Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias 'El Mellizo', y a Orlando Villa Zapata, alias 'Rubén'.Quienes, entre 2013 y 2017, habrían entregado dinero y dádivas a la exfiscal Hilda Niño Farfán, y al exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Roso, con el fin de obtener beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Por lo que la Fiscalía les imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer."La Fiscalía estableció que estas dos personas habrían entregado dinero a la ex fiscal y al exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá con el fin de tener beneficios en justicia y paz y no ser reconocidos como narcotraficantes dentro del proceso", indicó Salomón Strusberg Rueda, director de Justicia Transicional.Alias ‘Ruben’ se encuentra en la cárcel de Palmira, donde cumple una condena por homicidio. También fue excluido del proceso de Justicia y Paz. 'El Mellizo' también fue excluido por no cumplir con los requisitos de elegibilidad dentro del trámite”, señaló el ente acusador.Le puede interesar:Finalmente, el juez de control de garantías ordenó capturarlo, medida que será comunicada a los organismos internacionales, debido a que fue extraditado a Estados Unidos en 2009, y cumplió una condena en ese país por cargos de narcotráfico; sin registrar ingreso migratorio a Colombia.Por este caso, la exfiscal Niño Farfán fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho propio. Por su parte, el proceso contra el exmagistrado Castellanos Roso culminó la etapa de juicio y está a la espera de sentencia.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la famosa reunión del exmandatario y el presidente electo:
Una nueva medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuso el Despacho de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla contra el exparamilitar Salvatore Mancuso y otros 14 postulados por 1.530 hechos, relacionados con homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia basada en género.Según la Sala, estos crímenes masivos ocurrieron en los departamentos de Atlántico y Magdalena, entre los años 2000 y 2006; sin embargo, a Mancuso solo se le responsabiliza por actos sucedidos hasta el 10 de diciembre de 2004, cuando dimitió de la estructura paramilitar.Con esta ya son 20 las medidas de aseguramiento que ha impuesto el Tribunal de Barranquilla sobre Salvatore Mancuso desde 2019, cuando se autorizó su conexión virtual a las audiencias desde la cárcel donde se encuentra recluido en Estados Unidos.Lea también:No obstante, la Sala de Justicia y Paz se abstuvo de imponer detención a Mancuso y a otros postulados como Rafael Eduardo Julio Peña, Juan Carlos Rodríguez de León, Édgar Ignacio Fierro y Yonis Rafael Acosta Garizábalo por algunos casos, "pues no se halló elemento que comprometiera, en grado de inferencia razonable, su responsabilidad, o que acreditara el vínculo con la organización".Eso sí, "los hechos quedaron imputados y la Fiscalía podrá insistir en su legalización en la etapa subsiguiente", aclara el Tribunal.La Sala informó que sobre esta nueva medida "no se presentaron recursos, así que el asunto pasará a la Sala de Conocimiento para la legalización de los cargos, cuantificación de los perjuicios y emisión de la respectiva sentencia".Escuche el podcast Sin Tabú:
Este viernes será la última jornada de lectura de sentencia que adelanta la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra alias ‘Karina’ y otros miembros del bloque José María Córdova que ella comandaba de las extintas Farc.Esta será la primera condena de Justicia y Paz contra una cabecilla de esa guerrilla y, en las más recientes audiencias, la sala indicó que tiene identificados 12 acciones armadas cometidas por el bloque en diferentes partes del país.También instó a la Fiscalía a investigar todos los delitos y conductas recopiladas durante la investigación, pero que además investigue a algunos particulares, persona, empresas o instituciones estatales que habrían hecho cosas a favor de dicho bloque, ya sea a través de la entrega de víveres, insumos médicos, indumentaria militar, construcción de infraestructura o por omisión, porque hayan dejado de hacer tareas que habrían evitado el ataque de los ilegales.La sala alertó que tiene información de 231 bienes que podrían ser incluidos en procesos de reparación, pero hoy no han sido cobijados por extinción de dominio, ni siquiera tienen medida cautelar. Por esto le pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar la documentación de estos y a entidades involucradas en el manejo de terrenos, tener en cuenta que los reportados en el acuerdo de paz ante la JEP también pueden incluirse en el proceso de reparación de las víctimas de alias ‘Karina’.A propósito de la lectura definitiva, Hernán Martínez, abogado de algunas de las víctimas, resaltó la diligencia que ha tenido el magistrado para detallar el fallo y dijo que esperan tener un espacio prudente para definir si es necesario apelar o no.“Y ver la necesidad si es procedente la apelación o dejarlo así como está, pero nosotros partimos de la necesidad de las víctimas, por el perjuicio a ellas y algunas víctimas no fueron reconocidas”, señaló.Escuche el podcast de Al pelo con Tata:
Ante la JEP, algunas víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron un informe con el cual buscan que algunos altos mandos del Ejército sean llamados a rendir versión como coautores de 10 masacres ocurridas entre los años 1999 y 2001 en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.Las masacres fueron perpetradas por los paramilitares, sin embargo, las víctimas insisten en que hubo apoyo directo por acción u omisión por parte de la fuerza pública.En principio, explican que desde los años 70 esta zona del país se ha visto fuertemente afectada por el narcotráfico, y que algunos de estos grupos tuvieron participación en algunas masacres como la de Trujillo, donde murieron al menos 300 personas. Según las víctimas en estos hechos hubo una alianza entre narcotraficantes y miembros del Batallón Palacé, que habría sido probada en la justicia ordinaria por versiones de paramilitares y narcotraficantes."Respecto a la colaboración entre el grupo paramilitar y la fuerza pública, no es constatable, únicamente por las advertencias hechas por los militares a la población civil, existen sendas declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz que confirman que no era posible llevar una incursión armada de tal envergadura sin la colaboración de quienes tenían el deber de proteger a la población civil", asegura el informe.En un apartado se refieren al gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegurando que en este tiempo hubo un recrudecimiento de la violencia estatal que se habría dado en parte con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, el informe asegura que durante este tiempo hubo un incremento exponencial de las masacres pues "el Estado coadyuvó a la intensificación de conflictos sociales y al deterioro de su propia legitimidad, generando a la par de desplazamientos masivos de la población, un recrudecimiento de las prácticas paramilitares y el ejercicio privado de sanciones y ajusticiamientos".El informe recopila información de 10 masacres en esa zona del país, menciona las víctimas por estos hechos y el proceso en el que se encuentra la investigación de los mismos, pues en muchos casos, no han sido esclarecidos, incluye además testimonios de exparamilitares que han aceptado haber actuado con ayuda presuntamente de miembros de la fuerza pública para llevar a cabo las masacres.Es por esto que, le piden a la JEP abordar estos hechos en el macro caso en el caso 05, para poder determinar responsabilidades frente a estos hechos y lograr el esclarecimiento de los mismos.Piden además, que sean declarados crímenes de lesa humanidad y el llamado de 13 exmiembros de la fuerza pública de la Tercera División del Ejército Nacional. Asimismo, que se reconozca la condición de víctimas de quienes se vieron afectados por las masacres y que se llame a los paramilitares que ya han reconocido los hechos como testigos.Escuche en el podcast "Zorros y Erizos" cómo avanza la carrera por la Presidencia:
En España fue capturado alias 'Pinocho' o el 'Ganadero', principal cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachenca, que actúa en el departamento del Magdalena, especialmente, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta.Se trata de Fredy Castillo, quien había pertenecido a las extintas autodefensas en esa misma zona del país. En una operación de la Policía de Colombia y autoridades españolas fue capturado en Brunete, Madrid, España.“Era responsable de asesinato de líderes sociales y de otros delitos que afectaban la seguridad de esta zona del país”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.Alias ‘Pinocho’ hizo parte de la banda Los Mellizos y del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’ o ‘El señor de la Sierra’.“Fredy Castillo había pertenecido a las Autodefensas en esa zona de país y delinquía con el delincuente que ha causado mucho daño en Colombia Hernán Giraldo”, añadió el general Jorge Luis Vargas.Según las autoridades, para comienzos de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y en septiembre de 2011 fue deportado a Colombia luego de pagar una condena de cuatro años; una vez regresó se acogió al proceso de Justicia y Paz.Después de acogerse al proceso de Justicia y Paz, alias ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’ utilizó la fachada de líder social para seguir delinquiendo, en este caso y desde 2017 con el grupo delincuencial organizado ‘Los Pachenca’.“Creo que este es el resultado de lo que va este año en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”, agregó el general Vargas.Alias ‘Pinocho’ está vinculado con homicidios selectivos, cobros extorsivos a comerciantes y transportadores del troncal caribe en los departamentos de Magdalena y La Guajira.En la actualidad, este hombre era requerido por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado.Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’:
El Despacho de Control de Garantías de la sala de Justicia y Paz impuso una nueva medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, a Salvatore Mancuso Gómez. Esta vez se da por 1.720 crímenes cometidos entre el año 1992 y 2004 que corresponden a homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados.Los hechos se habrían cometido en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre.Esta nueva decisión se suma a otras 16 medidas de aseguramiento que desde 2019, cuando se autorizó su conexión virtual desde los Estados Unidos, este Tribunal ha dictado en contra del exjefe paramilitar por otros hechos similares.El magistrado informó que la sala se abstuvo de imponer medida por otros 67 desplazamientos y 4 homicidios en los que no se acreditó que Mancuso tuviera un liderazgo en esas zonas.“En primer lugar se excluyó de un desplazamiento registrado en Tierralta, Córdoba, este fue un operativo que involucró la participación de los Bloques ‘Elmer Cárdenas’ y ‘Bananero’, bajo la dirección de la ‘Casa Castaño’, concretamente Vicente Castaño Gil”, puntualizó el magistrado.Ahora el asunto pasará a la Sala de Conocimiento para la legalización de los cargos, cuantificación de los perjuicios y emisión de la respectiva sentencia.Siga y escuche el podcast ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’:No me siento valorado por mi pareja ¿qué hago?
En máximo un mes será desarrollada una audiencia definitiva para la evaluación de la posible exclusión de Hernán Giraldo de la Ley de Justicia y Paz, en medio de una solicitud que desde octubre del año anterior adelanta el Tribunal de Barranquilla; por cuenta de la presunta comisión de nuevos delitos del exparamilitar, luego de desmovilizarse.El magistrado ponente del caso es José Haxel De la Pava y se trata de un proceso cuyas audiencias no han concluido ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla, pero que avanzarían con "óptimos criterios", según indicaron fuentes a BLU Radio.Los actos por los que se le acusan tiene que ver con la reciente formulación de cargos que le realizó la Fiscalía por presuntamente abusar sexualmente de cuatro menores de 14 años, mientras estuvo recluido en tres centros carcelarios del país, en hechos registrados entre 2006 y 2008. Por esto, deberá responder por los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, aborto forzado, trata de personas y concierto para delinquir. Vale la pena mencionar que este proceso es adelantado bajo la ley 600 de la justicia ordinaria.De ser aprobado el retiro de Giraldo de este marco jurídico especial tendrá que enfrentar una condena por 40 años que en 2018 una de las salas de conocimiento de justicia y paz le impuso, pero que se la redujeron a 8 años, por entregar las armas bajo este proceso que cobijó a los AUC, la cual actualmente cumple en la cárcel de Itagüi, a partir de su deportación a Colombia hace un año, luego de cumplir con su condena por narcotráfico en Estados Unidos.Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí:
De acuerdo con el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, en los tres años de Gobierno de Iván Duque, han sido indemnizadas 291.000 víctimas de forma individual y se han dado 31 procesos de reparación colectiva, esto con una inversión total de 2,6 billones de pesos.Sin embargo, a la hora de hablar con las víctimas, con aquellas personas que sufrieron alguna pérdida por la guerra, siempre hace falta algo más y para ellas el proceso hasta ahora está comenzando. Varias de las víctimas más visibles dicen que aún no han recibido ninguna reparación económica.Ingrid Betancourt, quien estuvo seis años secuestrada por las Farc, considera que es necesario que la Justicia Especial de Paz empiece a emitir los fallos sancionatorios contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto y para ella no es suficiente con sanciones pedagógicas.“Se ha hablado de plantar árboles y eso está bien. Pero creemos que debe haber condenas con pérdida de la libertad, que es el bien más preciado que tiene el ser humano porque es lo que define la dignidad. El hecho de que se hubiera impuesto pérdida de libertad a tantos seres humanos conlleva la necesidad de que entiendan lo que eso significa”, dijo Betancourt, a propósito de las víctimas del secuestro.Además, Ingrid Betancourt puso el dedo en la llaga frente a dos temas fundamentales. El primero es que duda que el ejercicio de impartir justicia sea equilibrado por parte de las instituciones creadas para ello.En segundo lugar, considera que la reparación no sólo debería ser parte de un esfuerzo económico del Estado, sino que se debe exigir a las Farc que hagan verdaderos aportes con lo que fue en su momento el poderío monetario que tuvo la organización para que ese dinero sirva para reparar a las víctimas.Por otro lado, el general Luis Mendieta, quien es un oficial retirado de la Policía que fue secuestrado por las Farc en la toma de Mitú en 1998 y estuvo 12 años en cautiverio. Hoy en día, cinco años después de la firma de la paz, no solo no se siente reparado, sino que además han aprovechado su desmovilización para obtener un despliegue político, sin tener en cuenta a las víctimas.