La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la exclusión de Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna' de Justicia y Paz. Esto, pese a los reclamos de la Fiscalía General de la Nación y de los representantes de víctimas que advertían una supuesta renuencia del exjefe paramilitar a comparecer ante las autoridades judicialesLa Corte Suprema de Justicia estudió las apelaciones presentadas contra una providencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que previamente había rechazado la solicitud de expulsar a ‘Don Berna’ del sistema transicional.La Fiscalía argumentó que Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, incumplió los compromisos adquiridos con la Ley de Justicia y Paz al no asistir a múltiples diligencias programadas entre agosto de 2021 y abril de 2022.Para la Fiscalía, el excomandante paramilitar dejó de comparecer a versiones libres ante la el mismo ente acusador y a las audiencias convocadas por magistrados de Justicia y Paz, pese a que existían mecanismos tecnológicos para garantizar su conexión remota desde Estados Unidos.Incluso, la Fiscalía señaló que alias ‘Don Berna’ ha tenido una participación limitada en el esclarecimiento de la verdad, asegurando que aceptaba cargos “por línea de mando” sin profundizar en estructuras criminales, financiadores, alianzas con agentes estatales o redes de apoyo al paramilitarismo.En la solicitud de exclusión también se advirtió que sobre el exjefe paramilitar existen más de 100 anotaciones judiciales y múltiples procesos activos dentro de Justicia y Paz.Algunos representantes respaldaron la petición de la Fiscalía y cuestionaron el aporte de Murillo Bejarano a la verdad histórica del conflicto armado. Entre ellos estuvo el abogado de Camilo Umaña Hernández, quien sostuvo que el exparamilitar no ha revelado información suficiente sobre homicidios, vínculos con agentes estatales y estructuras criminales como 'La Terraza'.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Este martes, 23 de septiembre, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dio una nueva medida de aseguramiento en contra Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz del Gobierno nacional.El magistrado solicitó medida de aseguramiento en su contra dentro de un proceso en el que se le señala como responsable de 436 crímenes cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar entre 1998 y 2006, durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).¿Por qué Mancuso seguirá libre?Pese a que el magistrado indicó que ‘El Mono Mancuso’ tiene una imputación vigente por el delito de lavado de activos, lo que sería motivo suficiente para que no recobrara su libertad, en el caso del hoy como gestor de paz, un amparo especial de la Corte Constitucional, deja al magistrado Pérez Alarcón impedido para enviarlo a una cárcel.“Este postulado fue beneficiado por la Corte Constitucional con un amparo especial que hoy debe respetarse. Es la sentencia de SEV 4 29/2023. No obstante, tener una imputación vigente por lado de activos, la Corte aplicó en su caso con efectos interpartes la excepción de inconstitucionalidad sobre un fragmento del artículo 2.2.5.1.2.4.1. Esta sala, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidades, debe atarse a lo resuelto por la Corte Constitucional y advertir que a pesar de la imputación por la de activos, no se puede afectar la libertad de Salvador Mancuso”, puntualizó el magistrado.El amparo especial con el que cuenta Mancuso tiene que ver con medidas tomadas por la Corte Constitucional a partir de una acción de tutela que instauró el exjefe paramilitar al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.Vale recordar que el exjefe paramilitar fue designado gestor de paz por el Gobierno en 2024, con el compromiso de aportar verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Sin embargo, su situación jurídica continúa bajo examen en distintos tribunales.En la audiencia también se profirió medida no privativa de la libertad para otros 18 postulados de justicia y paz, quienes no podrán salir del país, acercarse a los municipios donde cometieron los delitos y mucho menos a sus víctimas, entre otros.
Digno Palomino, cabecilla de la banda Los Pepes, y Jorge Díaz Collazos, conocido como alias ‘Castor’ y quien lidera la organización criminal Los Costeños, podrían ser unos de los favorecidos si en el Congreso se avalara la modificación de la Ley de Justicia y Paz que aumentaría los beneficios para los jefes de grupos ilegales.La posibilidad está abierta, ya que ambos cabecillas están trabajando con las autoridades para establecer una mesa de paz urbana y, de concretarse allí unos acuerdos, podrían quedar amparados por esta eventual reforma a la Ley creada en 2005 para la desmovilización de grupos paramilitares.Si bien esta reforma apenas hace parte de un proyecto que tramitará el Gobierno ante el Congreso, su aprobación abriría espacio para que narcotraficantes y cabecillas de grupos ilegales solo tengan condenas entre cinco y ocho años, y luego quedarían libres si cumplen ciertas condiciones.Así, vale la pena preguntarse en medio de este proceso de paz qué garantías hay para las víctimas, tanto en materia de protección como de participación, como lo cuestiona el docente investigador Alejandro Blanco, experto en Ciencia Política.“Es clave mencionar que la delincuencia no va a negociar sin que existan beneficios jurídicos robustos, sólidos, pero caben, por supuesto, otras preguntas y es qué va a pasar con la víctima, si van a participar también de la formulación del proyecto, si van a estar presentes”, cuestiona.Blanco sostiene que, antes de todo esto, también “es necesario tener en cuenta si el Gobierno tiene el músculo y el capital político suficiente para pasar el proyecto al Congreso de la República y que en efecto tenga un trámite que lo permita llevar a feliz término”, pues hasta ahora solo se percibe “un Congreso que no está mayoritariamente a tono con el Gobierno nacional”.
Dos décadas después la justicia se sigue pronunciando frente a graves hechos ocurridos en el Urabá antioqueño en el marco del conflicto, esta vez en favor de la víctimas a propósito del accionar en esta subregión de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Bananero.En este sentido, magistrados del Tribunal de Justicia y Paz emitieron un fallo condenatorio contra este grupo armado que dejó miles de víctimas en la zona y en la que entre otras disposiciones ordenó indemnizar a 1.735 de ellas con más de 230.000 millones de pesos.El Tribunal destacó la sistematicidad y prolongación de los daños causados a la población con delitos como asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzadas, violencia sexual y despojo de tierras en los que hay complicidad de empresarios de la región.Precisamente, Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, representante de varias de las víctimas, destacó que el reconocimiento de un listado de empresarios aportantes al grupo armado será clave para las investigaciones y procesos que llevan otras entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz.El fallo fue apelado por la Fiscalía, los apoderados de las víctimas y los mismos postulados entre los que se encuentra el mismo exjefe del Bloque Bananero, Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’. La sustentación de la apelación se llevará a cabo el próximo 25 de abril.
En una nueva revelación dentro del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exparamilitar Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra afirmó que recibió un mensaje supuestamente enviado por el exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exmagistrado José Luis Barceló. En dicho mensaje, le aseguraban que, si colaboraba con el caso contra Uribe, no sería expulsado del programa de Justicia y Paz.Según Sierra, el periodista Juan Carlos Giraldo fue quien le transmitió la información. “Lo que él me dijo puntualmente fue: ‘Me mandaron a decirle que, si ayuda con el caso Uribe, lo mantienen en Justicia y Paz. Si no, lo expulsan’”, declaró en su testimonio.El exparamilitar relató que siempre había existido la amenaza de que sería retirado de Justicia y Paz porque lo consideraban un narcotraficante y no un paramilitar. “Decían que yo era un narcotraficante químicamente puro, que estaba colado en el proceso”, afirmó.Sierra también mencionó que había comenzado a escribir un libro con la editorial Planeta sobre su historia, pero que decidió detener el proyecto porque su información estaba siendo filtrada. Según su versión, recibió una llamada desde Medellín en la que le preguntaron sobre el libro y le ofrecieron una suma de dinero para manejar la publicación de otra manera.Esta declaración se suma a otras revelaciones que ha hecho Sierra en el juicio contra Uribe, en las que ha insistido en que hubo interés por parte de algunos sectores en que testificara en contra del expresidente y su familia. La defensa de Uribe ha utilizado estas declaraciones para sostener que ha existido un intento de manipulación de testigos con el objetivo de incriminarlo.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
La Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones que había entre tribunales especiales para conocer los casos de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, como responsable de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.El alto tribunal determinó que la jurisdicción de Justicia y Paz es competente para el juicio de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, como Mancuso, en virtud del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.El conflicto de jurisdicciones surgió entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación).En la votación, el magistrado Vladimir Fernández salvó el voto, mientras que la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon el voto en relación con la decisión de la Corte.El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció durante tres horas ante la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'.Mancuso, quien ahora es gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no hizo declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.Esa fue la primera ocasión en la que Mancuso comparece ante la justicia en calidad de testigo, por hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares que tienen presencia en varias zonas de Colombia por lo que declaró contra el excongresista y ahora alcalde de Sincelejo, Sucre.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.