BLU Radio conoció el auto de 13 páginas mediante el cual la Procuraduría archivó la investigación que adelantaba contra el general en retiro Nicacio Martínez por falsos positivos.Desde octubre de 2019, la Procuraduría llamó a declarar a 12 generales comandantes de división y brigada, y al unísono, estos oficiales negaron que hayan sido presionados a propiciar bajas en combate durante las reuniones llevadas a cabo en Tolemaida y Cúcuta el 18, 19 y 26 de enero de 2019, donde el entonces comandante del Ejército general Nicacio Martínez socializó el “Plan Bicentenario Héroes de la Libertad”.Luego de escuchar los testimonios, los investigadores analizaron y concluyeron que en estas reuniones nunca se impartieron instrucciones diferentes a las de redoblar esfuerzos con un 60 y 70 por ciento de probabilidades en labores de inteligencia para identificar grupos o estructuras delincuenciales, priorizando la vida de las personas dentro de la normatividad vigente de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.Igualmente, la Procuraduría escuchó a tres exmagistrados de la Comisión de Excelencia Militar para revisar la normatividad vigente en las fuerzas armadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, quienes concluyeron que el general Nicacio Martínez no dio instrucciones relacionadas con bajas en combate o ejecuciones extrajudiciales, como lo informó en su momento el New York Times.
La Procuraduría archivó el proceso disciplinario contra general Nicacio Martínez por presuntas irregularidades en directrices operacionales.Hace dos años, cuando Fernando Carrillo era el procurador, el Ministerio Público abrió indagación preliminar contra el general Nicacio Martínez para determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times.El medio estadounidense denunció, en su momento, la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.A finales del 2019, el presidente Iván Duque relevó del general Nicacio Martínez Espinel por “motivos familiares” como comandante del Ejército en medio de una crítica situación de seguridad en el país.El proceso disciplinario contra el oficial no pasó de la indagación preliminar, que se inició en mayo de 2019, puesto que las pruebas y las certificaciones allegadas no demostraron que hubo presión o exigencia a los altos mandos para obtener resultados militares.La Procuraduría señala que, al contrario, las “declaraciones (de varios generales) dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar”.Por lo tanto, “el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso”, agregó el ente de control.
BLU radio conoció en primicia que la Fiscalía citó a entrevista al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.La diligencia de entrevista no es una vinculación directa al proceso, sino que es un llamado a que colabore con la justicia brindando información que pueda conocer sobre el proceso. Por ejemplo, los métodos de interceptación, cómo se utilizan y qué sabe de los hechos denunciados en medios de comunicación.Vea aquí: Fiscalía investiga nuevas denuncias sobre espionaje en el Ejército Esta sería la segunda decisión que toma la Fiscalía en una semana en medio del proceso que lleva la delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del general Nicacio Martínez, quien comandó el Ejército hasta diciembre de 2019, por el caso del supuesto espionaje masivo en la institución.Algo importante para destacar es que el general Nicacio Martínez dijo en entrevista con el diario El Tiempo que sus decisiones las socializaba con el general Navarro, pues era su superior.La Fiscalía investiga las supuestas 130 perfilaciones a periodistas, políticos y a un alto funcionario del Estado, presuntas irregularidades en interceptaciones en una unidad militar en Facatativá y supuestos equipos tácticos que se habrían entregado a militares que los usaron indebidamente.De igual manera, la Fiscalía citó a entrevista como testigos a periodistas víctimas de seguimientos, a directores de medios y a otros uniformados.
En medio de un debate de control político en la Plenaria del Senado, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró ante los congresistas de todas las bancadas que ya están avanzando las investigaciones por las denuncias conocidas de chuzadas y perfilamientos.El fin de semana fue denunciado nuevamente el uso irregular de recursos y equipos de inteligencia que terminaron escuchando a miembros de la prensa, líderes de organizaciones sociales y personas cercanas al presidente Iván Duque.“No vamos a aceptar, ni a permitir que se utilicen instituciones del Estado para vulnerar los derechos de los colombianos. Ni tampoco podemos permitir que se hayan creado mecanismos como perfilamientos a personas cercanas al presidente de la República porque es un asunto de seguridad nacional”, señaló el fiscalEl jefe del ente acusador aseguró que la Fiscalía tiene la lupa en nuevos posibles casos de corrupción de funcionarios públicos, en el medio de la pandemia, de los que entregará, en los próximos días, un informe sobre las investigaciones.En medio del debate de control político en el Senado, el procurador Fernando Carrillo señaló que ya se están adelantando las investigaciones para establecer quiénes fueron los militares involucrados en las chuzadas y perfilamientos.“En relación con lo que ahora se ha denominado eufemísticamente los perfilamientos, recaudamos pruebas en el comando del Ejército y recibimos las declaraciones de dos generales. Es decir, vamos avanzando con pasos firmes en esa dirección, como todos ustedes lo reclaman, aquí el país lo que necesita es saber la verdad”, señaló el procurador.
Las decisiones de la Fiscalía tras el más reciente escándalo de espionaje desde el Ejército confirman que lo que algunos hombres de inteligencia venían haciendo con el “perfilamiento” de periodistas, políticos y asesores cercanos al presidente Iván Duque, tiene las características de una “empresa criminal”, hablando en términos penales.Primero, hay que aclarar que el llamado a interrogatorio al general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército por violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, está relacionado con el escándalo de interceptación ilegal de llamadas, chats de Whatsapp y Telegram revelado en enero pasado, tras un allanamiento de la Corte Suprema en dos batallones de la institución. Sobre el caso más reciente, el del “perfilamiento”, la Fiscalía busca de manera urgente quién dio las órdenes para hacerlo y quién o quiénes eran los receptores de los “insumos” de dichas actuaciones de inteligencia y contrainteligencia abiertamente ilegales.Este caso se complica para los militares porque además de ser un atentado a la libertad de prensa, demuestra que hubo espionaje a ciudadanos estadounidenses y porque además, los responsables irrumpieron ilícitamente en la Casa de Nariño, al hacerle seguimientos al exsecretario general de la Presidencia de Colombia, Jorge Mario Eastman, el hombre que le hablaba al oído al presidente Iván Duque.La Fiscalía considera esto como un hecho de la mayor gravedad, que pone en riesgo “la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho” y por eso escuchará muy rápidamente a decenas de militares que tienen conocimiento de estos hechos.Siguen quedando muchas preguntas: ¿Por qué la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana no ha compulsado copias de lo encontrado en los allanamientos de diciembre pasado a la Fiscalía?¿Por qué decidió ir a una diligencia judicial de semejante calibre acompañada solamente de la Procuraduría y no pidió apoyo del CTI?Vea aquí: Llaman a interrogatorio a general (r) Nicacio Martínez por chuzadas ilegales del Ejército¿Existe una “guerra de poderes” en el Ejército entre la cúpula anterior y la gente de Nicacio Martínez, como sugieren varias fuentes en la institución?En Colombia, el poder militar está subordinado al poder civil, por eso es fundamental saber quiénes eran los beneficiarios de la información ilegal de inteligencia obtenida por un grupo de uniformados y también es muy importante determinar las responsabilidades políticas en torno a este escándalo.Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Este lunes, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio al general (r) Nicacio Martínez por el escándalo de chuzadas que sacude por estos días al Ejército.La Fiscalía señaló que desde el 16 enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, “la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, entre otros delitos”.Lea también: “No me temblará la mano”: ministro de Defensa sobre escándalo en el EjércitoAgregó que será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia al momento de los hechos materia de indagación. El objetivo de la Fiscalía es escuchar y verificar el conocimiento de Martínez de estos hechos.La Fiscalía dice que está a la espera de los resultados de análisis forenses realizados a equipos incautados en una sede del Ejército Nacional, en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Corte Suprema de Justicia y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Agrega que el escándalo revelado por Semana daría cuenta de otros actos ilícitos.
BLU Radio conoció por medio de fuentes en el Gobierno que se cayó el nombramiento del general Nicacio Martínez como agregado militar ante la OTAN. Vea también: A debate de control político MinDefensa y MinInterior por nuevo escándalo de chuzadas Martínez, que ejerció la comandancia de las Fuerzas Militares, se encuentra en el centro del escándalo por seguimientos ilegales del Ejército, revelado por la revista Semana, que este viernes generó una purga en la institución castrense con el retiro del servicio activo de 11 oficiales. El alto oficial, que fue cuestionado durante su comandancia en el Ejército, habia sido postulado para cumplir este cargo como agregado internacional, al parecer para reemplazar al general Ricardo Gómez, exsegundo comandante del Ejército.Escuche este informe en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
En la investigación que desde enero lleva una Fiscalía Delegada ante la Corte, en contra del general Nicacio Martínez, por supuestas interceptaciones ilegales, entraron de oficio los nuevos elementos publicados por la revista Semana.El 20 de enero, el entonces fiscal (e) Fabio Espitia le pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación contra el general Nicacio Martínez, quien se desempeñó como comandante del Ejército hasta diciembre pasado, por las denuncias publicadas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales en algunos batallones del Ejército.Decisión que se desprende de un allanamiento que hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al mando de la magistrada Cristina Lombana, en una unidad militar en Facatativá.La noticia el día es que los nuevos elementos publicados por Semana sobre los 130 perfiles que la inteligencia y contrainteligencia militar habría elaborado, como parte de un espionaje masivo, entraron de oficio a esa investigación para fortalecerla y que pronto se tomen decisiones.Algunas de las decisiones serán llamar a llamar a militares para que den explicaciones a los investigadores.Le puede intersar: No existe prueba que vincule a Nicacio Martínez: Jaime Granados sobre seguimientosEl fiscal Francisco Barbosa ordenó a la Fiscalía Delegada ante la Corte que lleva la investigación que priorice el caso, esto por tratarse de una eventual violación a los derechos humanos.La investigación matriz sobre espionaje en el EjércitoDesde enero hay tres líneas de investigación abiertas sobre interceptaciones ilegales en el Ejército Nacional.La primera tiene que ver con el allanamiento que hizo el pasado 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia, con acompañamiento de la Procuraduría, a la unidad militar de Facatativá. La orden se dio por una información que llegó al alto tribunal sobre una supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, especialmente, las chuzadas de Andrómeda.En esa oportunidad, los investigadores se llevaron memorias y otros elementos, donde encontraron lo que sería el segundo episodio, ya que no tenía nada que ver con la investigación que adelanta la Corte. Esta segunda línea deberá ser trasladada a la Fiscalía, que es la entidad competente para investigarla. El segundo episodio es, precisamente, lo que encuentran en esos elementos incautados al Ejército, y lo que revela la revista Semana: fotos y conversaciones de WhatsApp que demostraban seguimientos a periodistas, líderes políticos y a la propia magistrada que ordenó el allanamiento, entre otros. El tercer punto es el de los equipos tácticos de interceptación que, al parecer, el general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, ordenó entregarlos a dos coroneles, uno activo y otro retirado, y que habrían servido para las interceptaciones ilegales.En este tercer punto entra algo diferente, que es la herramienta 'hombre invisible', la cual permitía a los uniformados acceder a cualquier computador, a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web.
Siguen las reacciones por el escándalo que tiene en el ojo del huracán al Ejército Nacional, luego que se conocieran las carpetas secretas que manejaba inteligencia militar para espiar a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.Frente a esta situación, la ONU aseguró que “la inteligencia debe usarse para proteger y no para vulnerar”.Asimismo, la ONU expresó su “profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensores de derechos humanos, entre otros”, además, reiteró en una recomendación de hace 11 años, cuando la alta comisionada le pidió al Estado “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos”.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno con la salida de 11 oficiales del Ejército, pero reiteró la urgencia de tomar acciones para prevenir y garantizar la no repetición de estos seguimientos ilegales.
El abogado Jaime Granados, apoderado del general Nicacio Martínez, quien fue el comandante del Ejército hasta el pasado mes de diciembre, aseguró a través de un comunicado que no existe prueba alguna que vincule o pueda llegar a hacerlo al alto oficial con los espionajes ilegales que se hicieron desde la inteligencia del Ejército.Asimismo, aclaró que tras la publicación de Semana titulada ‘Chuzadas sin cuartel’ se iniciaron investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que, hasta el momento, “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.Granados señala que las supuestas inteceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad “parecen existir solo en las publicaciones de Semana”, porque no se evidencia que lo corroboren.Agrega que ninguno de los soldados que tuvo relación con lo narrado por la revista señaló algún tipo de responsabilidad del general Martínez.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, el abogado del cuestionado general advierte que la utilización de fotos o el nombre del alto oficial solo “pretenden deslegitimar un Ejército que a diario protege, a costa de la propia vida de sus efectivos”.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este miércoles, 4 de diciembre de 2024:Diego Hau, secretario de Gobierno, habló de los proyectos significativos que se están llevando a cabo gracias la inversión social en Cali. Felipe Corredor, portavoz de la plataforma sindical Riders por Derechos, Glovo, reveló detalles de las presiones sindicales y judiciales para que contrate a los repartidores. Yeison Mesa, presidente nacional de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), pide “acciones sindicales” en todos los aeropuertos internacionales del país, pues aseguran que el diálogo entre los sindicatos y el Gobierno no ha tenido “efectos tangibles” para solucionar las “precarias condiciones salariales” así como una solución a la sobrecarga de trabajo, que dicen ellos, se solucionaría con la firma de un decreto.Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), denunció, con nombres completos, los actores ilegales y hasta políticos que se adueñaron de la tierra que fue entregada al Fondo de Reparación a las Víctimas y la SAE.Escuche el programa completo aquí:
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de diciembre de 2024:Óscar Guateque, presidente de la Fundación Sindical de Migración Colombia, explicó por qué están protestando hoy en el aeropuerto El Dorado. Martha Hernández, directora (e) de Migración Colombia, reveló detalles sobre las protestas de los funcionarios en todos los aeropuertos internacionales del país.Se confirmó que aparecieron en el cementerio del Sur, en Bogotá, los restos del exguerrillero del M-19 Guillermo Elvencio Ruiz, uno de los responsables de la Toma del Palacio de Justicia y del secuestro de Martha Nieves Ochoa. El presidente Petro le solicitó a los excombatientes del M19 organizarse para darle sepultura, "al que fue fiel a su consigna".Milton Cháves, presidente del Consejo de Estado, explicó el fallo donde se afirma que la Procuraduría sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular.Se habló de la ampliación de denuncias sobre las presuntas irregularidades en contratación relacionada con la Hidroeléctrica Urrá, sobre presuntas presiones indebidas de Nicolás Alcocer y del Presidente de Ecopetrol. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al avance en las obras del metro. Explicó que a la semana se están construyendo 200 metros de viaducto y recalcó el compromiso que se tiene con cumplir las metas que se tienen estipuladas.Angélica Lozano, senadora, habló sobre la situación de la reforma tributaria presentada por el Gobierno.Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó por qué enviaron una carta al Dane, junto con Andi y Anif, cuestionando la cifra de productividad.Brigitte Baptiste, rectora de Universidad EAN, se conectó para hablar de su elección dentro del top 100 de mujeres más influyentes durante el 2024, según BBC.Escuche el programa completo aquí:
El caso del crimen de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado días después de ser reportada como desaparecida, ha mantenido en vilo a la comunidad del Valle del Cauca. Brayan Campo, el confeso autor del asesinato, enfrenta un proceso judicial que podría condenarlo a hasta 50 años de prisión. La niña fue secuestrada y posteriormente asesinada, y su cuerpo fue descubierto tras un operativo de búsqueda que duró 18 días. Durante las investigaciones iniciales, Nader Jiménez, un policía encargado del caso, compartió detalles en el pódcast Más allá del silencio sobre la confesión de Brayan Campo, el asesino confeso. Según Jiménez, Campo relató los eventos que condujeron al asesinato de Sofía."Una vez él logra engañar a la niña y baja la reja del establecimiento, ella empieza a gritar y correr", citó El Tiempo. Campo intentó silenciarla, y en su relato a la policía, este confesó haberla golpeado con una pala, lo que causó su muerte de manera inmediata.El impactante hallazgo se dio en un cañaduzal entre Candelaria y Florida, donde la víctima fue encontrada tras haber sido ocultada en costales de comida para perros. Brayan Campo fue quien guio a las autoridades al lugar exacto. Además, de acuerdo con el informe policial, "había elementos incinerados que pertenecían a la niña", lo que añade un elemento estremecedor al ya macabro crimen.Respecto al historial delictivo de Brayan Campo, quien ya tenía antecedentes por un delito similar, su confesión resultó crucial para resolver el misterio de la desaparición de Sofía. En un primer momento, Campo negó cualquier relación con el caso, afirmando que se encontraba trabajando el día de los hechos. Sin embargo, según señaló el policía, durante una entrevista, Brayan Campo mostró un comportamiento "muy nervioso", incrementando las sospechas sobre su autoría.El proceso contra Campo ha involucrado múltiples cargos, que incluyen secuestro y asesinato. En la actualidad, espera su condena en la cárcel de Valledupar. La gravedad de los cargos y la frialdad del crimen han generado un gran impacto y conmoción social. La policía continúa trabajando en el caso y brindando apoyo a la comunidad afectada por este trágico asesinato.La cobertura de este caso de los medios resaltó no solo la perversidad del crimen, sino también los procedimientos que llevaron a la captura del criminal. La declaración del uniformado, Nader Jiménez, aclara la situación: "En la entrevista él comenzó a tornarse muy nervioso", observación que fue clave para desentrañar la verdad detrás de los hechos.Este crimen ha suscitado un debate sobre la seguridad infantil y la necesidad de medidas protectoras más severas contra aquellos que atentan contra menores.La comunidad local sigue de cerca el avance del caso, esperando justicia para Sofía. Se espera que el proceso judicial contra Brayan Delgado continúe sus avances en los próximos meses, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el dolor provocado en una sociedad que clama por cambios y mayor seguridad para los más vulnerables.
Tia Castle, una mujer escocesa de 31 años, enfrenta una rara y dolorosa condición médica que le ha impedido orinar de forma natural durante los últimos ocho años. Su historia comenzó cuando, a los 23 años, comenzó a experimentar una hinchazón incómoda en el estómago, acompañada de la imposibilidad de ir al baño durante varios días. El dolor que sentía se volvió tan insoportable que, temerosa por su salud, decidió acudir al hospital.Fue allí donde le diagnosticaron una infección grave en su tracto urinario, causada por la retención de dos litros de agua en su cuerpo. Este estado provocó sepsis, una infección que amenaza la vida. Ante el alto riesgo de complicaciones, Tia fue sometida a un tratamiento con catéter para vaciar su vejiga manualmente durante los siguientes nueve meses.A pesar de este tratamiento inicial, los problemas urinarios de Tia no cesaron. Tras varios exámenes médicos, fue diagnosticada con el síndrome de Fowler, una rara afección que impide que el músculo del esfínter de la vejiga se relaje, lo que dificulta la micción. Este síndrome, descubierto en 1985, afecta a solo dos de cada millón de mujeres, y se caracteriza por la falta de la sensación de urgencia para orinar, incluso cuando la vejiga está llena.“Tenía un dolor terrible, pero por más que lo intentaba, no podía ir al baño”, relata Tia, quien ha vivido con esta condición durante años. A lo largo de su vida, Tia también enfrentó varias infecciones urinarias y renales que resultaron en la extirpación de su riñón derecho. Además, los intensos espasmos vesicales y la pérdida de sensibilidad en su vejiga han afectado gravemente su calidad de vida, alterando su sueño y sus actividades cotidianas.A lo largo de este proceso de ocho años, Tia ha sido sometida a numerosas cirugías para la colocación de catéteres permanentes en su cuerpo. "Me he perdido mucho y me han quitado todo lo que conocía. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer en la vida, pero ahora mismo eso parece imposible", expresa con tristeza.El síndrome de Fowler, que afecta a una pequeña proporción de mujeres, es una enfermedad debilitante que requiere atención médica especializada.
El modelo laboral de las plataformas digitales, como Uber, Rappi o Glovo, ha generado intensos debates a nivel global. Felipe Corredor, portavoz de la plataforma sindical Riders por Derechos, abordó este tema en una entrevista con Blu Radio, destacando los desafíos y abusos que enfrentan los repartidores de estas aplicaciones, y la reciente decisión de Glovo, el "Rappi español", de contratar a 15.000 trabajadores.Corredor, un colombiano que lleva 20 años en España, relató cómo las condiciones laborales en plataformas como Glovo llevaron a los repartidores a organizarse. "Siempre estuvimos en situación de dependencia, aunque nos catalogaran como autónomos. Más de 50 sentencias, incluido el Tribunal Supremo de España, lo confirmaron", afirmó. Los trabajadores no solo pagaban por su seguridad social, sino que también competían entre sí para mantener buenas puntuaciones en los algoritmos que determinaban quién recibía más pedidos.La supuesta "flexibilidad", considerada un beneficio de este modelo, fue desmentida por Corredor. "Si rechazas pedidos, el algoritmo te penaliza bajando tu puntuación y, al final, ganas menos dinero. La libertad que venden no es real", aseguró.La decisión de Glovo de contratar formalmente a sus repartidores tras años de demandas y denuncias representa un avance, pero no está exenta de retos. Algunos repartidores temen perder la flexibilidad que les permite combinar trabajos o alquilar cuentas, una práctica común entre migrantes sin papeles. "No podemos permitir que esta necesidad de sobrevivir se transforme en un sistema de precariedad laboral. La solución no es flexibilizar aún más el trabajo, sino regularlo para proteger los derechos de todos", enfatizó Corredor.El portavoz también subrayó la necesidad de transparencia en los algoritmos que gestionan las plataformas, para evitar abusos y garantizar un trato justo. "No se puede confiar en una caja negra que decide cuántas horas trabajas o cuánto ganas", afirmó.Corredor explicó cómo este modelo, conocido como "uberización", se ha extendido más allá de los repartidores, afectando a otras profesiones como periodistas y psicólogos. "Es un sistema que precariza a los trabajadores, haciéndolos competir entre sí y eliminando derechos básicos bajo la ilusión de ser independientes", señaló.El caso de Glovo y la lucha de Riders por Derechos marcan un precedente importante en la regulación de las plataformas digitales. "El trabajo no puede ser una necesidad básica gestionada sin regulación. Debe estar fuertemente controlado para evitar abusos", concluyó Corredor.Este caso de Glovo puede ser visto como un modelo a seguir, no solo para otras plataformas en España, sino también en la realidad colombiana, donde servicios como Rappi enfrentan interrogantes similares. La evolución de estas discusiones en diferentes países demuestra la necesidad de abordar la precariedad laboral a nivel global, garantizando así un trabajo digno para todos.
