Nueva queja podría aplazar indagatoria a Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas
La queja se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.
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Nuevas trabas judiciales surgieron en el proceso que se adelanta contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano, Rafael Herrera, investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Fusagasugá.
De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, luego de varios recursos interpuestos contra la apertura de instrucción y contra la orden de vinculación mediante indagatoria a los hermanos Herrera, los cuales no prosperaron, actualmente se tramita una nueva queja contra la decisión adoptada por la Fiscalía. Esta actuación se presenta en medio de la expectativa por la diligencia de indagatoria que se encuentra programada para este viernes en dos jornadas, a las 9:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde.
Lucho Herrera, ciclista colombiano.
AFP
La nueva queja interpuesta contra el llamado a indagatoria deberá ser resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dentro del proceso se advierte que, si dicha decisión no es resuelta antes de la diligencia judicial programada, esta situación podría convertirse en un argumento para solicitar nuevamente el aplazamiento de la indagatoria, lo que implicaría un nuevo retraso dentro de la actuación judicial que se adelanta en este caso.
La investigación que adelantan las autoridades se centra en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002, cuando cuatro ciudadanos fueron desaparecidos en zona rural del municipio de Fusagasugá. Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, los hermanos habrían tenido un rol determinante en la ocurrencia de los hechos que hoy son materia de investigación.
De acuerdo con las hipótesis del ente investigador, los hermanos habrían presuntamente contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, estructura armada ilegal que tuvo injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.
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