Claves del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe: versiones opuestas y pruebas clave

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal ha llegado a su recta final. Las audiencias han estado marcadas por un cruce de argumentos entre la Fiscalía, las víctimas y la defensa del exmandatario. En entrevistas en Sala de Prensa, los abogados Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, y Jaime Granados, defensor de Uribe, presentaron sus posturas en torno al proceso judicial que ha captado la atención del país.Villalba sostuvo que hay “pruebas claras” de que Uribe determinó al abogado Diego Cadena para presionar testigos con el objetivo de desprestigiar a Iván Cepeda e incidir en procesos judiciales. “Es así de claro: luego de la autorización expresa de Álvaro Uribe, se volvió a ofrecer a Monsalve el recurso de revisión. Esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal”, afirmó.Uno de los ejes probatorios fue la visita al testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Según Villalba, “fue una operación coordinada para presionar una retractación, incluso con ofrecimientos como beneficios judiciales y mejores condiciones carcelarias”. Agregó que desde Neiva, Carlos López alias Caliche, también intentó influir en Monsalve y que se escuchó a Uribe en altavoz durante conversaciones con el congresista Álvaro Hernán Prada.Por su parte, el abogado Jaime Granados insistió en la inocencia del expresidente y sostuvo que Cadena actuó sin autorización previa. “Diego Cadena no informaba a Uribe ni en tiempo real ni antes de actuar. Lo que hizo lo comunicó meses después, y muchas veces de manera incompleta o distorsionada”, declaró.Granados también cuestionó la credibilidad de Monsalve: “Fue desmentido por su padre y su hermano. En juicio quedó demostrado que no conoce a Álvaro Uribe y que sus declaraciones fueron contradictorias”. Aseguró además que una grabación clave fue “manipulada y editada”, quitándole más de siete minutos, lo que según él le resta validez.En cuanto a las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema obtuvo “por error” en otro proceso, Villalba defendió su inclusión: “La Corte ya concluyó que son legales. No hubo intención de violar derechos”. Granados, por el contrario, alegó que se trató de “una violación al derecho fundamental a la privacidad” y pidió su exclusión por considerarlas interceptaciones ilegales.Sobre el papel de la jueza Sandra Heredia, ambos abogados manifestaron respeto. Villalba espera que “la sentencia se base en las pruebas, que son concluyentes”, mientras que Granados reconoció la conducción “serena y ágil” del juicio.