Una de las infracciones que más ocurren en Colombia surge entre vecinos y puede derivar en incidentes lamentables como riñas, e incluso, en casos extremos, la muerte. Un ejemplo de ello ocurrió en Medellín en mayo de 2024, cuando Gilberto de Jesús Alzate, de 50 años, fue asesinado tras pedir a sus vecinos que bajaran el volumen de la música.Vecinos ruidosos pueden ser castigados con multa El Código Nacional de Policía y Convivencia a establece en su Artículo 33 una serie de comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas. Estas conductas, cuando son cometidas, no solo perturban la convivencia, sino que también pueden ser sancionadas con medidas correctivas.Dentro de un vecindario, ya sea en áreas urbanas o rurales, el ruido excesivo proveniente de actividades como fiestas, reuniones o eventos similares puede generar molestia y afectar la paz entre los residentes. En estos casos, si el ruido persiste, las autoridades de Policía tienen la facultad de desactivar temporalmente la fuente de ruido, especialmente si el residente responsable se niega a hacerlo voluntariamente.Además, cualquier dispositivo o maquinaria que produzca ruidos perturbadores, desde bienes muebles o inmuebles, puede ser identificado, registrado y desactivado temporalmente por las autoridades, excepto si estos ruidos provienen de construcciones o reparaciones realizadas en horarios permitidos.¿Qué hacer con los vecinos ruidosos?Si el episodio persiste y los vecinos no acatan la solicitud, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene a disposición la Línea 123 para denunciar comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas.Luego de esto, los uniformados asistirán al apartamento o casa en donde se genera el ruido, verificarán que lo denunciado sea cierto y procederán a solicitarle a la persona que apague el equipo de sonido.Cabe destacar que si la autoridad lo considera grave o culpable, podrá multar a los infractores ya que estos comportamientos afectan al tranquilidad y la sana convivencia. Una multa tipo 3 que llega hasta los 694.000 pesos.
Colapsadas se encuentran las inspecciones de Policía de Bucaramanga por la acumulación de más de 10.000 procesos y 40.000 órdenes de comparendo. Según inspectores de Policía de Santander resolverlos podría tardar hasta 10 años.La alarmante cifra pone en evidencia la grave situación de sobrecarga laboral que enfrentan los 19 inspectores de Policía de Bucaramanga, tres de ellos del área rural.“Hay un incremento excesivo de comportamientos contrarios a la convivencia que se han dado a partir de la implementación de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la emergencia del Covid-19 y los que quedaron estancados”, aseguraron los inspectores de Policía en un comunicado.Esta situación afecta la celeridad y la eficiencia de la justicia policial, perjudicando a los ciudadanos que asisten a las audiencias. También se suma un problema salarial, “los inspectores de Bucaramanga son los peor remunerados del área metropolitana, a pesar de tener las mismas funciones y responsabilidades que los colegas en Girón, Piedecuesta y Floridablanca, así como de otras ciudades del país. Esta disparidad salarial, combinada con la reducción de presupuesto, la falta de personal especializado y la ausencia de tecnología adecuada, ha creado un entorno insostenible para los inspectores”.La comunidad y los abogados han expresado su descontento debido a los retrasos y la ineficacia en el acceso a la justicia policial.Desde enero de 2024, los inspectores han intentado iniciar un diálogo con el alcalde Jaime Andrés Beltrán para abordar el problema, pero pese a numerosos intentos y solicitudes, no han recibido respuesta ni soluciones efectivas por parte de la administración.Ante la falta de respuesta, los inspectores de Bucaramanga hacen un llamado urgente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como a toda la comunidad, para abordar esta crisis.
