La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la exclusión de Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna' de Justicia y Paz. Esto, pese a los reclamos de la Fiscalía General de la Nación y de los representantes de víctimas que advertían una supuesta renuencia del exjefe paramilitar a comparecer ante las autoridades judicialesLa Corte Suprema de Justicia estudió las apelaciones presentadas contra una providencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que previamente había rechazado la solicitud de expulsar a ‘Don Berna’ del sistema transicional.La Fiscalía argumentó que Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, incumplió los compromisos adquiridos con la Ley de Justicia y Paz al no asistir a múltiples diligencias programadas entre agosto de 2021 y abril de 2022.Para la Fiscalía, el excomandante paramilitar dejó de comparecer a versiones libres ante la el mismo ente acusador y a las audiencias convocadas por magistrados de Justicia y Paz, pese a que existían mecanismos tecnológicos para garantizar su conexión remota desde Estados Unidos.Incluso, la Fiscalía señaló que alias ‘Don Berna’ ha tenido una participación limitada en el esclarecimiento de la verdad, asegurando que aceptaba cargos “por línea de mando” sin profundizar en estructuras criminales, financiadores, alianzas con agentes estatales o redes de apoyo al paramilitarismo.En la solicitud de exclusión también se advirtió que sobre el exjefe paramilitar existen más de 100 anotaciones judiciales y múltiples procesos activos dentro de Justicia y Paz.Algunos representantes respaldaron la petición de la Fiscalía y cuestionaron el aporte de Murillo Bejarano a la verdad histórica del conflicto armado. Entre ellos estuvo el abogado de Camilo Umaña Hernández, quien sostuvo que el exparamilitar no ha revelado información suficiente sobre homicidios, vínculos con agentes estatales y estructuras criminales como 'La Terraza'.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
Este martes, 23 de septiembre, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dio una nueva medida de aseguramiento en contra Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz del Gobierno nacional.El magistrado solicitó medida de aseguramiento en su contra dentro de un proceso en el que se le señala como responsable de 436 crímenes cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar entre 1998 y 2006, durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).¿Por qué Mancuso seguirá libre?Pese a que el magistrado indicó que ‘El Mono Mancuso’ tiene una imputación vigente por el delito de lavado de activos, lo que sería motivo suficiente para que no recobrara su libertad, en el caso del hoy como gestor de paz, un amparo especial de la Corte Constitucional, deja al magistrado Pérez Alarcón impedido para enviarlo a una cárcel.“Este postulado fue beneficiado por la Corte Constitucional con un amparo especial que hoy debe respetarse. Es la sentencia de SEV 4 29/2023. No obstante, tener una imputación vigente por lado de activos, la Corte aplicó en su caso con efectos interpartes la excepción de inconstitucionalidad sobre un fragmento del artículo 2.2.5.1.2.4.1. Esta sala, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidades, debe atarse a lo resuelto por la Corte Constitucional y advertir que a pesar de la imputación por la de activos, no se puede afectar la libertad de Salvador Mancuso”, puntualizó el magistrado.El amparo especial con el que cuenta Mancuso tiene que ver con medidas tomadas por la Corte Constitucional a partir de una acción de tutela que instauró el exjefe paramilitar al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.Vale recordar que el exjefe paramilitar fue designado gestor de paz por el Gobierno en 2024, con el compromiso de aportar verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Sin embargo, su situación jurídica continúa bajo examen en distintos tribunales.En la audiencia también se profirió medida no privativa de la libertad para otros 18 postulados de justicia y paz, quienes no podrán salir del país, acercarse a los municipios donde cometieron los delitos y mucho menos a sus víctimas, entre otros.
Digno Palomino, cabecilla de la banda Los Pepes, y Jorge Díaz Collazos, conocido como alias ‘Castor’ y quien lidera la organización criminal Los Costeños, podrían ser unos de los favorecidos si en el Congreso se avalara la modificación de la Ley de Justicia y Paz que aumentaría los beneficios para los jefes de grupos ilegales.La posibilidad está abierta, ya que ambos cabecillas están trabajando con las autoridades para establecer una mesa de paz urbana y, de concretarse allí unos acuerdos, podrían quedar amparados por esta eventual reforma a la Ley creada en 2005 para la desmovilización de grupos paramilitares.Si bien esta reforma apenas hace parte de un proyecto que tramitará el Gobierno ante el Congreso, su aprobación abriría espacio para que narcotraficantes y cabecillas de grupos ilegales solo tengan condenas entre cinco y ocho años, y luego quedarían libres si cumplen ciertas condiciones.Así, vale la pena preguntarse en medio de este proceso de paz qué garantías hay para las víctimas, tanto en materia de protección como de participación, como lo cuestiona el docente investigador Alejandro Blanco, experto en Ciencia Política.“Es clave mencionar que la delincuencia no va a negociar sin que existan beneficios jurídicos robustos, sólidos, pero caben, por supuesto, otras preguntas y es qué va a pasar con la víctima, si van a participar también de la formulación del proyecto, si van a estar presentes”, cuestiona.Blanco sostiene que, antes de todo esto, también “es necesario tener en cuenta si el Gobierno tiene el músculo y el capital político suficiente para pasar el proyecto al Congreso de la República y que en efecto tenga un trámite que lo permita llevar a feliz término”, pues hasta ahora solo se percibe “un Congreso que no está mayoritariamente a tono con el Gobierno nacional”.
Dos décadas después la justicia se sigue pronunciando frente a graves hechos ocurridos en el Urabá antioqueño en el marco del conflicto, esta vez en favor de la víctimas a propósito del accionar en esta subregión de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Bananero.En este sentido, magistrados del Tribunal de Justicia y Paz emitieron un fallo condenatorio contra este grupo armado que dejó miles de víctimas en la zona y en la que entre otras disposiciones ordenó indemnizar a 1.735 de ellas con más de 230.000 millones de pesos.El Tribunal destacó la sistematicidad y prolongación de los daños causados a la población con delitos como asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzadas, violencia sexual y despojo de tierras en los que hay complicidad de empresarios de la región.Precisamente, Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, representante de varias de las víctimas, destacó que el reconocimiento de un listado de empresarios aportantes al grupo armado será clave para las investigaciones y procesos que llevan otras entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz.El fallo fue apelado por la Fiscalía, los apoderados de las víctimas y los mismos postulados entre los que se encuentra el mismo exjefe del Bloque Bananero, Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’. La sustentación de la apelación se llevará a cabo el próximo 25 de abril.
En una nueva revelación dentro del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exparamilitar Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra afirmó que recibió un mensaje supuestamente enviado por el exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exmagistrado José Luis Barceló. En dicho mensaje, le aseguraban que, si colaboraba con el caso contra Uribe, no sería expulsado del programa de Justicia y Paz.Según Sierra, el periodista Juan Carlos Giraldo fue quien le transmitió la información. “Lo que él me dijo puntualmente fue: ‘Me mandaron a decirle que, si ayuda con el caso Uribe, lo mantienen en Justicia y Paz. Si no, lo expulsan’”, declaró en su testimonio.El exparamilitar relató que siempre había existido la amenaza de que sería retirado de Justicia y Paz porque lo consideraban un narcotraficante y no un paramilitar. “Decían que yo era un narcotraficante químicamente puro, que estaba colado en el proceso”, afirmó.Sierra también mencionó que había comenzado a escribir un libro con la editorial Planeta sobre su historia, pero que decidió detener el proyecto porque su información estaba siendo filtrada. Según su versión, recibió una llamada desde Medellín en la que le preguntaron sobre el libro y le ofrecieron una suma de dinero para manejar la publicación de otra manera.Esta declaración se suma a otras revelaciones que ha hecho Sierra en el juicio contra Uribe, en las que ha insistido en que hubo interés por parte de algunos sectores en que testificara en contra del expresidente y su familia. La defensa de Uribe ha utilizado estas declaraciones para sostener que ha existido un intento de manipulación de testigos con el objetivo de incriminarlo.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
La Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones que había entre tribunales especiales para conocer los casos de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, como responsable de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.El alto tribunal determinó que la jurisdicción de Justicia y Paz es competente para el juicio de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, como Mancuso, en virtud del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.El conflicto de jurisdicciones surgió entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación).En la votación, el magistrado Vladimir Fernández salvó el voto, mientras que la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon el voto en relación con la decisión de la Corte.El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció durante tres horas ante la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'.Mancuso, quien ahora es gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no hizo declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.Esa fue la primera ocasión en la que Mancuso comparece ante la justicia en calidad de testigo, por hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares que tienen presencia en varias zonas de Colombia por lo que declaró contra el excongresista y ahora alcalde de Sincelejo, Sucre.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.
Dos mujeres fueron capturadas por la Policía en la vía La Lizama–San Alberto, en Santander, luego de que durante un procedimiento de registro les encontraran dos armas de fuego, munición y 90 gramos de clorhidrato de cocaína.El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 13 de este corredor vial, a la altura del sector Las Pampas. Según el reporte de las autoridades, las uniformadas realizaron un registro a las dos ciudadanas que se encontraban a un costado de la carretera.Durante la inspección, al interior de un bolso encontraron un revólver calibre 38, con cinco cartuchos, y una pistola marca Walther, calibre 9 milímetros, que tenía dos proveedores y 14 cartuchos. Además, hallaron 90 gramos de clorhidrato de cocaína.Las dos mujeres fueron capturadas por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Posteriormente, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que los controles en los corredores viales buscan impedir el transporte ilegal de armas y sustancias estupefacientes en el departamento.Las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad de las capturadas ni sobre su posible destino o procedencia.
La minería ilegal continúa generando afectaciones ambientales en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en la zona de escarpa, donde se han identificado explotaciones a cielo abierto que ponen en riesgo las fuentes hídricas, la cobertura vegetal y la estabilidad de los terrenos.La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en estos puntos y reportó 20 capturas durante los procedimientos realizados en los últimos días, en coordinación con la Policía y el Ejército.De acuerdo con Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, varias de las zonas intervenidas hacen parte de Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), áreas de especial importancia ambiental que están protegidas por sus características ecológicas.La funcionaria explicó que las actividades de extracción se desarrollan en predios de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y particulares, donde algunas personas han realizado intervenciones sin criterios técnicos para extraer material."Persisten las actividades de minería ilegal que se realizan con métodos no técnicos y que terminan derivando en un sinnúmero de afectaciones ambientales, procesos de socavación, erosión, inestabilidad del terreno y arrastre de material", señaló Barón.Una de las principales preocupaciones de la autoridad ambiental es el impacto sobre las fuentes hídricas. Según explicó, la remoción de tierra y la pérdida de vegetación dejan desprotegidas las raíces de los árboles, lo que facilita su caída durante las temporadas de lluvia.Estos árboles y el material que se desprende de los terrenos pueden terminar obstruyendo los cauces naturales de las quebradas, agravando las condiciones ambientales de estos sectores.Entre las fuentes hídricas que presentan afectaciones por las intervenciones en la zona de escarpa están las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero.Operativos y acciones de recuperación ambientalAdemás de los procedimientos de control, la CDMB adelanta acciones con otras entidades para recuperar las áreas afectadas y evitar que continúen las explotaciones ilegales.Una de las intervenciones más recientes se realizó en el sector de la quebrada La Chocoa, donde se desarrollaron jornadas de restauración con la siembra de especies forestales nativas para recuperar parte de la cobertura vegetal perdida.También se adelantaron actividades de sensibilización con habitantes del barrio Torrentes y del asentamiento La Chocoa, identificados como puntos críticos por el ingreso de personas hacia las zonas donde se realizan las extracciones.Barón indicó que el trabajo institucional busca no solamente intervenir los puntos de explotación, sino también generar conciencia entre las comunidades sobre los daños que ocasiona esta actividad en los ecosistemas y las fuentes de agua.La corporación también trabaja con la Gobernación de Santander en la construcción de un protocolo que permita articular a las diferentes entidades para avanzar en la protección y recuperación de algunos de los predios afectados.La CDMB advirtió que continuará con los operativos en la zona de escarpa, con el propósito de frenar la minería ilegal, proteger las fuentes hídricas y recuperar los terrenos que han sido intervenidos.
En el marco de las discusiones sobre la ley de ajuste fiscal que se tramita con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, el Gobierno nacional y el Centro Democrático han logrado hallar terreno común en al menos dos medidas tributarias específicas. Así lo reveló el senador Carlos Meisel, integrante de las comisiones económicas conjuntas en Mañanas BLU, posterior a una reunión sostenida en la ciudad de Barranquilla.El congresista enfatizó que, aunque existen diferencias profundas sobre la visión económica global, ambas partes coinciden en la necesidad de abordar el problema de finanzas públicas: "Hay un acuerdo con el gobierno que sí se necesita un ajuste fiscal. La manera y yo creo que las diferencias en las propuestas está es en el cómo se va a hacer ese ajuste".Gravar las compras en plataformas digitales internacionalesUno de los principales puntos de convergencia entre la bancada de oposición y el Ejecutivo consiste en la eliminación de la exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para las compras virtuales internacionales inferiores a 200 dólares realizadas a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o AliExpress. El parlamentario justificó la postura del partido señalando la necesidad de proteger al sector comercial nacional que opera de manera presencial.Al respecto, Meisel afirmó que "se trata de proteger al comercio físico colombiano" frente a las elevadas cargas tributarias, costos de arrendamiento y servicios públicos que deben asumir los locales dentro del país. Asimismo, advirtió sobre la magnitud que ha alcanzado este tipo de comercio transfronterizo: "Se estima que son alrededor de 40 millones de paquetes los que están entrando a este país anualmente y tiene una proyección ascendente muy importante que está golpeando al comercio físico". Con la aplicación del IVA a esta paquetería, las autoridades calculan un recaudo estimado superior a un billón de pesos. De igual forma, el senador indicó que su colectividad plantea revisar la triangulación de productos fabricados en China que ingresan amparados en el TLC con Estados Unidos.Tarifas del 19% de IVA para vehículos híbridosLa segunda coincidencia clave consiste en modificar el esquema tributario diferencial del que gozan actualmente los vehículos híbridos en Colombia para aplicarles la tarifa general del 19% de IVA, igualándolos con los automóviles de combustión tradicional.Frente al impacto que esta medida pueda generar en los consumidores, el senador Meisel reconoció el costo político de la propuesta, indicando que "en la base y en la realidad ningún impuesto es una buena noticia (...) pero en medio de este déficit tan impresionante, tenemos que hacer un esfuerzo en las cosas que menos duelan". Según sostuvo, diversos informes técnicos indican que ciertos tipos de vehículos híbridos no generan un beneficio ambiental significativo que justifique mantenerles un beneficio tributario en medio de la coyuntura fiscal.Reducción del gasto: la propuesta alternativa de la oposiciónA pesar de estos dos consensos, el Centro Democrático ratificó su rechazo a crear o elevar impuestos sobre la clase media y el sector productivo. "Nosotros no estamos en ese baile y no queremos eso", aseveró Meisel en relación con el conjunto de aumentos tributarios propuestos por el Gobierno.Como vía alternativa para subsanar el déficit fiscal, la colectividad planteó un paquete de 14 puntos centrados en la austeridad del gasto estatal. La propuesta incluye reducir la estructura del Ejecutivo de 19 a entre 6 y 7 ministerios (fusionando carteras bajo conceptos como Desarrollo Económico o Capital Humano), eliminar o fusionar cerca de 130 agencias públicas de las más de 350 existentes, y enajenar activos estatales no estratégicos. De acuerdo con el senador, este ajuste en los gastos de funcionamiento representaría un ahorro aproximado del 2% del PIB, equivalente a 40 billones de pesos.Escuche aquí la entrevista:
En medio de la preocupación de sus seguidores por el estado de salud de su padre, William Mebarak, la cantante Shakira compartió un sentido mensaje a través de sus canales para agradecer las manifestaciones de apoyo recibidas durante los últimos días."Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió la artista.Con estas palabras, la artista barranquillera reaccionó a las jornadas de incertidumbre que rodearon a su entorno familiar, luego de que, durante la semana, circularan rumores sobre una presunta hospitalización de su progenitor.Reapareció en Barranquilla junto a su padreContrario a las versiones sobre un internamiento hospitalario, la artista fue grabada a las afueras del edificio donde residen sus padres en el norte de Barranquilla. En las imágenes se observa a la cantante dando un paseo junto a William Mebarak, quien se desplazaba en silla de ruedas.Durante el recorrido, el padre de la cantante estuvo acompañado por su hija y por tres enfermeros pertenecientes al equipo médico que permanece a cargo de su cuidado en casa. La escena dejó en evidencia que continúa con su tratamiento médico y supervisión domiciliaria.Testigos y personas del sector destacaron la permanente atención de la artista hacia su padre, señalando que, incluso, estuvo inquieta y atenta para evitar que los mosquitos lo afectaran, en momentos en que la capital del Atlántico enfrenta una invasión de estos insectos.Los antecedentes de salud de William MebarakLa salud del padre de la intérprete ha generado atención pública en los últimos años debido a diferentes episodios médicos complejos. Entre ellos, Mebarak debió afrontar un cuadro de hidrocefalia que en su momento requirió tratamiento en una unidad de cuidados intensivos.Pese a los retos médicos y las complicaciones recientes, el paseo registrado en el norte de la ciudad y las palabras de la propia cantante confirmaron la estabilidad de su padre en el hogar familiar junto al equipo de salud y sus seres queridos.