Los recursos para atender la crisis por lluvias en el país dependen de la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario indicó que el Gobierno nacional fijó plazo hasta el miércoles 11 de febrero para que se reactive la medida, con el fin de garantizar financiación para las acciones de atención.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Señaló que, tras la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.
Ante ese escenario, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos a través de una medida tributaria. La propuesta consiste en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, el gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen las 600.000 UVT tendrían una tarifa del 1,2 %.
El Gobierno sostiene que esta medida busca asegurar recursos para la atención de la emergencia, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Para financiar esa intervención, el Gobierno evalúa la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con carácter progresivo, una medida que, según explicó, busca obtener recursos sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.
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