El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
Nuevas trabas judiciales surgieron en el proceso que se adelanta contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá.De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, luego de varios recursos interpuestos contra la apertura de instrucción y contra la orden de vinculación mediante indagatoria a los hermanos Herrera, los cuales no prosperaron, actualmente se tramita una nueva queja contra la decisión adoptada por la Fiscalía. Esta actuación se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.La nueva queja interpuesta contra el llamado a indagatoria deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dentro del proceso se advierte que, si dicha decisión no es resuelta antes de la diligencia judicial programada, esta situación podría convertirse en un argumento para solicitar nuevamente el aplazamiento de la indagatoria, lo que implicaría un nuevo retraso dentro de la actuación judicial que se adelanta en este caso.La investigación que adelantan las autoridades se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que hoy son materia de investigación.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.
En el caso de Lucho Herrera, su equipo jurídico presentó una queja contra el auto emitido por la fiscal especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, mediante el cual se vinculó formalmente a los dos hermanos a través de indagatoria.Esto, luego de que fueran negados por improcedentes varios recursos interpuestos previamente.Pero además, el abogado que representaba a la vieja gloria del ciclismo colombiano renunció a la defensa, lo que también incidió en la suspensión de la diligencia. La queja presentada será estudiada por un fiscal delegado ante el Tribunal, instancia que deberá definir si procede o no la reclamación.Ademas el abogado de Rafael Herrera pidió el aplazamiento de la diligencia argumentando imposibilidad para asistir en la fecha fijada, razón por la cual tampoco fue posible llevar a cabo su indagatoria.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedadesde la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca.Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.
Tras el llamado a indagatoria del exciclista Lucho Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó esa diligencia judicial, al considerarla una herramienta para ejercer plenamente el derecho a la defensa. En entrevista con Blu Radio, el jurista explicó que la decisión se tomó en medio de afirmaciones públicas y versiones que, según señaló, no corresponden con el estado real del proceso.“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, quien solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera, es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Benavides, al tiempo que recordó que la investigación se encuentra bajo reserva legal, lo que le impide revelar detalles del expediente.El abogado explicó que la sentencia anticipada a un exparamilitar, con la que se fundamenta la investigación contra el ciclista, se sustenta en declaraciones de personas que obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones. “Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá ”, sostuvo.Benavides aseguró que la postura de la Fiscalía no genera alarma en la defensa, al tratarse del inicio formal del proceso. “No nos alarma la postura de la Fiscalía, porque es un mecanismo, hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, indicó, y cuestionó las versiones que, según él, anticipan escenarios judiciales sin que se haya surtido el debido proceso.En ese sentido, el defensor insistió en la presunción de inocencia de su cliente. “Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló, al tiempo que reiteró que la defensa mantendrá la reserva del sumario y colaborará con las autoridades. Benavides afirmó que su defendido es “ajeno a los hechos que se le imputan” y que, por el contrario, “es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.Sobre la hipótesis que, según la defensa, explicaría por qué Lucho Herrera fue vinculado a la investigación, el abogado aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas. “Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”. Agregó que, tras negarse a pagar, se habría advertido que sería involucrado en hechos criminales.El pronunciamiento de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indicarían que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran contra su voluntad a habitantes de predios vecinos.La vinculación, más de 20 años después de los hechos, tiene como antecedente una sentencia anticipada en la que exparamilitares señalaron que Herrera habría solicitado al entonces jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, a quienes habrían acusado de ser milicianos de las Farc. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
El exciclista colombiano Luis 'Lucho' Herrera admitió que pagó diez millones de pesos (unos 2.482 dólares) en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en 2002 en Fusagasugá (centro), ciudad de la que es oriundo."Yo se los dí en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada", expresó Herrera en declaraciones recogidas por Noticias Uno, que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista, campeón de la Vuelta a España de 1987, durante una audiencia.Herrera, de 64 años, rindió versión libre el mes pasado ante la Fiscalía y, aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de "calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales".La denuncia contra el exciclistaLa diligencia de Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos.La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias 'Ojitos', que lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias 'Ojitos' y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias 'Menudencias', recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.Según Gómez, el objetivo era "mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla" y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, "desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares", señala el documento judicial.En ese sentido, Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias Uno, que conocía a dos de las víctimas, que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.Herrera, conocido como el 'jardinerito de Fusagasugá', es uno de los íconos del ciclismo colombiano y fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, el 18 de julio de 1984, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d'Huez.Esa victoria vistió de fiesta a Colombia y, según dijo a EFE Herrera el año pasado, con motivo de los 40 años de esa gesta, fue algo "emocionante", pero "muy duro".
Los días 5 y 6 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos escuchará en versión libre al exciclista Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera, como parte de una indagación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el año 2002.La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de su Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca de propiedad de Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania. La diligencia buscaba determinar si en ese predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos, en hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Según testimonios de tres exparamilitares, Herrera habría pedido al exjefe alias 'Martín Llanos' desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años más tarde, ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, un juzgado solicitó a la Fiscalía abrir una indagación contra el ganador de la Vuelta a España en 1987. Durante la inspección, realizada por Policía Judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Sin embargo, las autoridades no descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones por homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía investiga la desaparición de 14 personas. Uno de los ya sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas por cuya desaparición deben responder Lucho Herrera y su hermano son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, todos vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de la Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca del exciclista Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania.La diligencia buscaba determinar si en el predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos en 2002, hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Tres exparamilitares señalaron que Herrera habría pedido al exjefe alias Martín Llanos desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años después, en declaraciones ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de los terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, el juzgado pidió a la Fiscalía investigar al ganador de la Vuelta a España en 1987.No se encontraron restos humanos en la fincaDurante la inspección, realizada por Policía judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Aun así, no se descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones sobre homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía indaga la desaparición de 14 personas.Uno de los sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha sido sacudido por una acusación que ha conmocionado al país. Tres exparamilitares afirman que el excampeón de la Vuelta a España habría ordenado el asesinato y desaparición de cuatro personas en 2002, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, en hechos ocurridos en la zona rural de este municipio.En entrevista con el periodista Ricardo Ospina para Blu Radio, Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas, ofreció un testimonio cargado de dolor, incertidumbre y una sed inquebrantable de verdad: “Lo que nos interesa no es juzgar, sino conocer por qué los asesinaron”.Fusagasugá en 2002: una región marcada por el miedoLos hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002, cuando grupos paramilitares se movían por la región haciéndose pasar por agentes del DAS. Pastor Rodríguez relata cómo una camioneta llegó hasta la casa familiar con hombres armados que portaban insignias falsas del Estado. Fue allí donde sus hermanos fueron obligados a subir al vehículo y jamás se les volvió a ver.“Sabían exactamente por quiénes venían”, aseguró Rodríguez, quien sospecha que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.Relación vecinal con Lucho HerreraUna de las sorpresas más grandes para la familia Rodríguez fue encontrar en la reciente sentencia contra el paramilitar alias "Ojitos" la mención directa del exciclista como presunto autor intelectual del crimen. La relación con Herrera, asegura Pastor, era meramente vecinal: “Jugaban fútbol juntos, llevaban a mi hermana al colegio… nunca hubo una disputa, nunca hubo problemas”.La finca del padre de los hermanos Rodríguez colindaba con una propiedad de la familia Herrera. Según testigos y las declaraciones de exparamilitares, habría sido desde esa cercanía geográfica que se fraguó la tragedia.Acusaciones desde prisiónLos testimonios de Luis Fernando Gómez Flores (alias Ojitos), Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias), exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, apuntan a Lucho Herrera como el “determinador” del crimen. Aseguran que el ciclista solicitó a Martín Llanos, jefe del grupo armado, la ejecución de los cuatro hombres, supuestamente por considerarlos colaboradores de la guerrilla o extorsionadores. Según las declaraciones, Herrera habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas.“Nunca habíamos escuchado oficialmente esa versión, ni siquiera como rumor”, confiesa Pastor. “La sentencia nos dejó helados, no por el nombre que aparece, sino por la crueldad de lo que les hicieron”.La herida abierta: sin cuerpos, sin cierreHan pasado casi 23 años desde la desaparición. El padre de Pastor, hoy con 96 años, aún espera con fe el regreso de sus hijos: “Todos los días reza el rosario”, dice el entrevistado con la voz entrecortada. “Lo que más deseamos es encontrar sus cuerpos, aunque sea un pedazo de hueso para poder enterrarlos dignamente”.En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca señalada por los paramilitares como el lugar donde estarían enterradas las víctimas. Hasta ahora, no se han reportado hallazgos definitivos.Rodríguez asegura que no busca venganza ni revictimizarse. “Si es culpable y está arrepentido, claro que lo perdonaría. Todos necesitamos sanar”, afirma al referirse a una eventual culpabilidad de Lucho Herrera. La familia incluso ha contemplado reunirse con los paramilitares condenados, como parte del proceso de reconstrucción de la verdad.Para Pastor, este caso no es solo el suyo: “Estoy aquí en nombre de miles que siguen esperando justicia. En Colombia, durante años, tener botas de caucho ya era motivo de sospecha y de muerte”.
El partido Cambio Radical, a través de su codirector nacional, https://www.bluradio.com/nacion/eva-ferrer-senala-a-veronica-alcocer-que-hay-detras-de-sus-declaraciones-so35y estadounidenses para que se investiguen las denuncias relacionadas con Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, y personas de su entorno; además de revisar la situación migratoria de los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell. Las peticiones se conocieron tras las recientes revelaciones de Eva Ferrer publicadas por la revista Semana.Vargas Lleras, por medio de una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pidió abrir una investigación formal y que sea considerado una noticia criminal. La solicitud plantea posibles delitos como testaferrato, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y peculado por uso. También pidió investigar a personas cercanas a Alcocer y remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que examine la posible responsabilidad de funcionarios y congresistas, entre ellos Agmeth Escaf, Laura Sarabia y Armando Benedetti. El partido solicitó, además, que se le informe el número de radicado y la asignación del caso frente a la gravedad de los hechos denunciados públicamente.La segunda petición fue presentada ante la Cancillería, a la que Cambio Radical solicitó revisar la situación migratoria y la permanencia en Colombia de los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell. La colectividad también pidió adelantar los procedimientos que, según su fundamento podrían conducir a la pérdida de la nacionalidad por adopción o a la suspensión de la ciudadanía, medidas que dependen de la evaluación de las autoridades competentes y de los requisitos legales aplicables.Finalmente, el partido acudió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para solicitar que se evalúe la inclusión de personas presuntamente relacionadas con estos hechos en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN. La petición menciona a varios intermediarios y empresarios, entre ellos Mario Fernández Alcocer, Manel Grau, Xavier Vendrell, Enrico Romagnoli, Euclides Torres, Carolina Plata, Fabio Mascialino y Danilo Romero. Incluso, argumentaron que las denuncias ameritan examinar la posible aplicación de mecanismos estadounidenses contra el narcotráfico y la corrupción.
La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas reabrió el debate sobre el uso del estadio Nemesio Camacho El Campín para conciertos y partidos de fútbol, especialmente por las condiciones en las que se encuentra la gramilla. Sin embargo, la situación podría complicarse aún más en lo que resta de 2026, debido a la cantidad de eventos programados en el escenario deportivo.El próximo 24 de octubre, Fonseca se presentará por primera vez en El Campín. Este tipo de espectáculos requiere varios días previos para el montaje del escenario y tiempo adicional para su desmontaje, lo que limita la disponibilidad de la cancha para disputar partidos de fútbol.A finales de octubre será el turno de Ryan Castro, quien se presentará el 31 de octubre y también necesitará varios días para el montaje y desmontaje de su espectáculo. La programación continuará durante noviembre y se extenderá hasta diciembre, cuando Karol G ofrecerá tres conciertos consecutivos en el estadio.Esta situación genera preocupación de cara al calendario de la Liga BetPlay, especialmente ante la posibilidad de que Millonarios u otros equipos bogotanos clasifiquen a los cuadrangulares semifinales. La cantidad de eventos podría reducir considerablemente los días disponibles para disputar partidos y adelantar trabajos de recuperación de la gramilla.Lista de conciertos en El Campín en lo que resta de 202624 de octubre: Fonseca.31 de octubre: Ryan Castro.7 de noviembre: Tigres del Norte.20 de noviembre: Megaland.21 de noviembre: Juntos Nuevamente.3, 4 y 5 de diciembre: Karol G.¿Qué pasará con el fútbol en El Campín?El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) solicitó que se adelanten trabajos de recuperación de la gramilla. Por su parte, la empresa encargada de la administración del estadio deberá responder por las condiciones de la cancha, en medio de la preocupación por el impacto de los eventos programados en el escenario deportivo.Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay comenzarían a mediados de noviembre, por lo que la disponibilidad de El Campín podría convertirse en un problema para la programación del fútbol si no se logra un equilibrio entre los conciertos y las necesidades de los equipos.Con varios espectáculos previstos para las próximas semanas, el reto será garantizar la realización de los eventos sin comprometer las condiciones del terreno de juego ni el calendario del fútbol profesional colombiano.
La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Adriana Jiménez, reveló desde el Congreso de Energía MEM, que se realiza en Cartagena, que durante la etapa pedagógica del Programa Temporal de Ahorro de Energía, ocho de cada diez usuarios lograron ahorrar o mantener su consumo.Según explicó la directora ejecutiva de la CREG, la importancia de este ciclo pedagógico, que se aplicó en septiembre, es que los hogares conozcan qué se les mide y por qué, y, especialmente, cómo funciona el programa.“Aquí el gran llamado a las empresas, a que conjuntamente socialicemos la importancia del ahorro, también a toda la ciudadanía, porque cada kilovatio que se ahorre cuenta. Y aquí aprovecho para agradecer a todos aquellos colombianos que durante el periodo del ciclo pedagógico ahorraron o mantuvieron su consumo. Ocho de cada diez usuarios colombianos se sumaron al programa de ahorro de incentivo de energía”, detalló.Gobierno alista dos nuevas subastas de energíaLa directora ejecutiva de la Comisión de Regulación también reveló durante su intervención que actualmente el Gobierno trabaja en dos subastas de energía para garantizar la demanda del país en los próximos años.Por un lado, está una subasta de reconfiguración que saldría al mercado en enero de 2027 y, por otro, una de expansión para cubrir el periodo 2030-2031, prevista para junio de 2027.“Para contar con nueva oferta, estamos trabajando en incentivos para la entrada anticipada de proyectos de generación. Es un proyecto de resolución que estamos pensando que esté listo para finales del mes de octubre. Igualmente, tendremos incentivos para los generadores de pequeña escala, porque cada proyecto que se adelante es energía firme que gana el sistema.En este sentido, también estamos trabajando en asegurar la cobertura de la demanda de los próximos años. Para el mes de enero estamos planteando tener una subasta administrada, una subasta de reconfiguración, y hacia el mes de junio de 2027 tendremos una subasta de expansión para el periodo 2030-2031, pero, sobre todo, por neutralidad tecnológica”, agregó.
Las lluvias en Colombia han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad en varias zonas del país. A estas emergencias se suman los fuertes vientos, que también han generado daños en Bogotá y municipios cercanos.Este miércoles 14 de octubre, además de las manifestaciones que afectaron la movilidad en varios puntos de Bogotá, las condiciones climáticas provocaron una emergencia en Funza, Cundinamarca. Hacia las 3:00 p. m., un fuerte vendaval causó daños en viviendas de varios sectores del municipio.Los residentes de los barrios México y Samarkanda registraron en videos cómo los vientos levantaron los techos de algunas viviendas y lanzaron tejas a las calles.“Dios, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres bueno y poderoso”, se escucha decir a una habitante mientras observa cómo las tejas salen despedidas por el viento. “Mira esas tejas. Mire todo en la calle. Mire todo cómo está”, agrega al mostrar los daños.¿Qué daños provocó el vendaval en Funza?En los videos difundidos en redes sociales se observan tejados levantados por la fuerza del viento y partes de las cubiertas que terminaron sobre las vías.Los registros también muestran cables de la red eléctrica afectados, una situación que habría provocado fallas en el servicio de energía y preocupación entre los habitantes.Las imágenes muestran la magnitud de los daños en las viviendas de los sectores afectados, mientras los residentes documentaban lo ocurrido durante el vendaval.¿Qué han dicho las autoridades sobre la emergencia en Funza?Hasta el momento, el borrador no registra pronunciamientos oficiales de la Alcaldía de Funza ni de la Gobernación de Cundinamarca sobre los daños ocasionados por el vendaval.Sin embargo, se informó que las autoridades preparaban un puesto de mando unificado para atender la emergencia, tanto por los fuertes vientos como por las lluvias que han afectado recientemente a Bogotá y varios municipios cercanos.
Tras deudas con los hospitales públicos del departamento y los problemas reportados por los afiliados, Coosalud EPS anunció en las últimas horas que puso en marcha una nueva fase de su plan de choque en Antioquia, con compromisos financieros por más de $42.500 millones y medidas para agilizar la atención de sus afiliados en 13 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).Según indicó la entidad, las jornadas incluyeron mesas de trabajo para revisar las glosas superiores a $77.386 millones y se destrabaron 138 autorizaciones recientes y 102 remisiones de usuarios.La EPS indicó que las acciones buscan reducir las barreras administrativas y priorizar a los pacientes que requieren atención oportuna por la complejidad de sus enfermedades o su riesgo asistencial.“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.Entre las instituciones participantes están la Clínica Vida, el Centro Oncológico de Antioquia, el Hospital General de Medellín, el Hospital La María, la Clínica Soma y el Hospital Marco Fidel Suárez, centros asistenciales con los que se revisaron necesidades relacionadas con tratamientos oncológicos, ortopedia, servicios diagnósticos y atención especializada.También se analizaron alternativas de contratación, incluidos los acuerdos de Pago Global Prospectivo (PGP), y se revisaron casos relacionados con tutelas, desacatos, peticiones, quejas y reclamos, de acuerdo con la información entregada por Coosalud.Por lo pronto, desde la gerencia regional de Coosalud en Antioquia, explicaron que se estableció un plan de mejoramiento con compromisos para la EPS y las instituciones participantes. La Gerencia Regional y la Gerencia Nacional de Salud estarán a cargo del seguimiento.Reportes de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, ante el Sistema de Información Hospitalaria SIHO del Ministerio de Salud, señalan que Coosalud les adeuda con corte a junio de este año 292 mil millones de pesos, de los cuales 99.000 corresponde a cartera vencida hace más de un año y los otros 193.000 a pendientes de menos de 360 días.