“Hasta el momento únicamente ofensas que eso es lo que hacen las Farc cuando se dirigen a reparar a las víctimas. Únicamente han hecho, con la Comisión de la Verdad, un despliegue, diría yo, político, a lo largo y ancho del país, donde los integrantes de la Comisión de la Verdad junto con los integrantes de las Farc han hacen determinados eventos culturales y donde únicamente se dan palabras, pero hechos concretos de reparar a las víctimas que ellos ocasionaron, ninguno", dijo.Fabiola Perdomo, fue esposa del expresidente de la Asamblea del Valle del Cauca Juan Carlos Narváez, quien fue asesinado en cautiverio por parte de las Farc en el año 2007 después de haber estado cinco años secuestrado.Ella, en primer término, considera necesario armonizar los procesos de reparación entre la Unidad de Víctimas y el sistema que creó la Ley de Víctimas, porque muchas veces se dan procesos independientes.Además, considera que en cuanto a la reparación de las víctimas todavía hay un “saldo en rojo” y también considera urgente que se empiecen a conocer los fallos sancionatorios de la JEP contra los victimarios.“Ahí también hay un saldo en rojo a las víctimas que desde lo económico no se han reparado”. Sin embargo, cree que sí ha habido avances en cuanto a la reconstrucción de verdad, pero particularmente en su caso, porque hay otras víctimas que, según dice ella, “no han corrido con la misma suerte”.Para ella es fundamental fortalecer el Centro de Memoria Histórica y los mecanismos para conocer la verdad en el conflicto, porque advierte que sin eso “de nada sirve una indemnización”, porque lo que se busca con la reparación es “reparar algo que se ha dañado”.Conversamos también con algunas víctimas de los llamados falsos positivos, que ven avances gracias a la firma del acuerdo de paz con las Farc. Laura Piña finalmente logró que ante la Justicia Especial de Paz se reconociera que su papá, Adolfo Piña Londoño, no fue un combatiente del ELN sino una persona inocente que fue asesinada para hacerla pasar como una baja en combate.Dice Laura que ella se sentirá plenamente reparada cuando se esclarezcan los más de 6.400 casos de falsos positivos que, según la JEP, se han dado en Colombia y cuando sienta que hay garantías de no repetición.“Estamos en un proceso muy inicial. Estamos conociendo verdades todavía y se necesita trabajar muchísimo sobre todo en las garantías de no repetición. Las víctimas quieren conocer la verdad para no repetir estos hechos que son macabros”, dijo Piña en diálogo con BLU Radio.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín emitió una tercera condena contra 20 miembros del extinto ‘Ejército Revolucionario Guevarista’, entre ellos, Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias “Cristóbal”, señalado como máximo cabecilla y fundador.La decisión se dio por delitos cometidos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto interno armado.Javier García Trochez, director de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, explicó que tras la investigación se determinaron patrones macrocriminales de homicidio.“Esos hechos se evidenciaron en la comisión de delitos como homicidio en persona protegida, secuestros, exacción o contribuciones arbitrarias, hurtos calificados y agravados, terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos”, detalló García.Si bien la condena se dio 480 meses de prisión, la pena que deberán pagar se calculó en ocho años por haberse postulado a Justicia y Paz y su contribución a la verdad.Este Ejército, que tuvo injerencia en Chocó, norte del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima y Noroccidente de Antioquia, ya había sido condenado en diciembre de 2015 por el delito de reclutamiento de menores.Escuche las noticias de Colombia y el mundo:
Guillermo León Acevedo, alias 'Memo Fantasma', era según la Fiscalía el cabecilla financiero de las AUC. El exparamilitar, de acuerdo con las pesquisas, se encargaba de lavar todos los activos de las Autodefensas Unidas de Colombia y su modus operandi consistía en crear empresas inmobiliarias de importaciones y exportaciones con el fin de justificar los dineros ilícitos del narcotráfico a través de diversas fachadas.Para enmendar el daño que dejó el sanguinario grupo paramilitar a sus víctimas, los 23 bienes que embargó la Fiscalía a 'Memo Fantasma' y al Bloque Central Bolívar de las AUC, que ascienden a los diez mil millones de pesos, fueron entregados este martes al Fondo para la Reparación de las víctimas.Las propiedades, ubicadas en la Torre 85, en el norte de Bogotá, corresponden a tres oficinas con un avalúo de $9.808.560.000 y 20 parqueaderos valorados en $1.001.070.000.Sobre otros inmuebles de este mismo edificio, el Grupo de Persecución Bienes ha radicado ante los magistrados de Justicia y Paz solicitudes de medidas cautelares adicionales por valor de $12.889.095.000.Solicitudes que hacen parte de las radicadas durante los últimos 18 meses, sobre bienes relacionados con Guillermo León Acevedo, avaluados en más de $66.600 millones, la mayoría de ellos ubicada en Bogotá y otros a nivel nacional.