La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos ex funcionarios de la Alcaldía de Valledupar que celebraron contratos irregularmente con la firma de Natalia Springer por más de 1.400 millones de pesos.De acuerdo con la Procuraduría, los exfuncionarios no cumplieron con los principios de transparencia y legalidad al desarrollar esta contratación directa con Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. para desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.Conozca más: Abren pliego de cargos a exalcalde de Valledupar por contrato con Natalia Springer La sanción a los exfuncionarios contempla una inhabilidad y destitución por 14 años al exsecretario de Gobierno de Valledupar, Carlos Mario Céspedes y de 12 años de Inhabilidad para Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general del municipio.Por estos hechos la Procuraduría también sancionó con la suspensión de un mes alcalde, Fredys Miguel Socarrás Reales, y a la exjefe de la oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre.Vea también: Contralor halló presuntas irregularidades por $400 millones en contrato Springer
La Procuraduría formuló cargos a Fredys Miguel Socarrás, exalcalde de Valledupar para el período constitucional 2012-2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica. De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios nro. 552 de 2015 por valor de $1.400’000.000, celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’. A Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre el contrato; Lisbeth Gaitán Mateus, habría certificado a la empresa de Natalia eludiendo el principio de transparencia. Asimismo, en el caso de Carlos Mario Cespedes, se asegura que certificó a la empresa SVSCS para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones. A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios. De ser hallados responsables, se enfrentan a una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años.
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao dijo que queda tranquilo frente al proceso contractual con la analista Natalia Springer porque el objeto de dicho contrato se cumplió. “La Contraloría dice que el proceso contractual se dio en forma correcta y ya la contratista tendrá que presentar las objeciones debidas. Me da mucha tranquilidad que en la auditoría, la Contraloría diga que el Ministerio cumplió”, dijo. Agregó que cuando se realizaron las contrataciones no había se conocía nada de los contratos con la Fiscalía General, un hecho que estalló el año pasado. Henao también dijo que más allá de los posibles hallazgos fiscales, el objeto del contrato se cumplió y que eso es lo más importante. “Ese programa de acompañamiento sí sirvió y eso lo está reconociendo la Contraloría”, dijo. Ante estos hallazgos, la Contraloría abrirá una indagación preliminar para establecer si se dejaron de realizar diagnósticos de algunos de los programas de vivienda, lo cual estaría configurando un posible detrimento patrimonial. Para el organismo de control el proceso de supervisión que designó Fonvivienda para este contrato “fue débil y no se cumplió con la responsabilidad de vigilar debidamente su ejecución”.
BLU Radio conoció en exclusiva los resultados de la actuación especial que realizó la Contraloría sobre el contrato de la firma Springer y la fiduciaria del Programa de Vivienda Gratuita y encontró dos irregularidades con incidencia fiscal por 419 millones de pesos y un posible hallazgo penal por posible violación de los derechos de autor. Ante estos hallazgos, la Contraloría abrirá una indagación preliminar para establecer si se dejaron de realizar diagnósticos de algunos de los programas de vivienda, lo cual estaría configurando un posible detrimento patrimonial. Para el organismo de control el proceso de supervisión que designó Fonvivienda para este contrato “fue débil y no se cumplió con la responsabilidad de vigilar debidamente su ejecución”. “La Contraloría encontró que el valor del contrato por 1.339 millones de pesos fue establecido por la firma consultora en su propuesta de servicios y que fue también el contratista el que seleccionó los municipios donde se desarrollarían los proyectos de vivienda, cuando esta labor era competencia del Comité Fiduciario”, revela el documento conocido en exclusiva por BLU Radio. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Indignados y desconsolados: así están más de 100 soldados heridos en combate y en condición de discapacidad que salieron desplazados de Palmira porque reubicados en una zona roja. -En medio del choque de trenes entre Cambio Radical y el Ministerio del Interior, BLU Radio conoció que la colectividad busca saber qué departamentos se benefician de las obras desarrolladas por la cartera del interior. -Las intensas lluvias en Barranquilla durante las últimas horas han generado emergencias y retrasos en la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz y del Transmetro. -La Marina italiana recuperó los cadáveres de 15 personas en el mar Mediterráneo y rescató a más de 2 mil personas. -El recaudo del impuesto sobre vehículos automotores en 2016 aumentó significativamente en Cundinamarca, cerca de siete mil millones de pesos, con respecto al año pasado. -Bogotá tendrá invertirá más de 738 mil millones de pesos para atender a la población de la tercera edad.
La Fiscalía General de la Nación citó a declarar, en calidad de testigos, al exdirector de Análisis y Contexto de la entidad, Juan Pablo Hinestrosa; y a Marcela Yepes, exdirectora Administrativa de la entidad, en el marco de la investigación que se adelanta por los contratos celebrados entre el ente acusador y la firma de la politóloga Natalia Srpinger. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades tras los multimillonarios contratos otorgados desde la Fiscalía a la analista Natalia Springer por un valor superior a los 4 mil millones. Sobre el trabajo de la firma de Natalia Springer quedaron muchas dudas, no han sido revelados por confidencialidad y las metodologías no explicadas y la valoración del impacto penal no dan claridad sobre los procesos contra el Eln y las Farc. Cabe recordar que la investigación es adelantada por la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Jenny Claudia Almeida Acero, a quien el fiscal Néstor Humberto Martínez, le aceptó la renuncia y quien tenía además investigaciones del Palacio de Justicia. Almeida Acero también tenía en su despacho la investigación por homicidio contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez, y los procesos que se siguen contra el señalado narcotraficante y contrabandista Marcos Figueroa, alias Marquitos, capturado en Brasil en octubre del año pasado.
“Como dice Horacio Serpa, me suena, me suena”, aseguró Montealegre al momento de ser cuestionado por quiénes integrarían la terna que debe propner y en la cuál debe existir cuota femenina. Polémica condecoración La contratista Natalia Springer recibió este jueves la condecoración Enrique Low Murta entregada por la Fiscalía General de la Nación. (Vea también: Fiscalía entregó condecoración a Natalia Springer por polémica investigación). El ente acusador indicó que con esta condecoración lo que se busca es resaltar y promover la labor de los servidores que han luchado desde la entidad contra la delincuencia organizada. “Ardua labor de nuestros servidores en las distintas seccionales del país es destacada en ceremonia Enrique Low Murtra (…) El trabajo desarrollado por las distintas Direcciones Nacionales de la Fiscalía también fue reconocido en ceremonia”, dijo la Fiscalía a través de Twitter. “Fiscalía resalta en ceremonia Enrique Low Murta trabajo de fiscales e investigadores del CTI en la lucha contra el crimen (…) Condecoración Enrique Low Murtra pretende ser un verdadero tributo a la valentía y a la vocación del servicio público en la Fiscalía”, agregó el ente acusador en la red social.
La contratista Natalia Springer recibió este jueves la condecoración Enrique Low Murta entregada por la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador indicó que con esta condecoración lo que se busca es resaltar y promover la labor de los servidores que han luchado desde la entidad contra la delincuencia organizada. “Ardua labor de nuestros servidores en las distintas seccionales del país es destacada en ceremonia Enrique Low Murtra (…) El trabajo desarrollado por las distintas Direcciones Nacionales de la Fiscalía también fue reconocido en ceremonia”, dijo la Fiscalía a través de Twitter. “Fiscalía resalta en ceremonia Enrique Low Murtra trabajo de fiscales e investigadores del CTI en la lucha contra el crimen (…) Condecoración Enrique Low Murtra pretende ser un verdadero tributo a la valentía y a la vocación del servicio público en la Fiscalía”, agregó el ente acusador en la red social. La analista Natalia Springer no solo tenía contratos directos con la Fiscalía, ahora, aparecen documentos que la vinculan con la Fiduciaria Bogotá, firma encargada de administrar recursos del Ministerio de Vivienda. Se trata de un nuevo contrato revelado por Semana y cuyo monto de 1.339 millones de pesos lo recibió la firma Springer von Schwarzenberg Consulting Services tras presentarse como “especialistas en Vivienda de Interés Social, arquitectura y urbanismo”, tal como lo indica dicha revista. (Lea además: Fiscal presentó análisis realizado por Natalia Springer sobre crímenes del ELN) Las firmas invitadas por la Fiduciaria para otorgar ese contrato fueron la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la firma de la analista Natalia Springer. Ninguna de las otras dos compañías presentó propuesta alguna para el programa de vivienda gratuita denominada “proyecto Fénix: de la trampa de la pobreza a la plena autonomía, Consultoría para la promoción del tránsito hacia la prosperidad”, por lo que la firma de Srpinger fue notificada el 18 de octubre de 2013 sobre la obtención de dicho contrato. Ardua labor de nuestros servidores en las distintas seccionales del país es destacada en ceremonia Enrique #LowMurtra
El papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización, que tendrá lugar mañana, por la operación a la que debe someterse para la extirpación de un nódulo en el pulmón.En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia notificó este lunes la cancelación de estas reuniones que forman parte de la agenda de trabajo diaria de León XIV.El papa estadounidense-peruano anunció públicamente el pasado domingo tras el rezo del Ángelus que debe someterse a una operación para extraer un nódulo detectado en un pulmón que, según precisó, está en fase muy temprana y bien localizado.La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.Las mismas fuentes indicaron este lunes que el papa será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma mañana martes a mediodía.En la mañana de hoy lunes, el pontífice, de 71 años, ha cumplido su agenda de trabajo con normalidad y se ha reunido con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.
Al menos 61 millones de dólares se requerirán para restaurar unas 67 instalaciones hospitalarias que fueron afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes en Panamá, dijo este lunes el Gobierno panameño, que anunció además la construcción de 1.300 viviendas que resultaron dañadas."Nosotros tenemos 842 instalaciones (hospitalarias) a nivel nacional, de esas 67 sufrieron afectaciones, y se va a requerir de una inversión de alrededor de unos 61 millones de dólares para poder volverlas al reestructurar", indicó en rueda de prensa el ministro panameño de Salud, Fernando Boyd Galindo.Entre estos hospitales, el "más afectado" fue el de corregimiento de Tonosí en la provincia central de Los Santos, donde se localizó el epicentro del terremoto, añadió el titular del Ministerio de Salud (Minsa).El galeno explicó que mientras se hace un "hospital completamente nuevo" en Tonosí, algo que, dijo, tomará "tiempo", se han habilitado carpas y un hospital modular para atender a las personas.En la misma comparecencia, las autoridades señalaron que se han evaluado unas 1.774 viviendas con daños y a 6.000 personas también en su condición de afectadas.De su lado, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que ya se dio una "fecha certificada" a las empresas para el inicio de la construcción de las "primeras 1.300 viviendas afectadas" por el sismo.Jované detalló en ese sentido que se "dará prioridad a las familias con mayor vulnerabilidad".Agregó que "a partir de mañana se empieza el traslado de equipo, personal técnico y materiales para atender a cada una de estas familias, iniciando con la remoción de escombros para disminuir el tiempo de construcción de cada una de estas viviendas".Mientras dure el tiempo de edificación de estas casas, se trabaja en el levantamiento de albergues donde los afectados pernoctarán hasta que se termine con la construcción de sus viviendas, según el titular del Ministerio de Vivienda.El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su último reporte de este lunes que, como parte de las acciones de respuesta, se han transportado por vía aérea 69.685 libras (31,6 toneladas) de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua llevada a las comunidades y hospitales.Además, de acuerdo con un informe del domingo más detallado, el terremoto provocó daños en más de dos mil infraestructuras, entre ellas más de 1.280 residencias, 656 centros escolares (datos actualizados), más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.Aunque el potente terremoto que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Una nueva alocución del presidente Abelardo De La Espriella sirvió para abordar varios temas de actualidad nacional y anunciar medidas frente a las protestas convocadas por algunos sectores de oposición para el próximo miércoles 14 de octubre.Uno de los principales anuncios fue la defensa del decreto que permite a la fuerza pública intervenir en manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia. El mandatario aseguró que la medida busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar bloqueos prolongados y actos vandálicos.“Separar lo que la Constitución protege de lo que la Ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, expresó De La Espriella al explicar el propósito del decreto.El presidente también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar la desestabilización del Gobierno, haciendo alusión a los aliados políticos del expresidente Gustavo Petro y reprochando las condiciones en las que dejaron el país.“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción después del terremoto se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, afirmó el jefe de Estado.Esas afirmaciones sirvieron como preámbulo para lanzar una advertencia frente a posibles hechos de violencia durante las jornadas de protesta. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”.Durante su intervención, De La Espriella también se refirió al Fondo Milagro, creado para brindar atención a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción de las zonas impactadas.El mandatario anunció que, desde el 7 de octubre, el fondo arrancó con un billón de pesos destinados a atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.El presidente hizo énfasis en la transparencia en el manejo de estos recursos y señaló que el dinero debe destinarse de manera efectiva a las necesidades de las comunidades afectadas. “Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.En materia de seguridad, el jefe de Estado presentó un balance de las operaciones adelantadas por la fuerza pública durante sus primeros dos meses de gobierno. Según las cifras entregadas, las acciones permitieron afectar a 33 cabecillas de dos grupos armados.Entre los señalados por el mandatario se encuentran alias ‘La Morocha’, de la estructura Rodrigo Cadete; alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, cabecilla de la Estructura 36; alias ‘Max Max’, identificado como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, del Frente 28 de las disidencias de las Farc.También mencionó a alias ‘Bonito’, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias ‘Águila’, integrante de una estructura de la Segunda Marquetalia.En la lucha contra el narcotráfico, el presidente De La Espriella informó que las autoridades han incautado 125.182 kilos de cocaína desde el inicio de su administración.Otro de los asuntos centrales de la alocución fue la situación energética del país. De La Espriella anunció que su Gobierno ha adoptado medidas para prevenir un posible apagón y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.Para avanzar en ese objetivo, ordenó conformar un equipo de trabajo con responsabilidades específicas y plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir medidas de choque que permitan reforzar la generación térmica y administrar adecuadamente los embalses.La instrucción también contempla acciones para garantizar el suministro de energía, con especial atención a las regiones más vulnerables ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.La alocución también fue escenario para entregar cifras sobre el funcionamiento del Banco de Talentos, la plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en el Gobierno sin depender de recomendaciones políticas o influencias.De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, 145 ciudadanos que ingresaron mediante este mecanismo ya fueron contratados y tomaron posesión de sus cargos.Además, hay 76 hojas de vida publicadas cuyos titulares están pendientes de posesión, mientras que otras 38 permanecen pendientes de publicación.El mandatario dio esos detalles para destacar el avance de la plataforma como una alternativa para facilitar el acceso al empleo público bajo criterios de mérito y transparencia.