¿Le ha pasado que no puede dormir por los ruidos de sus vecinos? Si la situación se presenta seguido acá se explican los pasos a seguir y los canales de denuncia disponibles para resolver esta situación.En primer lugar, es importante intentar resolver el conflicto de manera amistosa. Se sugiere establecer un acuerdo verbal con el vecino responsable del ruido o comunicarse con el personal de seguridad del conjunto residencial.Si los intentos de solución pacífica no tienen éxito y la perturbación persiste, se pueden utilizar los recursos disponibles para denunciar la situación. La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece la Línea 123, destinada específicamente para reportar comportamientos que perturban la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre vecinos.Una vez realizada la denuncia, las autoridades correspondientes intervendrán visitando la vivienda afectada. En esta visita, verificarán la veracidad de los hechos denunciados y procederán a solicitar al responsable que cese la actividad generadora de ruido.Según lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia, cualquier medio de producción de sonidos que perturbe la tranquilidad pública puede ser objeto de intervención por parte de las autoridades. Estas tienen la facultad de identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, a excepción de aquellos generados por actividades de construcción o reparación dentro de los horarios permitidos.Es importante tener en cuenta que, en casos graves o reincidentes, los infractores pueden ser multados por las autoridades. Este tipo de comportamientos afecta negativamente la convivencia pacífica y la calidad de vida de la comunidad.En resumen, ante la presencia de vecinos ruidosos, es fundamental actuar de manera proactiva utilizando los canales de denuncia disponibles. La colaboración entre vecinos y las autoridades competentes contribuye a mantener un ambiente de convivencia armonioso y respetuoso para todos.Conozca las multas y amonestaciones en el siguiente enlace: https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-policiaImportancia de resolver conflictos con los vecinos en BogotáEn cualquier comunidad urbana, como la de Bogotá, la convivencia entre vecinos juega un papel crucial en el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, es común que surjan conflictos debido a diferencias de hábitos, ruidos molestos o disputas por el uso de espacios comunes. En este contexto, la resolución efectiva de conflictos se convierte en un elemento fundamental para mantener la armonía y promover un ambiente de convivencia pacífica.Uno de los principales beneficios de resolver los conflictos con los vecinos de manera adecuada es la mejora del clima social y emocional en el entorno residencial. La reducción de tensiones y la promoción de relaciones respetuosas contribuyen a crear un ambiente positivo donde todos los residentes se sientan cómodos y seguros.En Bogotá, una ciudad caracterizada por su diversidad cultural y social, la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva se vuelve aún más relevante. La tolerancia, el respeto y la empatía son valores fundamentales que facilitan la convivencia en un entorno urbano tan dinámico y multicultural como el de la capital colombiana.Por otro lado, la resolución adecuada de conflictos puede prevenir situaciones de deterioro de la calidad de vida y el bienestar emocional de los residentes. El estrés causado por disputas constantes o por la presencia de vecinos ruidosos puede tener un impacto negativo en la salud mental y física de las personas. Por lo tanto, abordar estos problemas de manera oportuna y eficaz es esencial para salvaguardar el bienestar de todos los involucrados.Finalmente, resolver los conflictos con los vecinos de manera pacífica y constructiva es fundamental para promover una convivencia armoniosa y satisfactoria en Bogotá. Al cultivar el diálogo, la comprensión y la colaboración, los residentes pueden contribuir a crear comunidades más resilientes, inclusivas y vibrantes en la capital colombiana.
En medio de la creciente preocupación por la contaminación sonora en Bogotá, una nueva denuncia se suma a la larga lista de residentes afectados. En esta ocasión, Claudia Estrada, representante de la comunidad de Santa Bárbara Occidental, relató su experiencia de dos años y medio lidiando con el ruido generado por establecimientos de entretenimiento en la zona.En diálogo en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el caso de Estrada es solo uno de los muchos en los que los residentes se ven afectados por el ruido proveniente de bares y restaurantes, como el también denunciado en el programa en el barrio de Chapinero.La problemática, según sus declaraciones, lleva más de dos años y la situación ha llegado a tal punto que la residente se ve obligada a entregar su inmueble el próximo mes debido a trastornos de sueño y ansiedad diagnosticados."Llevo dos años y medio tratando con esta problemática, en el momento soy diagnosticada con trastorno de sueño y ansiedad, razón por la cual me veo obligada a entregar este inmueble en el próximo mes. ¿Qué viene detrás de todo esto? Llevamos con la comunidad trabajando con los bares. Tenemos tres problemáticas, tres temas de perturbación o contaminación auditiva. Una es el tema de los bares y restaurantes, otra es el de los vendedores ambulantes y otra es el de los aviones"La comunidad de Santa Bárbara Occidental ha estado trabajando activamente con las autoridades locales para abordar esos tres aspectos principales de perturbación o contaminación auditiva: bares y restaurantes, vendedores ambulantes, y el ruido de aviones. A pesar de los esfuerzos y las quejas presentadas ante las autoridades pertinentes, la situación persiste sin mejoras significativas.La pregunta sobre el uso del suelo en la zona surge, ya que la residente afirma que la manzana y las áreas circundantes son barrios residenciales, no destinados para la presencia de bares y restaurantes. A pesar de esto, establecimientos de entretenimiento han ocupado la zona y generado molestias constantes para los residentes.La falta de respuesta no tan efectiva por parte de la alcaldía local también se destaca en las declaraciones de Estrada. A pesar de dos años y medio de trabajo conjunto con la comunidad y numerosas reuniones, la problemática persiste, aunque algunos establecimientos sí han insonorizado sus instalaciones.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Habitante del sector de Chapinero, en Bogotá, denuncia desde hace tiempo, que su tranquilidad se ha visto interrumpida por el ruido que genera un restaurante ubicado en la calle 80 con carrera 8, pues según la víctima, este establecimiento no solo funciona como restaurante sino que también como bar. La situación ha obligado a algunos de los residentes a buscar un mejor lugar para vivir.Para hablar sobre lo que está pasando en el sector se conectaron a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Talía Osorio, víctima del ruido, quien se vio en la obligación de abandonar su antigua casa por comodidad de sus hijos y Óscar Ramos, alcalde local de Chapinero.Según indicó Osorio, el ruido en el restaurante Ideal comienza desde las 7:00 de la mañana y va hasta las 11:30 de la noche, cuando los extractores del restaurante comienzan a funcionar en la cocina, adicional a eso, el lugar cuenta con una terraza, ilegal, en la que hacen las presentaciones en vivo.“Ellos (el restaurante) empezaron la obra en 2021, una obra civil, además sin ninguna licencia, se amparan en que era una reparación locativa, pero no fue así, por lo que nos aguantamos el ruido de la obra y abrieron, más o menos, en febrero de 2022. Primero abrieron el primer piso y pese a todas las denuncias que hicimos no pasó nada y resultaron haciendo otra obra civil en el segundo y tercer piso y abrieron otro restaurante, ahora bar - restaurante donde hay borrachos, que es el tercer piso”, señaló la víctima del ruido.Adicional al ruido que generan los extractores y el bar, Osorio denunció que los dueños del local martillaban en horas de la madrugada, perturbando el sueño de ella y de su familia.Ante las denuncias, Blu Radio se puso en contacto con el restaurante, el cual indicó a través de un comunicado que ha tomado acciones para no perturbar la tranquilidad de los habitantes del sector. En el documento, la representante, quien no reveló su nombre, indicó las medidas que han ejecutado hasta el momentos:Insonorización integral del restaurante.Insonorización de la campana de extracción principal.Instalación de amortiguadores de vibraciones.Fabricación de cabina para el segundo extractor.Sin embargo, por el momento se niegan a poner un vocero.Por su parte, Osorio indicó que los representantes del restaurante se pusieron en contacto con ella para conciliar e instalar vidrios antiruidos en la casa donde vivía, pero la realidad es que, según ella, solo pusieron “unos vidrios delgados” con los que buscaban insonorizar la terraza.El alcalde local de Chapinero, Óscar Ramos, añadió en la entrevista que efectivamente el restaurante no cuenta con los permiso del IDU para la terraza.Según el alcalde, los inspectores de Policía son las autoridades competentes para resolver el proceso de denuncia que ha hecho Talía Osorio. “Entonces la alcaldía local ha hecho los diferentes operativos, ha hecho las visitas y aperturamos los expedientes en las inspecciones de policía local”.“Este establecimiento tiene cuatro expedientes en la inspección de Policía; uno, por el uso de la terraza que no cumple con los requisitos habilitados por el IDU y, además, que el cerramiento y todas las condiciones no están habilitadas de acuerdo a lo que se establece en Bogotá para el uso de las terrazas. Dos, se está realizando actividad económica como bar, que no se encuentra permitida por la licencia de construcción del lugar. Tres, han habido adecuaciones urbanísticas que no cumplen con las especificaciones de la licencia y cuatro, la perturbación a la familia”, señaló.Tras la revisión y vigilancia del restaurante, se abrió un proceso en las inspecciones de Policía locales por perturbación urbanística, a la tranquilidad y al espacio público, sin embargo, "toda la responsabilidad recae en el inspector de Policía", apuntó el alcalde.Escuche la entrevista completa:
En un esfuerzo por fomentar la responsabilidad y la participación ciudadana, más de mil infractores en Bucaramanga optaron por redimir sus faltas a través del servicio a la comunidad. Este innovador programa, impulsado por la Secretaría del Interior, ha logrado impactar positivamente varios sectores de la ciudad durante el cuatrienio.La iniciativa permite a los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana saldar sus deudas mediante el trabajo comunitario. Con más de 79 actividades desplegadas en las 17 comunas de la ciudad, el programa no solo busca embellecer los barrios, sino también cultivar una cultura de responsabilidad.Limpieza de parques, mejoramiento de fachadas y siembra de árboles, entre otras acciones, fueron las actividades desarrolladas por los más de 1.000 infractores que lograron conmutar sus multas.El programa registró 79 actividades durante los últimos cuatro años, lo que representó 5.560 horas dedicadas a la limpieza y el embellecimiento de la capital santandereana. Cada jornada de trabajo comunitario contó con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab.Esta iniciativa brinda la posibilidad a, quienes infringen la ley una sola vez y cuyas sanciones corresponden a multas tipo 1 y 2, que puedan pagarlas con obras que mejoren los entornos de la ciudad y ayuden así a su economía.Los interesados en acogerse a esta iniciativa, una vez impuesto el comparendo por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, deben acercarse a la Inspección de Policía o a la Casa de Justicia Norte y agendar la asistencia a la actividad de trabajo comunitario. Luego de finalizar, se debe llevar el certificado de asistencia a la Inspección de Policía para que la multa sea descargada del sistema. Para mayor información comunicarse al celular: 320 4862466 o al correo electrónico programacomunitario@bucaramananga.gov.co.
