Una escena que sin duda para muchos puede parecer romántica o inofensiva, y que incluso todos hemos llegado a realizar en algún momento, ahora puede terminar en una sanción de cerca de medio millón de pesos, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, norma que regula los comportamientos de las personas en el espacio público y contempla sanciones que pueden afectar el bien común.Si bien pocas personas lo saben, arrancar flores, plantas o elementos similares en parques, jardines públicos, separadores viales o zonas verdes puede significar una sanción económica. La medida hace parte de las disposiciones creadas para proteger el espacio público y garantizar la correcta convivencia ciudadana.Código de Policía sanciona por dañar el espacio públicoLa Ley 1801 de 2016, más conocida como Código de Policía, no solamente regula los conflictos entre vecinos o situaciones relacionadas con el ruido y la convivencia. También establece reglas para el cuidado de parques, jardines, zonas verdes y otros espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.De acuerdo con la norma, el principal objetivo es promover comportamientos que favorezcan la convivencia y el respeto por los espacios públicos. Por esa razón, el artículo 140 identifica varias conductas consideradas contrarias al cuidado e integridad de estos lugares.Dentro de esas acciones aparece el daño, deterioro o uso indebido de bienes públicos, una categoría en la que encajan quienes corten o arranquen flores y plantas de estos espacios.¿De cuánto es la multa por arrancar flores?Las autoridades tienen la facultad de imponer sanciones cuando consideren que existió una afectación al espacio público. Además de exigir la reparación del daño causado, el infractor podría recibir una multa tipo 3.Para el año 2026, esta sanción equivale a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa un valor aproximado de $466.908.Adicionalmente, la norma contempla medidas correctivas orientadas a restablecer las condiciones originales del lugar afectado. En otras palabras, no se trata únicamente de pagar la multa, pues la autoridad también podrá ordenar acciones encaminadas a reparar el perjuicio ocasionado.Comportamientos que pueden generar sanciones económicasEl Código de Policía busca proteger los bienes públicos frente a acciones que muchas veces pasan desapercibidas. Entre las conductas que pueden derivar en sanciones se encuentran:Arrancar flores o plantas de espacios públicos.Dañar jardines, zonas verdes o antejardines.Hacer uso indebido de bienes de uso público.Generar afectaciones materiales en parques o mobiliario urbano.Por eso, antes de tomar una flor de un parque o jardín público, conviene recordar que un gesto que parece romántico podría terminar convirtiéndose en una costosa infracción.
En Bogotá, el transporte público suele ser motivo de estrés para miles de ciudadanos, especialmente el sistema TransMilenio, donde la congestión, los trancones y el comportamiento de algunos usuarios hacen que el viaje diario sea una tarea complicada. Sin embargo, muchas de estas actitudes, además de generar incomodidad, pueden constituir infracciones legales.Desde la implementación de la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establecieron sanciones para quienes afecten la convivencia en el transporte público, incluidas las operaciones del sistema TransMilenio. Esta norma regula cómo deben comportarse los ciudadanos en espacios compartidos, como buses y estaciones, priorizando el respeto y la buena conducta como base de una movilidad segura.¿TransMilenio puede multar por bloquear el paso?El artículo 146 del Código de Policía regula los comportamientos dentro de los sistemas de transporte público. Según este, obstruir el ingreso o la salida de los pasajeros puede ser motivo de sanción. Esto incluye impedir el paso a personas con prioridad, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes viajan con niños.Aunque estas conductas suelen verse como cotidianas, la ley las considera una falta de respeto a la convivencia. Por eso, la Policía Metropolitana de Bogotá está facultada para imponer sanciones económicas conocidas como multa general tipo 1, equivalente a dos salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $94.900 en 2025. Estas sanciones suelen aplicarse principalmente en estaciones o portales donde se presentan aglomeraciones.No obstante, la norma también permite que el infractor sustituya el pago de la multa si participa en programas pedagógicos o comunitarios, enfocados en promover la buena convivencia ciudadana.Qué dice la ley y cómo evitar las multasEl artículo 180 del Código de Policía establece que quienes reciban comparendos tipo 1 o tipo 2 pueden solicitar, dentro de los cinco días hábiles siguientes, sustituir el pago de la sanción por su participación en un programa pedagógico de convivencia. Esta medida busca que los ciudadanos comprendan la importancia del respeto y del cumplimiento de las normas dentro del transporte público.Entre las conductas que pueden generar sanciones en TransMilenio, el Metro de Medellín o cualquier otro sistema masivo están:Bloquear las puertas durante el ingreso o salida de pasajeros.Empujar o impedir el paso a personas con movilidad reducida.Ocupar zonas destinadas a mujeres embarazadas o adultos mayores.Generar disturbios o aglomeraciones que interrumpan el flujo del servicio.Las autoridades aseguran que el objetivo de estas medidas no es castigar, sino fomentar el respeto entre los usuarios. TransMilenio moviliza más de cuatro millones de personas al día, por lo que mantener el orden y la convivencia es clave para garantizar un transporte eficiente y seguro para todos.
