Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía con el cual se suspenderá la acción penal y este martes, 29 de agosto, se conocerá si un juez avala esta negociación. Recordemos que Laverde fue condenado por un juez a 48 meses, pero en libertad condicional, es decir no irá a la cárcel por dos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.Laverde, el corredor de seguros, habría participado en la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Juan José Laverde, según la Fiscalía, habría incrementado su patrimonio de manera ilegal en 187 millones de pesos. La principal opositora de que se firme un principio se oportunidad siempre ha sido la agencia jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia.Con la firma de este principio de oportunidad, Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque, Jorge Alfonso Molina García, además de delatar a las demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.El principio de oportunidad fijó un año como termino de suspensión de la acción penal, tiempo en el cual Juan José Laverde deberá colaborar con la justicia.Le puede interesar:
Juan José Laverde, el testigo clave de la Fiscalía en el caso de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía y este lunes, 10 de julio, se conoció el monto de la condena que debe cumplir, pues, según el juez, fue condenado a 48 meses, pero en libertad condicional. Asimismo, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará inhabilitado para cargos públicos por dos años y seis meses.Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia.Recordemos que Juan José Laverde Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, según las pruebas que tiene la Fiscalía, presuntamente, participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y presentaron pólizas falsas para poderse quedar con el millonario contrato, del anticipo donde se perdieron 70.000 millones de pesos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn este momento está en trámite un principio de oportunidad de Juan José Laverde, donde él ya ha revelado información a cambio de suspender la acción penal en su contra. Sobre este principio se opone la defensa jurídica del Estado, pues aseguró que él ya ha recibido bastantes beneficios de la justicia. Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió cuando fue capturado, pues entregó información con la que se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la unión temporal.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70.000 millones de pesos.Le puede interesar:
El juzgado 40 penal del circuito Bogotá aprobó el preacuerdo de Juan José Laverde, testigo de la Fiscalía en caso Centros Poblados, y fijó para el 10 de Julio la fecha de la decisión donde se conocerá el monto de la condena y si le concede o no la prisión domiciliaria.Juan José Laverde, el corredor de seguros, habría participado de la falsificación de una póliza de seguros, requisito que determinó la adjudicación del contrato con Centros Poblados por un valor de 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios en zonas rurales.Por estos hechos, podría pagar cuatro años de cárcel, pero eso lo definirá el juez en la próxima diligencia, ya que podrían otorgarle detención domiciliaria. Laverde negoció un preacuerdo con la Fiscalía donde aceptó que cometió los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pero tendrá que seguir delatando a más involucrados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.Laverde se comprometió a ser testigo en el juicio oral contra Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque y demás personas involucradas a la investigación de Centro Poblados, donde se perdieron inicialmente 70 mil millones de pesos.Le puede interesar:
El empresario Juan José Laverde, procesado dentro del escándalo de Centros Poblados, firmó un preacuerdo con la Fiscalía mediante el cual se declara culpable de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, lo cual le permitiría rebajar su pena.El preacuerdo presentado por la defensa, señala que el empresario admite los cargos de falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad no de autor, sino de cómplice, lo cual le significaría una rebaja considerable que podría ser un máximo de cuatro años y además se compromete a ser testigo de cargo contra el contratista Emilio Tapia y el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblado,s Luis Fernando Duque.El documento señala que como en la investigación se estableció que el empresario Laverde habría incrementado su patrimonio en 186 millones de pesos, de los cuales ya reintegró $80 millones, este se compromete a pagar el resto en “el menor tiempo posible”.El acuerdo ocurre a instancias de una audiencia de acusación programada para este viernes, 20 de mayo, en el caso de Centros Poblados, en la cual la Fiscalía expondría este preacuerdo dentro de las imputaciones que se han hecho a los implicados en el escándalo del contrato por más de un billón de pesos, de los cuales el MinTic entregó como anticipo a la Unión Temporal la suma de 70.000 millones de pesos.La audiencia de acusación fue aplazada por solicitud de uno de los defensores hasta el próximo 12 de agosto.Escuche el podcast Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
