La mujer, identificada como Ana María Londoño Silva, presenta quemaduras en rostro y cuello de primer y segundo grado. El ataque ocurrió hacia el mediodía de este viernes cuando otra mujer se abalanzó sobre la propietaria de una ferretería y le lanzó un líquido en la cara que le produjo las quemaduras. Hasta el momento las autoridades tratan de esclarecer lo sucedido y buscan a la mujer que atacó con ácido a Ana María.
A través de un comunicado Avianca informó que tras verificar las condiciones operativas de las aerovías que conectan a Bogotá con las capitales del Eje Cafetero, la compañía reanudó las operaciones aéreas en las rutas que conectan a la capital colombiana con Pereira y Armenia. La aerolínea agradeció a los viajeros la comprensión ante las medidas de suspensión, encaminadas a garantizar la Seguridad Aérea. EFE
El ministerio público pidió iniciar una acción de “repetición contra el médico que con su actuar propició la condena contra esa entidad” al practicarle la cirugía denominada vaginoplastia a un bebé recién nacido. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que exoneró de responsabilidad al Hospital San Jorge de Pereira en un caso de cambio de sexo practicado a un bebé. El ministerio público pidió iniciar una acción de “repetición contra el médico que con su actuar propició la condena contra esa entidad” al practicarle la cirugía denominada vaginoplastia a un bebé recién nacido. La demanda fue interpuesta por un ciudadano contra el hospital Universitario San Jorge de Pereira, por los perjuicios causados como consecuencia de una vaginoplastia que le fue practicada meses después de su nacimiento en 1985. Este es el comunicado de la Procuraduría General de la Nación: La Procuraduría General de la Nación solicitó a Consejo de Estado revocar la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y en su lugar se declare la responsabilidad patrimonial del Hospital Universitario San Jorge de Pereira por los perjuicios causados a un joven por la intervención quirúrgica denominada vaginoplastia practicada a este cuando estaba recién nacido. Se solicitó además a la alta corporación que sugiera al citado hospital incoar acción de repetición contra el médico que con su actuar propició la condena contra esa entidad. La demanda fue interpuesta por un ciudadano contra el hospital Universitario San Jorge de Pereira, por los perjuicios causados como consecuencia de una vaginoplastia que le fue practicada meses después de su nacimiento en 1985, tras advertir una anormalidad en el tamaño de sus genitales masculinos. De acuerdo con las pruebas recopiladas, al momento de realizar el primer control médico, los galenos advirtieron una situación anormal en los genitales del menor y, por ello, el bebé fue remitido al hospital Universitario San Jorge de Pereira donde un cirujano pediatra lo valoró e informó a la familia que “el niño no era niño sino niña”, por lo que era necesario realizar una vaginoplastia. “Es decir que se impone la voluntad y diagnóstico de un solo médico, sin que medien investigaciones profundas y asesoría de calidad en la progenitora del menor”. Con el paso del tiempo el demandante asumió un rol masculino, pues siempre se ha sentido varón y expresa su deseo de ser intervenido quirúrgicamente para sentirse pleno en su condición y estado emocional, petición que le fue negada, vulnerando, a juicio de la Procuraduría su derecho a la igualdad. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda negó las pretensiones del demandante tras señalar que operó el fenómeno de la caducidad, sin tener en cuenta que en este caso a la fecha, el daño continúa vigente y persisten los perjuicios causados al demandante. En su concepto, el Ministerio Público manifestó que si bien el ciudadano “nació con genitales masculinos aunque pequeños, al galeno le imponía la obligación de esperar hasta que se desarrollara su anatomía y no practicar la cirugía de vaginoplastia sin el consentimiento sustituto, reiterado y asistido a la progenitora, porque la situación fisiológica no ponía en peligro la vida del bebé”. Agregó que, en este caso se presentó una falla del servicio por no utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los protocolos médicos antes de intervenir quirúrgicamente sin el consentimiento informado y reiterado al actor y su familia, al no agotarse los recursos científicos, técnicos y psicológicos que tenían las entidades demandadas a su alcance para establecer un diagnóstico definitivo y más cercano a la realidad física y psicológica del entonces menor de edad. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El Gobierno buscará fomentar la investigación y producción de medicamentos elaborados a partir del cannabis tras la firma del decreto que reglamenta el cultivo y producción de Marihuana con estos fines. -La Confederación Nacional del Trabajo apoya el acuerdo sobre regulación del precio de los alimentos que ha estado sobre la mesa en la negociación del salario mínimo. Sin embargo, consideran que la medida debe aplicarse de manera permanente. -En Barranquilla se construirá la primera URI zonal de Colombia, como plan piloto, para acercar la justicia al ciudadano. -En Venezuela, la oposición “prende las alarmas” ante la intensión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia a 22 Diputados recién electos, antes de que asuman el próximo 5 de enero.
