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Procuraduría pide claridad sobre alivios por altos costos de energía en el Caribe

La Procuraduría advierte que las acciones que se vayan a implementar deben buscar no afectar ni el bolsillo de los usuarios de Air-e y Afinia, ni muchos menos las arcas públicas. Además, deben ser sostenibles en el tiempo.

Factura del servicio de energía eléctrica en el Caribe.jpg
Factura del servicio de energía eléctrica en el Caribe //
Foto: cortesía

La Procuraduría General de la Nación llama al Ministerio de Minas y Energía a presentar un informe detallado de las propuestas que plantea el Gobierno Nacional para solucionar los altos costos de la tarifa energética que les cobrada a los usuarios de Air-e y Afinia cada mes en el Caribe.

Este requerimiento del Ministerio Público se da luego de los anuncios hechos por el Ministro Andrés Camacho, en Barranquilla, durante el más reciente Consejo Gobierno Escucha, en donde se plantearon cuatro soluciones para aliviar los altos costos en las facturas de los usuarios de estas comercializadoras de energía.

El informe que pide la PGN debe contener los fundamentos constitucionales y legales, de las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional para mitigar la situación tarifaria en esta región del país, así lo explica el Procurador delegado de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero.

"Queremos conocer ¿Cuál es la base económica de estas propuestas? Como también los estudios financieros y técnicos que las soportan, pero también ¿Cuáles son las propuestas de solución que allegaron otros actores del sistema, como lo son generadores y transmisores?", explicó el Procurador delegado.

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Las propuestas planteadas por el Gobierno son: Costos de generación en Áreas Especiales'; Financiación solidaria de los saldos de Opción Tarifaria; Plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida; y Titularización de la deuda generada por la Opción Tarifaria.

Ante estas propuestas planteadas por el Gobierno Nacional, el Procurador delegado ha sido enfático en manifestar, que las acciones que se vayan a poner en práctica deben buscar no afectar, de manera directa o indirecta, ni el bolsillo ni las arcas públicas, pero también, que las soluciones puedan ser sostenibles en el tiempo, para así brindar un alivio definitivo, en temas de costos tarifarios de energía, a los habitantes de la costa caribe de Colombia.

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