En un documento de 44 páginas conocido por Noticias Caracol y BLU Radio, la Fiscalía hace este llamado a juicio vinculando a Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque. En el escrito de acusación se describe el papel de cada uno de ellos en el entramado de corrupción. Asegura que Emilio Tapia era el encargado de manejar varias de las empresas de la Unión Temporal a través de terceros y fue quien hizo los contactos para tramitar y, posteriormente, pagar la garantía falsa que sirvió para la adjudicación del millonario contrato con el Ministerio de las Tic por más de un billón de pesos.“Emilio José Tapia Aldana fue la persona que presentó a Juan Carlos Cáceres bayona socio fundador de NOVOTIC los nombres de las empresas INTEC DE LA COSTA, OMEGA BULDING e ICM INGENIEROS para conformar la UT referida y era quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose junto con JUAN JOSE LAVERDE, de contactar a JORGE ALFREDO MOLINA GARCIA-MAYORGA para la expedición de la Garantía de seriedad de la oferta falsa, por la cercanía de éste con JORGE ENRIQUE LÓPEZ, quien presumía tener contactos en el sector financiero; comprometiéndose el señor TAPIA ALDANA a cancelar el valor de la garantía falsa, con el fin de que sirviera de prueba ante el Ministerio de las Tecnologías y así beneficiarse con la adjudicación de la licitación a través de las empresas que representaba”, agrega el documento.Sobre el papel de Juan José Laverde, también detenido por el caso, el documento señala que fue el encargado de conseguir tal garantía, que luego fue entregada al tercer implicado en el caso: Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.“Juan José Laverde en su condición de corredor de seguros de la empresa RAVE, es la principal persona encargada por parte de la UT de adquirir la póliza de seriedad de la oferta, pero una vez establece que ninguna empresa de seguros expediría póliza de seriedad a la Unión temporal Centros Poblados Colombia 2020, contactó al señor Jorge Alfredo Molina García Mayorga a fin que éste obtuviera la garantía de seriedad falsa a través de Jorge Enrique López y una vez la recibe, la envía a Luis Fernando duque representante legal de la UT para radicarla ante MINTIC y a Alfredo Jesús Amin Yaber para cargarla en la plataforma de contratación SECOP II”, señala el escrito de acusación.La fiscalía insiste en el nombre de Jorge Enrique López, quien no ha sido vinculado formalmente a la investigación, pero es quién habría sido el encargado de elaborar la garantía falsa: “Jorge Enrique López Benavides fue la persona encargada de elaborar el documento privado falso consistente en la garantía de seriedad de la oferta, supuestamente expedido por ITAU y entregarlo a Jorge Alfredo Molina García - Mayorga, a cambio de una contraprestación económica que solicitó a juan José Laverde y a Emilio José tapia”, añade el escrito.Así las cosas, serán más de 230 pruebas, consignadas en este documento, las que expondrá el ente investigador en el juicio contra estos implicados.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
El exviceministro del Ministerio de las TIC, Iván Mantilla, negó haber recibido dineros del contratista detenido Emilio Tapia, señalado como el cerebro del entramado de corrupción que permitió la celebración de un contrato por 1.7 billones de pesos entre la Unión Temporal Centros poblados y el MinTic.En un comunicado, el exfuncionario desmintió las declaraciones del capturado corredor de seguros Juan José Laverde, quien aseguró a la Fiscalía en su interrogatorio que "Emilio Tapia le había dicho que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla".Mantilla señaló que Laverde deberá probar esas afirmaciones y por eso evalúa la posibilidad de denunciarlo por falsedad. "Evaluaré las alternativas judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico para que se protejan mis derechos ante estas afirmaciones sin fundamento, falsas y de mala fe”, indicó.El exviceministro también explicó que el papel que tuvo como servidor en ese ministerio y explicó que se limitó a la parte técnica y que llegó allí por su experiencia y no tuvo que ver con contratos.Dejó en claro que los procesos de contratación y de ordenación del gasto no corresponden funcionalmente al despacho del viceministro, por lo tanto, “no tuve incidencia alguna en la dirección, orientación y decisión de estos procesos de contratación”.El corredor de seguros de la empresa Rave, Juan José Laverde, quien fue beneficiado con casa por cárcel en el lujoso sector de El Poblado, en Medellín, salpicó al ex viceministro Mantilla y lo señaló como una de las personas con las cuales habría tenido contacto Emilio Tapia para interceder ante la ministra de las TIC para que no declararan la caducidad del contrato con Centros Poblados.Esto fue negado tajantemente por Mantilla. “No conozco a ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Nunca en mi vida he tenido contacto alguno con los señores Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque ni Juan Carlos Cáceres, ni con ninguna de las personas relacionadas con esta Unión Temporal y jamás he recibido absolutamente nada de nadie”, señaló. Además explicó que, durante su permanencia en el ministerio, todos los procesos fueron públicos y toda la documentación y las decisiones tomadas pueden consultarse en la plataforma pública SECOP II.
BLU Radio conoció en primicia escandalosos detalles de los testimonios que tienen las autoridades en contra de Emilio Tapia, recordado por su participación en ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y ahora implicado en el caso de Centros Poblados y el Ministerio de las TIC; además, para completar, también estaría vinculado en un presunto caso de corrupción con Empresas Municipales de Cali (Emcali).Se trata del testimonio de Jorge Alfonso Molina, intermediario que confesó de qué manera actuaron Emilio Tapia, Juan José Laverde y otros involucrados para obtener de forma fraudulenta varias garantías bancarias. Molina entregó un interrogatorio extenso y ha sido fundamental para enviar a la cárcel a las tres personas.Molina relató en detalle su primera reunión en la oficina de Emilio Tapia, en un edificio ubicado en la calle 93 con carrera 17, en el norte de Bogotá, en octubre del 2020, en compañía de Juan José Laverde, a quien conoce desde hace varios años y de quien dijo era el mejor amigo de Tapia Aldana.Explicó que él se puso a disposición de Emilio Tapia, para que le diera contratos civiles como contraprestación a eventuales colaboraciones a sus proyectos, ante lo cual, Tapia le dijo que tenía la seguridad de unos contratos con Emcali, de los cuales, BLU Radio tiene en su poder las certificaciones del banco Itaú que demuestran que las garantías presentadas son falsas.Molina confiesa que él es quien tramita los dos cupos de crédito para Emcali por petición de Juan José Laverde y dice textualmente: “Esos cupos deben estar dirigidos a esta empresa, me envió los datos de la empresa, con estos niveles de cupo y los formatos para que salgan deben ser estos”.Y luego menciona un nombre clave: dice que esa información se la transmitió al señor Jorge Enrique López Benavides, hoy prófugo de la justicia, quien aceptó el tema, ejecutó y envió el documento respectivo de crédito, que él a su vez le devolvió a Juan José Laverde.Así las cosas, queda al descubierto la estructura criminal para fabricar garantias bancarias, no solo para el caso de Centros Poblados, sino también para los contratos con Emcali y demás proyectos en otros departamentos del país.Escuche la noticia completa en Meridiano BLU:
Uno de los testimonios que hoy tienen con un pie en la cárcel a Emilio Tapia, al representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y al corredor de seguros Juan José Laverde, es el que rindió el pasado 6 de septiembre ante la Fiscalía, Jorge Alfonso Molina García Mayorga.Se trata del hombre que sirvió de intermediario entre Juan José Laverde, Emilio Tapia y la red dedicada a expedir pólizas y garantías falsificadas y, que hoy es testigo estrella de los investigadores, al punto que les entregó su teléfono celular junto con todos sus dispositivos electrónicos para demostrar las confesiones que hizo ante la justicia.La historia de las garantías falsas para dos contratos con EmCaliMolina relata en detalle su primera reunión en la oficina de Emilio Tapia, en un edificio ubicado en la calle 93 con carrera 17, norte de Bogotá, en octubre del 2020, en compañía de Juan José Laverde, a quien conoce desde hace varios años y de quien dijo, era el mejor amigo de Tapia Aldana.Explicó que él se puso a disposición de Emilio Tapia para que le diera contratos civiles como contraprestación a eventuales colaboraciones a sus proyectos, ante lo cual, Tapia le dijo que tenía la seguridad de unos contratos con EmCali, de los cuales, BLU Radio tiene en su poder las certificaciones del banco Itaú que demuestran que las garantías presentadas son falsas.Molina confiesa que él es quien tramita los dos cupos de crédito para EmCali por petición de Juan José Laverde y aseguró que “esos cupos deben estar dirigidos a esta empresa. Me envió los datos de la empresa con estos niveles de cupo y los formatos, para que salgan deben ser estos”.Luego, menciona un nombre clave, indica que esa información se la transmitió al Jorge Enrique López Benavides, hoy prófugo de la justicia, quien aceptó el tema, ejecutó y envió el documento respectivo de crédito, que él a su vez le devolvió a Laverde.La historia de los documentos falsificados para el contrato con MinTICJorge Alfonso Molina relató ante la Fiscalía que en octubre del año pasado, Juan José Laverde le contó que el grupo de Emilio Tapia se iba a presentar a la licitación de MinTIC, quien le manifestó que las aseguradoras serias no les querían expedir pólizas.Mencionó a Seguros del Estado y a Mapfre, entre otras, y soltó una carga de profundidad: sugirió que la gente de Centros Poblados pudo haber manipulado los pliegos para la licitación.“Que el pliego se realizó de tal forma que aceptaban que, en vez de pólizas, se pudiera presentar una garantía bancaria, que consultara si era posible la expedición de esa garantía”, explicó Molina.Laverde explicó que “debido a la falta de experiencia de las empresas que estaban participando (en UT Centros Poblados), ninguna aseguradora les estaba expidiendo pólizas a ese grupo.Las reuniones cuando comenzaron los problemasMolina Mayorga relató ante la Fiscalía que en abril de 2021, se reunió con Juan José Laverde en el centro comercial El Tesoro, quien le quitó el teléfono celular y borró todos los chats y contenidos de las conversaciones que tuvo con él y con Manuel Rave.“Para borrar cualquier evidencia que hubiera de todas las conversaciones, de todos los trámites y de todas las solicitudes que tuvo conmigo, para llevar a cabo lo que se hizo con MinTIC y, se perdiera la trazabilidad, por decir algo, en lo que él intervino y en las manifestaciones de amistad con Emilio Tapia y en las manifestaciones de todo”, informó el testigo.Molina también reconoció que la garantía de seriedad de la oferta para clasificar en la licitación, que también resultó falsificada, igualmente es tramitada por medio de Enrique López Benavides, a petición de Juan José Laverde.Dijo que sospechaba que la garantía era falsa porque no se hizo trámite de entrega de documentos para que se estudiara la solicitud. “No se envió ni siquiera la cédula ni del representante legal”.La reunión del primero de mayoEs el intermediario para tramitar las garantías falsas.Otros contratos bajo la lupaJuan Jose Laverde consiguió un par de contratos, uno en Putumayo y otro en Caldas, Antioquia, para el desarrollo de obras civiles y esa fue como contraprestación por parte de él. Ahora, la Fiscalía indaga si hay alguna irregularidad.El 22 de junio, se encuentran en un conjunto Seminario Santacruz Pasionista, que queda en la parte superior de El Poblado, Tapia y Laverde le dicen que iban a tener un incumplimiento en contrato de Centros Poblados y necesitaban que la garantía se volviera real, ya no tenían relación con Enrique Lopez y “con las personas del banco”, “que no había nada que hacer, que no les habían expedido definitivamente una póliza que reemplazara esa garantía”, para que interceda ante Enrique Lopez para que eso se vuelva real.Enrique pide 50 millones para volverse a sentar con ellos y el pago de los 2.700 millones de la garantía.Andrés Restrepo“Es un empresario de Medellín, tengo entendido que estaba encargado antes de la caducidad del contrato a tratar de presentar un grupo empresarial para que le cedieran el contrato de MinTIC”.Por medio de WhatsApp le escribió: “mira yo solamente estoy en la cesión del contrato, estoy comunicado contigo par que nos ayudes a que este problema se maneje de la mejor forma”.“No le dijo qué grupo empresarial, dijo que era un grupo empresarial que cubría lo mismo que había cubierto las empresas que se habían ganado y que él estaba encargado de armar eso, pero que me pedía el favor que en el proceso de investigación, yo los ayudara para que eso no llevara a un mal término”.Desde el chat de Andrés Restrepo, le dicen que se reúna con el doctor González en el Juan Valdez de El Tesoro, el 10 de agosto.“Que él está a cargo de la cesión y no del inconveniente jurídico, que está tratando de que el contrato no se caiga y puedan cedérselo, los integrantes de la Unión Temporal a otro grupo del mismo; que ellos plantearan a la entidad”.Le pidieron que se auto incriminara, que se echara la culpa de todo. Laverde llorando lo llamó por teléfono, "tu ya tienes hijos grandes, yo estoy con mis pequeños". ¿Para qué lo llamaba Restrepo?“Para que yo accediera a lo que ellos veían, que era lo único que les podía quitar el contrato, que yo me echara la culpa de todo lo sucedido y que ellos hubiesen actuado de buena fe y que ellos, ingenuamente, hubieran presentado un documento y que todo ese trámite bancario fue el que los llevó al incumplimiento del contrato y la caducidad del contrato.Abogado de la UT y de los jefes de ellos“Necesitamos que usted se inculpe, que usted se haga cargo que la Unión Temporal no tenga ningún tema penal y nosotros a cambio le pagamos el tema jurídico sus abogados y toda la manutención que tenga usted y su familia de aquí en adelante”"No lo voy a hacer por ningún dinero del mundo".Dice que se sintió amenazado. “Analícelo bien, porque usted sabe que es un grupo fuerte y no quieren perder todos los contratos que tienen en este momento”.Escuche la noticia en Meridiano BLU:Vea aquí los documentos obtenidos en primicia por BLU Radio:
