BLU Radio tuvo acceso a un audio en el que se evidencia la razón por la que un juez de Medellín dejó en libertad a Julio Alberto Reyes el pasado 7 de marzo, luego de propinarle una fuerte golpiza a Claudia Rodríguez frente al apartamento donde vivían en el barrio El Poblado. Según conoció BLU Radio, el juez decidió dejarlo en libertad, un mes antes de asesinar a Claudia, porque tras la golpiza la Policía trasladó a la mujer a una URI para que entablara la denuncia y posteriormente capturó al agresor. El juez consideró que el procedimiento no tuvo un orden adecuado, y que primero debía capturar a Julio Reyes y luego sí trasladar a Claudia para que pusiera la denuncia. Señaló el juez que en ese caso no se cumplieron los principios de inmediatez y actualidad; es decir, Reyes no fue capturado en flagrancia y pasó 1 hora y 45 minutos para que fuera capturado. "Frente a la actualidad no la hay. En este caso concreto este ciudadano fue capturado mucho tiempo después, es decir, no fue capturado en el momento de la comisión del delito como quedó claro en el informe de la Policía, que no fue capturado en flagrancia como en la denuncia formulada por parte de la víctima. Respecto a la inmediatez, ¿será que sí se cumple el requisito de la inmediatez una hora y 45 minutos (después) de haberse realizado la presunta conducta delictiva?”, dijo el juez en su momento. Por otra parte, en el audio se describe que Reyes tuvo que ser protegido por la Policía, ya que la comunidad quiso tomar justicia por su propia mano. Además, para el juez no fue suficiente la constancia que dejó la Policía ante las lesiones que le había propinado Julio a Claudia, por lo que consideró ilegal el procedimiento de captura, dejándolo en libertad. Otra de las irregularidades en las que incurrió la justicia en el caso de Claudia Rodríguez se debe a que, en este caso, el juez alegó que la prioridad era la persona privada de la libertad, Julio Alberto Reyes, y no la víctima, Claudia, a pesar de que se encontraba gravemente herida tras la golpiza que le propinó Reyes en el parqueadero de su residencia el pasado 7 de marzo. Para el funcionario, la Policía debió, en primer lugar, conducir a Reyes a una URI para garantizar su captura, y luego si regresar a atender a la víctima. "Cuando en este caso, por ejemplo, la prioridad tenía que ser la persona privada de la libertad, es decir, el ciudadano Julio Reyes Andrade. Primeramente, tenían que trasladarlo a él al escenario de la URI, y posteriormente volver por la víctima y no como hicieron ellos que fue todo lo contrario, le dieron prioridad a la víctima. Posteriormente regresaron a las instalaciones del CAI de El Poblado por este ciudadano una vez fue llevada la víctima a las instalaciones de la URI a colocar la respectiva denuncia", añadió el juez. Cabe recordar que Fernando López, cuñado de Claudia, aseguró que la golpiza propinada por Reyes en el rostro, cuello y parte superior del cuerpo de la mujer fue tan fuerte, que fue este el detonante para que ella decidiera no continuar con la relación y regresar a Bogotá, ante lo cual, el hombre desesperado la acosó y persiguió hasta que acabó con su vida el pasado 10 de abril. Así quedó libre el hombre, para luego perpetrar el feminicidio, decisión que fue apelada por el fiscal de la URI en ese momento.
La jueza quinta de ejecución de pena Raquel Aya, en entrevista con BLU Radio, explicó las razones por las cuales concedió la libertad a Julio Alberto Reyes, asesino de Claudia Giovanna Rodríguez. “Se otorgó la libertad condicional tras haber cumplido las terceras quintas partes de su condena, además de otras conductas”, dijo. (Lea también: El escabroso pasado judicial del hombre que asesinó a su expareja en Santafé) Agregó que a esto se suma el “comportamiento ejemplar”, certificado por la cárcel La Modelo. Además, dijo, el hombre certificó que presentaba problemas de salud, no en su parte mental, sino por una afectación coronaria. “Requería en ese instante de un marcapasos, denominado desfibrilador”, enfatizó. Aya agregó que este fue uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para otorgar la libertad. “Fue uno de los aspectos. No fue el principal”, indicó al enfatizar que no es un requisito para dejarlo en libertad que Medicina Legal certifique que una persona está enferma del corazón. (Vea también: Tuitero registró tragedia en el centro comercial Santafé) Añadió la juez que también se tuvo en cuenta la carencia de antecedentes, el hecho de que en su momento hubiera hecho un preacuerdo con la Fiscalía, el hecho de haber evitado un desgaste en el aparato jurisdiccional.
Nuevos detalles se conocen sobre el caso de Kevin Santiago Ángel Garzón, el profesor reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado este lunes, 25 de mayo, en la localidad de Kennedy.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y pidió acelerar las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de la muerte del docente.¿Qué le pasó al profesor?Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo del profesor fue encontrado el viernes 22 de mayo en el barrio Tintal, en Kennedy, la misma localidad donde había sido reportada su desaparición. Sin embargo, debido al estado en el que se encontraba el cadáver, las autoridades tardaron varios días en confirmar oficialmente su identidad.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel estaba incinerado, situación que obligó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación a adelantar labores forenses e investigativas para lograr establecer plenamente que se trataba del docente desaparecido.El CTI había activado desde el primer momento el mecanismo de búsqueda urgente tras la denuncia presentada por familiares y allegados del profesor. Durante varios días, su madre, hermanos y amigos realizaron plantones y jornadas públicas exigiendo respuestas sobre su paradero.En medio de esas manifestaciones de angustia e incertidumbre, finalmente se confirmó el doloroso desenlace que hoy enluta a la comunidad educativa y a sus seres queridos.Además del pronunciamiento del alcalde Galán, también se conoció un comunicado de Alianza Educativa, institución que expresó su rechazo frente a la muerte de quien describieron como un compañero y docente muy querido.Primeras capturasLas autoridades avanzan ahora en la investigación para esclarecer lo ocurrido. Según la información conocida, ya habría dos personas capturadas que están siendo investigadas por su posible participación en el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel.Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y adelantando las indagaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.
El Gobierno de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un "gesto solidario humanitario y soberano" enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.El Decreto Presidencial 1212, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dispone "indultar total y definitivamente" a un grupo de sancionados, en atención a "las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena".En una anexo, el decreto publicado en una gaceta extraordinaria, incluye la lista de los indultados, en la que aparecen sus nombres, el número y año de las causas judiciales correspondientes y el tribunal donde fueron juzgados.El Gobierno insular anunció a principios de abril en un comunicado que entre los 2.010 presos incluidos en esta excarcelación "aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".También señaló entonces que en la lista de indultados se descartaron a personas que cometieron delitos de "agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia" entre otros .Asimismo, indicó que este "es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas"."Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año", añadió.El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión" y encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".La ONG Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, denunció este lunes que solo ha podido confirmar hasta el momento un preso político entre las 2.010 personas incluidas en la lista del indulto.Las primeras excarcelaciones de ese proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense.Anteriormente PD había informado que de la excarcelación de los otros 51 presos, únicamente 27 de ellos eran presos políticos, y en su mayoría fueron participantes en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.
Una de las salas de tutelas de la Corte Suprema de Justicia le puso freno al uso abusivo de las tutelas esto luego de que el alto tribunal concluyera que Jhon Jair Segura interpusiera más de 600 tutelas en diferentes regiones del país, de las cuales al menos 368 estaban dirigidas contra la UNP y relacionadas con solicitudes para aumentar su esquema de protección.El hombre aseguró que tras retirar su nombre de la contienda por la Presidencia de la República, comenzó a recibir amenazas y por ello requería un esquema especial de seguridad. Sin embargo, la UNP sostuvo ante la Corte que el ciudadano desarrolló un “modus operandi” para obtener un esquema tipo 4 y que, con ese propósito, promovió centenares de tutelas similares.Según la entidad, el solicitante no se encuentra en una situación de riesgo inminente, no acudió a practicarse el examen de valoración de riesgo requerido y además presentó múltiples requerimientos idénticos ante distintas autoridades judiciales.La Corte Suprema de Justicia determinó que el ciudadano ya cuenta con un esquema de protección, pero aun así insiste en obtener mayores medidas de seguridad mediante acciones de tutela. Incluso el alto tribunal advirtió que los derechos fundamentales no son absolutos y que el uso de la tutela debe respetar límites relacionados con la convivencia, el funcionamiento de la justicia y los derechos de terceros.Por ello, además de rechazar una de las cientos de tutelas, la Corte Suprema tomó varias decisiones correctivas. Entre ellas, ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades judiciales del país para que se abstengan de tramitar tutelas presentadas por esta persona cuando contengan expresiones irrespetuosas o injuriosas contra funcionarios, partes o terceros.Asimismo, dispuso que cualquier nueva tutela que interponga contra la UNP deberá incluir copia de esta providencia y ordenó que las oficinas judiciales de Cali, Pasto y Bogotá anexen el historial de tutelas previas del hombre cada vez que radique una nueva tutela.
El procedimiento se realizó en el sector de Real de Minas, donde uniformados de la Policía interceptaron al sospechoso luego de recibir la denuncia de una mujer de 47 años que aseguró haber sido víctima de la modalidad de ‘cambiazo’ en un cajero automático del Terminal de Transportes de Bucaramanga.Según las autoridades, el hombre habría aprovechado un momento de distracción para quedarse con la tarjeta débito de la víctima y posteriormente retirar 8 millones de pesos de su cuenta bancaria.La alerta inmediata de la ciudadana y la coordinación con la entidad financiera permitieron activar un operativo de búsqueda que terminó en la Avenida Samanes, donde fue ubicado el presunto responsable.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder del capturado el dinero retirado de manera fraudulenta y la tarjeta bancaria reportada como hurtada.El general William Quintero comandante de la Policía Metropolitana aseguró que la rápida reacción de la víctima fue clave para lograr la captura y recuperar la totalidad de los recursos económicos.“Este resultado demuestra la importancia de denunciar oportunamente. Gracias a la información entregada y a la reacción inmediata de nuestros uniformados fue posible evitar que esta persona escapara”, señaló el oficial.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes.La Policía Metropolitana de Bucaramanga aprovechó el caso para reiterar varias recomendaciones de seguridad a los ciudadanos al momento de utilizar cajeros automáticos, entre ellas no aceptar ayuda de desconocidos, cubrir el teclado al digitar claves y verificar constantemente que la tarjeta entregada corresponda realmente a la propia.Además, las autoridades alertaron que esta modalidad de robo continúa siendo utilizada por delincuentes en zonas de alta afluencia de personas, especialmente en terminales de transporte, centros comerciales y entidades bancarias de gran afluencia.
La Sociedad de Activos Especiales entregará la ‘casa museo’ de Pablo Escobar en Medellín a una fundación que trabaja por la niñez. Según la Fiscalía General de la Nación, se pudo evidenciar cómo Roberto Escobar, hermano del excapo, habría tratado de desviar la atención de las autoridades utilizando testaferros.Luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenara la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria, se conoció el destino que tendrá esta propiedad.El bien, de estrato 5 y avaluado en más de $6.115 millones, está ubicado en el sector de La Asomadera, vía Las Palmas. Permaneció en poder de personas vinculadas al entorno familiar y social de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo que permitió que continuara operando como un espacio de exaltación del narcotráfico y del ‘narcoturismo’ en la ciudad, pese a contar con medidas cautelares. Ahora será administrado por una fundación que trabaja por niños, niñas y adolescentes, seleccionada mediante invitación pública."Una de las organizaciones que participó en la convocatoria de Bienes que Transforman, en la cual se seleccionaron muchos proyectos de todo el país para la promoción del bienestar de los y las colombianas, va a ser la beneficiaria de este bien inmueble. En él se hará un proyecto de cuidado de niños, niñas y adolescentes. De sembrar violencia, muerte, que es lo que significa nuestro pasado, vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro", explicó el vicepresidente de Activos, Muebles e Inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Salazar.Recordemos que la sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico
