El abogado Iván Cancino, defensor del exciclista Luis Herrera, se pronunció frente al proceso de indagatoria que enfrenta su cliente por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, asegurando que la defensa responderá destacando la existencia de testimonios contradictorios y documentos que, según afirma, demostrarían que Herrera y su familia también fueron víctimas del paramilitarismo.De acuerdo con lo señalado por el abogado, el equipo jurídico ha revisado el material probatorio existente y ha identificado inconsistencias en los testimonios recopilados dentro del proceso.“Hemos analizado todos los testimonios llenos de contradicciones que, a pesar del tiempo, afortunadamente, hemos podido encontrar en los dichos. Tenemos muchos documentos de la época donde se demostraba que Luis Alberto Herrera y su familia también eran víctimas del paramilitarismo y que nunca contestaron. Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá”, aseguró Cancino.El abogado también sostuvo que la vinculación de Herrera a la investigación estaría relacionada con su negativa a ceder ante presiones de grupos armados ilegales.“Y la vinculación que se le hace a Luis Herrera es eso, no ceder a una extorsión que, obviamente, genera mucha zozobra también en su familia, y, obviamente, lo que quieren hacer es desviar la investigación para que las víctimas de los desaparecidos y de las personas que fueron sacrificadas, sus vidas tampoco tengan como la paz y la calma de saber quiénes son los verdaderos responsables”, agregó.La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que actualmente son materia de investigación judicial.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre los años 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Al finalizar la audiencia la Fiscalía explicó que entrará a definir la situación jurídica de los procesados. Estas diligencias las adelanta una fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, los hermanos Herrera Herrera fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación", explicó la Fiscalía.
Nuevas trabas judiciales surgieron en el proceso que se adelanta contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá.De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, luego de varios recursos interpuestos contra la apertura de instrucción y contra la orden de vinculación mediante indagatoria a los hermanos Herrera, los cuales no prosperaron, actualmente se tramita una nueva queja contra la decisión adoptada por la Fiscalía. Esta actuación se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.La nueva queja interpuesta contra el llamado a indagatoria deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dentro del proceso se advierte que, si dicha decisión no es resuelta antes de la diligencia judicial programada, esta situación podría convertirse en un argumento para solicitar nuevamente el aplazamiento de la indagatoria, lo que implicaría un nuevo retraso dentro de la actuación judicial que se adelanta en este caso.La investigación que adelantan las autoridades se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que hoy son materia de investigación.De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.
En el caso de Lucho Herrera, su equipo jurídico presentó una queja contra el auto emitido por la fiscal especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, mediante el cual se vinculó formalmente a los dos hermanos a través de indagatoria.Esto, luego de que fueran negados por improcedentes varios recursos interpuestos previamente.Pero además, el abogado que representaba a la vieja gloria del ciclismo colombiano renunció a la defensa, lo que también incidió en la suspensión de la diligencia. La queja presentada será estudiada por un fiscal delegado ante el Tribunal, instancia que deberá definir si procede o no la reclamación.Ademas el abogado de Rafael Herrera pidió el aplazamiento de la diligencia argumentando imposibilidad para asistir en la fecha fijada, razón por la cual tampoco fue posible llevar a cabo su indagatoria.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedadesde la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca.Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.
Tras el llamado a indagatoria del exciclista Lucho Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó esa diligencia judicial, al considerarla una herramienta para ejercer plenamente el derecho a la defensa. En entrevista con Blu Radio, el jurista explicó que la decisión se tomó en medio de afirmaciones públicas y versiones que, según señaló, no corresponden con el estado real del proceso.“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, quien solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera, es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Benavides, al tiempo que recordó que la investigación se encuentra bajo reserva legal, lo que le impide revelar detalles del expediente.El abogado explicó que la sentencia anticipada a un exparamilitar, con la que se fundamenta la investigación contra el ciclista, se sustenta en declaraciones de personas que obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones. “Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá ”, sostuvo.Benavides aseguró que la postura de la Fiscalía no genera alarma en la defensa, al tratarse del inicio formal del proceso. “No nos alarma la postura de la Fiscalía, porque es un mecanismo, hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, indicó, y cuestionó las versiones que, según él, anticipan escenarios judiciales sin que se haya surtido el debido proceso.En ese sentido, el defensor insistió en la presunción de inocencia de su cliente. “Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló, al tiempo que reiteró que la defensa mantendrá la reserva del sumario y colaborará con las autoridades. Benavides afirmó que su defendido es “ajeno a los hechos que se le imputan” y que, por el contrario, “es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.Sobre la hipótesis que, según la defensa, explicaría por qué Lucho Herrera fue vinculado a la investigación, el abogado aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas. “Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”. Agregó que, tras negarse a pagar, se habría advertido que sería involucrado en hechos criminales.El pronunciamiento de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indicarían que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran contra su voluntad a habitantes de predios vecinos.La vinculación, más de 20 años después de los hechos, tiene como antecedente una sentencia anticipada en la que exparamilitares señalaron que Herrera habría solicitado al entonces jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, a quienes habrían acusado de ser milicianos de las Farc. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamar a indagatoria a Luis Alberto Herrera Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá , Cundinamarca, fue recibida como un paso “esperanzador” por los familiares de las víctimas, que llevan más de dos décadas esperando avances judiciales.Pastor Rodríguez, hermano de Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez ,dos de las víctimas de desaparición forzada ocurridas el 23 de octubre de 2002, calificó la actuación del ente acusador como una señal de que, pese al paso del tiempo, aún es posible conocer la verdad de lo ocurrido. En entrevista con Blu Radio aseguró que la diligencia representa un giro significativo en un proceso marcado por la demora.“Para nosotros desde luego es una sorpresa, dado que los procesos han ido siendo demorados. Llevamos 23 años esperando a que algo suceda y sin duda esta decisión nos muestra claramente que la Fiscalía está buscando hacer justicia. Para nosotros es esperanzador, en la medida en que nos permite una luz hacia conocer la verdad sobre lo que sucedió y el porqué actuaron de esa manera”, afirmó.Las víctimas eran propietarios de fincas aledañas a las de la familia Herrera Herrera, en una zona rural del municipio, y desaparecieron en medio del contexto de violencia que se vivía en la región del Sumapaz a comienzos de los años 2000. De acuerdo con el expediente, los hermanos Rodríguez fueron señalados y posteriormente llevados en contra de su voluntad por integrantes de estructuras paramilitares que operaban en la zona.Sobre las motivaciones del crimen, el familiar señaló que persisten grandes vacíos. “Nosotros no tenemos idea de qué motivó a la persona o a las personas que contrataron a los paramilitares a tomar ese tipo de decisión. Lo que ellos dicen es que les manifestaron que eran guerrilleros. Ellos manifiestan también que luego se dieron cuenta de que era una equivocación, pero más allá de lo que ellos digan, nosotros no sabemos por qué lo hicieron”, sostuvo.Pastor Rodríguez subrayó que, aunque el proceso ha sido largo, la decisión de la Fiscalía envía un mensaje relevante para otras víctimas del conflicto armado. “Entendemos que los procesos toman su tiempo y para nosotros, y para muchas víctimas en Colombia, esto es una señal de que aunque pasen los años, aún es posible conocer la verdad y tener un poco de justicia”, agregó.La Fiscalía confirmó que los elementos materiales probatorios recaudados permiten inferir que Luis Alberto Herrera y Rafael Herrera habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran por la fuerza a un grupo de habitantes de predios cercanos a sus propiedades.Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada. Adicionalmente, Rafael Herrera fue vinculado en esta misma investigación por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual de una menor de edad.Aunque la diligencia judicial se realizará en 2026, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, dado que los hechos ocurrieron en 2002. En este sistema penal no existe la imputación como en el modelo acusatorio actual; la indagatoria constituye la vinculación formal de los investigados, y las decisiones centrales son adoptadas por la Fiscalía mediante actos escritos especialmente. Tras esta diligencia, el ente acusador podría solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y avanzar hacia una eventual etapa de juicio contra los hermanos Herrera Herrera.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, los hermanos Herrera Herrera habrían tenido un rol determinante en los hechos, al presuntamente contactar a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.Según la investigación, las personas desaparecidas eran habitantes de predios ubicados en zonas aledañas a las propiedades de la familia Herrera Herrera, lo que constituye uno de los ejes centrales de análisis del caso.En el curso del proceso judicial se estableció que dos de las cuatro víctimas fueron halladas sin vida en el año 2008, en un terreno ubicado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 fue posible la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) realizara las diligencias necesarias para obtener muestras biológicas y lograr la plena identificación de las víctimas.Entre tanto, la Fiscalía confirmó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las otras dos personas desaparecidas, cuyos restos aún no han sido localizados, más de dos décadas después de ocurridos los hechos.Por estos acontecimientos, Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera serán vinculados formalmente al proceso mediante diligencia de indagatoria, programada para el próximo 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada.Adicionalmente, la Fiscalía informó que Rafael Herrera Herrera fue vinculado dentro de la misma actuación judicial por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el presunto abuso sexual de una menor de edad, hecho que habría salido a la luz en el desarrollo de esta investigación por violaciones a los derechos humanos.El proceso penal se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que implica un trámite propio del sistema penal anterior.
El exciclista colombiano Luis 'Lucho' Herrera admitió que pagó diez millones de pesos (unos 2.482 dólares) en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en 2002 en Fusagasugá (centro), ciudad de la que es oriundo."Yo se los dí en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada", expresó Herrera en declaraciones recogidas por Noticias Uno, que tuvo acceso a lo dicho por el exciclista, campeón de la Vuelta a España de 1987, durante una audiencia.Herrera, de 64 años, rindió versión libre el mes pasado ante la Fiscalía y, aunque rechazó dar declaraciones a la prensa, su abogado, Hernando Herrera, divulgó un comunicado en el que afirmó que su cliente es víctima de "calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales".La denuncia contra el exciclistaLa diligencia de Herrera ocurre luego de que una jueza de Fusagasugá solicitara en abril pasado abrir una investigación formal contra el exciclista por un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos.La orden se produjo tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias 'Ojitos', que lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias 'Ojitos' y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias 'Menudencias', recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.Según Gómez, el objetivo era "mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla" y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, "desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares", señala el documento judicial.En ese sentido, Herrera afirmó, según la publicación de este martes de Noticias Uno, que conocía a dos de las víctimas, que fueron criados y crecieron cerca de la casa de los padres del exciclista en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.Herrera, conocido como el 'jardinerito de Fusagasugá', es uno de los íconos del ciclismo colombiano y fue el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, el 18 de julio de 1984, cuando cruzó la meta en primer lugar en la mítica cima del Alpe d'Huez.Esa victoria vistió de fiesta a Colombia y, según dijo a EFE Herrera el año pasado, con motivo de los 40 años de esa gesta, fue algo "emocionante", pero "muy duro".
Los días 5 y 6 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos escuchará en versión libre al exciclista Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera Herrera, como parte de una indagación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el año 2002.La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de su Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca de propiedad de Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania. La diligencia buscaba determinar si en ese predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos, en hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Según testimonios de tres exparamilitares, Herrera habría pedido al exjefe alias 'Martín Llanos' desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años más tarde, ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, un juzgado solicitó a la Fiscalía abrir una indagación contra el ganador de la Vuelta a España en 1987. Durante la inspección, realizada por Policía Judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Sin embargo, las autoridades no descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones por homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía investiga la desaparición de 14 personas. Uno de los ya sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas por cuya desaparición deben responder Lucho Herrera y su hermano son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, todos vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
La Fiscalía General de la Nación envió un equipo de la Dirección de Derechos Humanos a Fusagasugá, Cundinamarca, entre el 21 y el 25 de abril de 2025, para inspeccionar una finca del exciclista Lucho Herrera, ubicada en la vereda La Aguadita, entre Fusagasugá y Silvania.La diligencia buscaba determinar si en el predio se encontraban restos de cuatro campesinos desaparecidos en 2002, hechos atribuidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).Tres exparamilitares señalaron que Herrera habría pedido al exjefe alias Martín Llanos desaparecer a las víctimas, acusándolas de ser milicianos de las Farc. Años después, en declaraciones ante la Fiscalía, afirmaron que el exciclista los habría engañado y que su verdadero interés era apropiarse de los terrenos colindantes a su finca.Con base en estos testimonios, el juzgado pidió a la Fiscalía investigar al ganador de la Vuelta a España en 1987.No se encontraron restos humanos en la fincaDurante la inspección, realizada por Policía judicial y expertos forenses, no se hallaron restos humanos ni indicios que permitan ubicar a los desaparecidos. Aun así, no se descartan nuevas diligencias en la zona.Este caso se conecta con otras investigaciones sobre homicidios y desapariciones forzadas cometidas por las ACC en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003. En total, la Fiscalía indaga la desaparición de 14 personas.Uno de los sentenciados por estos hechos es el exparamilitar Luis Fernando Gómez, alias 'Ojitos', condenado a más de 20 años de prisión. Él y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias 'Menudencias', vincularon directamente a Herrera con el caso.Las víctimas son Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, vecinos del exciclista en la vereda La Aguadita.
El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera, leyenda del ciclismo colombiano, ha sido sacudido por una acusación que ha conmocionado al país. Tres exparamilitares afirman que el excampeón de la Vuelta a España habría ordenado el asesinato y desaparición de cuatro personas en 2002, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, en hechos ocurridos en la zona rural de este municipio.En entrevista con el periodista Ricardo Ospina para Blu Radio, Pastor Rodríguez, hermano de dos de las víctimas, ofreció un testimonio cargado de dolor, incertidumbre y una sed inquebrantable de verdad: “Lo que nos interesa no es juzgar, sino conocer por qué los asesinaron”.Fusagasugá en 2002: una región marcada por el miedoLos hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002, cuando grupos paramilitares se movían por la región haciéndose pasar por agentes del DAS. Pastor Rodríguez relata cómo una camioneta llegó hasta la casa familiar con hombres armados que portaban insignias falsas del Estado. Fue allí donde sus hermanos fueron obligados a subir al vehículo y jamás se les volvió a ver.“Sabían exactamente por quiénes venían”, aseguró Rodríguez, quien sospecha que hubo una inteligencia previa y una intención clara. “Uno de los hombres iba amarrado, pero el conductor dijo: ‘Él no’, y señaló a mi otro hermano. Eso lo dice todo”.Relación vecinal con Lucho HerreraUna de las sorpresas más grandes para la familia Rodríguez fue encontrar en la reciente sentencia contra el paramilitar alias "Ojitos" la mención directa del exciclista como presunto autor intelectual del crimen. La relación con Herrera, asegura Pastor, era meramente vecinal: “Jugaban fútbol juntos, llevaban a mi hermana al colegio… nunca hubo una disputa, nunca hubo problemas”.La finca del padre de los hermanos Rodríguez colindaba con una propiedad de la familia Herrera. Según testigos y las declaraciones de exparamilitares, habría sido desde esa cercanía geográfica que se fraguó la tragedia.Acusaciones desde prisiónLos testimonios de Luis Fernando Gómez Flores (alias Ojitos), Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias), exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, apuntan a Lucho Herrera como el “determinador” del crimen. Aseguran que el ciclista solicitó a Martín Llanos, jefe del grupo armado, la ejecución de los cuatro hombres, supuestamente por considerarlos colaboradores de la guerrilla o extorsionadores. Según las declaraciones, Herrera habría entregado 40 millones de pesos y fotografías de las víctimas.“Nunca habíamos escuchado oficialmente esa versión, ni siquiera como rumor”, confiesa Pastor. “La sentencia nos dejó helados, no por el nombre que aparece, sino por la crueldad de lo que les hicieron”.La herida abierta: sin cuerpos, sin cierreHan pasado casi 23 años desde la desaparición. El padre de Pastor, hoy con 96 años, aún espera con fe el regreso de sus hijos: “Todos los días reza el rosario”, dice el entrevistado con la voz entrecortada. “Lo que más deseamos es encontrar sus cuerpos, aunque sea un pedazo de hueso para poder enterrarlos dignamente”.En la actualidad, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca señalada por los paramilitares como el lugar donde estarían enterradas las víctimas. Hasta ahora, no se han reportado hallazgos definitivos.Rodríguez asegura que no busca venganza ni revictimizarse. “Si es culpable y está arrepentido, claro que lo perdonaría. Todos necesitamos sanar”, afirma al referirse a una eventual culpabilidad de Lucho Herrera. La familia incluso ha contemplado reunirse con los paramilitares condenados, como parte del proceso de reconstrucción de la verdad.Para Pastor, este caso no es solo el suyo: “Estoy aquí en nombre de miles que siguen esperando justicia. En Colombia, durante años, tener botas de caucho ya era motivo de sospecha y de muerte”.
En una operación militar desarrollada en zona rural de Villavicencio, el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, capturó a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de cometer extorsiones, homicidios, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos en el departamento del Meta.El operativo se llevó a cabo en la vereda Caños Negros, donde, según información de inteligencia militar, los uniformados ubicaron a una comisión de esa organización criminal que intentaba ocultarse de las acciones ofensivas desplegadas por las autoridades contra esa estructura ilegal.De acuerdo con el Ejército, los capturados harían parte del grupo que opera bajo las órdenes de alias ‘Morcilla’, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Meta. Las investigaciones indican que esta estructura venía ejerciendo presión criminal sobre campesinos, ganaderos, comerciantes y transportadores en municipios como Villavicencio, San Martín y Acacias, mediante extorsiones y amenazas.Las autoridades, además, les atribuyen participación en homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento ilícito de menores de edad, hechos que venían generando preocupación en distintas zonas rurales del departamento.Durante el procedimiento, las tropas incautaron cuatro armas de fuego, munición, equipos de comunicación, material de intendencia y dos drones que, al parecer, eran utilizados por la organización para vigilar movimientos de la fuerza pública y anticiparse a los operativos militares.Fuentes militares señalaron que ya se habían realizado al menos tres operaciones previas contra este grupo, pero los presuntos integrantes lograban escapar gracias al monitoreo aéreo realizado con drones, que les permitía detectar con anticipación el desplazamiento de tropas.Según información conocida por las autoridades, los integrantes de la estructura habrían hecho volar ambos drones al mismo tiempo. Cuando los equipos se quedaron sin batería y fueron aterrizados para cargarlos, el Ejército aprovechó esa ventana de tiempo para avanzar sobre el lugar, ya identificado mediante labores de inteligencia, y ejecutar el operativo de captura.Los cuatro detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.
Una adolescente de 16 años murió luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una rutina cotidiana dentro de su vivienda. La menor utilizaba una plancha para el cabello cuando ocurrió la emergencia que terminó en tragedia y dejó en shock a su familia, especialmente a su madre, quien fue la primera en encontrarla inconsciente dentro de la habitación.El caso se registró en Vereda, una localidad ubicada en el estado de Bahía, en Brasil. La víctima fue identificada como María Catarina Souza Carvalho, estudiante de la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Las autoridades de ese país iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existió alguna falla eléctrica en el aparato o en la vivienda.Según la reconstrucción de lo ocurrido, la joven se encontraba frente al espejo arreglándose el cabello mientras compartía con su madre dentro de la recámara. En determinado momento, la mujer salió brevemente hacia la cocina para buscar agua, sin imaginar que segundos después escucharía los gritos desesperados de su hija.Alarmada por la situación, la madre regresó rápidamente a la habitación y encontró a la adolescente tendida en el suelo, inconsciente y aún sujetando la plancha para el cabello. De acuerdo con el relato entregado por familiares, el aparato permanecía conectado y seguía transmitiendo corriente eléctrica en ese momento.En medio de la desesperación, la mujer desenchufó el dispositivo e intentó auxiliar a su hija antes de trasladarla de urgencia a un hospital municipal cercano. Pese a los esfuerzos, los médicos confirmaron poco después que la menor había llegado sin signos vitales y que no fue posible reanimarla.La Policía Civil de Bahía asumió la investigación y registró inicialmente la muerte como accidental. Además, ordenó realizar peritajes técnicos para establecer si la plancha presentaba algún daño o si existían problemas en el sistema eléctrico de la vivienda donde ocurrió la tragedia.La noticia causó conmoción entre familiares, vecinos y compañeros de estudio de María Catarina. Desde la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución educativa donde cursaba sus estudios, publicaron un mensaje de solidaridad dirigido a la familia de la joven.“En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida”, expresó el plantel educativo a través de un comunicado difundido en redes sociales.En el mensaje, la comunidad educativa también destacó que la adolescente dejó recuerdos imborrables entre quienes compartieron con ella y enviaron palabras de fortaleza a sus seres queridos en medio de la dolorosa pérdida.
La Casa Blanca ha sido puesta bajo cierre de seguridad, después que una serie de disparos fueran escuchados en la inmediaciones. Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban informando en ese momento en vivo.De acuerdo con medios locales, tras los disparos el Servicio Secreto acordonó el jardín norte de la Casa Blanca.A los periodistas que estaban en el lugar se les indicó que corrieran hacia la sala de prensa de la edificación.En desarrollo...
La Policía en California está pidiendo información ciudadana sobre los presuntos robos cometidos por una banda de colombianos que, según las autoridades, utilizaba cámaras de vigilancia camufladas e inhibidores de señal de internet para asaltar las residencias en el sur del estado.Los colombianos Jesús Vélez-Hernández, de 35 años; Sergio Páez-Cuervo, de 38; Javier Pulido-Ramírez, de 41; y Akksel Cadena-Díaz, de 29, han sido vinculados a robos ocurridos en todo el sur de California, según dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.Los sospechosos fueron arrestados tras una investigación que comenzó después de un robo residencial reportado el pasado 22 de abril a una vivienda en ese condado.Durante la investigación, los detectives descubrieron que los sospechosos presuntamente utilizaban placas de matrícula fraudulentas, dispositivos de interferencia de señales WiFi y de comunicación, cámaras inalámbricas camufladas y otras herramientas diseñadas para desactivar los sistemas de seguridad residenciales y vigilar las viviendas antes de cometer los robos.Registros ejecutados en el condado de Los Ángeles permitieron recuperar bienes robados y herramientas y dispositivos que se cree están vinculados a robos residenciales adicionales en todo el sur de California.El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino ha pedido ayuda a la ciudadanía para brindar cualquier información relacionada al caso y detener a otros posibles miembros.Asimismo, la Policía está difundiendo información sobre los métodos y equipos utilizados por estas bandas con el fin de educar a los residentes, identificar a posibles víctimas adicionales y asistir a las agencias del orden público que investigan delitos similares.
Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado el Gobierno congoleño.Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el viernes, señaló el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "867 casos sospechosos".El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también a territorio ugandés.Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de diez muertes y 91 casos "confirmados".Asimismo, las autoridades sanitarias han rastreado un total de 1.745 personas que han tenido contacto con pacientes contagiados.El brote se corresponde con la cepa bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ya se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.Fuera de RDC, Uganda confirmó cinco casos, incluido un ciudadano congoleño fallecido en la capital, Kampala, que se considera un caso importado.La OMS declaró el pasado domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional".Este viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC, mientras el riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras, mientras la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la OMS movilizan recursos para atajar el brote.Diez países de África se encuentran en "alto riesgo" de verse afectados por el brote de ébola al compartir frontera con RDC y Uganda, advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.