A comienzos de cada año, miles de pacientes en Colombia se enfrentan a la misma escena: llegar a una cita médica, reclamar un medicamento o programar un procedimiento y preguntarse cuánto deberán pagar esta vez, pues como es habitual a inicios de cada año sube el precio de muchos servicios, entre ellos los pagos de las cuotas moderadoras del servicio de salud. Para muchas familias, esos valores, aunque parezcan pequeños, hacen la diferencia entre continuar un tratamiento o aplazar una atención médica necesaria. Con la llegada de 2026, el Gobierno nacional ya definió el monto de las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud.A través de la Circular Externa 048 de 2025, el Ministerio de Salud actualizó oficialmente los montos que deberán asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, a partir del 1 de enero de 2026.Paciente, esto debe pagará por ir al médico en 2026La principal novedad es que estos valores se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo precio para 2026 quedó en $12.110, según una resolución del Ministerio de Hacienda.Régimen contributivo: cuotas moderadoras y copagosLas cuotas moderadoras, que se pagan por consultas y algunos servicios para regular la demanda, quedaron así para 2026, según el ingreso del afiliado cotizante:Ingresos menores a 2 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $5.000.Ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $20.100.Ingresos superiores a 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $52.800.En el caso de los copagos, que corresponden a un porcentaje del valor del servicio, se mantienen los rangos definidos por nivel de ingreso:Lea también: (Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edad).Menor a 2 salarios mínimos: 11,5 % del valor del servicio.Entre 2 y 5 salarios mínimos: 17,3 %.Mayor a 5 salarios mínimos: 23 %.Copagos en el régimen subsidiadoEn el régimen subsidiado, los afiliados están exentos del pago de cuotas moderadoras; no obstante, sí aplican copagos de acuerdo con su nivel de clasificación:Nivel 1: no debe asumir copagos.Nivel 2: puede pagar hasta el 10 % del valor del servicio, con un límite máximo de $651.155 por evento, cirugía u hospitalización, y un tope anual de $1.302.309.Es importante recordar que estos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026, por lo que los pacientes que hacen parte del regimen contributivo que asistan a su EPS tendrán que alistar más dinero para ser atendidos. Con esta actualización, el objetivo del Gobierno es mantener los cobros del sistema de salud ajustados a la inflación y al poder adquisitivo de los colombianos. Consulte la Circular Externa 048 de 2025 del Ministerio de Salud:
La senadora Angélica Lozano es una de las que se ha pronunciado sobre el polémico debate sobre la cuota de género en el gabinete ministerial. Su “disgusto” se centra en el nombramiento de Juan Carlos Florián, quien ha solicitado ser llamado "ministra", y las implicaciones que esto tiene para la legítima representación de las mujeres en el poder ejecutivo.Para Lozano, esto no solo desvirtúa la ley, sino que también “banaliza y manosea las luchas de las mujeres y las personas LGBT”, según comentó la senadora en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, este viernes.La senadora Lozano, con orgullo, destacó la reciente modificación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), actualizada en 2024, que elevó la participación de las mujeres del 30 % al 50 % en los cargos directivos del ejecutivo.Según explicó, esta ley, avalada por la Corte Constitucional, aplica desde las alcaldías municipales y gobernaciones hasta la Presidencia de la República, incluyendo todos los ministerios y departamentos administrativos.“Esto no es solo de números o mujeres haciendo bulto. Es que más de la mitad de los colombianos somos mujeres y ahí hay una mirada de agenda y de problemática”, aseveró.La controversia por el nombramiento de Juan Carlos FloriánEl punto central de la crítica de Lozano es el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián. A pesar de que Florián se autodenomina “marica” y se refiere a sí mismo como “ministra”, Lozano fue contundente al afirmar que "la ley de cuotas es de mujeres”.“Que esto no se llena con que si el hombre, un señor homosexual o una persona trans, no, esto es una cuota de mujeres y él tiene todo el derecho en su intimidad y en lo público a autodenominarse como quiera, pero eso no cambia la ley. Entonces, él es un hombre”, sentenció.La senadora subrayó la importancia de la claridad en la aplicación de la ley, instando a “respete a las mujeres y respete también a la a las luchas LGBT por la igualdad”. Además, denunció que el Gobierno tardó en reglamentar la ley, buscando sumas que incluyeran a “operarias, secretarias” en lugar de enfocarse en los cargos directivos.Angélica Lozano no solo cuestionó la interpretación de la Ley de Cuotas, sino que también criticó lo que consideró una "banalización" de las luchas sociales.Incluso, manifestó que “el manoseo viene del presidente”, quien, a pesar de haber usado el “pañuelo feminista en campaña”, ha “protegido, impulsado y defendido a toda clase de abusadores y de gente que ha ejercido violencia machista y abusos de distinto orden laboral”.Asimismo, Lozano enfatizó la difícil situación de las personas trans en Colombia, con un promedio de vida de solo 35 años, debido a la violencia y discriminación sistémica. Por ello, le pareció grave que “el presidente banalice o le parezca chistoso”.
Entes de control tienen la lupa puesta sobre decisiones adoptadas por el actual alcalde del municipio de Vegachí, José María Ochoa, quien habría cometido irregularidades en la designación de una parte de su gabinete.Así lo dejó en evidencia la Procuraduría General, quien recientemente decidió formular cargos contra el mandatario del Nordeste de Antioquia al no garantizar la participación mínima de mujeres exigida por la ley en la designación de seis secretarios de despacho entre el 1 y 11 de enero de 2024.Según la entidad, a través de su Provincial de Instrucción de Puerto Berrío, con esta conducta, Ochoa estaría incumpliendo la Ley 581 de 2000, que establece que al menos el 30 % de los cargos del nivel decisorio en las entidades del Estado deben ser ocupados por mujeres.La Procuraduría destacó que el mandatario “tenía la obligación de velar por el cumplimiento de esta norma y promover la inclusión y representación equitativa de género en su equipo de gobierno. Al no hacerlo, habría incurrido en una falta disciplinaria calificada provisionalmente con culpa gravísima”.Tras la formulación de cargos, el alcalde contará con todas las garantías para presentar las pruebas y argumentos que defiendan las decisiones adoptadas y de esta manera la Procuraduría procederá a tomar una decisión de fondo el funcionario elegido por voto popular podría tener una suspensión de hasta de treinta días en el ejercicio del cargo.
Bajo la lupa de las entidades de control se encuentran dos exfuncionarios de administraciones del suroeste antioqueño por haber tenido presuntas irregularidades en el nombramiento de cargos directivos durante su gestión.Se trata del exalcalde de Pueblorrico, Carlos Arturo Quintero Hurtado, y el exgerente del Hospital San Pablo del municipio de Tarso, Raúl Alcides Osorio Bustamante, sobre quienes el procurador provincial de instrucción de Andes formuló pliego de cargos por haber supuestamente incumplido con la denominada ‘Ley de Cuotas’, la cual exige un mínimo del 30 % de participación femenina en los cargos de máximo nivel decisorio de las entidades públicas.En el caso de Quintero Hurtado, la Procuraduría aseguró que para el año 2021 la administración municipal contaba con cuatro cargos de máximo nivel, de los cuales solo uno estaba ocupado por una mujer, mientras que en el caso de la institución de salud, los dos cargos de máximo nivel decisorio estaban ocupados exclusivamente por hombres, resultando en una participación femenina nula.“El Ministerio Público determinó que ambos investigados omitieron el deber funcional de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los niveles decisorios de sus respectivas entidades, incumplimiento que fue calificado provisionalmente como falta gravísima, a título de culpa gravísima”, destacó la entidad de control.Los procesos pasarán a etapa de juzgamiento en el que los investigados se podrán defender y contradecir los elementos aportados hasta el momento.
El nombramiento de Daniel Palacios como ministro del Interior fue tumbado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque se habría incumplido la denominada ley de cuotas, que pide un mínimo del 30 % de participación de mujeres en cargos del Gobierno.Rodrigo Mazabel, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afirmó en Mañanas Blu que “el Gobierno no tuvo en cuenta la ley que ordena fijar una participación femenina del 30 %, y la consecuencia es que se están declarando las nulidades de esos nombramientos para esa época, dado que bajó la participación de las mujeres en los altos cargos”.Mazabel explicó que para “el momento que se efectuaron los nombramientos había 18 ministerios, entonces, ese 30 % equivaldría al 5,4 %, pero se acerca al entero próximo, o sea a 6. (…) La clave está en la forma como se interpreta ese porcentaje, para el Gobierno bajaba a 5 y la jurisprudencia dice que para estos casos debería interpretarse a 6”.El magistrado aclaró que, pese a estar el porcentaje más cerca al número menor, se acerca el entero próximo porque si no se estaría incumpliendo ese porcentaje mínimo que exige la ley.Sin embargo, según indicó el magistrado, como se impugnó la decisión, Palacios seguirá en su cargo hasta que se surta la segunda instancia, que podría tardar un mes, es decir, la decisión podría conocerse después de terminado el actual Gobierno.
こんにちは (Kon’nichiwa, que significa “hola”). Aunque esta palabra se ha vuelto familiar para muchos hispanohablantes, dominar la lectura y la escritura del japonés sigue siendo un reto considerable. Mientras tanto, la presencia de la cultura japonesa en Colombia y en el resto del mundo continúa en aumento, impulsada por el anime, el manga, la música, la gastronomía y productos como el matcha.Ese interés global se refleja en las cifras de turismo: Japón recibió un máximo histórico de 42,7 millones de visitantes extranjeros en 2025, con un público especialmente joven entre quienes se sienten atraídos por la cultura nipona.Japón, entre los destinos favoritos de los colombianosLas reservas de viajeros colombianos con destino a Japón han aumentado, y el país asiático ocupa actualmente la octava posición entre los destinos internacionales más elegidos desde Colombia. Su participación ha sido notable en temporadas de alta demanda, como la semana de receso escolar.Este crecimiento coincide con un auge del turismo internacional hacia Japón, que superó la barrera de los 40 millones de visitantes extranjeros anuales. Según analistas financieros, la debilidad del yen ha funcionado como un factor que impulsa a los viajeros colombianos a comprar tiquetes hacia Tokio.Lo que revela el estudio de Preply sobre el interés por JapónUna encuesta de la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply identificó que el 18 % de los adultos incluye a Japón en su lista de destinos deseados para 2026.La Generación Z y los millennials, los más interesadosEl porcentaje sube al 24 % entre la Generación Z y los millennials, una proporción que casi triplica la registrada entre los baby boomers, que se ubica en el 9 %.El estudio también encontró diferencias por género: el 24 % de los hombres manifestó su deseo de visitar Japón, frente al 14 % de las mujeres. Además, el 15 % de los encuestados afirmó haber considerado la posibilidad de mudarse a ese país en algún momento.Las búsquedas de vuelos a Japón crecieron 173 %El interés también se refleja en internet. De acuerdo con datos de búsquedas en Google, las consultas de “vuelos a Japón” aumentaron un 173 % en los últimos cinco años, en paralelo con la consolidación del país como uno de los destinos vacacionales más solicitados.La brecha entre viajar y aprender el idioma japonésEl análisis de Preply detectó que, en promedio, 135.000 personas buscan cada mes “vuelos a Japón” en el mundo, mientras que solo 18.100 buscan “aprender japonés”. Esta diferencia representa una brecha de preparación del 153 % entre quienes planean viajar y quienes estudian el idioma.Los datos contrastan con otro hallazgo de la misma plataforma: en un informe publicado a comienzos de este año, el japonés se ubicó como el séptimo idioma más aprendido a nivel mundial, con el 3 % de los estudiantes de lenguas extranjeras.En consecuencia, el estudio concluye que un número creciente de personas desea visitar Japón, pero muchas viajan sin conocer los conceptos básicos de la lengua local.Frases básicas en japonés para viajerosEmiko, tutora de Preply y nacida en Japón, recomienda cinco expresiones fundamentales que todo turista debería conocer antes de llegar al país:Arigato gozaimasu: muchas gracias.Sumimasen: disculpe o lo siento.Onegai shimasu: por favor. Se utiliza al pedir ayuda o hacer una solicitud.Daijoubu desu: está bien o estoy bien.¿Doko desuka?: ¿dónde está?El impacto de un “gracias” en japonésSegún la información de Preply, aprender expresiones sencillas puede transformar un viaje turístico en una experiencia de mayor contacto cultural, tanto para quienes visitan Japón por primera vez como para los viajeros frecuentes.Un dato respalda esta observación: el 83 % de los japoneses asegura que escuchar a un turista decir “arigatou” (gracias) le alegra el día. Este tipo de intercambios facilita la comunicación entre visitantes y residentes locales.Con Japón consolidado entre los destinos preferidos de los colombianos y el japonés ubicado entre los idiomas más estudiados del mundo, las cifras muestran un interés creciente por el país asiático, aunque todavía con una distancia significativa entre el deseo de viajar y la preparación lingüística. さようなら (Sayōnara, “adiós”).
Un niño de seis años enfrenta una situación de salud difícil debido a la falta de medicamentos que necesita para controlar su enfermedad. Félix Joseph Vaca Echavarría, quien proviene del Catatumbo, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), en Bogotá, mientras su familia intenta conseguir el medicamento que requiere para controlar sus crisis epilépticas.Se trata de topiramato de 100 miligramos, cuya disponibilidad se ha convertido en una preocupación para sus familiares, pues reportan que está agotado no solo en el hospital, sino también en varias farmacias.El menor tiene un diagnóstico de encefalopatía epiléptica de origen genético, una condición que le provoca convulsiones, incluso mientras duerme. Su familia lleva cerca de 18 meses enfrentando el proceso médico y buscando alternativas para controlar la enfermedad.Un familiar que actualmente está a cargo de Joseph explicó que las reservas del medicamento están a punto de terminarse. “Ya mi reserva se agotó, pues aún me queda como para unos dos días, algo así, pero yo no puedo esperar al último día, sabiendo que no lo tengo”, manifestó.La madre de Joseph, quien es auxiliar de enfermería, también participa en el proceso y conoce de cerca las condiciones de salud del menor. Sin embargo, tuvo que viajar durante estos días, por lo que otro familiar ha asumido su cuidado.¿Por qué se necesita el topiramato de 100 miligramos?El familiar explicó que el tratamiento ha requerido ajustes debido a la respuesta del niño y a los efectos que pueden producir los medicamentos en su organismo.“Ha habido medicamentos que le dan alergia, otros problemas de obesidad, así que se han ido ajustando”, contó. También señaló que el topiramato ha formado parte del tratamiento durante varios meses y que buscan garantizar su continuidad mientras el equipo médico evalúa las alternativas.En una conversación con BLU Radio, el familiar explicó que el medicamento no superaría los $100.000 por caja y que cada presentación puede durar aproximadamente 14 días. Sin embargo, la principal dificultad está en conseguirlo. “Casi todas aparecen agotadas”, afirmó.El familiar aclaró que no tiene quejas sobre la atención que recibe el niño en el hospital. Por el contrario, indicó que el equipo médico está pendiente de la situación y que esperaba la valoración del neurólogo para definir si se mantiene el tratamiento o se cambia el medicamento.Joseph viene del Catatumbo, una región de Norte de Santander marcada por la violencia y la presencia de grupos guerrilleros. Su familia enfrenta ahora la búsqueda del medicamento mientras acompaña su hospitalización en Bogotá.¿Qué es la encefalopatía epiléptica?La encefalopatía epiléptica es un grupo de trastornos neurológicos poco frecuentes en los que la actividad eléctrica anormal del cerebro provoca convulsiones y puede afectar su desarrollo y funcionamiento.En los niños puede generar crisis de difícil control, alteraciones del sueño y dificultades en el desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje. Algunas formas están relacionadas con cambios genéticos.En el caso de Joseph, su familia espera que pueda continuar con el tratamiento indicado por los especialistas y conseguir el topiramato antes de que se agoten las dosis disponibles.
Roberto Prieto Uribe no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, luego de que la juez avalara la imputación presentada por el ente acusador y rechazara los argumentos de la defensa contra su vinculación formal al proceso.Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Prieto, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Santos, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la presentación de los informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la Fiscalía, en esos documentos se habría omitido información sobre recursos y gastos relacionados con la financiación de la campaña. La Fiscalía también señaló que la campaña recibió ingresos provenientes de fuentes prohibidas, entre ellos recursos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht, pese a lo cual recibió la reposición de votos correspondiente a las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2014.Posteriormente, explicó los hechos que atribuye directamente a Prieto Uribe y señaló: “Se le reprocha, señor José Roberto Prieto Uribe, que en Bogotá el 26 de diciembre de 2014, como gerente de la campaña Juan Manuel Santos a la Presidencia (2014-2018) de manera directa obtuvo para el Partido de La U incremento patrimonial no justificado en cuantía de 13.461.287.446 para la cual se soportó en documentos falaces en los que se omitió registrar ingresos y gastos de la campaña, particularmente los provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht, la cual pagó los servicios prestados por la empresa panameña Paddington Venture Ltd. y también omitió reportar la donación en especie de esa misma multinacional en los valores pagados a Paddington Venture Ltd.”.De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, en el informe Prieto reportó ante el organismo electoral gastos de campaña por aproximadamente 13.000 millones de pesos, pero habría dejado por fuera los recursos utilizados para pagar los servicios contratados con Paddington Venture Ltd.Los hechos investigados están relacionados con el envío de un millón de dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, esos recursos fueron utilizados para financiar un estudio de opinión y estrategia en un momento de la campaña en el que Santos se enfrentaba a Óscar Iván Zuluaga y las encuestas ubicaban a este último en una posición favorable.Para la realización de esos estudios, la campaña presidencial suscribió en febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Ventures. El objeto incluía actividades relacionadas con la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la campaña.Según la Fiscalía, los recursos relacionados con esos servicios no fueron incluidos en los informes oficiales presentados ante el CNE, tanto en los ingresos como en los gastos de la campaña. El ente acusador sostiene que esa omisión tuvo consecuencias frente a los recursos que posteriormente recibió la campaña por concepto de reposición de votos.La Fiscalía afirmó que, como consecuencia de la información presentada ante las autoridades electorales, la campaña pudo acceder a la reposición de votos de primera y segunda vuelta y habría recibido del Estado un total de 13.461 millones de pesos.Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roberto Prieto Uribe los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras escuchar la formulación de cargos y la decisión de la juez de avalar la imputación, Prieto no aceptó responsabilidad por las conductas atribuidas.
Un cargamento de 1.100 toneladas de nitrato de amonio fue incautado en Santa Marta durante un operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), como parte de los controles contra el contrabando en la región Caribe.De acuerdo con la información entregada por la Policía, la sustancia era de procedencia extranjera y fue ubicada durante una diligencia de registro y allanamiento, después de labores de investigación y perfilación que permitieron identificar la mercancía.El nitrato de amonio requiere controles especiales por parte de las autoridades debido a sus características y a los posibles usos que puede tener. Según la Polfa, esta sustancia puede ser empleada como materia prima para la elaboración de ANFO, un compuesto utilizado en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.La coronel Luliana Jiménez, directora de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que el procedimiento hace parte de las acciones para evitar que sustancias químicas controladas sean desviadas hacia actividades ilícitas.Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia, documentación y destino final del cargamento incautado, para establecer si esta sustancia química tenía como punto final algún grupo criminal como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o el Clan del Golfo que operan en el departamento del Magdalena.
Durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal. El alto dignatario señaló que, de no aprobarse la iniciativa durante el primer trimestre de 2027, el país enfrentará una severa crisis fiscal con un alto riesgo de impago (default), lo cual podría traducirse en un millón de colombianos adicionales en la pobreza y en un escenario de inflación o hiperinflación de la moneda.El costo de la inacción fiscal hacia 2030 y 2035En su intervención ante directivos y analistas del sector financiero, el vicepresidente expuso proyecciones alarmantes sobre lo que sucedería si se aplazan las decisiones de fondo sobre la estructura tributaria del Estado:"Si no hacemos nada en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada 2 pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada 5 pesos de no hacer nada".Frente a este horizonte de deterioro de las cuentas públicas, Restrepo cuestionó las posturas evasivas de diversos sectores políticos y descartó las soluciones parciales: "Y aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión".El Ejecutivo asume el costo político y pide responsabilidadEl vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, asegurando que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto: "El gobierno de Abelardo De La Espriella asumiendo al final un costo político pone la cara, se pone de frente y le habla de frente al país".Así mismo, Restrepo diferenció el debate democrático legítimo de la manipulación electoral: "Siempre se pueden encontrar alternativas pero no jueguen a la política... Me refiero a la burda politiquería del que pretende hacerlo de una manera en donde no va a ser simplemente viable". Añadió que la actual coyuntura sirve de parámetro para juzgar el compromiso institucional: "Este escenario es un escenario en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan tanto en el ejecutivo como en el legislativo".A pesar del tono crítico del mensaje, el vicepresidente sostuvo que la administración mantiene abiertos los canales institucionales para concertar los ajustes necesarios: "El ejecutivo está listo en el diálogo con el legislativo... siempre con la posibilidad de construir colectivamente porque la capacidad de escucha y de construir de la mano del ejecutivo y del legislativo siempre será posible con ese sentido naturalmente de responsabilidad"