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Reviva el programa completo de Encuentros Blu de este domingo, 7 de agosto, con Felipe Mallarino, quien, como cada fin de semana, estuvo acompañado de personajes que brindan las mejores recomendaciones para vivir bien.Se conversó con el editor Angel Unfried, quien comentó acerca de Artimaña Editorial el cual está dirigido a todas las mujeres afrodescendientes en la guerra, y por otra parte, nos acompañó Catalina Londoño, gerente de servicios profesionales y educativos de Latinoamérica, donde indicó detalles acerca del mundo digital para un aprendizaje avanzado junto con la tecnología.Escuche el programa completo de Encuentros Blu aquí:
Francia Márquez es la nueva vicepresidenta de Colombia, una mujer que destaca ante sus predecesores por su origen como lideresa social afro, pero quien además de apasionarse por la justicia y la equidad, también disfruta cantar, hobby que la llevó a participar en Factor X.Según reveló la misma vicepresidenta al programa Los Informantes, desde siempre ha tenido pasión por el activismo social; sin embargo, quiso experimentar en el mundo artístico.El canto era una de sus pasiones y en varias ocasiones le dijeron que tenía talento, lo que la animó a participar en el programa.No existe ninguna grabación ni prueba de su paso por el programa porque no alcanzó a estar frente a las cámaras, ya que solo llegó hasta las primeras etapas."Era una fanática, no hay video porque yo no alcancé a llegar al escenario, me eliminaron en la primera y me eliminó Marbelle", expresó, entre risas, la vicepresidenta en el programa.Escuche el podcast Zorros y Erizos:
Al menos seis muertos, entre ellos dos menores, dejó este domingo un incendio en un apartamento de un condominio en el céntrico poblado de Mixco, aledaño al oeste de la capital de Guatemala, informaron socorristas."Lamentablemente se localizan seis personas calcinadas, entre ellas tres mujeres, un hombre y dos menores de edad" que vivían en el cuarto nivel del complejo habitacional, dijo a periodistas el vocero de los Bomberos Municipales, Javier Soto.El socorrista afirmó que "por el momento se desconocen las causas de este incendio".Soto afirmó que movilizaron varias unidades contraincendios al siniestro y lograron evitar que las llamas se extendieran a otras habitaciones y a un centro comercial cercano. El fuego ya fue controlado, puntualizó.Escuche el podcast Zorros y Erizos:Le puede interesar:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por medio de su cuenta de Twitter le dijo al presidente Gustavo Petro que le tiende su mano a él y a los colombianos, buscando reconstruir las relaciones entre los dos países."Tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo Presidente de Colombia, por el bien de la felicidad y la Paz. ¡ Felicidades!", expresó el líder venezolano.Hay que recordar que el gobierno de Gustavo Petro desde la época electoral ha mostrado interés en reestablecer las relaciones con Venezuela; sin embargo, el presidente ha dicho que es un camino largo y que no se dará de un día para otro.Escuche el podcast Zorros y Erizos:
Este domingo, 7 de agosto, se llevó a cabo al acto de posesión del presidente Gustavo Petro, el cual culminó con un saludo con el mandatario saliente, Iván Duque. Acto que se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.Luego de que el presidente Petro recibiera los honores militares, el expresidente Iván Duque le entregó el mando al nuevo mandatario en la entrada de Palacio.Una vez este acto, Duque y su familia dieron su último desfile en la Plaza de Armas, acto del que fueron testigos miles de personas que asistieron a la Plaza de Bolívar, también desde diferentes plazas de Bogotá y el país, y el resto de colombianos desde sus hogares.Entre quienes presenciaron los actos desde las plaza públicas en las ciudades del país, hubo quienes entonaron algunas canciones de alegría por la salida de Duque y a su vez, quienes lo abuchearon expresando el disgusto con las acciones durante su gobierno.Escuche el podcast Zorros y Erizos:
