El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
Nuevas trabas judiciales surgieron en el proceso que se adelanta contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá.De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, luego de varios recursos interpuestos contra la apertura de instrucción y contra la orden de vinculación mediante indagatoria a los hermanos Herrera, los cuales no prosperaron, actualmente se tramita una nueva queja contra la decisión adoptada por la Fiscalía. Esta actuación se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.La nueva queja interpuesta contra el llamado a indagatoria deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dentro del proceso se advierte que, si dicha decisión no es resuelta antes de la diligencia judicial programada, esta situación podría convertirse en un argumento para solicitar nuevamente el aplazamiento de la indagatoria, lo que implicaría un nuevo retraso dentro de la actuación judicial que se adelanta en este caso.La investigación que adelantan las autoridades se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que hoy son materia de investigación.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.
En el caso de Lucho Herrera, su equipo jurídico presentó una queja contra el auto emitido por la fiscal especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, mediante el cual se vinculó formalmente a los dos hermanos a través de indagatoria.Esto, luego de que fueran negados por improcedentes varios recursos interpuestos previamente.Pero además, el abogado que representaba a la vieja gloria del ciclismo colombiano renunció a la defensa, lo que también incidió en la suspensión de la diligencia. La queja presentada será estudiada por un fiscal delegado ante el Tribunal, instancia que deberá definir si procede o no la reclamación.Ademas el abogado de Rafael Herrera pidió el aplazamiento de la diligencia argumentando imposibilidad para asistir en la fecha fijada, razón por la cual tampoco fue posible llevar a cabo su indagatoria.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedadesde la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca.Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.
Tras el llamado a indagatoria del exciclista Lucho Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó esa diligencia judicial, al considerarla una herramienta para ejercer plenamente el derecho a la defensa. En entrevista con Blu Radio, el jurista explicó que la decisión se tomó en medio de afirmaciones públicas y versiones que, según señaló, no corresponden con el estado real del proceso.“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, quien solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera, es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Benavides, al tiempo que recordó que la investigación se encuentra bajo reserva legal, lo que le impide revelar detalles del expediente.El abogado explicó que la sentencia anticipada a un exparamilitar, con la que se fundamenta la investigación contra el ciclista, se sustenta en declaraciones de personas que obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones. “Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá ”, sostuvo.Benavides aseguró que la postura de la Fiscalía no genera alarma en la defensa, al tratarse del inicio formal del proceso. “No nos alarma la postura de la Fiscalía, porque es un mecanismo, hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, indicó, y cuestionó las versiones que, según él, anticipan escenarios judiciales sin que se haya surtido el debido proceso.En ese sentido, el defensor insistió en la presunción de inocencia de su cliente. “Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló, al tiempo que reiteró que la defensa mantendrá la reserva del sumario y colaborará con las autoridades. Benavides afirmó que su defendido es “ajeno a los hechos que se le imputan” y que, por el contrario, “es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.Sobre la hipótesis que, según la defensa, explicaría por qué Lucho Herrera fue vinculado a la investigación, el abogado aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas. “Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”. Agregó que, tras negarse a pagar, se habría advertido que sería involucrado en hechos criminales.El pronunciamiento de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indicarían que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran contra su voluntad a habitantes de predios vecinos.La vinculación, más de 20 años después de los hechos, tiene como antecedente una sentencia anticipada en la que exparamilitares señalaron que Herrera habría solicitado al entonces jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, a quienes habrían acusado de ser milicianos de las Farc. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
El exciclista colombiano Luis 'Lucho' Herrera admitió que pagó diez millones de pesos (unos 2.482 dólares) en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en 2002 en Fusagasugá (centro), ciudad de la que es oriundo."Yo se los dí en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada", expresó Herrera en declaraciones recogidas por Noticias Uno, que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista, campeón de la Vuelta a España de 1987, durante una audiencia.Herrera, de 64 años, rindió versión libre el mes pasado ante la Fiscalía y, aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de "calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales".La denuncia contra el exciclistaLa diligencia de Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos.La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias 'Ojitos', que lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias 'Ojitos' y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias 'Menudencias', recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.Según Gómez, el objetivo era "mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla" y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, "desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares", señala el documento judicial.En ese sentido, Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias Uno, que conocía a dos de las víctimas, que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.Herrera, conocido como el 'jardinerito de Fusagasugá', es uno de los íconos del ciclismo colombiano y fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, el 18 de julio de 1984, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d'Huez.Esa victoria vistió de fiesta a Colombia y, según dijo a EFE Herrera el año pasado, con motivo de los 40 años de esa gesta, fue algo "emocionante", pero "muy duro".
Los días 5 y 6 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos escuchará en versión libre al exciclista Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera, como parte de una indagación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el año 2002.La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de su Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca de propiedad de Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania. La diligencia buscaba determinar si en ese predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos, en hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Según testimonios de tres exparamilitares, Herrera habría pedido al exjefe alias 'Martín Llanos' desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años más tarde, ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, un juzgado solicitó a la Fiscalía abrir una indagación contra el ganador de la Vuelta a España en 1987. Durante la inspección, realizada por Policía Judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Sin embargo, las autoridades no descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones por homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía investiga la desaparición de 14 personas. Uno de los ya sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas por cuya desaparición deben responder Lucho Herrera y su hermano son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, todos vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de la Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca del exciclista Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania.La diligencia buscaba determinar si en el predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos en 2002, hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Tres exparamilitares señalaron que Herrera habría pedido al exjefe alias Martín Llanos desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años después, en declaraciones ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de los terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, el juzgado pidió a la Fiscalía investigar al ganador de la Vuelta a España en 1987.No se encontraron restos humanos en la fincaDurante la inspección, realizada por Policía judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Aun así, no se descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones sobre homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía indaga la desaparición de 14 personas.Uno de los sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha sido sacudido por una acusación que ha conmocionado al país. Tres exparamilitares afirman que el excampeón de la Vuelta a España habría ordenado el asesinato y desaparición de cuatro personas en 2002, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, en hechos ocurridos en la zona rural de este municipio.En entrevista con el periodista Ricardo Ospina para Blu Radio, Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas, ofreció un testimonio cargado de dolor, incertidumbre y una sed inquebrantable de verdad: “Lo que nos interesa no es juzgar, sino conocer por qué los asesinaron”.Fusagasugá en 2002: una región marcada por el miedoLos hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002, cuando grupos paramilitares se movían por la región haciéndose pasar por agentes del DAS. Pastor Rodríguez relata cómo una camioneta llegó hasta la casa familiar con hombres armados que portaban insignias falsas del Estado. Fue allí donde sus hermanos fueron obligados a subir al vehículo y jamás se les volvió a ver.“Sabían exactamente por quiénes venían”, aseguró Rodríguez, quien sospecha que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.Relación vecinal con Lucho HerreraUna de las sorpresas más grandes para la familia Rodríguez fue encontrar en la reciente sentencia contra el paramilitar alias "Ojitos" la mención directa del exciclista como presunto autor intelectual del crimen. La relación con Herrera, asegura Pastor, era meramente vecinal: “Jugaban fútbol juntos, llevaban a mi hermana al colegio… nunca hubo una disputa, nunca hubo problemas”.La finca del padre de los hermanos Rodríguez colindaba con una propiedad de la familia Herrera. Según testigos y las declaraciones de exparamilitares, habría sido desde esa cercanía geográfica que se fraguó la tragedia.Acusaciones desde prisiónLos testimonios de Luis Fernando Gómez Flores (alias Ojitos), Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias), exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, apuntan a Lucho Herrera como el “determinador” del crimen. Aseguran que el ciclista solicitó a Martín Llanos, jefe del grupo armado, la ejecución de los cuatro hombres, supuestamente por considerarlos colaboradores de la guerrilla o extorsionadores. Según las declaraciones, Herrera habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas.“Nunca habíamos escuchado oficialmente esa versión, ni siquiera como rumor”, confiesa Pastor. “La sentencia nos dejó helados, no por el nombre que aparece, sino por la crueldad de lo que les hicieron”.La herida abierta: sin cuerpos, sin cierreHan pasado casi 23 años desde la desaparición. El padre de Pastor, hoy con 96 años, aún espera con fe el regreso de sus hijos: “Todos los días reza el rosario”, dice el entrevistado con la voz entrecortada. “Lo que más deseamos es encontrar sus cuerpos, aunque sea un pedazo de hueso para poder enterrarlos dignamente”.En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca señalada por los paramilitares como el lugar donde estarían enterradas las víctimas. Hasta ahora, no se han reportado hallazgos definitivos.Rodríguez asegura que no busca venganza ni revictimizarse. “Si es culpable y está arrepentido, claro que lo perdonaría. Todos necesitamos sanar”, afirma al referirse a una eventual culpabilidad de Lucho Herrera. La familia incluso ha contemplado reunirse con los paramilitares condenados, como parte del proceso de reconstrucción de la verdad.Para Pastor, este caso no es solo el suyo: “Estoy aquí en nombre de miles que siguen esperando justicia. En Colombia, durante años, tener botas de caucho ya era motivo de sospecha y de muerte”.
La convivencia en los conjuntos residenciales suele ser motivo de discusión, especialmente cuando se habla de mascotas. El uso de las zonas comunes, las reglas internas y las sanciones impuestas por algunas administraciones han sido, por años, factores de discordia entre propietarios y copropiedades, especialmente cuando se trata de restricciones para movilizar a los animales dentro de los conjuntos residenciales.Ahora, una decisión de la Corte Constitucional habría cambiado ese panorama al establecer que las administraciones no pueden imponer prohibiciones generales para que los animales de compañía utilicen los ascensores ni exigir permisos especiales para trasladarlos por las zonas comunes.El fallo también limita la imposición de sanciones cuando los dueños cumplen las normas de convivencia, seguridad y salubridad que exige la ley.Corte prohíbe sanciones por mascotas en ascensorLa medida surgió luego de que se estudiara una tutela presentada por una residente del Conjunto Residencial Los Robles, en Cajicá, quien cuestionó una disposición del manual de convivencia que impedía el ingreso de animales de compañía a los ascensores, salvo que existiera una autorización excepcional por parte de la administración.Según la mujer, de 67 años, acreditó mediante historia clínica que padece osteoporosis y una hernia discal lumbar, enfermedades que han afectado su movilidad. Adicionalmente, uno de sus cuatro perros fue diagnosticado con displasia de cadera y una enfermedad degenerativa de la columna, motivo por el que un médico veterinario recomendó que la mascota evitara utilizar las escaleras.Tras revisar las pruebas, la Sala Octava de Revisión concluyó que esa restricción vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, al dejar en manos del administrador una autorización discrecional para convivir con animales catalogados como de compañía.¿Qué reglas sí pueden imponer los conjuntos residenciales?La Corte aclaró que la decisión no elimina las normas de convivencia dentro de las propiedades horizontales. Por el contrario, recordó que las administraciones sí pueden adoptar medidas para garantizar la seguridad y la salubridad de todos los residentes, siempre que sean razonables y no impliquen prohibiciones absolutas.Entre las obligaciones que pueden exigir están:Llevar a las mascotas con correa.Utilizar bozal cuando la normativa lo establezca.Recoger los excrementos.Cumplir las normas de aseo y convivencia.Promover una tenencia responsable de los animales.El alto tribunal recordó que el artículo 117 de la Ley 1801 de 2016 prohíbe impedir el tránsito y la permanencia de mascotas en las zonas comunes de las propiedades horizontales.Corte Constitucional ordena modificar reglamentos en conjuntosEn la sentencia también se reiteró que los reglamentos internos deben ajustarse a la Constitución y respetar los derechos fundamentales de los residentes. Aunque las asambleas de copropietarios pueden establecer reglas para el uso de las zonas comunes, esa autonomía tiene límites legales.Como consecuencia, la Corte revocó el fallo de primera instancia y ordenó al Conjunto Residencial Los Robles permitir el uso del ascensor con animales de compañía sin requerir permisos previos. De igual manera, dejó sin efectos el artículo del manual que imponía esa restricción, prohibió sancionar a los propietarios por este motivo y ordenó que el reglamento interno se ajuste a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.
El reconocido abogado estadounidense Daniel James Newlin, cuya firma tiene sede en Florida, respondió de manera contundente a las recientes acusaciones del presidente de Gustavo Petro.El mandatario colombiano había señalado a Newlin de invertir presuntamente 1.8 millones de dólares en la compañía Meta y 1.9 millones en Google para financiar una campaña a favor de Abelardo de la Espriella y en contra de figuras como Iván Cepeda y el propio Petro.Negación rotunda y transparencia financieraEn diálogo con Blu Radio, Newlin calificó las acusaciones como falsas y aseguró que no existe registro alguno de tales movimientos financieros. “La respuesta a esa pregunta es inequívocamente cero. Nada. Nunca he dado ni un dólar ni siquiera ninguna forma de apoyar a Abelardo o a cualquier candidato en esa elección”.Newlin enfatizó que sus finanzas están abiertas al escrutinio para desmentir lo dicho por el mandatario: “No ha salido ni un dólar de mi cuenta para ninguna parte de la elección colombiana. Esto es 100% verificable”.Incluso, extendió una invitación a los periodistas para revisar sus movimientos bancarios, afirmando que sus transacciones son fáciles de seguir y transparentes.El riesgo profesional como garantía de verdadUno de los puntos centrales de la defensa de Newlin es su reputación y estatus legal en los Estados Unidos. Como abogado con 25 años de trayectoria en el estado de Florida, subrayó que mentir sobre este asunto tendría consecuencias devastadoras para su carrera. “Si yo le hubiera dado dinero a Abelardo de alguna manera u otra forma y estuviera cometiendo perjurio mintiendo ahora mismo, pues todo mi buffet de abogados estaría en peligro”, declaró Newlin, recordando que el Colegio de Abogados de Florida exige el más alto nivel de integridad. Aunque Newlin no escatimó en elogios hacia Abelardo De La Espriella, describiéndolo como una persona con una "visión maravillosa" para Colombia, aclaró que su apoyo nunca fue económico ni formal dentro de una estructura de campaña. Newlin explicó que conoció a De La Espriella en Miami y se sintió impulsado a apoyarlo "con amor y pasión" como residente que fue de Colombia durante 17 años. Sin embargo, fue enfático al precisar: “No formé parte de su campaña. No quería ser parte de su campaña. Solo quería ser alguien que le dijera a mis amigos y familia y otras personas qué gran persona pensaba que esta era”.Dan Newlin es un abogado de alto perfil que fue postulado por el expresidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Bogotá. No obstante, su nominación fue devuelta por el Senado estadounidense debido a que no entregó información financiera requerida y no logró separar adecuadamente su actividad privada de la labor diplomática que pretendía ejercer.Escuche aquí la entrevista:
El exportero de la Selección Colombia René Higuita no se rinde y, a pesar de la medida de un Juez en Medellín de extinción de dominio a una vivienda de su propiedad, aseguró que interpondrá acciones legales que haya lugar para lograr que le acrediten que la casa en el Poblado fue adquirida de manera legal.Se trata de una propiedad que hoy está abandonada en el exclusivo sector del Poblado, en la parte de atrás del Hotel Intercontinental de Medellín, un proceso que lleva más de 20 años en proceso de extinción de dominio y donde a la propiedad, adquirida en 1993 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, René Higuita, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Según la Fiscalía, la propiedad de cerca de 1.253 metros cuadrados en el sur de la ciudad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó inicialmente como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín.No obstante, testimonios, documentos e, incluso, un estudio grafológico obtenido en el proceso permitieron establecer que una firma falsa en una escritura pública permitió sucesivas transferencias del bien hasta llegar a ser adquirido por el exportero y uno de sus familiares. Higuita siempre ha sostenido que realizó transacciones de buena fe respecto a la propiedad.Ahora, el portero histórico de la Selección aseguró que respeta la decisión del Juez, aunque en ella afirma que su nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro, ni haber prestado su nombre para encubrir el origen ilícito de bienes, que tampoco está involucrado por eso la decisión recae exclusivamente sobre el inmueble.René Higuita lamentó la situación por el perjuicio económico que representa para él y por eso insistió que acudirá a los mecanismos legales para controvertir la decisión, debido a que había dado los dineros de otros dos apartamentos por la permuta de este predio del Poblado, que según él adquirió de buena fe.
Luego del triunfo el pasado 21 de junio, el presidente electo Abelardo De La Espriella, ha empezado a conformar su gabinete y, en medio de los nombres, se confirmó a la antioqueña Juliana Gutiérrez como ministra de Deportes.La hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que a través de su movimiento político, Creemos, desde el inicio se la jugó por el De La Espriella, apoyándolo en Medellín y Antioquia, logró una ficha en el gobierno electo.Sobre Juliana Gutiérrez Es administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Tiene una gran trayectoria en el trabajo social, con un gran liderazgo con las familias de pacientes oncológicos del departamento. Por cuenta de una situación difícil en su vida, su primer hijo Jerónimo, fue diagnosticado con cáncer y, a pesar de una batalla con sus allegados, falleció a principios del año 2012.Ella creció en el barrio Belén Alameda, al occidente de la ciudad, y es la menor de tres hermanos. Siempre ha señalado que, aunque acompaña a Federico, su ingreso a la política es por esas familias, que han vivido lo mismo que ella, que han sufrido en diferentes problemáticas en el país.Juliana Gutiérrez hace parte de los 10 nombres que ya se conocen del gobierno electo de Abelardo De La Espriella y donde faltan 8 nombres más.
Tras la reunión entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la defensora del Pueblo, Iris Marín, se comprometieron a reforzar protocolos de atención a la protesta social en la ciudad, luego de polémica por pintar un mural. Marín solicitó medidas para prevenir la estigmatización de la Institución y de sus funcionarios.Tras las recientes tensiones entre la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo por la presencia de funcionarios de esa entidad del Ministerio Público mientras se pintaba un mural a pocos metro de La Alpujarra, en las últimas horas se llevó a cabo un encuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y la defensora del Pueblo, Iris Marín.El encuentro dejó como principal resultado el compromiso de ambas partes de fortalecer y revisar los protocolos que rigen la atención de las protestas sociales en la ciudad. Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo orientadas a revisar y aclarar los procedimientos que se aplican durante las manifestaciones, con el propósito de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la protesta como la convivencia y el respeto por los derechos de todos los actores involucrados.Durante el encuentro, la defensora del Pueblo reiteró que la presencia de la entidad en las manifestaciones responde exclusivamente al cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los derechos humanos, mediar cuando las circunstancias lo requieren y promover espacios de diálogo, siempre bajo criterios de independencia, autonomía e imparcialidad.En ese sentido, indicó la Defensoría, también planteó la posibilidad de desarrollar procesos pedagógicos con las principales ciudades del país para explicar el papel que desempeña la entidad durante las jornadas de protesta y evitar interpretaciones erróneas sobre sus funciones.Las dos partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones en un escenario marcado por el pluralismo y las diferencias sociales, al tiempo que insistieron en la importancia de evitar cualquier forma de estigmatización contra quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica.Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la solicitud de la defensora Iris Marín para que desde la administración distrital se adopten medidas encaminadas a prevenir la estigmatización de la Defensoría del Pueblo y de sus funcionarios, con el fin de preservar la independencia con la que la entidad desarrolla sus funciones.Esto a propósito de la solicitud del mandatario de la capital antioqueña para que se investigara la actuación de funcionarios de la Defensoría que se encontraban acompañando la construcción de mural que aparentemente no contaba con los permisos requeridos y contenía mensajes relacionados con un grupo internacional de izquierda radical.