Una de las infracciones que más ocurren en Colombia surge entre vecinos y puede derivar en incidentes lamentables como riñas, e incluso, en casos extremos, la muerte. Un ejemplo de ello ocurrió en Medellín en mayo de 2024, cuando Gilberto de Jesús Alzate, de 50 años, fue asesinado tras pedir a sus vecinos que bajaran el volumen de la música.Vecinos ruidosos pueden ser castigados con multa El Código Nacional de Policía y Convivencia a establece en su Artículo 33 una serie de comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas. Estas conductas, cuando son cometidas, no solo perturban la convivencia, sino que también pueden ser sancionadas con medidas correctivas.Dentro de un vecindario, ya sea en áreas urbanas o rurales, el ruido excesivo proveniente de actividades como fiestas, reuniones o eventos similares puede generar molestia y afectar la paz entre los residentes. En estos casos, si el ruido persiste, las autoridades de Policía tienen la facultad de desactivar temporalmente la fuente de ruido, especialmente si el residente responsable se niega a hacerlo voluntariamente.Además, cualquier dispositivo o maquinaria que produzca ruidos perturbadores, desde bienes muebles o inmuebles, puede ser identificado, registrado y desactivado temporalmente por las autoridades, excepto si estos ruidos provienen de construcciones o reparaciones realizadas en horarios permitidos.¿Qué hacer con los vecinos ruidosos?Si el episodio persiste y los vecinos no acatan la solicitud, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene a disposición la Línea 123 para denunciar comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas.Luego de esto, los uniformados asistirán al apartamento o casa en donde se genera el ruido, verificarán que lo denunciado sea cierto y procederán a solicitarle a la persona que apague el equipo de sonido.Cabe destacar que si la autoridad lo considera grave o culpable, podrá multar a los infractores ya que estos comportamientos afectan al tranquilidad y la sana convivencia. Una multa tipo 3 que llega hasta los 694.000 pesos.
Colapsadas se encuentran las inspecciones de Policía de Bucaramanga por la acumulación de más de 10.000 procesos y 40.000 órdenes de comparendo. Según inspectores de Policía de Santander resolverlos podría tardar hasta 10 años.La alarmante cifra pone en evidencia la grave situación de sobrecarga laboral que enfrentan los 19 inspectores de Policía de Bucaramanga, tres de ellos del área rural.“Hay un incremento excesivo de comportamientos contrarios a la convivencia que se han dado a partir de la implementación de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la emergencia del Covid-19 y los que quedaron estancados”, aseguraron los inspectores de Policía en un comunicado.Esta situación afecta la celeridad y la eficiencia de la justicia policial, perjudicando a los ciudadanos que asisten a las audiencias. También se suma un problema salarial, “los inspectores de Bucaramanga son los peor remunerados del área metropolitana, a pesar de tener las mismas funciones y responsabilidades que los colegas en Girón, Piedecuesta y Floridablanca, así como de otras ciudades del país. Esta disparidad salarial, combinada con la reducción de presupuesto, la falta de personal especializado y la ausencia de tecnología adecuada, ha creado un entorno insostenible para los inspectores”.La comunidad y los abogados han expresado su descontento debido a los retrasos y la ineficacia en el acceso a la justicia policial.Desde enero de 2024, los inspectores han intentado iniciar un diálogo con el alcalde Jaime Andrés Beltrán para abordar el problema, pero pese a numerosos intentos y solicitudes, no han recibido respuesta ni soluciones efectivas por parte de la administración.Ante la falta de respuesta, los inspectores de Bucaramanga hacen un llamado urgente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como a toda la comunidad, para abordar esta crisis.
¿Le ha pasado que no puede dormir por los ruidos de sus vecinos? Si la situación se presenta seguido acá se explican los pasos a seguir y los canales de denuncia disponibles para resolver esta situación.En primer lugar, es importante intentar resolver el conflicto de manera amistosa. Se sugiere establecer un acuerdo verbal con el vecino responsable del ruido o comunicarse con el personal de seguridad del conjunto residencial.Si los intentos de solución pacífica no tienen éxito y la perturbación persiste, se pueden utilizar los recursos disponibles para denunciar la situación. La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece la Línea 123, destinada específicamente para reportar comportamientos que perturban la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre vecinos.Una vez realizada la denuncia, las autoridades correspondientes intervendrán visitando la vivienda afectada. En esta visita, verificarán la veracidad de los hechos denunciados y procederán a solicitar al responsable que cese la actividad generadora de ruido.Según lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia, cualquier medio de producción de sonidos que perturbe la tranquilidad pública puede ser objeto de intervención por parte de las autoridades. Estas tienen la facultad de identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, a excepción de aquellos generados por actividades de construcción o reparación dentro de los horarios permitidos.Es importante tener en cuenta que, en casos graves o reincidentes, los infractores pueden ser multados por las autoridades. Este tipo de comportamientos afecta negativamente la convivencia pacífica y la calidad de vida de la comunidad.En resumen, ante la presencia de vecinos ruidosos, es fundamental actuar de manera proactiva utilizando los canales de denuncia disponibles. La colaboración entre vecinos y las autoridades competentes contribuye a mantener un ambiente de convivencia armonioso y respetuoso para todos.Conozca las multas y amonestaciones en el siguiente enlace: https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-policiaImportancia de resolver conflictos con los vecinos en BogotáEn cualquier comunidad urbana, como la de Bogotá, la convivencia entre vecinos juega un papel crucial en el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, es común que surjan conflictos debido a diferencias de hábitos, ruidos molestos o disputas por el uso de espacios comunes. En este contexto, la resolución efectiva de conflictos se convierte en un elemento fundamental para mantener la armonía y promover un ambiente de convivencia pacífica.Uno de los principales beneficios de resolver los conflictos con los vecinos de manera adecuada es la mejora del clima social y emocional en el entorno residencial. La reducción de tensiones y la promoción de relaciones respetuosas contribuyen a crear un ambiente positivo donde todos los residentes se sientan cómodos y seguros.En Bogotá, una ciudad caracterizada por su diversidad cultural y social, la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva se vuelve aún más relevante. La tolerancia, el respeto y la empatía son valores fundamentales que facilitan la convivencia en un entorno urbano tan dinámico y multicultural como el de la capital colombiana.Por otro lado, la resolución adecuada de conflictos puede prevenir situaciones de deterioro de la calidad de vida y el bienestar emocional de los residentes. El estrés causado por disputas constantes o por la presencia de vecinos ruidosos puede tener un impacto negativo en la salud mental y física de las personas. Por lo tanto, abordar estos problemas de manera oportuna y eficaz es esencial para salvaguardar el bienestar de todos los involucrados.Finalmente, resolver los conflictos con los vecinos de manera pacífica y constructiva es fundamental para promover una convivencia armoniosa y satisfactoria en Bogotá. Al cultivar el diálogo, la comprensión y la colaboración, los residentes pueden contribuir a crear comunidades más resilientes, inclusivas y vibrantes en la capital colombiana.
En medio de la creciente preocupación por la contaminación sonora en Bogotá, una nueva denuncia se suma a la larga lista de residentes afectados. En esta ocasión, Claudia Estrada, representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental, relató su experiencia de dos años y medio lidiando con el ruido generado por establecimientos de entretenimiento en la zona.En diálogo en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el caso de Estrada es solo uno de los muchos en los que los residentes se ven afectados por el ruido proveniente de bares y restaurantes, como el también denunciado en el programa en el barrio de Chapinero.La problemática, según sus declaraciones, lleva más de dos años y la situación ha llegado a tal punto que la residente se ve obligada a entregar su inmueble el próximo mes debido a trastornos de sueño y ansiedad diagnosticados."Llevo dos años y medio tratando con esta problemática, en el momento soy diagnosticada con trastorno de sueño y ansiedad, razón por la cual me veo obligada a entregar este inmueble en el próximo mes. ¿Qué viene detrás de todo esto? Llevamos con la comunidad trabajando con los bares. Tenemos tres problemáticas, tres temas de perturbación o contaminación auditiva. Una es el tema de los bares y restaurantes, otra es el de los vendedores ambulantes y otra es el de los aviones"La comunidad de Santa Bárbara Occidental ha estado trabajando activamente con las autoridades locales para abordar esos tres aspectos principales de perturbación o contaminación auditiva: bares y restaurantes, vendedores ambulantes, y el ruido de aviones. A pesar de los esfuerzos y las quejas presentadas ante las autoridades pertinentes, la situación persiste sin mejoras significativas.La pregunta sobre el uso del suelo en la zona surge, ya que la residente afirma que la manzana y las áreas circundantes son barrios residenciales, no destinados para la presencia de bares y restaurantes. A pesar de esto, establecimientos de entretenimiento han ocupado la zona y generado molestias constantes para los residentes.La falta de respuesta no tan efectiva por parte de la alcaldía local también se destaca en las declaraciones de Estrada. A pesar de dos años y medio de trabajo conjunto con la comunidad y numerosas reuniones, la problemática persiste, aunque algunos establecimientos sí han insonorizado sus instalaciones.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Habitante del sector de Chapinero, en Bogotá, denuncia desde hace tiempo, que su tranquilidad se ha visto interrumpida por el ruido que genera un restaurante ubicado en la calle 80 con carrera 8, pues según la víctima, este establecimiento no solo funciona como restaurante sino que también como bar. La situación ha obligado a algunos de los residentes a buscar un mejor lugar para vivir.Para hablar sobre lo que está pasando en el sector se conectaron a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Talía Osorio, víctima del ruido, quien se vio en la obligación de abandonar su antigua casa por comodidad de sus hijos y Óscar Ramos, alcalde local de Chapinero.Según indicó Osorio, el ruido en el restaurante Ideal comienza desde las 7:00 de la mañana y va hasta las 11:30 de la noche, cuando los extractores del restaurante comienzan a funcionar en la cocina, adicional a eso, el lugar cuenta con una terraza, ilegal, en la que hacen las presentaciones en vivo.“Ellos (el restaurante) empezaron la obra en 2021, una obra civil, además sin ninguna licencia, se amparan en que era una reparación locativa, pero no fue así, por lo que nos aguantamos el ruido de la obra y abrieron, más o menos, en febrero de 2022. Primero abrieron el primer piso y pese a todas las denuncias que hicimos no pasó nada y resultaron haciendo otra obra civil en el segundo y tercer piso y abrieron otro restaurante, ahora bar - restaurante donde hay borrachos, que es el tercer piso”, señaló la víctima del ruido.Adicional al ruido que generan los extractores y el bar, Osorio denunció que los dueños del local martillaban en horas de la madrugada, perturbando el sueño de ella y de su familia.Ante las denuncias, Blu Radio se puso en contacto con el restaurante, el cual indicó a través de un comunicado que ha tomado acciones para no perturbar la tranquilidad de los habitantes del sector. En el documento, la representante, quien no reveló su nombre, indicó las medidas que han ejecutado hasta el momentos:Insonorización integral del restaurante.Insonorización de la campana de extracción principal.Instalación de amortiguadores de vibraciones.Fabricación de cabina para el segundo extractor.Sin embargo, por el momento se niegan a poner un vocero.Por su parte, Osorio indicó que los representantes del restaurante se pusieron en contacto con ella para conciliar e instalar vidrios antiruidos en la casa donde vivía, pero la realidad es que, según ella, solo pusieron “unos vidrios delgados” con los que buscaban insonorizar la terraza.El alcalde local de Chapinero, Óscar Ramos, añadió en la entrevista que efectivamente el restaurante no cuenta con los permiso del IDU para la terraza.Según el alcalde, los inspectores de Policía son las autoridades competentes para resolver el proceso de denuncia que ha hecho Talía Osorio. “Entonces la alcaldía local ha hecho los diferentes operativos, ha hecho las visitas y aperturamos los expedientes en las inspecciones de policía local”.“Este establecimiento tiene cuatro expedientes en la inspección de Policía; uno, por el uso de la terraza que no cumple con los requisitos habilitados por el IDU y, además, que el cerramiento y todas las condiciones no están habilitadas de acuerdo a lo que se establece en Bogotá para el uso de las terrazas. Dos, se está realizando actividad económica como bar, que no se encuentra permitida por la licencia de construcción del lugar. Tres, han habido adecuaciones urbanísticas que no cumplen con las especificaciones de la licencia y cuatro, la perturbación a la familia”, señaló.Tras la revisión y vigilancia del restaurante, se abrió un proceso en las inspecciones de Policía locales por perturbación urbanística, a la tranquilidad y al espacio público, sin embargo, "toda la responsabilidad recae en el inspector de Policía", apuntó el alcalde.Escuche la entrevista completa:
En un esfuerzo por fomentar la responsabilidad y la participación ciudadana, más de mil infractores en Bucaramanga optaron por redimir sus faltas a través del servicio a la comunidad. Este innovador programa, impulsado por la Secretaría del Interior, ha logrado impactar positivamente varios sectores de la ciudad durante el cuatrienio.La iniciativa permite a los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana saldar sus deudas mediante el trabajo comunitario. Con más de 79 actividades desplegadas en las 17 comunas de la ciudad, el programa no solo busca embellecer los barrios, sino también cultivar una cultura de responsabilidad.Limpieza de parques, mejoramiento de fachadas y siembra de árboles, entre otras acciones, fueron las actividades desarrolladas por los más de 1.000 infractores que lograron conmutar sus multas.El programa registró 79 actividades durante los últimos cuatro años, lo que representó 5.560 horas dedicadas a la limpieza y el embellecimiento de la capital santandereana. Cada jornada de trabajo comunitario contó con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab.Esta iniciativa brinda la posibilidad a, quienes infringen la ley una sola vez y cuyas sanciones corresponden a multas tipo 1 y 2, que puedan pagarlas con obras que mejoren los entornos de la ciudad y ayuden así a su economía.Los interesados en acogerse a esta iniciativa, una vez impuesto el comparendo por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, deben acercarse a la Inspección de Policía o a la Casa de Justicia Norte y agendar la asistencia a la actividad de trabajo comunitario. Luego de finalizar, se debe llevar el certificado de asistencia a la Inspección de Policía para que la multa sea descargada del sistema. Para mayor información comunicarse al celular: 320 4862466 o al correo electrónico programacomunitario@bucaramananga.gov.co.
El pasado 7 de diciembre, en plena celebración de la noche de velitas, una decisión del Gobierno Petro causó gran revuelo en el país: eliminar el decreto que prohibía tener drogas en el espacio público y le daba facultades a la Policía para imponer multas.Sin embargo, después de que se conociera el nuevo decreto que anulaba ese artículo del Código de Policía, argumentando ir en contravía con decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre la dosis mínima, quedó la duda sobre qué iba a pasar con las multas que se impusieron cuando la norma estaba vigente.Por eso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que esa decisión ahora está en manos de jueces de la República.En medio de estas dudas la la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, mostró sus diferencias frente a las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro; esta vez las críticas de la jefe del ente de control se basaron en el decreto que eliminó las multas a los que porten droga para uso personal en el espacio público.“Dejemos de derogar, más bien actuemos. Quiero ver a la Policía pendiente de los jíbaros, cerca a los colegios bajo la apariencia de utilizar la dosis personal para hacer distribución y microtráfico en los parques y en las escuelas públicas. El Gobierno tendrá que ver qué se hace”, dijo la procuradora.Le puede interesar:
Tras la decisión del Gobierno nacional de anular el decreto 1844 de 2018 que fijaba un procedimiento policial para imponer medidas correctivas, por infracciones derivadas del porte y tenencia de cantidades de sustancias psicoactivas.Abogados penalistas se refirieron a las implicaciones que tiene esta nueva directriz por parte del Gobierno nacional.“Seguramente la Policía podrá seguir persiguiendo, no es que este decreto impida el poder capturar personas que están traficando con drogas, no. Se pueden seguir judicializando, la Policía hacer capturas y llevarlo ante la Fiscalía General de la Nación para que se tome una decisión al respecto, pero no les pueden imponer esas sanciones, esas contravenciones que vendían haciendo por consumir en los parques o lugares sociales”, dijo a Ricardo Burgos, abogado penalista, a Blu Radio.Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista, aseguró que este nuevo decreto que deroga el que fue expedido por el Gobierno de Iván Duque busca concentrar esfuerzos en atacar la criminalidad y no a las personas que hacen uso de sustancias.De igual forma, en el documento de tres páginas se menciona que la decisión de derogar este decreto cambia el procedimiento que las autoridades de Policía deben adoptar ante la ocurrencia de una infracción a la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas.“Se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas”, dice el decreto.Vea también
La vida nocturna en Bogotá vive una inesperada transformación donde la rumba tradicional abre paso a cenas sin afán y sobremesas inolvidables. Cada vez son más los visitantes que buscan experiencias culinarias completas, donde la prioridad sea conversar, disfrutar de una coctelería impecable y deleitarse con entornos pensados para conectar en pareja.En este escenario, la oferta capitalina se consolida con alternativas de alto nivel para quienes planean una cita memorable. Desde miradores en la montaña hasta terrazas cosmopolitas y rincones románticos, la escena gastronómica se afianza como el destino preferido para celebrar el amor a la luz de las velas.Esta es Cabrera: el restaurante para conquistar al amor de su vidaEl cambio en las preferencias del público responde a la búsqueda constante de confort y vivencias diferenciadoras. Como bien lo explica Jamal Mustafa, socio fundador del restaurante Cabrera: "Las personas valoran mucho más la calidad del tiempo que comparten y buscan lugares donde puedan comenzar y terminar la noche sin necesidad de cambiar de sitio". En este establecimiento, la propuesta integral de cocina de autor, ambiente acogedor y licores seleccionados logra que la mesa sea el centro absoluto de la velada.Esta tendencia evidencia cómo el público actual prefiere invertir en hospitalidad y buen servicio para prolongar la estadía por horas. La iluminación, la música y la ambientación se combinan para elevar el valor de la visita y crear una velada mágica.Estas son otras opciones de restaurante para la cita perfectaPara quienes desean explorar escenarios románticos con encanto único en la ciudad, existen paradas imperdibles que complementan la noche:Restaurante Casa San Isidro: En la cima del cerro de Monserrate, evoca la elegancia colonial con vista a la ciudad iluminada; ofrece cocina francesa y de mar, piano en vivo e iluminación tenue a las velas.Astoria Rooftop: En el piso 15 cerca de la Zona T, este restaurante terraza destaca por su diseño cosmopolita, vista panorámica al *skyline* nocturno, propuesta internacional y coctelería sofisticada.Storia D'Amore: Referente italiano en la Zona T con una cuidada decoración floral, especializado en pastas artesanales, pizzas gourmet y vino en un ambiente cálido e íntimo.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.
Una nueva alteración al orden público se registra este fin de semana en el departamento del Cauca, pues en zona rural del municipio de El Tambo, las tropas de la Brigada 29 del Ejército se enfrentan en la tarde de este domingo contra integrantes del frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.La zona de combate es un sector conocido como El Recuerdo, ubicado cerca al cerro de Santana, donde está instalado un radar de la Aeronáutica Civil que controla gran parte del tráfico aéreo del suroccidente del país.Mientras se desarrollan los enfrentamientos, la población civil se refugia en sus viviendas para evitar quedar en medio de las descargas de fusil. Preliminarmente se habla de varios disidentes abatidos en medio de estos enfrentamientos.“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate. Los de mi grupo estamos bien. En todas las casas que tienen barranco está la gente reunida, porque la guerrilla se tomó el pueblo, y desde aquí están enfrentándose con el Ejército”, indicó uno de los habitantes de la zona.Esta es la segunda alteración al orden público registrada en el departamento del Cauca este fin de semana, después de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, pues en la madrugada del sábado las disidencias atacaron con explosivos el peaje en construcción de Mondomo, en la vereda Mandivá, sobre la vía Panamericana, hecho que generó daños superiores a los 3.000 millones de pesos.
El programa Sala de Prensa del domingo 9 de agosto de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:Dr. Luis Fernando Mejía (CEO de Lumin Economic Intelligence): Analiza la crítica situación fiscal del país, respaldando la eliminación del impuesto al patrimonio y la necesidad de un plan profundo de recorte de gasto público.Alejandro Castañeda (Presidente ejecutivo de ANDEG): Advierte sobre el inminente riesgo de apagón ante el fenómeno del Niño, el déficit de energía firme y las deudas millonarias del gobierno con el sector.Juan Carlos Flores (Analista de seguridad): Expone que la estrategia de seguridad fracasará si no se asfixian los ingresos de la droga y del oro ilegal, calificando el conflicto como un ciclo perpetuo.Dr. Jorge Toro (Director de la UNIPS): Detalla la grave crisis de caja del sector salud, argumentando la necesidad de inyectar recursos urgentes a través de las EPS para reabrir servicios médicos vitales.Andrés Caro (Analista político): Evalúa los simbolismos de la posesión en Cali, el carácter laico del Estado y defiende un enfoque de sometimiento penal sin negociaciones políticas con criminales.Teresita Aya (Analista internacional): Explica la fuerte alineación diplomática con Donald Trump, la inclusión en el "Escudo de las Américas" y el traslado de la embajada a Jerusalén.Dr. Jaime Arrubla (Expresidente de la Corte Suprema): Plantea que la JEP es un parche transitorio que debe expirar sin prórrogas, defiende la separación de poderes y resalta el descarte de una constituyente.
El asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada, ocurrido en Girón cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo, tiene como señalado por las autoridades a un hombre que permanece privado de la libertad en la cárcel de Palogordo.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló a alias ‘Brayan’, a quien identificó como cabecilla del Tren de Aragua, como el responsable de las acciones que habrían derivado en el homicidio del funcionario penitenciario.De acuerdo con el oficial, alias ‘Brayan’ se encuentra recluido en un pabellón especial de la cárcel de Palogordo y sería quien habría generado las acciones que terminaron con la muerte del inspector. “En la cárcel de Palo Gordo hay un delincuente alias Brayan, delincuente que es cabecilla del Tren de Aragua, que es el que venía generando todas esas acciones criminales aquí en la ciudad y que sigue generando esas acciones delincuenciales”, afirmó Quintero.El comandante de la Policía agregó que el interno permanecía en un área especial del establecimiento penitenciario y aseguró que, según las investigaciones adelantadas hasta el momento, este hombre habría generado la muerte del funcionario del Inpec.Quesada fue atacado cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral. El crimen causó preocupación entre los trabajadores del sistema penitenciario y generó el despliegue de las autoridades para establecer quiénes participaron directamente en el homicidio.El general Quintero señaló que la Policía adelanta las labores de investigación para establecer plenamente lo ocurrido y lograr que quienes participaron en el asesinato respondan ante la justicia.“Obviamente la Policía en este momento está haciendo las labores investigativas (...) con el fin de que ese bandido responda por la muerte de este funcionario público”, manifestó el comandante.Las autoridades trabajan ahora en establecer cómo se habría coordinado el ataque, quiénes fueron los encargados de ejecutarlo y qué elementos permitirán judicializar a los responsables del asesinato del inspector Efraín Quesada.Por ahora, el señalamiento contra alias ‘Brayan’ corresponde a la información entregada públicamente por el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mientras avanzan las actuaciones investigativas y judiciales por el homicidio.