BLU Radio conoció el auto de 13 páginas mediante el cual la Procuraduría archivó la investigación que adelantaba contra el general en retiro Nicacio Martínez por falsos positivos.Desde octubre de 2019, la Procuraduría llamó a declarar a 12 generales comandantes de división y brigada, y al unísono, estos oficiales negaron que hayan sido presionados a propiciar bajas en combate durante las reuniones llevadas a cabo en Tolemaida y Cúcuta el 18, 19 y 26 de enero de 2019, donde el entonces comandante del Ejército general Nicacio Martínez socializó el “Plan Bicentenario Héroes de la Libertad”.Luego de escuchar los testimonios, los investigadores analizaron y concluyeron que en estas reuniones nunca se impartieron instrucciones diferentes a las de redoblar esfuerzos con un 60 y 70 por ciento de probabilidades en labores de inteligencia para identificar grupos o estructuras delincuenciales, priorizando la vida de las personas dentro de la normatividad vigente de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.Igualmente, la Procuraduría escuchó a tres exmagistrados de la Comisión de Excelencia Militar para revisar la normatividad vigente en las fuerzas armadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, quienes concluyeron que el general Nicacio Martínez no dio instrucciones relacionadas con bajas en combate o ejecuciones extrajudiciales, como lo informó en su momento el New York Times.
La Procuraduría archivó el proceso disciplinario contra general Nicacio Martínez por presuntas irregularidades en directrices operacionales.Hace dos años, cuando Fernando Carrillo era el procurador, el Ministerio Público abrió indagación preliminar contra el general Nicacio Martínez para determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times.El medio estadounidense denunció, en su momento, la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.A finales del 2019, el presidente Iván Duque relevó del general Nicacio Martínez Espinel por “motivos familiares” como comandante del Ejército en medio de una crítica situación de seguridad en el país.El proceso disciplinario contra el oficial no pasó de la indagación preliminar, que se inició en mayo de 2019, puesto que las pruebas y las certificaciones allegadas no demostraron que hubo presión o exigencia a los altos mandos para obtener resultados militares.La Procuraduría señala que, al contrario, las “declaraciones (de varios generales) dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar”.Por lo tanto, “el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso”, agregó el ente de control.
BLU radio conoció en primicia que la Fiscalía citó a entrevista al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.La diligencia de entrevista no es una vinculación directa al proceso, sino que es un llamado a que colabore con la justicia brindando información que pueda conocer sobre el proceso. Por ejemplo, los métodos de interceptación, cómo se utilizan y qué sabe de los hechos denunciados en medios de comunicación.Vea aquí: Fiscalía investiga nuevas denuncias sobre espionaje en el Ejército Esta sería la segunda decisión que toma la Fiscalía en una semana en medio del proceso que lleva la delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del general Nicacio Martínez, quien comandó el Ejército hasta diciembre de 2019, por el caso del supuesto espionaje masivo en la institución.Algo importante para destacar es que el general Nicacio Martínez dijo en entrevista con el diario El Tiempo que sus decisiones las socializaba con el general Navarro, pues era su superior.La Fiscalía investiga las supuestas 130 perfilaciones a periodistas, políticos y a un alto funcionario del Estado, presuntas irregularidades en interceptaciones en una unidad militar en Facatativá y supuestos equipos tácticos que se habrían entregado a militares que los usaron indebidamente.De igual manera, la Fiscalía citó a entrevista como testigos a periodistas víctimas de seguimientos, a directores de medios y a otros uniformados.
En medio de un debate de control político en la Plenaria del Senado, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró ante los congresistas de todas las bancadas que ya están avanzando las investigaciones por las denuncias conocidas de chuzadas y perfilamientos.El fin de semana fue denunciado nuevamente el uso irregular de recursos y equipos de inteligencia que terminaron escuchando a miembros de la prensa, líderes de organizaciones sociales y personas cercanas al presidente Iván Duque.“No vamos a aceptar, ni a permitir que se utilicen instituciones del Estado para vulnerar los derechos de los colombianos. Ni tampoco podemos permitir que se hayan creado mecanismos como perfilamientos a personas cercanas al presidente de la República porque es un asunto de seguridad nacional”, señaló el fiscalEl jefe del ente acusador aseguró que la Fiscalía tiene la lupa en nuevos posibles casos de corrupción de funcionarios públicos, en el medio de la pandemia, de los que entregará, en los próximos días, un informe sobre las investigaciones.En medio del debate de control político en el Senado, el procurador Fernando Carrillo señaló que ya se están adelantando las investigaciones para establecer quiénes fueron los militares involucrados en las chuzadas y perfilamientos.“En relación con lo que ahora se ha denominado eufemísticamente los perfilamientos, recaudamos pruebas en el comando del Ejército y recibimos las declaraciones de dos generales. Es decir, vamos avanzando con pasos firmes en esa dirección, como todos ustedes lo reclaman, aquí el país lo que necesita es saber la verdad”, señaló el procurador.
Las decisiones de la Fiscalía tras el más reciente escándalo de espionaje desde el Ejército confirman que lo que algunos hombres de inteligencia venían haciendo con el “perfilamiento” de periodistas, políticos y asesores cercanos al presidente Iván Duque, tiene las características de una “empresa criminal”, hablando en términos penales.Primero, hay que aclarar que el llamado a interrogatorio al general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército por violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, está relacionado con el escándalo de interceptación ilegal de llamadas, chats de Whatsapp y Telegram revelado en enero pasado, tras un allanamiento de la Corte Suprema en dos batallones de la institución. Sobre el caso más reciente, el del “perfilamiento”, la Fiscalía busca de manera urgente quién dio las órdenes para hacerlo y quién o quiénes eran los receptores de los “insumos” de dichas actuaciones de inteligencia y contrainteligencia abiertamente ilegales.Este caso se complica para los militares porque además de ser un atentado a la libertad de prensa, demuestra que hubo espionaje a ciudadanos estadounidenses y porque además, los responsables irrumpieron ilícitamente en la Casa de Nariño, al hacerle seguimientos al exsecretario general de la Presidencia de Colombia, Jorge Mario Eastman, el hombre que le hablaba al oído al presidente Iván Duque.La Fiscalía considera esto como un hecho de la mayor gravedad, que pone en riesgo “la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho” y por eso escuchará muy rápidamente a decenas de militares que tienen conocimiento de estos hechos.Siguen quedando muchas preguntas: ¿Por qué la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana no ha compulsado copias de lo encontrado en los allanamientos de diciembre pasado a la Fiscalía?¿Por qué decidió ir a una diligencia judicial de semejante calibre acompañada solamente de la Procuraduría y no pidió apoyo del CTI?Vea aquí: Llaman a interrogatorio a general (r) Nicacio Martínez por chuzadas ilegales del Ejército¿Existe una “guerra de poderes” en el Ejército entre la cúpula anterior y la gente de Nicacio Martínez, como sugieren varias fuentes en la institución?En Colombia, el poder militar está subordinado al poder civil, por eso es fundamental saber quiénes eran los beneficiarios de la información ilegal de inteligencia obtenida por un grupo de uniformados y también es muy importante determinar las responsabilidades políticas en torno a este escándalo.Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Este lunes, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio al general (r) Nicacio Martínez por el escándalo de chuzadas que sacude por estos días al Ejército.La Fiscalía señaló que desde el 16 enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, “la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, entre otros delitos”.Lea también: “No me temblará la mano”: ministro de Defensa sobre escándalo en el EjércitoAgregó que será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia al momento de los hechos materia de indagación. El objetivo de la Fiscalía es escuchar y verificar el conocimiento de Martínez de estos hechos.La Fiscalía dice que está a la espera de los resultados de análisis forenses realizados a equipos incautados en una sede del Ejército Nacional, en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Corte Suprema de Justicia y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Agrega que el escándalo revelado por Semana daría cuenta de otros actos ilícitos.
BLU Radio conoció por medio de fuentes en el Gobierno que se cayó el nombramiento del general Nicacio Martínez como agregado militar ante la OTAN. Vea también: A debate de control político MinDefensa y MinInterior por nuevo escándalo de chuzadas Martínez, que ejerció la comandancia de las Fuerzas Militares, se encuentra en el centro del escándalo por seguimientos ilegales del Ejército, revelado por la revista Semana, que este viernes generó una purga en la institución castrense con el retiro del servicio activo de 11 oficiales. El alto oficial, que fue cuestionado durante su comandancia en el Ejército, habia sido postulado para cumplir este cargo como agregado internacional, al parecer para reemplazar al general Ricardo Gómez, exsegundo comandante del Ejército.Escuche este informe en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
En la investigación que desde enero lleva una Fiscalía Delegada ante la Corte, en contra del general Nicacio Martínez, por supuestas interceptaciones ilegales, entraron de oficio los nuevos elementos publicados por la revista Semana.El 20 de enero, el entonces fiscal (e) Fabio Espitia le pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación contra el general Nicacio Martínez, quien se desempeñó como comandante del Ejército hasta diciembre pasado, por las denuncias publicadas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales en algunos batallones del Ejército.Decisión que se desprende de un allanamiento que hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al mando de la magistrada Cristina Lombana, en una unidad militar en Facatativá.La noticia el día es que los nuevos elementos publicados por Semana sobre los 130 perfiles que la inteligencia y contrainteligencia militar habría elaborado, como parte de un espionaje masivo, entraron de oficio a esa investigación para fortalecerla y que pronto se tomen decisiones.Algunas de las decisiones serán llamar a llamar a militares para que den explicaciones a los investigadores.Le puede intersar: No existe prueba que vincule a Nicacio Martínez: Jaime Granados sobre seguimientosEl fiscal Francisco Barbosa ordenó a la Fiscalía Delegada ante la Corte que lleva la investigación que priorice el caso, esto por tratarse de una eventual violación a los derechos humanos.La investigación matriz sobre espionaje en el EjércitoDesde enero hay tres líneas de investigación abiertas sobre interceptaciones ilegales en el Ejército Nacional.La primera tiene que ver con el allanamiento que hizo el pasado 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia, con acompañamiento de la Procuraduría, a la unidad militar de Facatativá. La orden se dio por una información que llegó al alto tribunal sobre una supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, especialmente, las chuzadas de Andrómeda.En esa oportunidad, los investigadores se llevaron memorias y otros elementos, donde encontraron lo que sería el segundo episodio, ya que no tenía nada que ver con la investigación que adelanta la Corte. Esta segunda línea deberá ser trasladada a la Fiscalía, que es la entidad competente para investigarla. El segundo episodio es, precisamente, lo que encuentran en esos elementos incautados al Ejército, y lo que revela la revista Semana: fotos y conversaciones de WhatsApp que demostraban seguimientos a periodistas, líderes políticos y a la propia magistrada que ordenó el allanamiento, entre otros. El tercer punto es el de los equipos tácticos de interceptación que, al parecer, el general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, ordenó entregarlos a dos coroneles, uno activo y otro retirado, y que habrían servido para las interceptaciones ilegales.En este tercer punto entra algo diferente, que es la herramienta 'hombre invisible', la cual permitía a los uniformados acceder a cualquier computador, a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web.
Siguen las reacciones por el escándalo que tiene en el ojo del huracán al Ejército Nacional, luego que se conocieran las carpetas secretas que manejaba inteligencia militar para espiar a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.Frente a esta situación, la ONU aseguró que “la inteligencia debe usarse para proteger y no para vulnerar”.Asimismo, la ONU expresó su “profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensores de derechos humanos, entre otros”, además, reiteró en una recomendación de hace 11 años, cuando la alta comisionada le pidió al Estado “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos”.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno con la salida de 11 oficiales del Ejército, pero reiteró la urgencia de tomar acciones para prevenir y garantizar la no repetición de estos seguimientos ilegales.
El abogado Jaime Granados, apoderado del general Nicacio Martínez, quien fue el comandante del Ejército hasta el pasado mes de diciembre, aseguró a través de un comunicado que no existe prueba alguna que vincule o pueda llegar a hacerlo al alto oficial con los espionajes ilegales que se hicieron desde la inteligencia del Ejército.Asimismo, aclaró que tras la publicación de Semana titulada ‘Chuzadas sin cuartel’ se iniciaron investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que, hasta el momento, “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.Granados señala que las supuestas inteceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad “parecen existir solo en las publicaciones de Semana”, porque no se evidencia que lo corroboren.Agrega que ninguno de los soldados que tuvo relación con lo narrado por la revista señaló algún tipo de responsabilidad del general Martínez.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, el abogado del cuestionado general advierte que la utilización de fotos o el nombre del alto oficial solo “pretenden deslegitimar un Ejército que a diario protege, a costa de la propia vida de sus efectivos”.
La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la apertura de 1.559 nuevas investigaciones contra motociclistas reincidentes en infracciones de tránsito en Bogotá, una medida que se suma a más de 5.000 procesos iniciados anteriormente por la misma causa y que podría derivar en la suspensión de licencias de conducción.La decisión busca frenar las conductas reiteradas que ponen en riesgo la seguridad vial de peatones, ciclistas, motociclistas y demás actores de la movilidad en la capital."Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción", señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.Según explicó la entidad, la reincidencia se configura cuando un conductor comete más de una infracción de tránsito en un periodo de seis meses, tal como lo establece la normatividad vigente. En estos casos, la principal sanción es la suspensión de la licencia por seis meses. Si el comportamiento se repite, la medida puede extenderse hasta por un año o incluso por un periodo superior.En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad ya ha suspendido 529 licencias de conducción a motociclistas reincidentes como parte de las acciones implementadas para promover el cumplimiento de las normas y reducir los riesgos en las vías de la ciudad."En Bogotá, reincidir en infracciones de tránsito tiene consecuencias. Los motociclistas que cometan más de una infracción en menos de seis meses pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducción por seis meses y, en caso de nuevas reincidencias, por un periodo de un año o más. En lo corrido de 2026 ya hemos suspendido 529 licencias a motociclistas y hemos iniciado más de 1.500 investigaciones contra conductores que han incumplido las normas de manera reiterada", afirmó Claudia Díaz.La funcionaria agregó que estas conductas representan un peligro para todos los usuarios de las vías."Estas infracciones representan un riesgo para peatones, ciclistas y para los mismos motociclistas. Por eso actuamos con mayor contundencia frente a quienes convierten el incumplimiento en una conducta recurrente", enfatizó.Las infracciones más frecuentes entre motociclistas en BogotáLa Secretaría de Movilidad advirtió que muchas de las conductas reiteradas están relacionadas con acciones que afectan la convivencia y la seguridad vial, especialmente la invasión de andenes, ciclorrutas y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.Los registros de la entidad muestran que la infracción más frecuente entre los motociclistas bogotanos es la C24, relacionada con conducir sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Entre enero y mayo de 2026 fueron impuestos 28.498 comparendos por esta conducta.Las infracciones más recurrentes son:Conducir sin cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito (C24): 28.498 comparendos.No realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica: 13.489 comparendos.Conducir sin licencia de conducción: 12.782 comparendos.Estacionar en lugares prohibidos: 9.420 comparendos.Transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados: 8.311 comparendos.Las autoridades consideran que estas cifras reflejan un problema persistente de incumplimiento de las normas de tránsito por parte de algunos motociclistas, situación que impacta directamente la seguridad vial y la movilidad en la ciudad.Movilidad endurece controlesLa apertura de las nuevas investigaciones hace parte de una estrategia más amplia del Distrito para identificar y sancionar a los conductores que acumulan infracciones de manera recurrente.La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los motociclistas para que mantengan al día su documentación, respeten las señales de tránsito y hagan un uso adecuado del espacio público. La entidad insistió en que el cumplimiento de las normas no solo evita sanciones económicas y administrativas, sino que también contribuye a reducir la accidentalidad y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.
Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, en diálogo con Mañanas Blu, manifestó su profunda preocupación por lo que considera un ataque directo contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia.Tras la publicación de una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, el equipo periodístico de la revista ha sido objeto de señalamientos y actos de perfilamiento que, según Gómez, ponen en riesgo la integridad de los comunicadores.El hallazgo: Una empresa de "papel"La controversia se originó cuando la revista, en su labor de vigilancia a las campañas presidenciales, detectó pagos inusuales por servicios de transporte en las cuentas reportadas por la campaña de De La Espriella. La investigación reveló que una de las empresas contratadas, denominada NOVA Soporte Integral, presentaba serias inconsistencias: había estado inactiva por tres años y su dirección registrada correspondía a un pequeño puesto de venta de víveres.“Fuimos hasta allá y vimos que había un expendio de yuca y de papa en una caseta muy pequeña en Engativá. Entonces, pues bueno, dijimos, esto no es una empresa que está en capacidad de prestar unos servicios de transporte de 1.300 millones de pesos. Aquí debe haber algo extraño”, explicó Gómez Lara.Además, señaló que tras el contacto inicial de la revista, la empresa intentó simular una presencia institucional robusta creando apresuradamente una página web con imágenes generadas por inteligencia artificial y logos plagiados.Según el director de Cambio, el candidato y su abogado han tildado a los reporteros de "periodistas activistas" y "petristas" para deslegitimar las investigaciones.Gómez enfatizó que el acceso a la información ha sido bloqueado: “Nuestra respuesta básicamente es ‘escriban lo que quieran y nosotros los demandamos’. Y entonces, pues en esa dinámica se ha movido el tema”.“Cuando hay un ataque de este tipo y un perfilamiento de este tipo es un ataque contra la libertad de expresión, contra las posibilidades para ejercer un periodismo libre”, concluyó, instando a no dividir la prensa entre "gobiernista", "derecha" o "izquierda" frente a las amenazas comunes. Escuche aquí la entrevista:
Pilar Rueda, antropóloga y especialista en derechos humanos con una amplia trayectoria profesional, ha decidido dar un paso al frente en la recta final de la campaña presidencial de su esposo, Iván Cepeda. Tras mantenerse al margen en la primera vuelta, Rueda explicó que su vinculación activa responde a una preocupación profunda por el clima político actual. Según manifestó, tomó la decisión tras notar el auge de un “discurso antiderechos de las mujeres, antiderechos de la población LGBTI y un discurso que refuerza miedos y odios”.Para la experta, quienes han trabajado en estos sectores tienen la “obligación ética de empezar a responder a tantas mentiras que se están diciendo”.Un enfoque basado en la práctica y no en la retóricaRueda, quien trabajó en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lideró la creación de la Ley 1719, enfatizó que su papel en un eventual gobierno no será meramente decorativo. Su fortaleza radica en el conocimiento técnico de los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia sexual. Al respecto, señaló: “Yo no llego a este proceso (...) con un discurso retórico. Yo vengo con una práctica cotidiana y permanente y sé qué es lo que se debe activar para lograr de verdad que las mujeres puedan tener acceso a una oferta institucional que la reconozca como ciudadanas”.Críticas al modelo de oposición y defensa de la pazDurante la entrevista, Rueda confrontó las posturas de la campaña de Abelardo de la Espriella, cuestionando que se reduzca el valor de la mujer al ámbito privado o familiar. “No se trata solamente de dar un discurso y decir: 'Voy a proteger a la mujer, a la esposa'. Se trata de cuál es la práctica y cómo se trata a las mujeres públicamente”, afirmó, criticando además el alarde de conductas machistas.En cuanto a la paz, defendió la implementación del Acuerdo de 2016, señalando que los cuatro años del gobierno anterior fueron “años perdidos” debido a la falta de inversión y voluntad política. Sobre las críticas por los apoyos de excombatientes, recordó que el modelo de justicia transicional busca la verdad y la reparación: “El acuerdo de paz fue para poner fin al conflicto armado, para conocer la verdad, para que existan unas sanciones y para que las víctimas sean reparadas”. El rol de la pareja presidencial y la salud del candidatoFinalmente, Rueda se distanció del concepto tradicional de "primera dama", calificándolo como una categoría “incómoda” y contraria a los principios de igualdad. Su objetivo, aseguró, es ser una facilitadora: “Mi rol es abrir puertas. Yo intento no hablar a nombre de las mujeres, sino apoyarlas, empoderarlas, fortalecerlas para que tengan voz propia”.Sobre la salud de Iván Cepeda, confirmó que el candidato superó un cáncer de colon y calificó los ataques de la campaña contraria como “sucios”, reafirmando que Cepeda es un hombre “honesto y decente” que no habría asumido el reto presidencial de no sentirse plenamente capaz de cumplirlo. Al ser consultada sobre su vida privada, la describió como una “familia multiespecie” con tres perritas, que ha buscado mantener la intimidad como un mecanismo de protección ante la agresividad del debate público.Escuche aquí la entrevista aquí:
A tres días de las elecciones del próximo 21 de junio, el Gobierno revisó en Bogotá el plan de seguridad que será implementado en todo el país para garantizar el desarrollo de la jornada democrática. La evaluación se realizó durante un Consejo de Seguridad en Ciudad Bolívar, con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el alcalde Carlos Fernando Galán; y la cúpula militar y de policía.Las autoridades confirmaron que más de 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía estarán desplegados en todo el país. Además, ya se encuentran activos el Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral y el PMU Cibernético, desde donde se hará seguimiento en tiempo real a cualquier situación que pueda afectar las votaciones.El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, informó que más de 120.000 policías participarán en el operativo, de los cuales 21.000 estarán en Bogotá. Asimismo, explicó que se priorizaron municipios según los niveles de riesgo y las alertas identificadas para distribuir de manera estratégica las capacidades de la fuerza pública.“Todas las capacidades del Estado están alineadas para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad, seguridad y confianza”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al destacar la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y los organismos de seguridad.Por su parte, el general Rincón señaló que “lo que pasa alrededor de Bogotá impacta a la ciudad, y es importante que todos trabajemos de forma articulada en pro de la seguridad y la democracia de nuestro país. El objetivo es brindar tranquilidad a todos los colombianos”. Las autoridades hicieron además un llamado a la ciudadanía para que participe en la jornada con respeto, tolerancia y responsabilidad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de junio de 2026:Claudia López, excandidata presidencial, habló sobre su decisión de sumarse a la campaña de Iván Cepeda.Fabio Humar, abogado de estadounidense acusado falsamente de abuso, se refirió de la denuncia contra las personas que grabaron los videos que se hicieron virales.Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e.Eduardo Herrera, presidente de Supertex, habló de la producción de camisetas de la Selección Colombia.Luis Galarreta, fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori en Perú, se refirió de la ventaja sobre Roberto Sánchez en la elecciones presidenciales.Escuche el programa completo aquí:
