La quema de un bus articulado del MÍO, cuando este se movilizaba en inmediaciones a la Universidad del Valle continúa generando rechazo en la ciudadanía, pues este acto de vandalismo no afecta solo al sistema masivo, sino a los usuarios que diariamente lo utilizan.Recientemente se conoció el testimonio de Antonio Gil, el operador que conducía el vehículo en el momento del ataque, quien explicó que el bus fue interceptado por un grupo de veinte encapuchados, quienes lo amenazaron con un arma obligándolo a que él y los pasajeros bajaran, para así incinerar el vehículo."Un encapuchado con una gorra azul y careta me pone un revólver y me obliga a abrir las puertas, la gente desciende del vehículo, y cuando baja el último usuario se meten, riegan gasolina en el piso y los asientos y proceden a prenderle candela", señaló el conductor.Desde Metrocali se reitera que este acto no sólo afecta la operación del sistema sino que puso en riesgo las vidas del conductor y los pasajeros, y ahora con la pérdida total del bus, se afecta a más de mil usuarios."Este era un vehículo diesel, un articulado que está alrededor de los 2.000 millones de pesos o los supera, debido a todos los equipos que le ponemos a bordo. Estos pueden mover más de mil personas al día fácilmente. Pero la afectación no es solo con pasajeros, sino que si antes teníamos 10 buses en la ruta y pasaban cada seis minutos, ahora como son nueve la frecuencia se retrasa aproximadamente un minuto y medio, que pierden todos los usuarios de la ruta", señaló el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo en diálogo con Blu Radio.Mientras las autoridades continúan en la investigación para identificar a los hombres responsables de la quema del bus articulado, el presidente de Metrocali señala que este acto de terrorismo no puede ser justificado por ningún sector de la ciudad."No es solo cuánto nos cuesta, que también es importante, sino el significado del hecho de sentir que cualquier tipo de manifestación o protesta justifica dañar un bien público que utiliza y favorece a las personas más necesitadas. Es incomprensible cómo alguien no puede rechazar esto y que no lo vean como lo que fue, un acto terrorista y delincuencial", finalizó Rengifo.El funcionario aseguró que cada semana, la operación del sistema MIO en inmediaciones de la Universidad del Valle se debe suspender debido a las constantes alteraciones al orden público, reiteró que estos hechos más que un daño material pone en riesgo la vida de decenas de personas, ya sean usuarios u operadores del sistema.
Metro Cali anunció que el servicio del Mío Cable, estará suspendido durante varios días para realizar labores de mantenimiento preventivo, debido a que algunas de sus partes deberán ser renovadas para evitar accidentes durante los recorridos.El cierre temporal iniciará este próximo 20 de agosto hasta el 31 del mismo mes, mientras se ejecutan las tareas por parte de los profesionales al medio de transporte."Una de las tareas será realizar el recorte del cable portador tractor que es el cable sobre el cual se prenden las cabinas del Mío Cable y sobre el cual prestamos el servicio en el sistema de transporte aéreo suspendido y es fundamental hacer estas revisiones", dijo el ingeniero Felipe García, director de Operaciones de Metro Cali.Por tanto, se ha dispuesto de un plan de movilidad para no afectar a la población de la comuna 20 de la ciudad, en apoyo y en articulación con los camperos tipo guala, que serán los vehículos habilitados para movilizar a las personas de la zona."Las personas le pagarán a la guala desde su zona, y entran a la terminal Cañaveralejo sin costo adicional, pero si es importante que tengan en ese momento la tarjeta del Mío y si vienen de regreso, harán lo mismo, cancelarán su pasaje y al llegar la zona de abordaje de las gualas, y ahí utilizaremos un dispositivo que nos permitirá devolverles a través de las tarjetas el sado de ese pasaje", explicó Víctor León Gómez, director de la Oficina de Mercadeo y de Servicio al Cliente de Metro Cali.Las gualas funcionarán de lunes a sábado de 5:00 am a 9:00 pm y el domingo de 6:00 am a 8:30 pm, con dos rutas que llegan hasta las estaciones Lleras Camargo, Tierra Blanca, Brisas de Mayo y la terminal Cañaveralejo, ya que serán 12 días que el mío cable estará suspendido entre el 20 y el 31 de agosto.
Preocupados se encuentran habitantes de la comuna 20 por el estado actual de las cabinas del MÍO Cable, en una denuncia ciudadana manifestaron su angustia.En ese mismo sentido, expresaron que la empresa a cargo del mantenimiento estaría usando partes y elementos de años anteriores, lo que pone en riesgo a quienes debe usar el medio de transporte."Esta denuncia la venimos haciendo hace muchos años, pero ahora estamos peor porque nos damos cuenta de que el funcionamiento del cable no es el óptimo, y nos dimos cuenta de que también se están reutilizando repuestos que anteriormente fueron quitados, y el sonido de la cabina en la noche cada vez es más fuerte y eso es por algo", expresó Harvy Mina, líder social.Frente a esta denuncia, desde Metrocali, empresa encargada del funcionamiento del MIO Cable, manifestaron que para evitar hechos como el que ocurrió en Medellín, en la ciudad se hace de manera periódica y constante el mantenimiento a las cabinas que transportan a los usuarios."Nosotros seguimos el manual de funcionamiento que nos entregó el fabricante, y además tenemos contratos de suministros de los repuestos con las empresas indicadas, y esos repuestos son utilizados en los mantenimientos preventivos en el momento en que se tengan que cambiar por el uso de la cabina. El presupuesto para las máquinas es bastante amplio", dijo Luis Felipe García, director de Operaciones de Metrocali.Actualmente, el sistema de transporte aéreo suspendido moviliza alrededor de cinco mil personas en aproximadamente 40 cabinas que circulan por la zona de ladera de la ciudad.
La firma de un nuevo convenio por parte de Metrocali se da por los múltiples hechos de inseguridad que se presentan a diario tanto en estaciones como buses del sistema masivo, y lo que buscan es reducir las cifras de hurto, que es delito de mayor impacto del medio de transporte.Uno de los casos más recientes fue el de Jonathan Estiven López, conductor de la ruta A12D quien fue atacado por un delincuente cuando bajaba desde Altos de Santa Elena y se dirigía hacia el barrio Meléndez, sur de Cali.“Yo perdí dos dedos de mi mano, y me comprometieron un tercer dedo, eso fue en horas de la noche. En un punto se subieron tres personas que no pagaron el pasaje, uno de ellos se acerca a mí y me sujeta fuerte y me empieza a buscar en los bolsillos y me robó, me atacó con una arma blanca”, dijo la víctima.El operario relató, además, que el mismo día se presentaron otros hechos violentos contra el masivo y denunció la falta de gestión del mismo medio de transporte para evitar estos episodios.Refuerzo de seguridad en el MIO“Minutos antes me habían llamado desde el centro de control para decirme que cuando llegara a Meléndez cambiara de autobús por otro que habían vandalizado y cuando llego a la estación me doy cuenta de que el auto que habían atacado era el que yo había visto pasar antes por dónde yo iba a pasar, entonces si ellos me avisan seguro esto a mí no me hubiera pasado”, explicó el conductor.Sin embargo, la seguridad será reforzada con el nuevo convenio con personal de vigilancia. Además, la Policía dispondrá de 106 uniformados y la empresa privada con más de 300 personas que vigilarán los 7 días de la semana, estaciones y buses.“Vemos la seguridad como un componente donde es importante la participación de la policía y de funcionarios de Metrocali que están permanentemente acompañando a los usuarios del MIO, pero lo más importante para nosotros son los usuarios", expresó Lina Castellanos, directora comercial de Metrocali.El personal de seguridad privada está distribuido en toda la infraestructura del mío desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y en las terminales durante las 24 horas del día. El contrato que se adjudicó a una Unión Temporal supera los 5 mil millones de pesos.
Tras un mes y medio al frente de Metrocali, y realizando constantes recorridos por las estaciones y buses del sistema de transporte masivo, el presidente de la entidad, Álvaro Rengifo, entregó un primer balance de la actual situación financiera de este ente gestor, tras recibirlo de la administración anterior.“En el empalme conocemos la punta del iceberg, y ya, durante este este primer mes, vimos que tan grande es para esquivarlo y así recuperar el MIO. No solo estamos en ley 550 que nos genera un riesgo de liquidación, sino que teníamos fechas de muy corto plazo donde podríamos haber iniciado este proceso”, aseguró el presidente de la entidad.Los plazos para llegar a un acuerdo por las demandas interpuestas por los concesionarios eran los días 15 de enero con GIT Masivo, y 9 de febrero con Blanco y Negro. En el primer caso, se logró pactar un acuerdo de reestructuración, mientras que con ByN, se logró un plazo de tres meses para ponerse al día con sus obligaciones.Para el cierre del año 2023, Metrocali quedó debiendo $65.013 millones a los concesionarios del costo de operación, y al SIUR $2.700 millones del diferencial tarifario. En cuanto al déficit presupuestal para el 2024, la suma faltante supera los 149.000 millones de pesos, pues solo fue aprobado un presupuesto de $93.000 millones.“Además de la situación financiera también encontramos muchas deficiencias en el servicio, tenemos una programación de 722 buses y solo salen 570, esto quiere decir que los usuarios están viviendo unos 152 huecos o espaciamientos en la programación diaria. La flota no pasa de manera regular y que los tiempos de espera son muy prolongados”, añadió Rengifo.El presidente del ente gestor añadió que el estado mecánico de los buses es deplorable.“Antes los vehículos podían operar hasta tres días sin vararse, hoy el promedio es que cada dos días se vara un bus. Entonces, además del hueco en la programación, hay buses que salen de la operación obligatoriamente”, dijo.
Avanzan los esfuerzos para mejorar la operación del sistema MIO, y entre esas acciones está lograr su estabilidad financiera. Es por esta razón, que Metrocali se reunió con directivos del concesionario GIT Masivo, con el fin de definir las nuevas estrategias de pago para saldar la deuda que tiene con el operador."Lo primero que teníamos que lograr era evitar la liquidación de Metrocali, dado que la entidad está en Ley 550 y que debe presentar un acuerdo de acreedores, el cual no se ha presentado de manera definitiva. Como administración entrante solicitamos al principal acreedor que corriéramos el plazo y llegáramos a un acuerdo que resuelva esto de manera definitiva", indicó Álvaro Rengifo, presidente de Metrocali.La obligación más grande que el ente gestor tiene con GIT Masivo, data desde julio del 2019, cuando el Tribunal de Arbitramento, condenó a Metrocali a pagar cerca de 240.000 millones de pesos que le adeudaba al concesionario.Ahora, el pago más urgente es el diferencial tarifario. Los costos en la operación del servicio, cuyo giro no se realiza desde el mes de agosto del 2023, cuyo plazo máximo de cumplimiento es el próximo 17 de abril del 2024."Para ese momento, Metrocali debe estar al día con la operación, que a la fecha es una deuda cercana a los 30.000 millones de pesos, y se convierten en más de 66.000 millones contando todos los concesionarios", manifestó Rubén Chacón, subgerente de GIT Masivo.El directivo del operador manifestó que así como Metrocali se comprometió a cumplir con sus pagos, los concesionarios por su parte garantizarán la puesta en operación de toda su flota de buses, en un plazo de seis meses, estableciendo así una meta total de 650 buses en circulación.
Las directivas del Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea, a través de un comunicado defendieron el contrato de recaudo firmado con Metrocali, que fue cuestionado por el alcalde electo, Jaime Andrés Beltrán.Según la denuncia, Metrocalí firmó en noviembre de 2021 un contrato con Metrolínea para el recaudo de los pasajes y luego le entregó el manejo de este a una empresa privada quien se habría quedado con más de $6.000 millones, dicen veedores del Valle del Cauca.“El contrato entre Metrolínea y Metrocali garantizó el servicio y se realizó con la premisa de evitar una parálisis del sistema ante la inminente salida del entonces operador de recaudo y control, Tisa. La recomendación que arrojó una consultoría contratada por Metrolínea es que se tenia que buscar un operador de recaudo que utilizará la misma tecnología y se acudió a Metrocali, tras varias mesas desarrolladas con el Ministerio de Transporte, siendo esta la única entidad en el país con las posibilidades de apoyar el recaudo de Metrolínea”, dice el comunicado.Otro de los cuestionamientos es que el contrato entre las dos entidades de transporte se había realizado durante la ley de garantizas por las elecciones de 2002, a lo cual Metrolínea señaló que “lo que se firmó con posterioridad fueron otrosí modificatorios al contrato, lo cual es permitido por la ley máxime cuando lo que se busca es evitar que un servicio público esencial como el transporte se paralice y afecte a los ciudadanos. Metrolínea S.A. no pasó por encima de la Ley 80”.Metrolínea aclaró que la empresa Metrocali, es dueña del sistema de recudo y control. “sin embargo, tiene un aliado estratégico que ejecuta la operación bajo un contrato de concesión, como sucede en todos los sistemas de transporte masivo del mundo. Metrolínea S.A. firmó el contrato interadministrativo con Metro Cali S.A., entidad que se apoyó en su operador de recaudo para prestar el servicio en el SITM Metrolínea”.Este contrato entre Metrolínea y Metrocali tuvo el acompañamiento del Ministerio de Transporte y los organismos de control, señala el comunicado del transporte masivo de Bucaramanga.Comunicado de Metrolínea:
Un acuerdo firmado entre Metrocali y el operador Blanco y Negro permitió el reintegro de los 50 buses que fueron suspendidos desde el pasado 16 de septiembre en Cali, tiempo en el que alrededor de 30.000 personas se vieron afectadas. La decisión ocasionó filas y caos en las estaciones.El ente gestor según el operador deberá realizar el pago de las deudas con la asignación de los recursos que giró el Gobierno nacional, y en ese mismo proceso tendrán que hacer la respectiva revisión de los buses que han alcanzado el kilometraje, razón por la que fueron suspendidos.“Con mucha complacencia informo que hemos llegados en muy buenos términos con Metrocali, para restablecer el servicio de los buses parados, a partir de hoy estos buses ya se encuentran en la calle, prestando el servicio a los usuarios” dijo Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.Igualmente se anunció que, mediante un plan gradual que va hasta diciembre, la empresa operadora del transporte masivo adicionará 35 buses más a la flota para mejorar la prestación del servicio a los usuarios.“Esos 35 buses son solo de nuestra operadora, pero evidentemente estos recursos girados permitirán que las otras empresas restablezcan el servicio de buses que quizá están parados por mantenimiento, esta es una buena noticia para Cali”, puntualizó Bellini.Desde Blanco y Negro, aseguraron que Metrocali se comprometió a pagar a la empresa los pasivos de los años 2022 y 2023 a más tardar este próximo 4 de septiembre.Le puede interesar:
A través de las redes sociales se conoció un video que registra el momento en el que una pareja se enfrenta a golpes con patrulleros de la policía, en el interior de la estación del MIO Villacolombia, que hace parte del corredor de la carrera 15 del sistema.Al parecer, los hechos se registraron cuando estas personas habrían ingresado a la estación sin pagar el pasaje, cuando los uniformados les hicieron el llamado de atención, el hombre y la mujer reaccionan de manera agresiva contra los policías, quienes también le propinaron varios golpes a la pareja.Ante lo ocurrido, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, aseguró que la agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad de la estación, donde se evidencia que el altercado habrían iniciado los presuntos evasores."Esto ya es una cuestión de cultura ciudadana, que se ha venido arraigando en la comunidad, el irrespeto a la autoridad. Nuestras cámaras grabaron el momento, donde se ve que la agresión primero fue contra la policía y entonces ellos reaccionan" expresó el presidente de Metrocali.Por agresiones como esta, desde el ente gestor del sistema se explicó que se continuará fortaleciendo el convenio con la Policía, para evitar este tipo de situaciones. Además, también se plantea el contratar seguridad privada, para las estaciones de mayor complejidad. Según Metrocali, diariamente entre 22.000 y 25.000 personas se cuelan en el sistema, evadiendo el pago del pasaje, lo que estaría generando pérdidas en el año, de 15.000 millones de pesos.Le puede interesar:
En la mañana de este miércoles, GIT Masivo y Metrocali confirmaron que el ente gestor no se liquidará, esto después de varias reuniones y mesas de concertación tras las que lograron un acuerdo con el operador del sistema de transporte masivo, a quien se le adeudan cerca de $220.000 millones, de una demanda que ganó en el año 2018.Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, explicó que este acuerdo plantea el pago de las acreencias laborales y un abono de $10.000 millones de pesos, además de la revisión del acuerdo en mayo, junio y noviembre. Dependiendo de las condiciones de Metrocali y si se cuenta con nuevos recursos, se modificaría el compromiso."Esos $10.000 millones serán descontados de la firma final del acuerdo e implementaremos tres reformas a lo largo del año, en noviembre revisaríamos cómo vamos a definir el resto de los pagos", afirmó Ortiz.Ambas partes aseguran que el proyecto 180 que cursa en el Concejo, será de vital importancia para la sostenibilidad del Sistema y el seguir pagando el dinero que se debe si afectar la operación."Vamos a trabajar de la mano de Metro Cali este año, no queremos que el MÍO se ve afectado y el principal objetivo es la sostenibilidad del sistema", explicó Gonzalo Cucalón, subgerente de GIT Masivo.El proyecto 180, que cursa en el Concejo de Cali, ha generado múltiples críticas desde diferentes sectores de la ciudad, el cual fue planteado por la Alcaldía para modificar el Plan de Salvamento del MÍO de 2018; debido a que la ciudad no ha podido cancelar el dinero que por operación le paga a los concesionarios y estos tienen pocos recursos para sacar los buses a circulación.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
