En medio de la tormenta por la licitación de pasaportes en el país, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, insistió en la presunta corrupción de Thomas Greg & Sons por ser la empresa que históricamente ha manejado no solo los pasaportes, sino las elecciones en Colombia. Ese hecho, de acuerdo con el jefe de Estado, los hace los dueños de las bases de datos de todos los colombianos y los convierte en los que controlan las elecciones, lo que podría llevar “a un fraude electoral” y a “afectar definitivamente la democracia”.“Se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la Registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”, escribió el presidente Petro este martes, 27 de febrero.Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien dijo que de ese comentario del mandatario se pueden resumir “cuatro ideas muy fuertes”, que, incluso, se podrían “acercan” a lo que posiblemente podría pasar con esa licitación, pero insistió que “hay otras que se distan mucho de lo que realmente pasa cuando se hacen las contrataciones en los procesos electorales”.En ese estricto sentido, recalcó, la unión temporal de la que hace parte Greg & Sons “no controla la base de datos de los colombianos en la Registraduría”.Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dijo que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons."La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí", dijo el ministro de Hacienda.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Para este miércoles, 15 de noviembre, se tiene previsto comienzen las entrevistas para la elección de quien será el próximo registrador nacional, en reemplazo de la actual cabeza de la Registraduría, Alexander Vega.Para hablar sobre lo que sigue en este proceso de elección, en el que se entrevistarán a los diez elegidos de una gran lista de personas que se presentaron a este concurso, se conectó a Mañanas Blu, con Camilia Zuluaga, el coordinador del Observatorio Electoral, Camilo Mancera."Ya mañana se inicia la última fase, que es la de las entrevistas, pues ya pasamos por lo que fue la selección de la convocatoria abierta, donde se verificaban requisitos. Después se hizo la prueba de conocimientos. De ahí salió la lista corta para realizar la entrevista de esta lista corta, pues salieron diez personas y la entrevista que iniciaría ya el día de mañana es es una entrevista que se realiza frente a las Cortes, pero que tradicionalmente se ha hecho a puerta cerrada", comenzó explicando Mancera.Sobre esto último, que se realizan las entrevistas a puerta cerrada, dijo el coordinador que que desde la MOE han "insistido en la importancia de hacer pública estas entrevistas que se puedan escuchar las posturas, las posiciones que se tienen desde la Registraduría para lo que sería el desarrollo de las distintas elecciones".Por otro lado, en las elecciones de este cargo, por lo general, llegan cuestionamientos de diferentes secotores, como en el proceso pasado en el que salió elegido el registrador Vega, que partía como favorito en todo ese concurso.Por lo que, el coordinador de la MOE reconoció que en este proceso para la elección del próximo registrador nacional han habido problemas y que, por eso mismo, solicitan que haya transparencia."Desde la primera etapa que les mencionaba de la convocatoria pública, encontramos que fueron excluidas seis personas que posteriormente, vía recursos, fueron incluidas porque sí estaban cumpliendo los requisitos, entonces no había justificación para la exclusión. Después, cuando se iba a desarrollar la prueba de conocimiento, vimos algunos problemas en la medida que se necesitó suspender la prueba de conocimientos por presuntos problemas con el sistema, luego que se realizó la nueva prueba de conocimiento se presentaron algunos problemas con las respuestas", explicó el coordinador de la MOE."Entre el listado se encuentran varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral y pues lo que es José Joaquín Vives y Virgilio Almanza, que son quienes tuvieron las pruebas más altas de conocimientos. Pero también se encuentran exmagistrados del CNE, como Armando Nova, como Hernán Penagos; por ejemplo, un exregistrador delegado para la electoral que fue Jaime Hernando Suárez; son personas que han estado vinculados a la organización electoral desde ya hace varios procesos electorales anteriores", agregó.Asimismo, el coordinador Mancera se refirió a cuál es el tipo de presiones políticas detrás de estos cinco que, se dice, son los más opcionados para el puesto de registrador, y dijo que es "difícil caracterizar", pero es "un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia"."Es difícil caracterizar o catalogar las presiones políticas, pero es un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia solo para los procesos electorales. Estamos hablando de 935 millones de dólares sin contar todo lo que toda la contratación, que también viene con lo que es la identificación de las personas en el país. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en este último proceso, que fue la implementación de la cédula digital, los cambios de documentación, esa contratación también pasa por la Registraduría. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cargo que está administrando una alta carga de recursos de contratación por un lado", resaltó el coordinador."En este momento no tenemos, no tenemos como una información que nos pueda decir que ya hay una persona establecida. Hay unas personas que son destacadas, pero básicamente que por los resultados y por la visibilidad y el reconocimiento que tienen, que uno podría destacarlos, pero no podríamos decir desde la MOE que hay una persona, ya que va a ocupar el cargo, que es la más opcional", sentenció al respecto de si hay, o no, una persona ya definida para quedarse con el puesto.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Después del cierre de las urnas en las elecciones regionales, en diferentes partes del país, el orden público se complicó debido a las asonadas y amenazas constantes en las calles de los municipios donde se adelantan los escrutinios para definir quién fue electo para el periodo 2024-2027.Desde la Misión de Observación Electoral, MOE, indicaron que tienen un registro de 54 hechos de alteración del orden público, 40 de ellos relacionados con el proceso electoral y 14 manifestaciones desde el día sábado hasta el día lunes. Según la directora de la MOE, desde la semana anterior se tenían informes de Manaure, Guajira, debido a los altos niveles de polarización, y lo ocurrido en Gamarra, Cesar, que terminó con la muerte de una funcionaria de la Registraduría y otras dos personas quemadas."El día domingo se presentaron un total de 34 hechos. Dentro de estos, es completamente inaceptable la quema de la Registraduría de Chinú, en Córdoba, así como la destrucción de material electoral. Un ejemplo es lo ocurrido en Fonseca, Guajira, y diferentes tipos de manifestaciones", explicó Alejandra Barrios en diálogo con Blu Radio.Desde la Misión de Observación Electoral fueron claros en indicar que las asonadas, la quema de material y otros actos vandálicos que se presentaron durante los últimos días pueden resultar en acciones judiciales por parte de las autoridades, incluso con penas de cárcel."Con muchísima preocupación estamos viendo los hechos de violencia previos a las elecciones que se han presentado desde el día de ayer. El día lunes se produjo la quema de la Registraduría, lo cual es completamente condenable en Tiquicio, Bolívar, y en Manaure, Guajira. Es muy importante tener en cuenta que todas las alteraciones del orden público pueden generar judicialización, ya sea por perturbación del certamen democrático u otros delitos como el porte de armas y asesinato, como fue el caso en Gamarra", dijo Barrios.Frente a la destrucción del material electoral y las críticas a la Registraduría en el momento del escrutinio, fue clara al explicar que ese trabajo lo realizan los jueces de la República y no los funcionarios de la Registraduría."Es necesario también tener en cuenta que la Registraduría no realiza el escrutinio, son los jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos quienes lo llevan a cabo", aclaró Barrios.Insistió en que se debe preservar el material electoral para las respectivas reclamaciones y el recuento de votos, como se ha solicitado en otras ocasiones con el fin de esclarecer los resultados de las elecciones.Vea también
Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas -dos de ellas policías- después de que una turba prendiera fuego este sábado a la sede local de la Registraduría Nacional en la localidad de Gamarra, en el departamento de Cesar.El ataque que destruyó la sede de la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, ocurrió tan solo unas horas antes de que este domingo se abran las urnas para las elecciones locales y regionales en Colombia.Según las autoridades, la candidatura inhabilitada por el CNE es la de Fernando Márquez, del movimiento político En Marcha, por haber firmado contratos públicos el año antes de las elecciones.Las mesas electorales abrieron este domingo a las 8:00 de la mañana para las elecciones locales y regionales, que se celebran en un ambiente de tensión por un aumento de la violencia política.La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró, minuto después de la apertura de las mesas de votación que preocupa que, hechos de violencia, como los de Gamarra, Cesar, se repitan en el marco de la jornada.Barrios rechazó el hecho que dejó una persona muerta, “rechazo contundente lo que pasó en Gamarra es absolutamente inaceptable lo que pasó en ese municipio y eso nos lleva a que la prioridad de los candidatos sea cómo va a ser el proceso de transmisión, pero sobre todo de recepción de la información de resultados electorales por parte de las diferentes candidaturas”, dijo.Y agregó: “nos preocupa que se repitan acciones o situaciones como las que se presentaron en Gamarra, que aprovecho para extender mi solidaridad y la solidaridad de la MOE a la familia y a todos los miembros de la Registraduría”.Este domingo, los colombianos están llamados a las urnas para elegir los alcaldes y gobernadores para el periodo 2024-2027, así como concejales, diputados y ediles, pero las elecciones se celebran en un clima de aumento de la violencia, a pesar de que hay vigentes ceses al fuego con dos grupos armados, el Estado Mayor Central y la guerrilla del ELN.Escuche la entrevista completa aquí:
Faltando cuatro días para la contienda electoral, en la que se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. Más del 95 % de los candidatos inscritos no han reportado cómo se han financiado y menos han reportado los gastos que han tenido en la campaña. Los aspirantes que menos han entregado reportes obedecen a concejos y asambleas.En su más reciente informe la Misión de Observación Electoral (MOE) emitió un nuevo reporte sobre la financiación de campañas electorales para la contienda que se desarrollará este 29 de octubre. De acuerdo con el informe, solo el 4,7 % de las candidaturas ya inició a declarar la información de ingresos y gastos en el aplicativo de Cuentas Claras. Los candidatos que más han reportado dichos gastos obedecen a gobernadores y concejales.“En el reporte se evidencia que las candidaturas a las asambleas y Concejo son quienes menos han reportado información, por ejemplo a nivel nacional, solamente 350 de los 3.733 candidaturas a las asambleas y, en el Concejo, solamente 4.088 de la más de 103.000 candidaturas registradas para esta corporación”, explicó Marlon Pabon, coordinador de administración pública y transparencia de la MOE.Los candidatos de los partidos que más han presentado reportes obedecen al Mira, Alianza Verde, Centro Democrático, Liberal y Creemos.“Los territorios que llaman un poco más la atención, debido a su bajo nivel de rendición de cuentas, se encuentran en el Amazonas, Vaupés, Atlántico, Córdoba, La Guajira y el Magdalena, por mencionar algunos”, añadió Pabon.Pese a que falta el 95 % de los reportes de los gastos, a la MOE le llama la atención que algunas campañas reportan haber gastado montos relativamente bajos.“Para la misión de observación electoral esta situación es bastante preocupante, porque existe una altísima opacidad, no existe una manera de conocer de dónde están previniendo los recursos que se están invirtiendo durante este proceso de campaña y que es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento de ello, porque también son elementos importantes al momento de ir a elegir al próximo mandatario, mandataria local o de corporación pública”, indicó Pabon.La fuente principal de ingresos de las campañas electorales la han constituido los recursos propios y de familiares en un 56 %, seguido de las contribuciones y créditos de particulares con 31 %, los créditos del sector financiero solo están en el 7 % y otros están el 6 %.Le puede interesar "Casi 20 años después, la Corte Suprema de Justicia revivió la Yidispolítica":
El Gobierno nacional está planteando la posibilidad de implementar una estrategia en la que se considera ofrecer recompensas económicas a quienes denuncien la conducta delictiva de la compra de votos, con el fin de favorecer a ciertos candidatos y partidos políticos que se dedican a esta práctica.La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, presentó algunos reparos, aunque no se conoce a profundidad cómo sería el mecanismo de pago ni quién se encargaría de judicializarlo."Es una decisión que tendrá que tomar el gobierno nacional. Nosotros insistimos en la importancia de que forme parte de la cultura democrática de los ciudadanos, para que un ciudadano o ciudadana no tenga que esperar el pago de una recompensa para informar sobre la afectación a su posibilidad de votar de manera libre. Debe informar de inmediato a la URIEL o a la MOE cuando se presente esto", explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.Faltando pocos días para las elecciones del 29 de octubre, la MOE ya ha recibido 230 denuncias de compra de votos, las cuales fueron presentadas a través de la aplicación "Pilas con el Voto". Posteriormente, estas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en proceso de investigación."La primera de estas barreras es precisamente el conocimiento o el acceso a las herramientas para poder informar sobre la compra de votos. Esto ocurre en ciudades que tienen menos información sobre cómo funciona un proceso electoral, y en segundo lugar está el miedo", expresó Barrios en una entrevista con Blu Radio.Este miércoles, el Gobierno nacional presentará la estrategia para combatir la compra de votos, en la que se explicará cómo funcionará la recompensa, los montos, las estrategias y el número de policías involucrados, entre otros detalles.Las reacciones desde el Congreso a la propuesta de pagar por denunciar a quienes compren votos son diversas:"Combatir la compra de votos debe ser una prioridad de todas las autoridades, pero con este tema Gustavo Petro nuevamente hace populismo. En campaña le decía a la gente que recibiera el dinero de quienes intentaban comprar sus votos, hoy dice que va a pagar por denunciar a quienes lo hacen. No tiene la capacidad legal ni la posibilidad de hacerlo. Además, en lugar de eso, debería responder por todos los escándalos, cuestionamientos y denuncias en torno a la financiación ilegal y compra de votos a su favor", explicó el senador Miguel Uribe."Me parece muy bien que se pague para encontrar a los delincuentes que compran votos, pero desafortunadamente este anuncio debería comenzar en la campaña del mismo presidente de la República, para que pague a quienes denuncien aportantes que contribuyeron fuera de las cuentas de campaña", indicó el senador Ciro Ramírez."El comprador de votos es igual de criminal que un secuestrador. La compra de votos es un delito, por lo que pagar una recompensa a quienes denuncien esta práctica es totalmente lícito", expresó el senador de Cambio Radical, David Luna.Vea también
En cada proceso electoral, como el que se realizará el próximo 29 de octubre, una de las piezas clave para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones son los jurados de votación. Estas personas desempeñan un papel fundamental en la organización de los comicios, pero ¿cómo se seleccionan?Según explicó Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), el proceso comienza con la presentación de listados de personas por parte de empresas, entidades públicas, instituciones educativas y partidos políticos, que son postulados como posibles jurados de votación.“De ahí, la Registraduría a través de un software hace un sorteo para designar las personas que ocuparían este cargo, tratando de garantizar una heterogeneidad en la composición de las mesas (…) Muchas veces, dentro de los procesos de formación no asisten personas que han sido designadas jurados de votación o se extraen listados de personas porque no cumplen con los requisitos, porque hay inhabilidades o situaciones de este estilo que llevan a que la Registraduría haga una designación por fuera, ya más cerca de las elecciones”, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.¿Y qué sucede si un jurado de votación designado no asiste a las capacitaciones o no cumple con su deber cívico el día de las elecciones? En este sentido, Mancera señaló que existen sanciones que podrían imponerse, en forma de multas de hasta 10 salarios mínimos. Esto se debe a que, al ser designado como jurado de votación, se adquiere una función pública transitoria, convirtiéndose en un funcionario público por un corto período.Link para consultar si es jurado de votación elecciones 29 de octubreIngresar a la página: la Registraduría ha facilitado el acceso a esta información a través de un enlace directo en su página web. Al hacer clic, los ciudadanos serán dirigidos a la plataforma de verificación.Digitalizar la cédula: una vez en la plataforma, se les pedirá a los ciudadanos que escaneen o tomen una fotografía legible de su cédula de identidad. Este paso es crucial para garantizar una verificación precisa.Darle aceptar: después de cargar la imagen de la cédula, simplemente se debe hacer clic en el botón "Aceptar". En cuestión de segundos, un mensaje indicará si la persona ha sido designada como jurado de votación para el 29 de octubre en Colombia.Puede ver:
Según el estudio presentado por la MOE, 55 puestos de votación, de un total de 211 dispuestos en Medellín para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, representan riesgos de fraude electoral.Los puestos en riesgo se encuentran tanto en zona rural, como urbana y la MOE indica que el 11%, lo que equivale a 23 puestos, tienen riesgo medio; el 9%, es decir, 18 puestos, tienen riesgo alto; y el 7%, un total de 14 puestos, representan riesgo extremo.Zonas de Medellín con mayor riesgo electoralLas comunas con mayores riesgos son El Poblado, con 6 puestos en riesgo extremo, y Laureles Estadio, con 3 puntos, además de San Cristóbal, con 2.La Misión de Observación Electoral también advierte que los riesgos se fundamentan en niveles atípicos de participación electoral, variación atípica de la participación electoral, diferencia atípica de la participación entre cargos a elegir, nivel atípico de votos nulos, nivel atípico de tarjetones no marcados y dominio electoral.Por esta razón, recomiendan a las autoridades la provisión de material electoral suficiente, infraestructura adecuada de los puestos de votación y capacitación pertinente para los actores electorales presentes en cada puesto; además de intensificar la pedagogía electoral para que los votantes con menor nivel educativo conozcan los cargos a elegir y garantizar un enfoque diferencial para mujeres, discapacidad, étnico y personas trans en todos los puestos de votación para que ejerzan su derecho al voto sin discriminación.Finalmente piden garantizar las condiciones de seguridad y orden público, especialmente en las zonas con presencia de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales para evitar la intimidación a los votantes, la compra de votos o cualquier otra acción irregular o delito electoral.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Durante la realización de la sesión del Comité Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el martes pasado en el Hotel Hilton Corferias en Bogotá, uno de los puntos de mayor discusión tuvo que ver con las fallas y problemas que han tenido las diferentes plataformas y software contratados por la Registraduría Nacional para adelantar etapas claves para las elecciones regionales, como son la inscripción de cédulas y de candidatos, el sorteo de jurados de votación, la inscripción de testigos electorales y el preconteo al finalizar la jornada electoral.Al interior de la reunión, los delegados de los partidos Conservador, La U, el Nuevo Liberalismo, Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC), el Polo Democrático y la Alianza Verde se quejaron por el software para inscribir jurados de votación, señalando que estas colectividades no lograron inscribir sus jurados y se les está dificultando avanzar en la inscripción de sus testigos electorales.Así mismo, en el informe entregado a la comisión, la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que por cuenta de las fallas técnicas ocurrida en los simulacros de sorteo de jurados, se tuvo que recurrir a un plan de contingencia que no contaba con el software contratado por la Registraduría a la Unión Temporal DISPROEL. “El software con el que se realizó el sorteo no fue el provisto por el contratista, derivado de problemas de funcionamiento del mismo. Por ello, se activó el plan de contingencia, empleando una herramienta tecnológica diferente”, dice el documento.La MOE aseguró que el software utilizado para el sorteo definitivo carece de los módulos necesarios para que los entes de control y la observación electoral puedan acceder a la información necesaria para dar seguimiento y realizar veeduría sobre los entes postulantes, las listas de jurados, la depuración posterior a los cruces de información con bases de datos oficiales, y el resultado final de la asignación de los sorteos.Pero estas dudas no son nuevas. En el informe entregado en septiembre, la MOE también alertaba sobre los problemas que tenía la auditoría extemporánea contratada con la firma JAHV MCGREGOR S.A.S., que no pudo hacer seguimiento de la inscripción de candidatos y de cédulas. Además de la contratación de una solución tecnológica para el monitoreo de puestos de votación, a pesar de que se hizo la misma adquisición para las elecciones de 2022 y dicho software no fue utilizado.Puede ver:
La zona del Magdalena Medio se encuentra en una situación delicada en vísperas de las próximas elecciones, según informó la Misión de Observación Electoral (MOE).De los 32 municipios que componen la zona, 18 se encuentran bajo riesgo debido a problemas relacionados con la violencia y posible fraude electoral. Nueve de ellos, entre los que están Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yondó y San Pablo fueron clasificados con riesgo extremo, según señala el reporte.“Lo que nos preocupa del Magdalena Medio es lo que tiene que ver con temas de violencia, esto por la presencia de grupos armados ilegales que están en el territorio y que están generando emergencias humanitarias en varias zonas”, indicó Mauricio Vela Barón, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.La MOE ha identificado la presencia de varios grupos armados ilegales en la región, lo que agrava la situación y pone en peligro la integridad del proceso electoral. Entre estos grupos se encuentran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Estos grupos ilegales han intensificado sus acciones en la región en los últimos meses, generando un ambiente de miedo e incertidumbre entre la población.“En el sur de Bolívar hay condiciones de violencia extrema que inciden en que el proceso electoral pueda tener tropiezos. Esta semana hay enfrentamientos y combates en la zona que generan desplazamientos y cuando eso ocurre, el derecho al voto pasa a segundo lugar, no hay condiciones para que la gente vaya a votar. Los municipios más críticos son Norosí, Montecristo, Morales, Arenal, Santa Rosa, Simití, San Pablo, Puerto Wilches y Barrancabermeja”, agregó el funcionario de la MOE.Ante esta situación, la MOE ha instado a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso electoral.Vea también:
La Procuraduría General de la Nación llama al Ministerio de Minas y Energía a presentar un informe detallado de las propuestas que plantea el Gobierno Nacional para solucionar los altos costos de la tarifa energética que les cobrada a los usuarios de Air-e y Afinia cada mes en el Caribe. Este requerimiento del Ministerio Público se da luego de los anuncios hechos por el Ministro Andrés Camacho, en Barranquilla, durante el más reciente Consejo Gobierno Escucha, en donde se plantearon cuatro soluciones para aliviar los altos costos en las facturas de los usuarios de estas comercializadoras de energía. El informe que pide la PGN debe contener los fundamentos constitucionales y legales, de las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional para mitigar la situación tarifaria en esta región del país, así lo explica el Procurador delegado de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero."Queremos conocer ¿Cuál es la base económica de estas propuestas? Como también los estudios financieros y técnicos que las soportan, pero también ¿Cuáles son las propuestas de solución que allegaron otros actores del sistema, como lo son generadores y transmisores?", explicó el Procurador delegado.Las propuestas planteadas por el Gobierno son: Costos de generación en Áreas Especiales'; Financiación solidaria de los saldos de Opción Tarifaria; Plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida; y Titularización de la deuda generada por la Opción Tarifaria.Ante estas propuestas planteadas por el Gobierno Nacional, el Procurador delegado ha sido enfático en manifestar, que las acciones que se vayan a poner en práctica deben buscar no afectar, de manera directa o indirecta, ni el bolsillo ni las arcas públicas, pero también, que las soluciones puedan ser sostenibles en el tiempo, para así brindar un alivio definitivo, en temas de costos tarifarios de energía, a los habitantes de la costa caribe de Colombia.
La autoridad ambiental de Santander confirmó que el rey gallinazo, ave que fue encontrada herida en días pasados por la comunidad del municipio de La Belleza, a pesar de los esfuerzos médicos, finalmente murió.La exótica ave, una especie de cóndor, que fue encontrada en la vereda El Rubí del municipio de La Belleza, Santander con una grave herida producto de un disparo recibió toda la atención medica por parte de la Corporación Autónoma de Santander CAS, hace algunos días, sin embrago a pesar del esfuerzo del equipo médico veterinario el ave murió.“La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) lamenta informar a la comunidad que, a pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico veterinario, el Rey Gallinazo encontrado en la vereda El Ruby del municipio de La Belleza el pasado 12 de mayo, ha fallecido. El ave fue entregada inicialmente a la Policía de Carabineros y posteriormente trasladada a la Regional Vélez de la CAS, donde recibió una primera valoración médica. Se le encontró una grave lesión en el ala derecha, producto de un posible impacto de bala, con el cubito y radio expuestos”, explicó Luis Atuesta funcionario de la CAS.Según los veterinarios Desafortunadamente, la infección había progresado durante aproximadamente por doce días antes de su rescate, afectando gravemente la salud del ave y reduciendo sus defensas.“Recibió los primeros cuidados antes de ser trasladada a la sede principal de la CAS en San Gil para una atención más especializada. A su llegada a San Gil, profesionales de la Corporación determinaron que el ave no podría volver a volar debido a una osteomielis ascendente, resultado de las lesiones óseas. A pesar de recibir una atención pertinente y mostrar signos iniciales de recuperación, incluyendo una alimentación normal, la condición del ave empeoró”, agregó Atuesta. El equipo médico veterinario de la CAS brindó todos los tratamientos terapéuticos necesarios para controlar la osteomielitis y mitigar las complicaciones derivadas de la infección causada por la herida. Desafortunadamente, la infección había progresado durante aproximadamente diez a doce días antes de su rescate, afectando gravemente su salud y reduciendo sus defensas.
El nivel de los embalses que le suministran agua a la capital del país continúa subiendo. Según el más reciente reporte de la Alcaldía de Bogotá, con corte al 17 de mayo, el Sistema Chingaza llegó al 24,05% y ya completa más de 5 días consecutivos con esta tendencia de aumento.Por su parte, el consumo de agua diario volvió a bajar y se ubicó en 15,67 metros cúbicos por segundo. La meta es mantener la cifra que se logró para el 13 de mayo cuando el consumo llegó al 14,86. Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó a través de su cuenta de X que se puede seguir reduciendo el consumo. Según el mandatario, “usando solo un vaso de agua para lavarnos los dientes. Es suficiente”. Asimismo, Galán destacó que, tras la implementación de las medidas, se ha logrado reducir en más del 20% el agua que se trae de Chingaza.Para este sábado, 18 de mayo, se está llevando a cabo el segundo turno del quinto ciclo de racionamiento. En esta ocasión, son exactamente 290 barrios de la localidad de Engativá, 21 de Fontibón y el municipio de Cota, los que no tienen suministro de agua desde las 8:00 de la mañana.La medida comprende las siguientes zonas:- De la calle 24 a la calle 98, entre la Avenida Ciudad de Cali y el límite del Río Bogotá.- De la calle 26 a la 95, entre carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali.- La zona industrial de Cota.
Iván Cepeda, senador de la República y miembro del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, envió un derecho de petición a la fiscal General Luz Adriana Camargo en el que le solicitó brindar información sobre un supuesto proceso que se estaría adelantando en su contra y que estaría relacionado con un miembro del Clan del Golfo.“He recibido información acerca de que se estaría fraguando una especie de complot en mi contra a partir de un principio de oportunidad en la Fiscalía. Que algún dirigente del Clan del Golfo estaría buscando implicarme en acciones ilegales a través de esa búsqueda de beneficios jurídicos en el ente investigador”, explicó el congresista a Blu Radio.La petición, consagrada en el artículo 23 de la Constitución, es que se le aclare si existe alguna actuación procesal relacionada con su denuncia y que, en caso de existir, le notifiquen qué autoridad adelanta la investigación, qué personas están investigadas y cuál es el estado actual del proceso. El parlamentario aseguró que pide dicha información por dos razones: poder defenderse e impedir que se brinde el principio de oportunidad.“La anterior información la necesito para, si he sido objeto de falsos señalamientos en dicha investigación, poder intervenir en la actuación procesal en condición de víctima y, en general, ejercer mis derechos constitucionales y legales, Asimismo, para que si, en efecto, se está negociando un principio de oportunidad con fundamento en falsos señalamientos en mi contra, oponerme a que sea concedido dicho beneficio judicial”, se leyó en el documento que Cepeda envió a la Fiscalía.Cabe destacar que Cepeda fue declarado víctima en otro proceso judicial: el que afronta el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, señalado de los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
Tras recientes anuncios del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la tentativa de cerrar la frontera con Colombia, muchos sectores han manifestado su preocupación.Por ejemplo, los lancheros del Urabá antioqueño afirman que se quedarían sin trabajo, recordemos que diariamente transitan un promedio de 1.500 personas entre Urabá y Panamá. Precisamente sobre esta problemática se refirió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón."Pasan más de 500.000 migrantes por Urabá anualmente, que lo hagan en las peores condiciones, dejándole eso a las economías ilícitas, es algo en lo que se debe trabajar al más alto nivel entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá", indicó el mandatario.Pero no solo son los lancheros sino la población en general de esta subregión del departamento los que se verían afectados por el represamiento de personas que no podrían migrar. Carlos Camargo, defensor del pueblo, mostró su preocupación e hizo énfasis en que migrar es un derecho humano."Donde ese punto de control migratorio ha sido levantado por el gobierno nacional, nos preocupa mucho que haya un represamiento de población migrante de distintas nacionalidades. Nos preocupa sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos ahí, comenzando por el derecho a la vida", aseguró Camargo.Finalmente, señala que es una problemática muy grande que no solo debe atender el gobierno de Colombia y el de Panamá, sino que es un asunto de carácter internacional donde muchos países involucrados deberían intervenir.Defensoría del Pueblo desestimó cierre de frontera con Panamá como solución a la crisis migratoriaAnte la preocupación de lancheros y alcaldes del Urabá antioqueño sobre el anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá, que generaría un represamiento de migrantes en municipios de esa zona, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta no puede ser la solución a esta problemática y que no puede ser abordada por un solo país, pues su entidad ha solicitado que haya un abordaje transnacional donde cada país tome un rol activo.Y es que tras la elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, hay preocupación, ya que el hombre de derecha prometió en reiteradas ocasiones cerrar el Darién para frenar la crisis migratoria en este paso fronterizo con Colombia.El defensor dijo que la entidad vigilará, ante la aplicación de estas medidas, que se lleve a cabo una migración segura, teniendo en cuenta además que hay varias rutas para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos."La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras, sino porque eso genera, que generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren", dijo Camargo durante una visita a la Cárcel El Pedregal de Medellín.