El pago de seguridad social y las prestaciones sociales en Colombia mantendrán el incremento del 23 % hasta el próximo 21 de febrero, según expertos legales. Tras el reciente auto del Consejo de Estado sobre el decreto del salario mínimo, las empresas y trabajadores independientes deben continuar realizando sus aportes a salud y pensión bajo las cifras decretadas a finales del año pasado, mientras se surte el plazo otorgado al Gobierno Nacional para expedir un nuevo documento.Juan Camilo Pérez, gerente de Pérez y Pérez Abogados, aclaró en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el ajuste salarial sigue vigente para todos los efectos legales. "Desde el 1 de enero al 21 de febrero, el decreto que sacó el Gobierno rige sin ninguna modificación con su 23 %", señaló el jurista. Esto implica que las cotizaciones a EPS y fondos de pensión deben liquidarse sobre la base actual (1.750.905 pesos para el mínimo) sin variaciones inmediatas.La medida cautelar del alto tribunal no anula el cobro, sino que exige al Ejecutivo sustentar técnicamente la cifra. Según Pérez, los ocho días calendario para la notificación vencerían a finales de este mes, fecha en la que se espera un nuevo decreto transitorio.Impacto en el salario integral y primasLa incertidumbre también alcanzó a quienes devengan un salario mínimo integral, el cual quedó fijado en 22.761.765 pesos para 2026. Al estar indexado al salario mínimo legal, este grupo también debe recibir sus pagos con el aumento del 23 % durante este periodo de transición.En cuanto a las prestaciones sociales, como primas y cesantías, el abogado recomendó a los empleadores mantener los promedios actuales. Aunque el Consejo de Estado cuestionó que el Gobierno fijara el aumento basándose únicamente en estudios de la OIT y no en los factores legales de la Ley 1278 de 1996, se prevé que el Ejecutivo subsane el error formal manteniendo el porcentaje por razones políticas y electorales.
La Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera temporal el decreto que fija el 23% de aumento en el salario mínimo. El alto tribunal le dio al gobierno 8 días para expedir un nuevo decreto en el que expida un nuevo porcentaje de aumento que no puede ser superior al ya emitido, por lo que se hace imposible la propuesta del sindicato en la que aseguran que el presidente Petro emita un decreto con un aumento superior.“Esta medida cautelar genera incertidumbre jurídica y afecta la garantía del salario mínimo vital y móvil de millones de trabajadores. El control judicial es legítimo, pero no puede desconocer el principio de progresividad ni debilitar derechos laborales ya reconocidos", indicó el sindicato.Por su parte, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguran que la decisión del alto tribunal es un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial. El presidente del sindicato, Fabio Arias, rechazó la medida con el argumento que esto es un atentado contra un acto de justicia social para millones de trabajadores.“Es un acto de injusticia social, un acto en el que los más poderosos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que ganan más de 40 millones, están atentando contra un acto de justicia social al querer quitarle 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. Por eso, desde la CUT le pedimos al presidente Petro que en un acto de movilización nacional expida un nuevo decreto en las mismas condiciones”, dijo.Cabe recordar, que la suspensión provisional del decreto no implica que el salario mínimo baje desde ya, por esa razón el Consejo de Estado le dio 8 días al Gobierno para expedir un nuevo aumento que esté sustentado en criterios técnicos, este porcentaje, al que llaman transitorio, será el que regirá hasta tanto el alto tribunal decida de fondo sobre el salario mínimo decretado originalmente.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto del Gobierno que aumentó el salario mínimo por encima del 23% para el 2026. La decisión ha generado diferentes reacciones políticas, desde la bancada del Gobierno están convocando a movilizaciones."Me parece lo más conchudo, personas de más de 50 millones de pesos como son los magistrados nunca pierden un peso, nunca se rebajan nada, no pierden nada de poder, pero les molesta ver que el pueblo colombiano por primera vez tenga algo de justicia en el salario mínimo", dijo el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo.Por su parte el candidato presidencial del Pacto, Iván Cepeda, aseguró que la decisión del Consejo de Estado es arbitraria y regresiva y pidió apoyar al Gobierno."Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia", dijo Cepeda.Por su parte el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático no se opone a un buen salario."No nos oponemos al aumento del salario, nos oponemos a la carga de impuestos, al desgreño, corrupción, violencia, a la parálisis de inversión y de creación de empleo. Buen salario y menos impuestos a los emprendedores", agregó Uribe.Y el candidato de la Gran Consulta por Colombia Mauricio Cárdenas le hizo una propuesta a sus compañeros de coalición."La Sección Segunda del Consejo de Estado acaba de suspender el incremento del salario mínimo del 23%. Mi propuesta es clara: debemos defender ese aumento salarial. Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar. No a la suspensión del aumento; sí al pago del incremento salarial, pero generando las condiciones para que los empleadores puedan cumplir", agregó Cárdenas.El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, agregó que "duele que cuando por fin millones de trabajadores sienten un alivio real en su mesa, una decisión judicial ponga en pausa ese avance".Por su parte el candidato a la presidencia Mauricio Lizcano anunció una tutela contra el Consejo de Estado."Los derechos adquiridos de los trabajadores son intocables, ese aumento ya se pagó en el primer mes. No se puede a través de una medida provisional atacar los derechos adquiridos de los trabajadores, así lo ha dicho la Corte Constitucional”, dijo Lizcano.
En medio del desierto en La Guajira operaba un centro logístico al servicio del narcotráfico internacional. En cercanías a Bahía Hondita, en el municipio de Uribia, fue ubicado y destruido un complejo artesanal que, según inteligencia militar, pertenecía a redes transnacionales al servicio del Clan del Golfo.La operación, liderada por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe, contó con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial. Fueron cinco días de maniobras sostenidas con aeronaves vigilando desde el aire, unidades navales cerrando el paso por mar y tropas ingresando por tierra hasta consolidar el área.En el lugar funcionaba un astillero clandestino para la fabricación y adecuación de semisumergibles. Allí fueron hallados materiales en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques tipo cama baja, más de 3.000 galones de combustible, equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación. También se incautaron un fusil y un revólver.A pocos metros, en una bahía con salida a aguas abiertas, las autoridades encontraron un semisumergible listo para zarpar, equipado con dos motores y con capacidad estimada para transportar hasta 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Cerca de allí había una lancha rápida de bajo perfil, impulsada por cuatro motores de alta potencia y con capacidad para mover cerca de tres toneladas adicionales.Según las investigaciones, desde este punto se proyectaban envíos por la ruta transatlántica del Caribe oriental, pasando por las Antillas con destino final en Europa. Ante el despliegue militar, los responsables abandonaron el complejo, que fue destruido de manera controlada.Las autoridades estiman que la infraestructura y el material incautado superan los tres mil millones de pesos. Con este golpe, se interrumpe una plataforma clave para el envío de grandes cargamentos de droga desde el norte del país hacia mercados internacionales.
La delegada departamental de la Registraduría Nacional, Yanira Córdoba Rivera, en diálogo con Blu Radio advirtió que durante las mesas de trabajo que se han adelantado con las demás autoridades, han identificado que tres municipios del Huila aparecen en el mapa con posible riesgo electoral principalmente por temas de orden público.Señaló la delegada para el Huila que los municipios con riesgos para el desarrollo de los comicios del próximo ocho de marzo, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras, donde la fuerza pública tendrá una atención y vigilancia especial para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.“Bueno… existe un mapa de riesgo hay unas variables que ha detectado la Defensoría del Pueblo junto con la MOE y dentro de ese mapa de mayor riesgo están los municipios de La Plata, sobre todo en la zona rural, igual el municipio de Tesalia por el lado de Pacarní donde hay estadísticas que podrían afectar el proceso electoral y de igual manera se encuentra el municipio de Algeciras”, indicó la delegada para el Huila Yanira Córdoba.Agregó la funcionaria Córdoba Rivera que de manera permanente han venido realizando mesas de trabajo con la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la MOE, entre otras entidades competentes, para garantizar una jornada democrática en las mejores condiciones de seguridad para los votantes.“Hemos venido analizando con las autoridades cada uno de los puntos donde se van a instalar los puestos y las mesas de votación, 125 puestos van a estar a cargo del Ejército en la parte rural, a cargo de Policía Huila estarán 83 puestos y la Policía Metropolitana de Neiva vigilará 60 puestos de votación, eso quiere decir que todos los puestos tendrán cobertura de la fuerza pública”, anotó la delegada.De acuerdo con la Registraduría, en el Huila, habrá 268 puestos de votación de los cuales 121 son urbanos y 147 rurales, donde se instalarán 2.849 mesas en los cascos urbanos y centros poblados para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.Finalmente, la delegada de la Registraduría Yanira Córdoba explicó que el Huila tiene un censo de 937.740 huilenses habilitados para sufragar y fueron designados 19.300 jurados de votación que estarán cubriendo todos los puestos que se instalarán en todo el departamento para los comicios legislativos.
