huila, por personas cercanas al partido Centro Democrático, con el objetivo de influir sobre Monsalve, testigo clave en el proceso.Monsalve, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, ha sostenido que se le ofrecieron beneficios a cambio de retractarse de sus declaraciones, en las cuales señala a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares.La Fiscalía sustenta su acusación en conversaciones de WhatsApp que evidenciarían la comunicación entre Monsalve y ‘Caliche’. En estos mensajes, alias ‘Caliche’ asegura haber dialogado directamente con Uribe.Además, en su declaración previa ante la Corte Suprema, Monsalve indicó que el enlace entre Callejas y el Centro Democrático era el excongresista Álvaro Hernán Prada. Según el testigo, Prada le habría solicitado con urgencia que se retractara de sus declaraciones. A cambio, se le firmaría un documento que facilitaría su salida de la cárcel en un plazo de dos o tres meses o se le permitiría negociar otras condiciones.Este martes se completó la tercera semana de testimonios en el juicio oral al expresidente Álvaro Uribe, quien está acusado de soborno a testigos y fraude procesal. La jornada de este martes continuó con la declaración de Mireya López, investigadora de la Fiscalía.López rindió su testimonio sobre la investigación ordenada por la Corte Suprema de Justicia en 2018, en la que desempeñó el papel de investigadora principal. Su declaración, que ya ha durado tres días consecutivos, hasta ahora se ha limitado al interrogatorio de la Fiscalía.Posteriormente, se llevará a cabo el contrainterrogatorio por parte de la defensa.Tras concluir el testimonio de Mireya López, está previsto que pase al frente Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’. Este testimonio es clave, ya que la Fiscalía argumenta que ‘Caliche’ habría sido contactado en Pitalito, Huila, por personas cercanas al Centro Democrático para persuadir a Juan Guillermo Monsalve, su amigo y preso en la cárcel La Picota, de retractarse de las declaraciones que vinculaban a Álvaro Uribe con grupos paramilitares.Según las investigaciones, a Monsalve se le habrían ofrecido beneficios a cambio de modificar su testimonio.El expediente de la Fiscalía incluye conversaciones de WhatsApp entre Monsalve y ‘Caliche’, en las cuales este último asegura haber hablado directamente con Uribe.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