El pasado 7 de diciembre, en plena celebración de la noche de velitas, una decisión del Gobierno Petro causó gran revuelo en el país: eliminar el decreto que prohibía tener drogas en el espacio público y le daba facultades a la Policía para imponer multas.Sin embargo, después de que se conociera el nuevo decreto que anulaba ese artículo del Código de Policía, argumentando ir en contravía con decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre la dosis mínima, quedó la duda sobre qué iba a pasar con las multas que se impusieron cuando la norma estaba vigente.Por eso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que esa decisión ahora está en manos de jueces de la República.En medio de estas dudas la la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, mostró sus diferencias frente a las decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro; esta vez las críticas de la jefe del ente de control se basaron en el decreto que eliminó las multas a los que porten droga para uso personal en el espacio público.“Dejemos de derogar, más bien actuemos. Quiero ver a la Policía pendiente de los jíbaros, cerca a los colegios bajo la apariencia de utilizar la dosis personal para hacer distribución y microtráfico en los parques y en las escuelas públicas. El Gobierno tendrá que ver qué se hace”, dijo la procuradora.Le puede interesar:
Tras la decisión del Gobierno nacional de anular el decreto 1844 de 2018 que fijaba un procedimiento policial para imponer medidas correctivas, por infracciones derivadas del porte y tenencia de cantidades de sustancias psicoactivas.Abogados penalistas se refirieron a las implicaciones que tiene esta nueva directriz por parte del Gobierno nacional.“Seguramente la Policía podrá seguir persiguiendo, no es que este decreto impida el poder capturar personas que están traficando con drogas, no. Se pueden seguir judicializando, la Policía hacer capturas y llevarlo ante la Fiscalía General de la Nación para que se tome una decisión al respecto, pero no les pueden imponer esas sanciones, esas contravenciones que vendían haciendo por consumir en los parques o lugares sociales”, dijo a Ricardo Burgos, abogado penalista, a Blu Radio.Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista, aseguró que este nuevo decreto que deroga el que fue expedido por el Gobierno de Iván Duque busca concentrar esfuerzos en atacar la criminalidad y no a las personas que hacen uso de sustancias.De igual forma, en el documento de tres páginas se menciona que la decisión de derogar este decreto cambia el procedimiento que las autoridades de Policía deben adoptar ante la ocurrencia de una infracción a la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas.“Se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas”, dice el decreto.Vea también
Expresar sus inconformidades con la administración y tratar de “ladrón” al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habrían sido los motivos por los que el mayor Sergio Yepes, jefe del esquema de seguridad del mandatario, ordenó a sus hombres imponerle un comparendo a una mujer que se encontraba en el Parque Lleras, a donde también llegó el alcalde."O usted lo comprueba o se ve en problemas", fue lo que le advirtió el jefe de seguridad, quien acto seguido ordenó a los patrulleros a realizarle una anotación, por lo que está gritando, para ponerle la denuncia penal".Sin embargo, el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que señala los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, no incluye hacer pública inconformidad frente a un mandatario. Además, el artículo 20, según la exfiscal del crimen organizado Claudia Carrasquilla, “efine la actividad de la Policía, donde señala que “la labor es estrictamente material y no jurídica”, por lo que considera que el mayor Yepes abusó de su función, igual que los uniformados.De igual forma, en redes sociales fueron varios los ciudadanos y concejales de Medellín los que cuestionaron la actuación de las autoridades. Uno de ellos fue el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, quien escribió el siguiente trino:“El general Rojas, comandante de la Policía Metropolitana, debe decirle a la ciudad si el jefe de seguridad de Quintero está facultado para amenazar a la ciudadanía que expresa su desacuerdo con el alcalde en nombre de la Policía”.No obstante, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le dijo a Blu radio que impusieron el comparendo basados en el artículo 35, numeral 1, de la ley 1801, por irrespeto a la autoridad.
A través de redes sociales se han vuelto virales algunos videos ciudadanos en los cuales se evidencian nuevas conductas exhibicionistas en Antioquia, donde ya se conocen tres de estas situaciones en menos de dos semanas. Esta vez en Medellín fueron captadas tres personas en estos actos.Esta vez los hechos se presentaron en inmediaciones de una cancha de fútbol pública en el barrio San Diego, al centroriente de la capital antioqueña. En los registros se observa cómo a plena luz del día dos hombres y una mujer sostienen relaciones sexuales en un sector alto rodeado de una zona boscosa.El contenido causó polémica en redes sociales alrededor del comportamiento de las personas que participan en él y sobre la imagen de la ciudad, se suma al que hace unos días se conoció en el que dos turistas extranjeros fueron grabados corriendo desnudos por una de las calles del municipio de Guatapé, y en esa misma localidad del oriente del departamento, se grabaran escenas sexuales en la icónica Piedra del Peñol.Sobre los hechos ocurridos en uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento, los propietarios del lugar rechazaron lo ocurrido y manifestaron que iniciarán las acciones legales a que haya lugar en contra de las personas implicadas que afectaron su nombre y el del municipio.Por su parte, en cuanto al más reciente que se presentó en la capital antioqueña, la Policía Metropolitana como autoridad, aseguró que no tuvo conocimiento del mismo, pues no hubo ningún llamado ni denuncia por parte de la comunidad.Según el Código Nacional de Policía y, en caso de ser debidamente identificadas las personas que participan en ellas, este tipo de conductas podrían ser sancionadas económicamente con montos que están alrededor de los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, unos $618.000.Le puede interesar:
El retiro laboral es un momento de cambio significativo en la vida de cualquier persona. Esta etapa brinda la oportunidad de disfrutar del tiempo libre, explorar nuevos intereses y enfocarse en el bienestar personal. En Colombia, la población de adultos mayores supera los 7 millones, lo que representa aproximadamente el 14,4 % del total. Sin embargo, en Bogotá, solo el 23 % de estos adultos mayores vive de su pensión o renta, lo que plantea retos y oportunidades.¿Qué es el edadismo?El edadismo es una forma de discriminación basada en la edad. Consiste en tener prejuicios, estereotipos y actitudes negativas hacia las personas por su edad, ya sea que sean mayores o más jóvenes.A pesar de las oportunidades que ofrece el retiro, muchas personas mayores enfrentan desafíos relacionados con el edadismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 6,3 millones de casos de depresión a nivel mundial son atribuibles a esta forma de discriminación y estigmatización basada en la edad, que a menudo afecta a los mayores.Este problema se vuelve aún más relevante considerando que, según proyecciones de la OMS, para el año 2050 se espera que el número de personas de 80 años o más se triplique, alcanzando los 426 millones. En América Latina, el porcentaje de personas mayores de 65 años también se duplicará en los próximos años.Andrea Romero Roa, coordinadora de programas de Persona Mayor de Compensar, destaca que existe un falso estereotipo que asocia el retiro con la inactividad. “Al jubilarse, muchas personas piensan que deben quedarse en casa y que su productividad ha terminado. Sin embargo, los índices de natalidad están disminuyendo y, al mismo tiempo, la proporción de personas mayores que desean mantenerse activas está en aumento.¿Cómo se manifiesta el edadismo?Estereotipos: asociar ciertas características (positivas o negativas) a personas de determinada edad. Por ejemplo, creer que todas las personas mayores son olvidadizas o que todos los jóvenes son irresponsables.Prejuicios: juzgar a una persona basándose en su edad, antes de conocerla.Discriminación: tratar de manera desigual a alguien debido a su edad, por ejemplo, negándole oportunidades laborales o sociales.Microagresiones: comentarios o acciones aparentemente inofensivas, pero que pueden ser hirientes o discriminatorias para una persona por su edad.¿Cómo aprovechar el retiro laboral?Ejercicio regular: mantener una rutina de ejercicios adaptada a sus capacidades es fundamental. Actividades como caminar, nadar o practicar yoga no solo contribuyen a la movilidad, sino que también promueven la salud general. Además, es importante realizar chequeos médicos periódicos para cuidar el bienestar físico.Estimulación mental: participar en actividades que desafíen la mente, como leer, aprender un nuevo idioma o desarrollar habilidades, es crucial. La estimulación mental ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y fomenta un sentido de logro y propósito.Relaciones sociales activas: mantener relaciones sociales participando en grupos o actividades comunitarias, como clubes o voluntariados, es clave. La interacción regular puede prevenir la soledad y fortalecer la red de apoyo, lo que favorece el bienestar emocional y la creación de amistades duraderas.Actividades ocupacionales: buscar formas de mantenerse ocupado y comprometido a través de hobbies o proyectos personales es esencial. Establecer metas y participar en actividades como cursos o emprendimientos puede brindar un sentido de propósito y productividad en esta nueva etapa de la vida. Estas experiencias permiten adquirir nuevas habilidades y conocer personas con intereses similares.
Operativos —por aire y tierra— son los que se vienen desplegando entre los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander, todo por cuenta de las labores de búsqueda que adelantan la Policía y Ejército para dar con el paradero del reconocido comerciante y camionero Juan de Dios Galvis, quien fue secuestrado el pasado miércoles en horas de la noche a la altura del corregimiento Besotes, ubicado en jurisdicción del municipio de La Gloria (Cesar). Así lo confirmó el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar, quien explicó a BLU Radio que pese a que las circunstancias que rodearon el secuestro de Juan de Dios Galvis no están del todo esclarecidas, buscan determinar si este hecho podría atribuírsele a alguna organización armada como el ELN o las disidencias de las FARC dada su alta presencia en la zona donde se registraron los hechos. Esto, teniendo en cuenta que Galvis ya había sido secuestrado en 2021 por presuntos miembros del ELN, por lo que no se descarta que, en esta nueva oportunidad, puedan estar involucrados en la retención del reconocido comerciante y camionero. "No podemos decir a ciencia cierta si fue algún grupo criminal como el ELN, aunque sabemos que tiene injerencia en ese punto del departamento del Cesar. También pudieron haber sido las disidencias de las FARC, pero todo eso es materia de investigación, pues no podemos dar nada por sentado tdoavía", dijo Chamorro.Las labores de búsqueda, inclusive, se han venido reforzando en zonas rurales, teniendo en cuenta que el punto en el que se registró el secuestro está rodeado de trochas que permitieron que los delincuentes tomaran un rumbo que, hasta ahora, es desconocido por las autoridades.Como se recordará, la gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita, no solo dar con el paradero de Juan de Dios Galvis sino, además, la captura de los responsables de este hecho delictivo.
Estos fueron los temas tratados en Noticias de la Mañana del 12 de octubre de 2024:La estación de Policía de Silvia, Cauca, en las últimas horas sufrió un ataque por parte de grupos al margen de la ley que operan en la región. También atacaron y robaron el banco Agrario del municipio.Alias ‘Pichi’, el conocido ‘Pablo Escobar’ de Bucaramanga se fugó del lugar donde se encontraba recluido y piden investigar a la jueza que le otorgó la casa por cárcelLe fue negado al expresidente Álvaro Uribe un recurso con el cual pretendía aplazar el juicio en su contra.Alias ‘Yesica’ fue condenada 2 años de cárcel, por el caso de las 6 colombianas que fueron llevadas bajo engaños hacia México y en las últimas horas fueron encontradas en ese país una familia la cual se encontraba desaparecida.A pocos días de la COP16, la ciudad de Cali se prepara y ultima detalles para este evento que se realizará en las próximas semanas.Hezbolá, sigue adelantando ataques contra el ejército israelí con misiles, esto en medio del conflicto que se lleva a cabo en oriente medio.La Selección peruana de fútbol venció un gol por cero a su similar de Uruguay. Este triunfo hizo revivir a Perú en camino hacia el mundial 2026La directora de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, Luisa Fernanda Cadavid, habló en Noticias de la Mañanas de los preparativos que adelanta la capital del Valle del Cauca en materia empresarial de cara a la COP16Santiago Echeverri, el director de contenidos de SOFA, habló sobre lo que se verá el fin de semana del 12 al 14 de octubre en Corferias.Escuche el programa completo aquí:
Las autoridades en Medellín con el uso de tecnología y las cámaras de seguridad adelantan operativos con Ejército y Policía para dar con el paradero de Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', quien se fugó este jueves de donde cumplía su medida de prisión domiciliaria, en el barrio El Poblado.Alias ‘Pichi’ es señalado de controlar el 70% de la droga en Bucaramanga, no en vano se le conoce como el Pablo Escobar de esta ciudad, pero tampoco es nuevo que se sepa de sus nexos o negocios en la capital de Antioquia, donde de hecho fue recapturado en el 2018 tras su primera fuga de la cárcel.El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, cuestionó por qué este criminal, cuyo prontuario comenzó en el año 2006, cumplía precisamente en la ciudad una pena por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes y detalló las acciones de las autoridades para encontrarlo."El Inpec viene liderando todo el proceso de recaptura, articulado obviamente con Policía. Nosotros desde el municipio de Medellín hemos dispuesto todas las capacidades tecnológicas para coadyuvar a este esfuerzo. Se viene con Policía, con Ejército haciendo un plan candado en toda la ciudad, en todas las salidas, en las terminales de transporte, para poder ayudar a que este bandido pueda estar donde tiene que estar: en la cárcel", señaló el funcionario.Vale la pena recordar que la vigilancia de alias 'Pichi' estaba a cargo de la cárcel de La Paz en Itagüí, centro penitenciario responsable de hacer los respectivos monitoreos y el Inpec es el encargado de liderar los operativos. Por su parte y, aunque la Policía Nacional anunció un grupo especial para la búsqueda e investigación de Camargo, desde la Policía Metropolitana confirmaron a Blu Radio que aún se desconoce cuándo llegarán.Sobre su historial de fugas, vale la pena mencionar que en 2018 en la ciudad de Medellín, en medio de una cita se lanzó por un segundo piso mientras lo custodiaban los guardianes del Inpec, pero en octubre de ese año volvió a ser recapturado. Otro antecedente fue en 2020, cuando las autoridades lo volvieron a capturar en un operativo que se hizo en el municipio de Envigado y lo señalaron como un cabecilla de una red de narcotráfico y sicarios de Bucaramanga.Villa criticó que en las cárceles hay exceso de privilegios y que esto no debe continuar, teniendo en cuenta que “se está jugando es con la seguridad de toda una población”.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a través de un comunicado aseguró “las decisiones de cualquier juez de la República son independientes y deben ser apegadas a ley, cuestionarlas sin conocer los expedientes conduce al debilitamiento de la justicia y aun injusto linchamiento moral”.La juez Segunda Penal Especializada del Circuito de Bucaramanga, María Piedad Diaz Mateus absolvió el 24 de julio de 2024 a Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', en sentencia absolutoria, según ella porque la Fiscalía no presentó evidencia suficiente para sustentar las acusaciones de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de preso, “puesto que ni se evidenció prueba de la materialidad de la conducta” por lo que ratificó conducta absolutoriaFrente a dichos señalamientos luego de la fuga nuevamente de Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi' como gobernador de Santander, “continuare como lo hice en mi vida militar combatiendo los bandidos y tomando acciones para que Santander sea un territorio seguro y no un refugio para la delincuencia”.Según un informe firmado por el director de la cárcel de Itagüí, la fuga fue descubierta este jueves cuando funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegaron a su residencia para recapturarlo tras ser revocada la medida de detención domiciliaria y no lo encontraron. En la zona solo fue encontrado el brazaleteEl mandatario calificó la evasión como un "duro golpe" para la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del departamento.En sus declaraciones, Díaz expresó la desmoralización que genera este tipo de situaciones tanto para los ciudadanos, como para la Policía y el Ejército, que trabajan arduamente en la captura de criminales.Dijo que Alias 'Pichi', reconocido por su historial delictivo, podría ahora, desde la libertad, reactivar actividades criminales, lo que genera preocupación en el departamento. "Este bandido puede empezar a ordenar homicidios o tráfico de drogas, retomar el control de algunas áreas y generar problemas como muertes violentas y el tráfico de cocaína", agregó Díaz.